“La militarización de Colombia responde a intereses económicos privados”

Los objetores de conciencia de Colombia denuncian un Estado obliga a cientos de jóvenes a incorporarse al servicio militar. Diego Carreño señala que aunque la Corte Suprema les dio la razón en 2009 y pide al Gobierno que elabore una Ley de Objeción de Conciencia, en la actualidad no existe ninguna normativa y más de 100.000 jóvenes al año son reclutados obligatoriamente.

Isabel Ortigosa, Madrid

Diego Carreño es objetor de conciencia y miembro de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia de Colombia (ACOOC). Ha visitado Madrid en el marco de una gira europea apoyada por distintas organizaciones, entre ellas la española InspirAction. Diagonal charló con Diego Carreño.

¿De qué manera entiende ACOOC la Objeción de Conciencia?

Nosotros entendemos la Objeción de Conciencia como puerta de entrada a una apuesta colectiva de transformación y cambio estructural de la sociedad, basada en principios de no violencia activa y antimilitarismo. Sabemos que hay que transcender el tema del reclutamiento y la objeción de conciencia para cuestionar la militarización de Colombia en sí. No podemos olvidar que este fenómeno tiene una íntima relación con el modelo económico neoliberal que se trata de imponer en Colombia.

Hablamos de un país militarizado con el propósito de defender intereses económicos privados, a menudo extranjeros. En Colombia hay 500.000 personas en el aparato de seguridad del Estado, más que el personal destinado a educación y sanidad. Es decir, en Colombia es más fácil encontrar quién te meta una bala que quién te la saque.

¿Se reconoce de alguna manera el derecho a la objeción de conciencia en Colombia?

En 2009, la Corte Constitucional nos dio la razón y reconoció el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental innominado en la Constitución, que se desprende de una lectura armónica del derecho a la libertad de conciencia y del derecho a la libertad de culto. Establece además unos criterios para evaluar quién puede ser objetor de conciencia, indicando que debe ser aquel que tenga razones fijas, profundas y sinceras, algo por cierto difícilmente medible y problemático.

En Colombia hay 500.000 personas en el aparato de seguridad del Estado, más que el personal destinado a educación y sanidad Y por último, esta sentencia pide al legislativo que elabore una Ley de Objeción de Conciencia, estableciendo que mientras no exista esta ley el mecanismo para declararse objetor es mediante una acción de tutela. Sin embargo, desde 2009 hasta hoy hemos tenido ocho proyectos de ley y todavía no tenemos una ley.

¿Qué sucede con los jóvenes que son obligados a prestar el servicio militar en Colombia?

Según datos del mismo director de reclutamiento, el Ejército colombiano necesita reclutar unos 100.000 jóvenes al año para cubrir los relevos. El 80% de estos jóvenes son destinados a proteger la infraestructura del Estado y de transnacionales con presencia en Colombia.

El Ejército colombiano recluta a unos 100.000 jóvenes al año. El 80% son destinados a infraestructuras del Estado y de transnacionales con presencia en Colombia En un contexto de conflicto armado, situarles en los blancos prioritarios de la guerrilla es convertirles en carne de cañón. Son jóvenes que apenas tienen opciones laborales o educativas, que a menudo son reclutados de manera ilegal, y que con frecuencia mueren en enfrentamientos con otros jóvenes también sin opciones. Además, el reclutamiento de jóvenes en áreas rurales donde el conflicto se vive con intensidad supone con frecuencia que sus familias se ven obligadas a abandonar el territorio, al ser señalados por la guerrilla como colaboradores o espías del ejército.

Hablas de reclutamientos ilegales ¿en qué consisten?

Las conocidas popularmente como batidas son incursiones de personal del Ejército en lugares con presencia masiva de jóvenes (como estadios, eventos culturales o de ocio, sistema de transporte) para pedirles la libreta militar. La libreta es el documento que certifica la situación militar de un hombre en Colombia. A los que no la tienen, los suben en camiones, los llevan a los batallones militares y les incorporan de una vez al servicio militar, en ocasiones trasladándolos esa misma noche a la otra punta del país sin informar a sus familias.

