Pues no está saliendo mierda del Ayuntamiento de Torrevieja...

TORTUGA OPINA EXTENSAMENTE:

Curioso lo del Sindicato Profesional de Policía Local en su sección de la Comunidad Valenciana. Nada más destaparse el caso salió en defensa de la honestidad y honorabilidad de los agentes. Ahora que empiezan a difundirse las grabaciones, y lo que se oye en ellas podría interpretarse como que se está ante la comisión de graves delitos y/o crímenes, además con implicaciones bastante delicadas (médicos, políticos...), el Sindicato dice que la investigación de la Guardia Civil es ilegal y que las heridas del detenido se deben a una caída por las escaleras (con tan mala pata que se rompió varias costillas y se le tuvo que amputar el bazo, decimos nosotr@s). Además, pide nada más y nada menos que la anulación de las cintas en las que -al parecer- se escucha a los encausados reconocer la paliza, insinuar que el detenido no se resistió, y barajar la fórmula para rehacer el atestado y manipular el informe médico.

Vamos a ver, ¿son policías o son abogados? Las estrategias jurídicas para tratar de librar a delincuentes del peso de la Ley suelen entrar dentro de la función de los/las letrados que asumen su defensa. Creíamos que la policía se dedicaba a investigar los crímenes y los delitos, a seguir los indicios y pistas que lleven a sus autores, y a poner delante del juez las necesarias pruebas incriminatorias que demuestren la comisión del delito.

En este caso están preocupados justamente por lo contrario: que no se investigue, que no se sigan más pistas, que se inhabiliten las clarísimas pruebas y que la tierra cubra cuanto antes este montón de mierda. Y pelillos a la mar... Si tan convencidos están de la inocencia de sus amigos, lo suyo sería que dejaran que la justicia esclareciera todo y pusiera las cosas en su sitio, ¿no? Al fin y al cabo es toda una Policía Local, un Ayuntamiento del PP, un poderoso sindicato sentados en un juicio frente a un solo inmigrante guatemalteco que además -en previsión de males mayores, decimos nosotr@s, y quien sabe si por alguna otra razón que desconocemos pero sospechamos- ha puesto los pies en polvorosa, y no hay quien le encuentre. En caso de inocencia creemos que no tendrían porqué tenerle tanto miedo a la investigación y posterior juicio.

De todas formas en Tortuga nos alegramos mucho de que todo un Sindicato de Policía haya descubierto que lo que puede mejorar la sociedad no es empeñarse en meter a la gente en la cárcel a cualquier precio y de cualquier manera; que es preciso afinar bien las garantías legales de las investigaciones policiales -especialmente las escuchas telefónicas- y proteger con rigor los derechos democráticos de las personas investigadas y/o detenidas. Lástima que por ahora sólo lo apliquen entre ellos. Lástima también que a este "Sindicato" se la traiga floja el hecho de que sus afiliados amparándose en la superioridad física y la casi impunidad que les da el ser agentes del orden público, se puedan estar dedicando presuntamente a apalizar vengativamente a detenidos en los calabozos de Torrevieja.

Y el alcalde Hernández Mateo, otro elemento de cuidado de la Vega Baja, especialista en pelotazos urbanísticos y compañero de partido y corriente del alcalde de la vecina Orihuela, otro que también está que se sale en esto de las investigaciones judiciales. En todo momento se negó a suspender cautelarmente ni a un solo agente, no atendió a las voces que reclaman que el intendente municipal de la Policía Local no tiene titulación, no siendo legal el desempeño de su función, y podría estar en conocimiento de las torturas en el momento en que presumiblemente fueron cometidas, tal como informa la prensa local.

En lugar de intentar facilitar la investigación, este agudo analista insinúa que es una conspiración orquestada desde el gobierno, con intervención del Ministerio, la Guardia Civil, la Judicatura y posiblemente Bin Laden y ETA (estos dos últimos los añadimos nosotr@s de coña) para desalojarle del poder. Y con torera chulería, para más inri, pronostica que “todo se disolverá en el agua como un azucarillo” y que quedará en “agua de borrajas” Casi ná... Como si el Gobierno, los Jueces y la Guardia Civil, todos juntos, fueran a poder conmigo...

Nota de Tortuga

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El SPPL tilda de ’ilegal’ la investigación de los supuestos maltratos a un detenido y dice que las heridas fueron por una caída

El secretario autonómico del Sindicato Profesional de la Policía Local (SPPL), Jose María Jiménez, tildó hoy de "ilegales" las investigaciones instruidas desde el Juzgado número 2 de Torrevieja por posible maltrato a un detenido y aseguró que las heridas de éste se produjeron por una caída.

Los agentes locales barajaron la posibilidad de destruir pruebas.

A través de un comunicado, Jiménez sostiene que el instructor de la policía judicial de la Guardia Civil actuó "por revanchismo profesional" al arremeter contra un inspector de la policía local después de conocer, a través de la declaración de unos detenidos, que un inspector de la Policía Local está al parecer investigando un caso de estupefacientes.

El líder sindical expuso que el instructor de la Guardia Civil critica en el sumario que la Policía Local haya realizado estas investigaciones sin darles cuenta previamente a ellos.

"Por revanchismo profesional", reiteró Jiménez, se arremete contra el inspector de la Policía Local y, a continuación, se considera que "hay que intervenir el teléfono al policía local".

Esta iniciativa, añade el líder sindical, es solicitada a la juez, que lo autoriza "sorprendentemente" para investigar un supuesto delito contra la salud pública e "increíblemente" contra el policía local, con fecha 1 de marzo de 2006.

