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Solo 13 desalobradoras vertieron al Mar Menor 3,8 millones de metros cúbicos de salmuera

Jueves.15 de agosto de 2019 430 visitas Sin comentarios
La muerte de un espacio natural por la codicia de un puñado de empresarios #TITRE

Las facturas de compra de un producto químico para estas plantas permiten al Seprona determinar el volumen de agua que depuraron.

Ricardo Fernández

A las 13.30 horas del pasado 1 de abril, varias patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil irrumpieron en una finca agrícola del paraje de Villar Alto, en Los Dolores de Pacheco. Iban sobre seguro, pues llevaban perfectamente marcadas las coordenadas con la ubicación exacta, que se les había facilitado desde la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Tras identificarse ante el responsable de la explotación, los agentes le pidieron que los condujera hasta el lugar donde tiempo atrás había instalado una desalobradora, pese a que no contaba con licencia para ello, ni para abrir el pozo del que se nutría la planta.

La instalación, constituida por 16 tubos blancos de ósmosis inversa y con una capacidad de depuración de unos 100 m3 a la hora -con los que venía a generar unos 15 m3/h de rechazo de salmuera-, había tenido un coste aproximado de unos 80.000 euros.

Los ’seprona’ constataron que la maquinaria no se encontraba en funcionamiento, pues estaba desconectada del sistema eléctrico y taponados y precintados los tubos de agua producto y rechazo. El encargado de la finca les confirmó que la CHS les había hecho una inspección en 2016, en la que ya se les precintó la desaladora, y que habían vuelto a repetir la visita en 2018. Reconoció que antes de eso, cuando la planta estaba en funcionamiento, el rechazo de salmuera se había canalizado, mediante una tubería de ocho kilómetros, a través del salmueroducto construido por Ferrovial en el campo de Cartagena. El conducto, que nunca llegó a cumplir la anunciada función de dirigir ese rechazo hacia una planta desalobradora, acababa vertiendo en el Mar Menor a través de la rambla del Albujón.

Los agentes echaron un vistazo a las instalaciones y localizaron el contador, en el que se leía 2.287.918 m3, que constituían el caudal que supuestamente había procesado durante su tiempo de vida. Teniendo en cuenta que la planta producía un 15% de rechazo, la salmuera derivada de esa actividad habría ascendido a 571.979 m3.

Pero a los especialistas del Seprona, la lectura del contador les interesaba la justo. Si acaso, como ocurría en esa inspección concreta, le otorgaban una relativa importancia a la hora de confirmar sus propias estimaciones. Que las tenían.

Y es que estos investigadores, que llevan meses trabajando bajo la coordinación del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, habían dado con su propio -y en teoría muy fiable- sistema para calcular cuánta agua salobre había pasado por esta y, supuestamente, por varios cientos de las desaladoras clandestinas que han poblado el entorno del Mar Menor.

La prueba del antiincrustante

Las pruebas procedían de la documentación que la Guardia Civil se incautó durante el registro realizado, el 27 de febrero de 2018, en las instalaciones de la firma Insal SL. Allí, entre otros muchos papeles, se apoderaron de facturas y albaranes con datos de gran valor, entre los que destacaba la cantidad que cientos de explotaciones agrícolas habían adquirido de un producto químico, conocido como ’Ecoflow 32’, que estas plantas desalinizadoras necesitan como antiincrustante para poder funcionar. Su misión es impedir que pequeños materiales sólidos presentes en el agua acaben solidificando en las membranas de ósmosis. Y como las especificaciones técnicas establecen que es necesario utilizar 3,5 mg de ese producto por cada litro de agua desalinizada, conocer cuántos kilos se habían consumido en cada finca podía ofrecer, en apariencia, un cálculo bastante aproximado del caudal que había sido tratado.

Así, las facturas intervenidas en Insal SL señalaban que esta explotación agraria había comprado al menos 9.120 kilogramos de Ecoflow 32, lo que indicaría que había desalinizado 2.368.918 m3, con un rechazo de 592.207 m3 de salmuera.

Echando mano de la cifra del contador oficial de esa planta, que indicaba que había tratado 2.287.918 m3, el método de la Guardia Civil demostraba una fiabilidad cercana al 97%. Un auténtico hallazgo.

El responsable de la finca, que fue llamado a declarar a la Comandancia de la Guardia Civil en calidad de investigado por un delito contra el medio ambiente y, al contrario de lo que hizo la inmensa mayoría de los otros sospechosos, aceptó ser interrogado. Sostuvo que no recordaba con precisión el año en que se instaló la desaladora, pero que el pozo del que se nutría se abrió en 1994. También manifestó que no era capaz de calcular cuánta agua había desalinizado, ni cuánto rechazo había inyectado al salmueroducto, aunque sostuvo que «la planta solo la poníamos en marcha en casos críticos, extremos, para salvar la plantación». Su mayor lamento consistió en sostener que siempre pensó que «el método parecía contar con el visto bueno de la Administración», por lo que comunicó la existencia de la instalación a la CHS y conectó el tubo del rechazo «al salmueroducto oficial».

’Operación Chandos’

Esa jornada del 1 de abril, en el marco de una operación que denominó ’Chandos’, la Guardia Civil inspeccionó otras 66 fincas agrícolas, además de la ya mencionada, lo que permitió localizar y precintar 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares. Algunas de ellas estaban a pleno rendimiento, instaladas en zulos en el subsuelo y perfectamente camuflados, y otras se habían montado en un remolque, lo que permitía trasladar la planta con ligereza hasta cualquier punto de la finca para utilizarla en pozos. Cuando dejaba de prestar servicio, se ocultaba en almacenes y garajes alejados de la zona, al objeto de dificultar su localización.

Cruzando los datos obtenidos durante esa espectacular redada -en la que participaron cientos de agentes con el apoyo de agentes ambientales e incluso de helicópteros- y la información extraída de las facturas y albaranes de la firma Insal SL, los ’seprona’ están en disposición de efectuar un cálculo del caudal que, a lo largo de años, habrían esas desalinizadoras, y del consiguiente rechazo de salmuera que habrían generado. Y los cálculos, por muy provisionales que todavía son, alcanzan dimensiones tremendas.

Por el momento, ya han remitido al juzgado los atestados de trece -solo trece- de esas fincas inspeccionadas. Y analizando sus consumos de Ecoflow y otros productos antiincrustantes, han llegado a la conclusión de que entre todas ellas trataron un volumen de agua salobre de 15,2 millones de metros cúbicos. Con semejante magnitud, no es de extrañar que la cifra estimada para el rechazo de salmuera se eleve a 3,8 millones de m3.

Para hacer más comprensibles estas cifras, podría señalarse que esos vertidos, que en buena parte habrían acabado en el Mar Menor por la vía de las ramblas, o del acuífero subterráneo en el caso de que la salmuera hubiera sido echada a un pozo, equivaldrían a unas 1.900 piscinas olímpicas de 50x20x2 metros. Este dato, sin embargo, se quedaría empequeñecido si se tiene en cuenta que se ha estimado en cerca de un millar las plantas desaladoras clandestinas que habrían operado, durante largos años, en el campo de Cartagena. Y que el propio juez instructor ha señalado que hasta el momento son ya más de un centenar los investigados, en su mayor parte agricultores, que están pendientes de pasar por el juzgado. Y todos ellos habrían tenido funcionando, en algún momento, alguna de estas desalobradoras no autorizadas.

La Verdad

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