Unión Fenosa sí está teniendo una actuación irresponsable en Nicaragua

La Campaña la Ir-Responsabilidad Social de Unión Penosa, en la que participa Ecologistas en Acción denuncia la bochornosa actuación de la delegación española en la Cumbre Iberoamericana, al tratar de silenciar las denuncias por violación de derechos humanos y ambientales, que varios presidentes latinoamericanos vertieron contra las empresas transnacionales españolas que operan en América Latina. Y en concreto las denuncias que Daniel Ortega vertió contra la transnacional Unión Fenosa.

Desde la Campaña la Ir-Responsabilidad Social de Unión Penosa. Capítulo I: Nicaragua a Oscuras, exigimos un cambio urgente en la política del Gobierno español. En rueda de prensa en Santiago de Chile, Zapatero recordó que en más de una ocasión algún dirigente o sector de la opinión pública iberoamericana había hecho apreciaciones sobre las empresas españolas que, bajo su punto de vista, "no se corresponden con la realidad". Además, destacó que, de forma "creciente", las compañías intentan establecer una "norma de conducta basada en la responsabilidad social" y recordó que el Gobierno "siempre pide" a las empresas españolas que "estén en ese compromiso de responsabilidad social".

Queremos demostrar, con un ejemplo, lo erróneo de estas afirmaciones. El ejemplo lo pone en bandeja el presidente Ortega, denunciando el cambio del monopolio estatal de los servicios públicos a oligopolios privados. En el caso de Nicaragua, la distribución de electricidad se adjudicó a una sola compañía: Unión Fenosa. Los supuestos beneficios de este monopolio privado están muy lejos de hacerse realidad, actualmente el país tiene sólo un 52,1% de la población con electricidad, hay regiones enteras sin infraestructura eléctrica y arrastra una crisis energética con períodos en los que los apagones alcanzan las 12 horas diarias.

¿Sabía el señor Zapatero que con aproximadamente 600.000 usuarios en Nicaragua, la empresa recibe unas 54.000 reclamaciones anuales? ¿Sabe que ha sido multada en repetidas ocasiones por el Instituto Nicaragüense de la Energía (INE) y no ha pagado jamás una sanción? ¿Le parece responsable que cada poco tiempo muere una persona electrocutada, o se quema una vivienda o negocio porque Unión Fenosa no cumple con la mínima inversión necesaria para el mantenimiento de la red de distribución?
Unión Fenosa ha sido juzgada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, celebrado el pasado octubre en Managua, que la ha acusado de “acciones y omisiones que contribuyen al deterioro de las condiciones de vida y salud física y mental de una parte creciente de la población nicaragüense y guatemalteca, específicamente del Derecho Humano a un nivel de vida adecuado”.

A pesar de ello el Gobierno español ha dado su apoyo político, diplomático y económico a la empresa Unión Fenosa. Dicho aval se concreta en un fuerte despliegue diplomático de apoyo y defensa de los intereses de la transnacional en Nicaragua, y por otra parte, en la modificación de la política de cooperación bilateral con Nicaragua a través de los Fondos de Ayuda al Desarrollo. Estos fondos, que se convierten en deuda externa bilateral de Nicaragua a favor del Estado español, han pasado a destinarse, en parte, a proyectos de apoyo al sector eléctrico privatizado precisamente cuando Unión Fenosa inició su actividad en el país.

Exigimos al Gobierno español que no interceda a favor de Unión Fenosa en Nicaragua. Es más, le exigimos que se ponga a disposición del Gobierno nicaragüense para obligar a la empresa a rescindir su contrato de distribución con el Estado nicaragüense sin derecho a compensación monetaria alguna, y sea juzgada por los impactos sociales provocados por su actividad y condenada a restituir e indemnizar al pueblo nicaragüense.

Exigimos, también, que no se destine el dinero público de todas y todos los españoles a la financiación, mediante los mecanismos de cooperación española antes citados u otros mecanismos como los seguros otorgados por CESCE, de una compañía privada que beneficia a una elite económica.
El Gobierno debe velar por el cumplimiento de las legislaciones estatales donde se ubiquen las empresas transnacionales españolas, y elaborar, con urgencia, nuevas proposiciones de Ley que tenga como objetivo poner límite a la ola de vulneraciones de derechos fundamentales que están cometiendo fuera de sus fronteras. Debe, por tanto, dejar a un lado la promoción de las políticas voluntaristas de Responsabilidad Social Corporativa.

Demandamos, asimismo, que se preste la atención y el apoyo necesarios a aquellos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que denuncien actuaciones irresponsables de empresas españolas, con el fin de garantizar el derecho a una vida digna y hacer realidad la erradicación de la pobreza y sus causas.