Según consta en el sumario, el inicio de la investigación y la intervención del teléfono del inspector de la Policía Local se realiza después de que agentes de este cuerpo entregaran a la Guardia Civil un detenido al esclarecer un robo a un empresario de Torrevieja de 50.000 euros en dinero y joyas.

El secretario autonómico del sindicato explica que desde el 1 de marzo hasta el 14 de junio, según se detalla en el sumario, no consta ninguna actuación de la policía judicial respecto a las intervenciones telefónicas.

No obstante, con fecha 14 de junio, la jueza vuelve a autorizar otra escucha telefónica al inspector porque la policía judicial dice que por problemas técnicos no se ha podido efectuar y "no importa", añade Jiménez, que "hayan pasado más de tres meses y no se haya hecho nada desde la primera autorización".

Jiménez consideró que "no existen motivos fundados en Derecho ni indicios racionales" para que se interviniera el teléfono del inspector de la Policía Local "y se invadiera su derecho constitucional a la intimidad", por lo que aseveró que "la investigación nació viciada".

Asimismo, agregó que en el sumario se recoge un auto judicial de 26 de junio de 2006 donde la jueza, a instancias de la policía judicial, autoriza una nueva intervención telefónica, ahora por presuntos delitos de tortura, contra la integridad moral, falsificación de documentación oficial y encubrimiento.

No obstante, el dirigente sindical asegura que el 23 de junio la policía judicial grabó "ilegalmente" conversaciones que no estaban autorizadas y, por tanto, "son nulas y no pueden utilizarse como pruebas de cargo".

Para Jiménez, las grabaciones "filtradas" a los medios de comunicación sobre los acontecimientos relacionados con el estado de salud de un detenido son "sesgadas".

Lo que dice el agente en las cintas "filtradas"

Añade que el citado inspector "no participó en la detención ni en la redacción del atestado y se preocupó por la situación, poniéndose algo nervioso y preguntando cómo estaba hecho el atestado y los partes médicos".

Todo "quedo aclarado", dijo Jiménez, cuando los policías locales actuantes le informaron del atestado instruido y que "las lesiones" del detenido "se produjeron al caer por la escalera el delincuente al intentar huir del lugar del robo y no había que modificarlo ni justificarlo más".

Para el SPPL, "no había motivos fundados en derecho para que se interviniera el teléfono al inspector y no nos extraña que se archivara el supuesto delito contra la salud pública".

El Sindicato de Policías Locales pide la nulidad de las grabaciones

E.D.G./REDACCION

El Sindicato de Policías Locales de la Comunidad Valenciana (SPPL) consideró ayer «nulas» las grabaciones realizadas por parte de agentes de la Guardia Civil tras «pinchar» un teléfono de un agentes de la Policía Local de Torrevieja, al haberse realizado «días antes de contar con el decreto del Juzgado autorizándolas».

Así mismo, desde el sindicato policial se señaló que no deben figurar en la investigación, que «debe ser archivada», ya que el hombre de nacionalidad guatemalteca que fue supuestamete agredido por agentes de la Policía Local «no ha ratificado la denuncia ni se sabe donde está, por lo que la denuncia no va a ningún sitio».

Desde el SPPL se puso en duda que existan grabaciones del alcalde que reflejen que era conocedor de los hechos, ya que si era así «debería haber sido llamado para que declarara ante la juez».

Por otra parte, fuentes cercanas a los concejales del PP imputados en el caso, Hipólito Caro y Pedro Valero, explicaron ayer que las lesiones que sufrió el hombre de nacionalidad guatemalteca se produjeron «al caer por las escaleras» del edificio donde supuestamente pretendía robar. Añadieron que tras ser detenido y una vez en el retén policial comenzó a quejarse del costado por lo que fue trasladado para ser atendido médicamente.

En otro orden de cosas, el concejal de Sanidad, Hipólito Caro, en declaraciones a este medio, negó ayer haber mantenido conversaciones con facultativos del centro de salud la Loma de Torrevieja o del Hospital Comarcal de la Vega Baja para que manipularan los partes médicos en relación con los supuestos maltratos a un detenido por parte de agentes de la Policía Local.

El edil de Sanidad advirtió de que «cualquier afirmación que se haga en otro sentido es tendenciosa» y será objeto de la adopción de «las acciones legales que correspondan en defensa de mi honor».

Con estas palabras, Caro se refirió a una transcripción de una conversación grabada por la Guardia Civil en el cassete número 6 de las diligencias, donde un inspector, que tenía intervenido su teléfono móvil por orden judicial en una investigación inicial por un asunto de drogas, habla con el concejal de Sanidad, también imputado, para preguntarle quién está «de guardia en el centro de salud La Loma».

Prosiguen que el inspector, M.A.L.V., explica que ha llamado a Caro «para que el médico que reconozca al detenido le llame lo antes posible, antes de hacer nada, por si hay que rehacer el atestado deprisa y corriendo para que, por lo menos, aparezca algo sobre que el detenido ha ofrecido resistencia en descarga de la actuación de los agentes».

«Lo que dice la investigación a la que ya he tenido acceso son meras apreciaciones y especulaciones carentes de todo fundamento y no me gustaría que tuvieran una finalidad claramente política con el objetivo de minar mi credibilidad como responsable del área de Sanidad del equipo de Gobierno», aseguró el edil anoche.

Diario Información de Alacant