Las multinacionales que apagan Colombia

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EMPRESAS ESPAÑOLAS // EL DESEMBARCO DE MULTINACIONALES ESPAÑOLAS EN COLOMBIA Y SUS DAÑOS COLATERALES

P. Ramiro, E. González y A. Pulido, Madrid

Desde 1996, Colombia es un destino disputado por las multinacionales. La mezcla de recursos naturales y represión de las reclamaciones laborales y sociales la convierten en un lugar ideal para la inversión española.

Prácticamente todas las grandes multinacionales españolas tienen negocios en Colombia: Repsol YPF, Cepsa y Gas Natural, en el terreno de los hidrocarburos; Unión Fenosa y Endesa, en el sector de la electricidad; Ferrovial y ACS, en el campo de la construcción; BBVA y Santander entre los bancos más poderosos del país; Telefónica, con una posición de fuerza en el sector de la telefonía fija y móvil; Prisa y Planeta, a la cabeza de los medios de comunicación más importantes; además de otras empresas como Aguas de Barcelona, Sanitas, Prosegur y Mapfre. Las filiales de estas compañías se encuentran entre las mayores corporaciones transnacionales que operan en el país: tanto es así que Endesa es la cuarta mayor corporación multinacional de Colombia y Unión Fenosa es la novena.

Esta masiva presencia de empresas españolas apenas tiene una década de existencia. Porque sólo empezaron a tomarse en serio la posibilidad de invertir en Colombia a partir del año 1996, cuando el BBVA adquirió el 40% del Banco Ganadero. Y fue en los años sucesivos cuando se produjo el desembarco del resto de grandes compañías: en 1997, Endesa compró la Empresa de Energía de Bogotá. Ese mismo año, Gas Natural se introdujo en el país al comprar la empresa estatal del mismo nombre, y el Banco Santander si hizo con más de la mitad de las acciones del Banco Comercial Antioqueño. Posteriormente, en 2000, le llegó el turno a Unión Fenosa, que entró en el sector de la electricidad adquiriendo las distribuidoras Electrocosta y Electricaribe y la compañía EPSA. Aunque las adquisiciones sufrieron un parón con la crisis que tuvo lugar en toda América Latina en 2001, en los últimos años estas inversiones han vuelto al país con fuerza: el BBVA compró en 2005 el banco Granahorrar, de propiedad estatal, mientras Telefónica absorbió la empresa pública Telecom en el año 2006. En resumidas cuentas, se puede observar que el Estado español, que ha sido el segundo mayor inversor en Colombia en la última década, ha concentrado sus inversiones en dos sectores: la energía (45% del total de la Inversión Extranjera Directa -IED- española entre 1992 y 2005) y los servicios financieros (43%).

Liberalización y privatización

Hasta la década de los ‘90, eran el petróleo y los recursos naturales los que habían monopolizado el interés de los capitales transnacionales que llegaban a Colombia. Después, la privatización y la liberalización del sector eléctrico sirvieron para aumentar hasta niveles récord las entradas de inversión foránea a finales de los años ‘90: entre 1996 y 2003, los servicios concentraron el 70% de los flujos de IED en el país. Y en la actualidad se desarrolla la tercera oleada de inversiones en el sector energético, en la cual de nuevo son el petróleo y, en menor medida, el carbón y el gas los que atraen a las multinacionales extranjeras.

Pero, a pesar de la propaganda oficial, la masiva llegada de capitales transnacionales a Colombia, a imagen y semejanza de lo que ha sucedido en América Latina, no ha traído de la mano el progreso y el bienestar que se prometía con las reformas neoliberales. De hecho, al comparar el crecimiento de los flujos de IED con la tasa de desempleo y los niveles de pobreza y desigualdad, se observa que los supuestos beneficios sociales que llevan asociadas las inversiones extranjeras no aparecen por ningún lado. Y lo mismo sucede con la imagen de seguridad para las inversiones que se está proyectando internacionalmente. Un ejemplo de ello son declaraciones como la del presidente del BBVA en Colombia: “además de poseer una democracia sólida, el actual Gobierno está firmemente comprometido con la reinstauración de la paz interna. Colombia es un país muy atractivo, con una economía importante y un potencial de crecimiento enorme”.

