No hay libertad sin desobediencia

Per Asamblea de Detenidas y Detenidos.

Nuevo manifiesto de la Asamblea de Detenidas y Detenidos en los desalojos del Euskal Jai y de Jesús y María
El mundo está mal organizado. Sobre el papel, todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, a asumir de manera autónoma y activa la gestión de sus necesidades sociales y a no ver su movilidad limitada o discriminada. Estos bienes defendidos son derechos enunciados en declaraciones universales aceptadas como marcos jurídicos que recogen garantías fundamentales.

Sin embargo, lo justo no siempre es legal. En el caso que nos ocupa, existe una constante especulación pública y privada con la vivienda y con el territorio. Vemos como se conjuga la existencia de pisos vacíos con la recalificación permanente de terrenos rústicos y con la construcción de nuevas casas.

Por otro lado, hay una progresiva privatización de los espacios públicos. Se mercantilizan lugares comunitarios, se elaboran regulaciones dirigidas al control social; aumentan las actividades gravadas con impuestos; se transfieren servicios públicos a empresas con ánimo de lucro; se restringe la libertad de expresión y se amplia el catálogo de conductas a penalizar. Cada vez se cobra, se vigila y se castiga por más cosas.

Además, la ordenación urbana en curso promociona y privilegia la utilización del transporte privado motorizado. La mayoría de los habitantes son sometidos a las necesidades del coche, imponiendo su coacción y organizando la ciudad a disposición de un medio de desplazamiento minoritario y contaminante. Se limita la movilidad de peatones y ciclistas urbanos así como su derecho a la salud.

Así las cosas, nos declaramos objetoras de conciencia a los cuerpos legales y a las políticas que formulan, promueven y defienden el estado de cosas antes citado. Negamos legitimidad de ningún tipo -legal, ética o de cualquier otra clase- a las administraciones que dan carta de naturaleza a las realidades antes citadas.

Es por ello que habiendo agotado todos los cauces de diálogo y vías legales que nos ha ofrecido el Ayuntamiento de Pamplona; probando que, más allá de cualquier razón o promesa, quienes nos gobiernan no están dispuestos a respetar nuestros derechos más elementales; a nadie puede extrañar que ante esta conculcación y frente a la violencia de la autoridad y de sus cuerpos represivos, hayamos ejercido y vayamos a ejercer la desobediencia civil. Es una necesidad.

En ese sentido, y como consecuencia de lo mencionado anteriormente, asumimos y reivindicamos como propias: a) la ocupación de viviendas vacías para vivir, sean de titularidad pública o de propiedad particular, y cuando su estado de abandono sea inequívoco; b) la recuperación y autogestión de espacios públicos o privados en desuso y cuya reutilización de salida a demandas sociales; y c) el uso de medios de transporte no motorizados, no contaminantes, no agresivos, eficaces, rápidos, saludables, baratos y divertidos.

En concreto y para finalizar, asumimos plena y colectivamente los actos por los que se nos juzga como consecuencia de nuestra participación en el intento de que no se destruyera el edificio del Gaztetxe Euskal-Jai. Lo volveríamos a hacer.

Posdata: nadie tiene competencia para reconocer y dar efectividad a nuestro derecho de objeción de conciencia; en cualquier caso, nadie está obligado a declarar sobre sus razones de conciencia. Por consiguiente, los tribunales que en el futuro van a enjuiciar nuestros actos carecen de potestad ninguna para decidir sobre nuestra condición de objetoras de conciencia.

Fdo.: Asamblea de Detenidas y Detenidos en los desalojos del Euskal Jai y de Jesús y María