Por un nuevo modelo de seguridad

Digonal

AMAYA OLIVAS DÍAZ,Jueza

Algunos de los episodios recientemente ocurridos en nuestro espacio, reflejan un escenario caracterizado por el aumento de las políticas represivas sobre expresiones legítimas de la ciudadanía. El correcto análisis de este nuevo contexto conlleva cuestionar la expansión de un modelo securitario de gestión del orden público que sacrifica derechos y garantías, bajo la excusa del miedo; también, reflexionar sobre el evidente incremento de la punición de todas aquellas actividades que cuestionan la verdadera eficacia de determinadas “políticas bienestaristas”, así como la escala de valores dominante o el pretendido consenso formal imperante en el sistema.

Problemas sociales

En el plano legislativo se vienen produciendo reformas cada vez más regresivas, influenciadas por una tendencia a utilizar el derecho penal no como última ratio, sino como forma relevante de gestionar los problemas sociales. Esta forma de legislar, contraria a la mejor tradición jurídica ilustrada, transita desde la tipificación de acciones al castigo de conductas, incurriendo en una peligrosa deriva hacia el llamado derecho penal de autor. Además, puede llegar a legitimar la desaparición de garantías jurídicas así como a la adopción de medidas excepcionales.

En la actualidad, la relación entre los índices de criminalidad y el castigo es cada vez más compleja. En nuestra sociedad instalada en la precariedad, tanto el empleo, entendido como un “conjunto de seguridades”, como el conjunto de derechos sociales protegidos constitucionalmente, tienden a desaparecer progresivamente.

Tras la intensa transformación de las dinámicas productivas y la drástica reducción del trabajo vivo, el castigo tiende a hacerse oblicuo, porque se manifiesta a través del discurso y de las nuevas formas del control social. Grupos enteros de población en situaciones de marginalidad o de exclusión social se transforman en objetivo prioritario de las políticas de control. Un ejemplo de estas prácticas viene expresado de forma muy significativa en las tendencias que siguen las actuales políticas urbanas que, en nombre de expresiones como tolerancia cero, lejos de fomentar la protección de los derechos o facilitar la integración real en la forma social de todos los ciudadanos, profundizan en la segregación de los elementos molestos del espacio público. En este contexto, los movimientos sociales alternativos manifiestan en el espacio común determinadas contradicciones sistémicas, poniendo de manifiesto los obstáculos que dificultan e impiden a la ciudadanía la efectividad real de los derechos, formalmente reconocidos y garantizados por el ordenamiento constitucional. Por ello, no resulta casual que sean objeto de una represión u hostigamiento sensiblemente mayores que los que pueden sufrir otros sectores de la ciudadanía.

Los movimientos sociales adquieren forma de agente cuando contribuyen a la denuncia de tales deficiencias, y fomentan la construcción de alternativas frente a las mismas. Las estrategias punitivas son desplegadas sobre sus prácticas de desobediencia social, porque consiguen traducirse en expresiones sociales efectivas de derechos formalmente garantizados. La lógica de la legalidad formal se esfuerza en ahogar estos espacios de legitimidad material, a través de la criminalización de las acciones o incluso de los propios activistas, frente a los que se genera un discurso de acusación virtual y permanente. Se trata de una nueva forma de castigo a la visualización pública de las “grietas del sistema”.

Modelo alternativo

Resultan evidentes y reiterados los comportamientos más que cuestionables de la policía y los altos niveles de impunidad en que se mantienen, pese a la obvia desproporción utilizada por los agentes en manifestaciones, desalojos o detenciones. Las actuaciones de las fuerzas de seguridad y las nuevas formas de contención de las expresiones auténticamente cívicas, con especial incidencia en el caso de Barcelona en los últimos meses, han podido rozar la ilegalidad constitucional, y pese a ello, han sido amparadas por el modelo tecnocrático de seguridad ciudadana imperante hoy en día.

Este modelo otorga primacía al principio de prevención y segregación de grupos de riesgo en detrimento de las garantías jurídicas y derechos fundamentales (como los de reunión, manifestación o libertad de expresión). Legitima una variada gama de políticas de excepción y viene respaldado, como tal modelo, en un sospechoso consenso de los grandes partidos. Se trata de arbitrar actuaciones administrativas, con pautas no siempre explícitas, que persiguen una gestión y control eficientes de una población a la que se niega de forma drástica el conjunto de derechos de ciudadanía.

No se trata de algo nuevo. A modo de ejemplo, L. Bonelli describe los efectos desastrosos de tales políticas en el caso de las periferias francesas (banlieus), como ejemplo de la incapacidad de los partidos y sindicatos obreros tradicionales para comprender la situación de los jóvenes desafiliados. También el Informe de Amnistía Internacional de 1996 constató el aumento desmesurado de comportamientos abusivos de la policía, el racismo institucional de sus prácticas y los altos niveles de impunidad de los delitos de los agentes tras la implantación de la estrategia policial auspiciada por el alcalde Guliani, en Nueva York, en 1994.

La alternativa frente a esta realidad pasa por denunciar el carácter ilícito de este modelo, que sacrifica derechos y garantías en nombre de la emergencia y la difusión del miedo, y, por el contrario, desarrollar una auténtica defensa de un modelo democrático en la seguridad de los derechos de todos los ciudadanos. Este modelo defiende la única concepción válida de la seguridad: la seguridad pública, que, con la máxima transparencia, debe garantizar la protección y realización efectiva de los derechos de todos, y que, en consecuencia, debe expresar de forma inequívoca el nivel de validez real de las normas contenidas en la constitución del Estado Social de Derecho.

El modelo democrático impugna la política como espectáculo, reivindica a los ciudadanos como auténticos actores políticos, y respecto al ámbito de la política criminal, ampara la pretensión de incidir, intensa y específicamente, en el castigo de los delitos cometidos por grupos poderosos. Entiende que la seguridad sólo queda garantizada cuando la ciudadanía queda protegida frente a las acciones que encarnan la dimensión social más negativa: es decir, aquellas derivadas del excluyente proceso de valorización del capital en las condiciones impuestas por la desregularización neoliberal de la economía. Se trata de apostar radicalmente por una auténtica política de la ciudad, con un real autogobierno democrático y presidido por una comunicación política de base. Puede resultar una propuesta utópica en nuestros espacios urbanos -convertidos de forma acelerada en dispositivos de vigilancia-, pero la vocación radicalmente democrática de esta propuesta y su potencialidad transformadora la hacen no sólo legítima, sino urgentemente necesaria.