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La falta de identificación de la Policía y su papel en la impunidad policial. Un problema que no se resuelve

Miércoles.20 de noviembre de 2019 1179 visitas - 1 comentario(s)
Stéphane M. Grueso, Público #TITRE

Desde el año 2011 y aquello llamado el 15M llevo saliendo a la calle a ejercer mis derechos fundamentales de manifestarme, reunirme y protestar cada vez que lo siento necesario, cosa que lamentablemente sucede más a menudo de lo que me gustaría. Como periodista también he informado de ello.

Durante todo este tiempo vengo documentando y denunciando en redes sociales con el hashtag #NoSinID las irregularidades en las identificaciones que están obligados a llevar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su trabajo en espacios públicos.

En las interacciones que un ciudadano tenga con un policía, uno no puede saber su nombre, y esto me parece bien. Se trata de proteger su identidad y su intimidad ante la complicada labor profesional que tiene. Eso sí, para garantizar los derechos del ciudadano y poder llegar a identificar a un funcionario en concreto ante alguna situación que lo requiera, todos los policías están obligados a portar públicamente un número único que les identifica y les distingue de los demás policías. El denominado TIP (número de la Tarjeta de Identificación Profesional). Es esa pequeña placa de latón de difícil lectura y curioso tipo de letra que lleva la Policía Nacional en el pecho, bajo el escudo. Estos números no son fáciles de leer y en multitud de ocasiones los funcionarios sencillamente no los llevan. Esta situación se repite en distintos cuerpos policiales, pero es de especial gravedad en la Policía Nacional, que es la encargada del orden público en gran parte del Estado. Por ejemplo, la Guardia Civil lleva unos distintivos que son más fácilmente legibles.

Placa de identificación de la policía nacional. Según la reglamentación, deben ser legibles a 1,2 metros de distancia. En este caso el agente la lleva invertida.

En las ocasiones en las que un ciudadano piense que hay recriminar la actuación de los funcionarios ya sea por excesos, irregularidades o por presuntos delitos, es relativamente frecuente que esto no se pueda llegar a hacer por la imposibilidad de identificar al agente en cuestión. Tenemos multitud de casos en los que jueces, apreciando un posible delito en acciones cometidas por miembros de la Policía, no pueden seguir con la investigación y exigir responsabilidades, porque no pueden llegar a identificar al policía concreto presunto responsable. En ocasiones, preguntados por el juzgado, los policías presentes no se acuerdan de quién estaba por allí y de qué compañero hizo qué y el caso se acaba archivando al no poder determinar la persona responsable. Esto es algo que sucede regularmente. Con ello, queda sin investigar el presunto delito porque no se puede determinar quién es el autor concreto de los actos, que se sabe que era un señor con uniforme de policía.

En 2013, y para garantizar los derechos de los ciudadanos se implementó un nuevo número a portar destinado a los agentes de la Unidad Intervencion Policial (los UIP, comúnmente conocidos por antidisturbios). Esto implicaba que tendrían que llevar en la espalda un nuevo número: no el TIP sino el NOP (Número de Operativo Policial), que además puede cambiar de persona en cada operación, pero que garantiza la identificación del agente. Desde que surgió esta nueva reglamentación ha habido polémica con la tipografía elegida para ello, ya que se usa una de la familia TERMINATOR, que es especialmente difícil de leer y con la que es muy fácil confundir unas letras y números con otros. Por ejemplo, el 5, el 6 y el 8 son prácticamente iguales y con casi cualquier otra tipografía serían más fáciles de leer. Hay que tener en cuenta que el cometido exclusivo de esta tipografía es poder ser fácilmente legible en situaciones de estrés, por la noche o en movimiento. Y la tipografía escogida, a mi entender, no es que sea difícilmente legible, es que es especialmente poco clara.

