Prisiones en Francia: una humillación para la República

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FRANCIA // LAS CONDICIONES DE RECLUSIÓN

Raúl Guillén, París

El suicidio en febrero de un menor en uno de los nuevos reformatorios ‘penitenciarios’ suscitó una breve ola de protestas sobre la situación carcelaria. Dos meses después no hay cambios en las “indignas” prisiones francesas.

Ya en el año 2000 una comisión del senado francés sobre el estado de las cárceles tituló su informe: “Prisiones: una humillación para la República”. “Las condiciones de reclusión en los distintos centros penitenciarios”, concluía, “son a menudo indignos de un país que se precia de dar lecciones al exterior en el ámbito de los derechos humanos”. Desde entonces, Francia, con unos 61.000 presos, ha superado su récord de personas encarceladas desde los tiempos de la ocupación alemana.

Tres años más tarde, otro informe, esta vez del Observatorio Internacional de Prisiones, constataba la insalubridad generalizada de los centros, la vetustez de las instalaciones y una promiscuidad llevada al extremo con tres o cuatro personas viviendo en menos de nueve metros cuadrados. A esto se añadía la falta de personal, la masificación de los locutorios y la carencia de actividades de formación, necesarias para que la prisión cumpliera su función de “reinserción” que la ley le supone. El dato más llamativo era, sin embargo, la elevadísima tasa de suicidios de las cárceles francesas (uno cada tres días), que se ha multiplicado por dos en los últimos 20 años. Todo esto sin tener en cuenta la situación en otro tipo de centros de reclusión, como los Centros de Retención Administrativa, donde se hacinan los ‘sin papeles’ para ser expulsados, o los centros de internamiento psiquiátrico.

Hay un único discurso oficial al respecto: la solución pasa por la renovación y la ampliación del parque penitenciario. Da así por sentado que se trata de un simple problema de saturación, producto del aumento de la criminalidad. Sin embargo, ya desde el 2006 el propio Ministerio de Justicia cuenta con un estudio que indica -por si no bastara con los efectuados por sociólogos como Loic Wacquant- que no es la evolución de la criminalidad la que explica este crecimiento espectacular de la población reclusa, sino las políticas penales puestas en práctica en los últimos 20 años.

En Francia, desde el año 2000 se han sucedido cinco “leyes sobre la seguridad”. Las leyes Perben, aprobadas durante el Gobierno Raffarin (2002-2005), abrogaron la presunción general de irresponsabilidad de los menores y redujeron la edad de detención provisional a los 13 años. Después, siendo aún ministro de Interior, Sarkozy elaboró la Ley para la Seguridad Interior, que criminalizaba una gran cantidad de delitos menores, como el pequeño tráfico de estupefacientes, y que tipificaba otros nuevos, como la prostitución pasiva o las “reuniones amenazadoras u hostiles”. Ya bajo su presidencia se han aprobado las penas fijas para los reincidentes y la “retención de seguridad”, que permitiría mantener encerrado a un preso tras el cumplimiento de su condena si se le sigue considerando “peligroso para la sociedad”. Y el número de condenas a más de 20 años de cárcel se ha multiplicado por 3,5 entre 1996 y 2006.

En resumen, la misma “criminalidad” produce más presos, desde más jóvenes y por más tiempo. No es de extrañar que la propia administración penitenciaria prevea una población reclusa de 80.000 personas para 2017. Además, los presos franceses padecen a diario “tratos inhumanos y degradantes”, según un informe publicado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en 2004. Se produce una violación cotidiana de sus derechos, sobre todo el de disponer de una celda individual estipulado en una ley de 2000 y que nunca se ha respetado. Incluso en los nuevos centros penitenciarios donde la persona presa puede, excepcionalmente, disfrutar de la celda individual, el número de suicidios es tan elevado como en el resto de los centros e incluso mayor. Bajo la vigilancia de las cámaras estas nuevas condiciones de encarcelamiento se asemejan a las de los módulos de aislamiento de alta seguridad. Y en ningún caso deja de imperar la arbitrariedad penitenciaria.

Los derechos más básicos a visitas, correspondencia, llamadas telefónicas y a recibir publicaciones del exterior son concedidos o retirados según el capricho de un cuerpo de funcionarios sin apenas control exterior. Se postergan sine die las liberaciones condicionales y los otros beneficios previstos por la ley. Las amenazas nocturnas y el recurso a las celdas de castigo siguen siendo moneda corriente, así como los traslados en plena noche.

Desde 2003 los traslados, la represión de revueltas, los registros de celdas y el cacheo corporal de los presos, que nunca olvida los orificios susceptibles de esconder objetos o substancias prohibidas, son realizados por los Equipos Regionales de Intervención y Seguridad (ERIS). Equipados con toda la panoplia de los antidisturbios actúan encapuchados, lo que les asegura la impunidad. La militarización de los funcionarios de policía ha culminado con la dotación, en las torres de vigilancia, de fusiles con mira telescópica.

A los en teoría inexistentes “presos políticos” se les reservan además las diversas medidas de incomunicación, violencia ‘blanda’ que se revela más letal que el maltrato físico. “He estado encerrado durante más de siete años en una célula de nueve metros cuadrados”, comentaba Jean- Marc Rouillan, condenado a perpetuidad por su pertenencia a Acción Directa, en una entrevista en 2002 a la televisión catalana, “solo durante el día y durante la noche, sin tener nunca contacto directo con otras personas que no fuesen los guardianes. Es imposible relatar tal cotidianidad. Cuando salí del aislamiento no conseguía hablar, era incapaz de expresarme y aún hoy tengo enormes dificultades, toda conversación me resulta un esfuerzo. El aislamiento total es vivir en una tumba”.

En las prisiones francesas, como en el resto, todo contribuye a prolongar e intensificar la experiencia de la arbitrariedad judicial y la desconexión completa entre la pena prescrita y la efectivamente infligida.

6 METROS DE MURO PARA “VEHICULAR LA SIMBOLOGÍA DE LA DETENCIÓN”

Los controvertidos Establecimientos Penitenciarios para Menores (EPM) ya han integrado, en tan sólo seis meses, la normalidad penitenciaria francesa. El pasado 2 de febrero, en el centro de Meyzeu, cerca de Lyon, lograba acabar con su vida Julien, de 16 años. Era su segunda tentativa desde que fuera encarcelado el 17 de diciembre. Inaugurado con gran pompa mediática como primer centro de su clase, no empezó a funcionar de forma progresiva, como pedían algunos de los sindicatos de la policía judicial dado el nuevo modelo que se quería aplicar en el centro: “colaboración” entre la intervención social y la punitiva que se traducía en la presencia obligada del vigilante junto al educador.

Para su construcción no hubo tampoco ningún tipo de concertación entre los profesionales. Resultado: ausencia de sala disponible para las entrevistas en privado con el psicólogo y falta de teléfonos y despachos para los educadores. En pocos meses el ambiente se degradó considerablemente, estallaron los conflictos, se produjeron varios incendios de habitaciones y locales. Hubo un aumento de bajas por enfermedad y de peticiones de traslado por parte del personal, en muchas ocasiones sin experiencia anterior debido a la necesidad de rellenar rápidamente los puestos para su apertura. A los EPM van a parar los adolescentes entre 13 y 18 años puestos bajo control judicial. Está previsto que provean 4.020 plazas en celdas individuales en edificios rodeados de muros de seis metros de altura, “elemento que vehicula la simbología de la detención tanto para los detenidos como para el público exterior”, según precisa un folleto del ministerio de justicia.