Sólo el 7% de denuncias a policías por malos tratos y tortura en el Estado Español concluye en condena

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IMPUNIDAD POLICIAL: EL CORPORATIVISMO DE LA POLICÍA Y LA JUSTICIA IMPIDE QUE LOS CASOS DE MALOS TRATOS Y TORTURA SE CASTIGUEN

El 7% de las denuncias acaba en condena.

Alvar Chalmeta y David Fernández. Redacción / Barcelona

Cuando los policías abusan. El entonces relator especial de la ONU para la tortura, Theo van Boven, tras una visita en 2003, afirmó que estas prácticas policiales no son “sistemáticas” pero sí “más que esporádicas” en el Estado español. Esto lo corrobora un informe hecho público recientemente por 44 organizaciones de todo el Estado que, desde 2001, han recopilado 4.196 denuncias. Es decir: casi 700 personas al año relatan haber sido sometidas a tratos crueles o degradantes por alguno de los cuerpos policiales.

“Yo vivo cerca, estaba a las 2.40 h en un pub. Fui a mi casa a dejar algo de ropa y a la vuelta, fue entrar en la calle y en ese momento la policía la cerró y empezaron una carga en la que golpearon a toda la gente que estaba delante del pub”. Es el relato de Susana Cortés López, vecina del barrio de Malasaña, herida a primeros de mayo en una las razzias que la policía desencadenó en este céntrico barrio de Madrid durante dos noches seguidas tras unos enfrentamientos con jóvenes que bebían en la calle. “El día que a mí me pegaron, pegaron como a 30 personas más que estaban saliendo de un bar.

Eran cargas indiscriminadas contra todo el mundo. A mí me rompieron la mano con una porra extensible unos policiales nacionales. Me protegí con el antebrazo del golpe que iba dirigido a la cabeza. Nada más llegar a la unidad móvil del Samur me dijeron que tenía triple fractura del hueso. Me han tenido que operar”. Algunos vecinos buscan testigos y heridos del barrio para presentar una denuncia colectiva. “Yo conozco a tres vecinos a los que pegaron cuando iban a sus casas, pero no van a presentar denuncia. Hay un problema añadido, tienes que presentar la denuncia contra un cuerpo policial concreto y ese día en la carga había municipales y nacionales y no se sabía muy bien quién golpeaba. Estás luchando un poco contra el aire, porque encima, tú tienes que identificarlos. Y la placa la llevaban tapada, durante las cargas llevaban la identificación cubierta”.

Y es que las lluvias de porrazos que con tanta frecuencia los diferentes cuerpos policiales acostumbran a repartir en las calles también pueden llegar a ser actos de tortura.
Según la definición de la ONU, “se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves -físicos o mentales- con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento”. Pero si, año tras año, numerosos informes de organizaciones de DD HH constatan la pervivencia de la tortura en el Estado español, es porque existe impunidad.
Para Jorge del Cura, del Centro de Documentación contra la Tortura de Madrid “el problema es todo lo que rodea un caso general de investigación. Es el corporativismo de los funcionarios: es el papel de los médicos forenses, es la actitud de los jueces en general de quitar hierro, de evitar por todos los medios poner la palabra tortura y buscar cualquier otra calificación como malos tratos o lesiones. La tortura existe porque se consiente y porque es útil. Se consiente porque hay ese corporativismo”.

Y añade, “otro de los problemas es el concepto de tortura; tanto la definición internacional como el código penal hablan de ‘agresión grave’ y grave es una palabra ambigua. También es equívoca la expresión ‘aplicar la fuerza mínima necesaria para reducir’. Son conceptos muy difíciles de tasar”. Pone como ejemplo el caso Roquetas “que ha sido calificado como de atentado no grave contra la integridad de Galdeano. Y este agricultor no sólo está muerto sino que tenía más de 80 golpes y lesiones por todo el cuerpo. ¿Y esto no es grave?”. Como caso contrario se remite a los sucesos de Malasaña “al parecer un policía sufrió la rotura de un brazo.