Esta situación lleva una indefensión absoluta de la ciudadanía ante cualquier situación de exceso policial. Esto es algo que lamentablemente pude comprobar de forma práctica en una movilización cerca de la plaza de Neptuno en Madrid, en septiembre de 2012. Estaba yo cambiando la batería del móvil,y además vistiendo con el ridículo chaleco de prensa blanco que nos invitan en Madrid a portar “por nuestra seguridad”, cuando sin venir a cuento -no había una carga- un joven policía nacional (le pude ver la cara a través de la visera del casco) me asestó un duro golpe en la cabeza con la defensa (la porra) que me dejó un notable chichón y fuertes dolores un par de días. Lo que sucedió justo tras recibir el golpe es que otro policía cogió rápidamente de los hombros al joven por detrás, lo sacó de la línea de policía, esta se cerró y se lo llevó corriendo. Literal. Y allí me quedé yo con cara de tonto además de con el creciente dolor. Y allí se acabó cualquier posibilidad de exigir alguna responsabilidad por el acto del policía si es que la hubiera. Justo en el momento en que esa persona de uniforme desaparece entre otras personas de uniforme, con él desapareció también cualquier posibilidad de justicia y entró en acción la impunidad policial. No existían todavía los números en la espalda y tampoco habría estado probablemente yo en condiciones de descifrarlo y recordarlo para exigir responsabilidades.

Otros colectivos como LegalSol (agrupación de abogados, psicólogos y otros profesionales dedicados a la defensa y atención a personas que han tenido problemas policiales y/o legales en movilizaciones sociales) o RedJurídica además de mí llevamos años denunciando esta situación ante distintas instancias. Una y otra vez desde hace años y poco o nada ha cambiado.

Tenemos centenares de casos documentados en los que policías (generalmente en situaciones en las que iban a tener algún tipo de contacto con ciudadanos: movilizaciones, manifestaciones, huelgas…) no llevaban la identificación reglamentaria, o la llevaban deteriorada e ilegible o incluso boca abajo, lo que imposibilita su lectura. Esto sigue pasando todos los días, como ya informó este mismo medio.

Esta situación la he denunciado docenas de veces al Defensor del Pueblo, que ha emitido más de una recomendación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el sentido de cumplir la reglamentación y llevar las identificaciones e incluso a revisar su diseño. He realizado consultas al Ministerio del Interior usando la Ley de Transparencia sobre la normativa y la decisión de usar ese diseño. He escrito y presentado quejas a la Delegación del Gobierno en Madrid, a partidos políticos e incluso a la propia Dirección General de la Policía. Ante la insistencia y múltiples quejas de ciudadanos al respecto (y también mías, que llevo docenas), la Defensora me informó en 2015 y de nuevo en 2017 y ahora otra vez en 2019 que iba a instar a la Comisión Técnica de Uniformidad, Vestuario y Equipamiento Policial de la Policía Nacional a modificar la identificación para que cumpla mejor su función. Años después, poco o nada ha pasado.

Con estas protestas y demandas no se trata en ningún caso de criminalizar al colectivo policial. Se trata de, sencillamente, exigir derechos de los ciudadanos. Y de hecho, un mínimo de derechos que tenemos reconocidos por ley pero no se cumplen.. Evidentemente no todos los policías cometen excesos, irregularidades o delitos. Ni siquiera muchos. Son una minoría. Muy pocos. Pero cuando sucede un exceso policial -y cada vez que ocurra- es nuestro derecho poder llegar a saber quién era el funcionario responsable en concreto para que afronte las posibles consecuencias que pudieran tener sus acciones. Vamos, lo mismo que pasaría si fueras tú la persona que ha actuado de esta forma.

Estos días estamos viendo imágenes de policías que no van correctamente identificados en las protestas de Barcelona relacionadas con la sentencia del Tribunal Supremo a los encausados por el Procés (y por ejemplo también en una protesta de ayer mismo en Madrid). Es algo cotidiano.

La situación actual, en la que responsables políticos y altos cargos policiales les permiten actuar de esta forma, promueve e incluso alienta la impunidad ante estas pocas situaciones que se dan. Son incomprensibles estos espacios de impunidad en pleno siglo XXI. Hasta que una persona no pueda responder de sus actos -aunque sea policía-, hasta que no seamos todas y todos iguales ante la ley como claramente está escrito en el Artículo 14 del Título I de la Constitución Española, no avanzaremos en nuestra precaria Democracia y no viviremos en un Estado de Derecho.

Fuente con enlaces: https://blogs.publico.es/otrasmirad...

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