Hemos identificado cosas muy preocupantes, como que en ocasiones la policía participa en estos operativos, a pesar de que constitucionalmente no pueden podrían hacerlo, o que los camiones no tienen placas, o que con la excusa de que los jóvenes están en estado de exaltación les llevan a la Unidades Permanentes de Justicia, unos centros de detención temporal de los que salen directamente a los batallones en el caso de no tener libreta.

Estas batidas fueron declaradas ilegales por la Corte Constitucional en 2011, por tener características de detención arbitraria, por violar el debido proceso para reclutar y por vulnerar el derecho a la libre circulación y movimiento por el territorio. Sin embargo, y a pesar de que el ejército lo niega, siguen siendo una realidad. Sólo en octubre de 2013, sólo en Bogotá, y con nuestros recursos que son limitados, documentamos 13 casos.

Entendemos que en zonas de conflicto los casos son muchos más. Se trata de una práctica sistemática que obedece a un sistema de cuotas y que tiene un fuerte componente de clase, porque son los sectores populares y los sectores campesinos los directamente afectados. No se trata, como dicen los mandos militares, de casos excepcionales dirigidos por unas cuantas “manzanas podridas” dentro del Ejército.

¿Para qué sirve la libreta militar?

En Colombia te piden la libreta militar para graduarte en la universidad, para contratar con el Estado, para posicionarse en cargos de elección popular, para hacer carrera administrativa pública, y para trabajar en empresas públicas o privadas, ya que toda aquella empresa que contrate a alguien sin libreta es multada. En la práctica esto se traduce en que no puedes obtener un título universitario ni puedes trabajar, como es mi caso personal. Es decir, no tener la libreta militar restringe gravemente el ejercicio de derechos fundamentales.

Ahora mismo hay 800.000 remisos en Colombia: personas a las que se ha llamado a incorporarse al servicio militar obligatorio, al no estar cobijados por ninguna causal de exención, y que aun así no se han presentado. Todos estos jóvenes no tienen la libreta militar, y se encuentran por lo tanto en un limbo jurídico que condiciona gravemente sus vidas.

¿En qué punto se encuentra la lucha por la objeción de conciencia en Colombia?

Se han dado pasos importantes: por ejemplo la Alcaldía de Bogotá ha decidido abanderar la lucha por el respeto a la objeción de conciencia e incluso ha contratado a un objetor, algo inédito en Colombia. Aún más significativo es el hecho de que la Defensoría del Pueblo ha dado orden de documentar casos de irregularidades en el proceso de reclutamiento y en el respeto al derecho a la objeción de conciencia.

En mayo presentará un informe y creemos que tras las elecciones podría llegar a ser el mismo Defensor del Pueblo quien presentase el Proyecto de Ley que hemos elaborado, lo que desmarcaría la ley de un interés partidista y le daría más opciones a ser aprobada.

¿Qué impacto podrían tener las negociaciones de paz de La Habana en este proceso?

Es importante destacar que en La Habana están negociado dos violadores de derechos humanos, y lo que es más grave, sin la participación de las víctimas. Si las negociaciones dan frutos, se parará la guerra, pero hay que entender que construir la paz es un reto que supera el hecho de que cesen los enfrentamientos: si no se da solución a las causas estructurales que provocaron la guerra, como la desigualdad, la pobreza o la concentración de la tierra, y si no se trabaja con los desmovilizados, la paz no será estable. ¿Cómo va a ser la reinserción de los desmovilizados? ¿Desaparecerá el servicio militar obligatorio? ¿Qué va a hacer el Estado colombiano con 500.000 hombres en el Ejército si ya no hay guerra?

Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/g...