La policía y la prensa lo calificaron como de herido grave. Si un manifestante es herido y no es ingresado en un hospital esa rotura es calificada de leve. Ante esa ambigüedad abierta, el corporativismo facilita la impunidad. Los agentes saben que pueden llegar muy lejos”.
Hay otros mecanismos de impunidad. Como denuncia Julen Arzuaga, de Behatokia, el observatorio vasco de los DD HH, la denuncia de tortura se puede volver contra quien la hace. “Esto responde a que la denuncia de la persona torturada ha hecho su recorrido, tanto en el ámbito judicial como en el de reconocimiento social.

Como método eficaz de atajarlo la Guardia Civil (GC) o el Ministerio de Interior han introducido querellas por ‘denuncias falsas’ o ‘calumnias’ contra el denunciante”. Y explica algunos casos: “Martxelo Otamendi, director del diario en euskera Egunkaria, detenido en la operación por la que cerraron el periódico, interpuso denuncia por el trato recibido durante la detención incomunicada, detención secreta donde se produce un verdadero espacio de impunidad que facilita la práctica de torturas.

La denuncia recorre medio mundo por el cargo que tiene Otamendi y por su determinación para difundirla. El Ministerio de Interior reaccionó interponiendo una contraquerella por ‘denuncia falsa’ acompañada de otra por ‘colaboración con ETA’ al considerar que la denuncia la hacía siguiendo directrices de la organización armada. El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco admitió a trámite la denuncia de Interior, hoy en día pendiente de decisión”. Arzuaga expone otro caso, el de Unai Romano que denunció las torturas brutales que había recibido tras ser detenido por la GC en una operación en 2001 acusado de pertenencia a banda armada. “Aún constando pruebas de tanta entidad como las imágenes del estado en el que quedó tras pasar por comisaría [ver fotos], la denuncia fue archivada, por considerarse que la cara deformada era fruto de un mal golpe que habría recibido al caerse. Tras el archivo, los GC acusados se convierten en acusadores e interponen una demanda de ‘calumnias en conexión con colaboración con banda armada’, la misma construcción que en el caso de Otamendi”.

Las denuncias de los Mossos

Las denuncias por malos tratos afectan a todos los cuerpos policiales, incluso a los autonómicos, de formación relativamente reciente. Así, en Cataluña, la actuación de los Mossos d’Esquadra a medida que su despliegue se ha ido consumando no ha estado exenta de actuaciones polémicas. La pauta de la inmunidad se constató en Roses (Girona) en 2004.

Un juez certificó las torturas a un ciudadano magrebí detenido por una simple infracción de tráfico pero no pudo condenar a ninguno de los agentes que estaban en la comisaría la noche de los hechos. La omertà -el silencio corporativo de todos los agentes que trabajaron aquella noche- permitió que la impunidad triunfara. Cabe recordar que los Mossos d’Esquadra acapararon en 2004 las críticas del comisionado para los derechos humanos del Consejo de Europa. Álvaro Gil- Robles recopiló hasta 197 denuncias por malos tratos contra agentes del cuerpo autonómico. Uno de éstos casos, que se investiga en los juzgados de Lleida, se refiere a la detención en Torà de tres jóvenes activistas.

Incomunicados bajo la legislación antiterrorista, el tercer día Jordi V. fue trasladado al hospital con un ataque de ansiedad y las analíticas certificaron que en los últimas 48 horas -bajo custodia policial- le habían sido suministradas substancias anfetamínicas. Cuatro años después, la acusación popular ha reabierto la causa, que había sido archivada. También en Cataluña en pocas ocasiones, estas dinámicas represivas han sido juzgadas y condenadas, aunque la absolución de jóvenes activistas detenidos por los Mossos d’Esquadra está a la orden del día: los 46 estudiantes detenidos en noviembre de 2005 en las protestas contra el proceso de Bologna, que permanecieron una hora de rodillas en el suelo y esposados, han sido todos absueltos en primera instancia. Pero ¿qué pasa cuando una denuncia sortea todos estos obstáculos y un juez inicia un procedimiento?

Según el último informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT) “pueden pasar varios años hasta que se obtiene una sentencia que finalice el proceso: la media viene a ser de cinco años para las denuncias de lesiones, pero ese plazo puede verse ampliado si la acusación es por delito de ‘torturas’, en estos casos la celebración del juicio ha llegado a retrasarse hasta 20 años”.

Ver: ¿Por qué hay tan pocos policías españoles cumpliendo condena por torturas?