Un abogado murciano demanda al PSOE por incumplir una promesa electoral

Revista Legal

El PSOE solicita la desestimación de una demanda por incumplimiento de promesa electoral

(EUROPA PRESS)

El PSOE ha solicitado a la juez de Primera Instancia número 49 de Madrid, Amelia Reillo, que desestime la demanda en su contra presentada por el abogado murciano José Luis Mazón por publicidad engañosa, por supuesto incumplimiento de una promesa electoral, y que se condene al letrado al pago de las costas íntegras del procedimiento "con expresa declaración de temeridad".

En un escrito, el partido señala que las afirmaciones sobre esta formación que se realizan en la demanda de Mazón "se sitúan directamente en el ámbito de la injuria y la calumnia", por lo cual esta parte se reserva la posibilidad de interponer acciones penales y civiles.

La demanda de Mazón se refiere al proyecto de reforma de la ley del Tribunal Constitucional que establece un nuevo régimen de inviolabilidad de los magistrados de esta institución. El abogado exige que el PSOE sea condenado por publicidad engañosa al haber incumplido el programa electoral de 2004, "donde prometía incidir de modo especial en la exigencia de responsabilidad de los jueces".

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE califica la demanda de "ficticia", ya que la jurisprudencia reitera que los programas electorales no producen obligación jurídica alguna y que la Ley General de Publicidad no es aplicable a un partido político ni a la actividad electoral.

El escrito se ha presentado después de que, el pasado mes de marzo, la juez Reillo rechazara la pretensión de esta parte para que se archivase la querella o bien ésta fuera tramitada en otro juzgado por considerarse competente el número 49 de Primera Instancia.

La representación jurídica del PSOE insiste en su escrito, de 19 páginas, que en la demanda de Mazón "apenas se puede encontrar algún hecho que merezca la calificación de tal" y que la mención al programa electoral que se realiza está además sacada de contexto, puesto que se refiere al Poder Judicial y la Administración de Justicia en general, y no al Tribunal Constitucional en particular, como pretende el demandante.