Esta imagen ha valido para que la IED que llegó al país entre 1995 y 2005 se multiplicara por diez y para que, en 2005, Colombia alcanzara el valor de inversión extranjera más alta de su historia, pero no para que mejorara la situación del conflicto social y armado más antiguo de todo el continente. Colombia es el segundo país del planeta con un mayor número de desplazados internos y, en las cuatro últimas décadas del siglo pasado, ha sido escenario de la comisión de más de 40.000 casos de crímenes de lesa humanidad, cosa que no ha cambiado con el Gobierno de Álvaro Uribe: entre 2002 y 2006, 11.282 personas fueron asesinadas o desaparecieron en Colombia por causas sociopolíticas (una media de 7,8 personas diarias) y las detenciones arbitrarias se convirtieron en una práctica generalizada.

En definitiva, se trata de un calco de las mismas dinámicas que se desarrollaron en otros países de América Latina a la hora de poner en marcha las políticas neoliberales. Eso sí, con un detalle añadido: la inclusión de Colombia en los procesos de globalización económica se ha llevado a cabo en un contexto de violencia estatal y paraestatal, del cual las empresas transnacionales no sólo no se han desmarcado, sino que se han aprovechado para desarrollar sus actividades.

Los impactos de Repsol

En Colombia, las principales operaciones de Repsol se encuentran en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Esta región representa un caso paradigmático de lo que significan las actividades de las multinacionales: tras más de 20 años de explotación petrolera, Arauca ha sido testigo de las consecuencias sociales, ambientales y culturales que han tenido las operaciones de las compañía Repsol y de su socia estadounidense Occidental (Oxy). Los principales impactos han sido: 1. Sobre los derechos humanos: Repsol ha adquirido una corresponsabilidad en crímenes de lesa humanidad al prestar apoyo al Ejército de EE UU y financiar a unidades militares que acumulan denuncias en materia de derechos humanos. En 2005, Repsol comenzó a producir petróleo en Capachos, justo después de que en la zona aledaña al pozo hubiera un auge del paramilitarismo y se incrementaran enormemente los crímenes contra la población civil y los desplazamientos forzados. 2. Sobre los pueblos indígenas: Repsol está llevando a cabo proyectos de exploración y explotación petrolera en áreas que coinciden con territorios indígenas u’was y guahibos. 3. Sobre el medio ambiente: Las operaciones de Repsol y Oxy en el campo Caño Limón han supuesto la desaparición de la Laguna de Lipa y la modificación del ecosistema hídrico de la región.

Los impactos de Unión Fenosa

Unión Fenosa es responsable de la distribución eléctrica en siete departamentos de la Costa del Caribe y en dos del Suroccidente. Desde que se hizo con las empresas Electrocosta, Electricaribe y EPSA, Unión Fenosa puso en marcha una agresiva estrategia para amortizar sus inversiones, con las siguientes consecuencias: 1. Sobre los derechos laborales y sindicales: Reducción salarial, debilitamiento de los sindicatos y externalización de tareas. Además, se da el hecho de que, desde la privatización, los grupos paramilitares han asesinado a 27 líderes sociales en la Costa del Caribe. 2. Sobre las tarifas eléctricas: En el año 2002, una familia empobrecida del departamento de Atlántico tenía que destinar la mitad de sus ingresos, ya de por sí bajos, al pago de la factura de la luz. Hoy, una familia que viva en Montería paga lo mismo por la electricidad que una que resida en Madrid, cuando existe una diferencia de cuatro veces en el salario mínimo entre uno y otro lugar. 3. Sobre la calidad del servicio: Se han dado reposiciones irregulares de contadores, sobrefacturación, cortes masivos de luz como forma de racionamiento y una carencia de atención en las zonas rurales. Además, ha creado una empresa llamada Energía Social, con los objetivos no declarados de desmantelar las movilizaciones sociales y dejar la gestión del servicio eléctrico en manos de la propia población.