¿Para qué sirven las Viviendas de Protección Oficial?

Fuente

Desde que comenzaron a construirse este tipo de viviendas se ha visto en ellas una forma barata de adquirir una casa, de conseguir un chollo. Eso si tienes la suerte de que te toque la lotería que supone la subasta de VPO (teniendo en cuenta el número que se construyen en comparación con la demanda real que hay de viviendas…). En la etapa de endeudamiento en que nos vemos inmersos, muchos ven en estas viviendas, quizá con más ilusión que antes, una salida al mismo. Incluso los empresarios. Hagamos un breve repaso a este tipo de políticas; al significado que se les quiere dar ahora precisamente; a las mejoras que pueden generar a la clase trabajadora en un principio y, a largo plazo, como puede servir para amortiguar la caída en el sector de la construcción – inmobiliario.

A partir de los años 80 se comenzó a hablar entre los arquitectos progresistas de una especie de “democratización de la vivienda” para justificar la construcción de bloques con la capacidad de aglutinar mayor número de población y aprobar proyectos que acabara lentamente con un modelo de barrio más popular y de vida en la calle (o la huerta). Por lo general, zonas compuestas por casas bajas. Con la excusa de querer potenciar una hipotética igualdad social y el derecho constitucional de todo el mundo a acceder a una vivienda como estandarte de la democracia, la población, exceptuando ciertas luchas que se fraguaron en torno a grandes ciudades (con la destrucción de chabolas y barriadas), no vio con malos ojos economizar su espacio, para que cupiese más gente. Las empresas privadas comenzaron a rediseñar el negocio de la vivienda, encontrando en la emigración de trabajadores y la acumulación de inquilinos un gran filón económico y de modelo urbano: en menos espacio podían sacar más provecho y asentar a la clase trabajadora (o a estratos marginados) donde no molestara. Es decir, en ciudades satélite o polígonos de realojamiento.

Este modelo de construcción ha ido evolucionando hasta nuestros días y ha tenido a los bloques de VPO como principal símbolo de “ayuda social” por parte del Estado. Sin embargo, tras esa imagen de igualdad entre clase sociales que quiere demostrar dicha “democratización de la vivienda”, vemos cómo por un lado, se siguen construyendo bloques mastodonte para la clase media-baja, y por otro se reservan zonas residenciales o de lujo para la venta de casas unifamiliares de gran extensión, con los privilegios y la calidad de vida que representa. Un escenario en continuo contraste con zonas más deterioradas, y con la desigualdad social que, en teoría, instituciones, constructoras y arquitectos, querían suprimir por el bien común de toda la sociedad. El problema no era, ni es, un modelo de viviendas limitado sino el tipo de gente que vive en ellas, el aprovechamiento del suelo y el espacio como mercancía para beneficiar a unos pocos privilegiados.

La especulación urbanística generada por estos y otros factores, como la limpieza de dinero negro, ha llevado a la situación actual donde la demanda de vivienda de promoción privada se ha estancado y tiende a bajar. Como resultado del desgaste en el sector inmobiliario y la dificultad que tienen las familias para hacer frente a hipotecas o la compra de una vivienda, el gobierno plantea la subvención a las empresas privadas que planifiquen viviendas de protección en sus proyectos como forma de potenciar el acceso a la vivienda y “ayudar a la población de renta baja”. El contexto que se genera con estas inyecciones de dinero a las promotoras-constructoras es de convertir las VPO en un negocio con el que acolchar las perdidas en el sector e inflar los precios de éstas construcciones. Al fin y al cabo, aunque el Estado regule las condiciones de compra, son las empresas las que fijan el precio final, amortizando gastos de inversión con este tipo de subvenciones (una parte estaría cubierta) para seguir construyendo como si no pasara nada. Es una estrategia que ya han puesto en marcha grandes promotoras para hacer frente a la famosa “crisis” que ellos mismos han provocado.

Aparte, las viviendas de protección son construidas a bajo coste, con material de poca calidad y unos acabados de pena, porque van dirigidas a un fin que genera escasos beneficios. Las zonas donde se construyen suelen estar bastante dejadas (ni reformas, ni servicios de limpieza regulares, mejoras de plazas, etc.). Incluso, si ese suelo interesa para especular o resolver conflictos sociales, la dejadez llega al punto de declararlas en estado de ruina (por ejemplo, polígono de viviendas de La Paz o los bloques de Ayuso en Murcia capital). La calidad en estas viviendas se da por hecho que va a ser inferior, aunque las hayamos pagado con los impuestos que nos arrebatan continuamente.

La necesidad de VPO no es real, porque ya existen miles de casas vacías, con las que se especula en espera de tiempos mejores y que podrían destinarse para ese objetivo o reapropiarse para quien le haga falta. Con este panorama, no podemos ver una tabla de salvación en la constitución, o las leyes, reivindicando una vivienda digna o pidiendo a toda costa que se construyan más VPO. Esta alternativa también se puede transformar en un negocio, volverse en nuestra contra, convirtiéndonos en explotados que mendigan algo que les pertenece. Hay suficientes casas para vivir dignamente y sin engordar aún más el negocio inmobiliario, solo hace falta la determinación de quienes sufrimos estas situaciones, de los afectad@s.

“La vivienda protegida sube de golpe un 30% en Murcia y Cartagena”
(Diario 20 Minutos, 9 de Abril de 2008)

“También hemos hecho más atractiva la construcción de VPO a los promotores adecuando los precios de los módulos en los que se divide la VPO según distintas zonas geográficas a los precios actuales” (José Ballesta, Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes en una entrevista para el periódico La Economía Región de Murcia, Junio de 2008).

extraido de: http://www.boletinelpercal.blogspot.com/