La buena salud de la industria militar y la mala salud de la paz mundial

El reciente «informe Top 100», publicado por Defense News refleja las 100 primeras empresas mundiales en venta de material militar durante 2019, entre ellas la española INDRA.

Desde luego, la suma de sus ventas legales (porque además de la venta «oficial» de armas existe un merado ilegal de las mismas de gran importancia y capacidad lucrativa) arroja cifras abrumadoras: 524.420 millones de dólares de volumen total de ventas y un aumento respecto a 2018 de más de 37.000 millones de dólares.

Preparar la guerra, un negocio boyante

Parece, en primer lugar, que el negocio armamentista es próspero en sus resultados y su perspectiva de crecimiento aumenta a medida que disminuye la seguridad del mundo.

Si cruzamos los datos de este lucrativo negocio con los que, por ejemplo, ofrece el índice mundial de paz global sobre el retroceso de los índices de paz que padecemos actualmente comparados con los de los diez años anteriores, o la agudización de los conflictos en amplias regiones planetarias, como Oriente Medio, América Latina, Europa del Este o nordeste de Asia, o con los datos que ACNUR ofrece sobre el número y procedencia de los cada vez mayores índices de refugiados, podemos hacernos una idea de la interesada relación entre vender armas y cronificar o estimular conflictos, algo que da que pensar.

¿No será que la guerra y la propagación de conflictos, que tan bien le sienta a la industria militar, acaba siendo una de sus líneas de desarrollo de negocio? En fin, ahí lo dejamos de momento.

Para hacernos una idea de la magnitud de este magro negocio de medio billón de dólares, la ONU tiene un presupuesto anual de aproximadamente 3.000 millones de dólares para el conjunto de sus actividades y un presupuesto incluso menor maneja el PNUD, por poner ejemplos de agencias internacionales supuestamente pensadas para la paz o algo que se le parezca.

Otro modo de mirar el asunto es comprobar que ninguna de las 100 mayores empresas privadas del mundo, que tampoco es que se dediquen a cubrir las principales demandas y necesidades sociales (Walmart, EE.UU., con 470.000 millones de euros; Sinopec Group, China, 379.350 millones de euros; Royal Dutch Shell, Holanda, 362.900 millones de euros; China National Petroleum, China, 359.250 millones de euros, State Grid, China, 353.760 millones de euros; Saudi Aramco, Arabia Saudí, 325.420 millones de euros, BP, Reino Unido, 277.890 millones de euros; Exxon Mobil, EE.UU., 265.089 millones de euros; Volkswagen, Alemania, 254.120 millones de euros o Toyota Motor, Japón, 249.550 millones de euros) alcanzan una cifra de ingresos por sí misma tan importante como ésta de la facturación conjunta de las 100 primeras empresas militares, que acaparan casi el 80% de la cifra total del negocio de los señores de la guerra desde el puesto 101 en adelante.

Gasto militar y venta de armas

Y otra más: si cruzamos los datos de negocio en venta de armas (alguna de estas empresas además venden tecnología civil y tecnología «de doble uso» que no computa en sus cifras como armamento a pesar de que muchas veces encubre venta de material para uso militar) con las estimaciones que efectúa SIPRI acerca del gasto militar mundial (1´97 billones de dólares), o las relacionadas con el volumen anual mundial de venta de armas, se nos antoja que existe un mercado negro brutal que hace aún más escalofriante la cifra final.

Si el gasto militar mundial en 2019 fue de 1´97 millones de dólares, resultaría que más de 1/3 del total de gasto militar mundial estaría destinado a comprar armas nuevas, algo brutal.

Tengamos en cuenta que el gasto militar, además de las inversiones en armas nuevas, se destina a pagar a los militares y a los civiles al servicio de las estructuras de defensa (más de 28 millones de personas) , a pagar su sistema de protección social y sanitaria, a pagar pensiones a militares jubilados, a mantener el material anterior y a mantener las bases y espacios destinados a lo militar, incluyendo bases militares y otras estructuras, y a pagar otros servicios e infraestructuras.

Todo esto identifica un evidente rearme y una creciente preparación de la guerra como actividad militar fundamental. ¿Dónde queda entonces la retórica de los ejércitos como instrumento para la defensa de la sociedad o su supuesta vocación pacífica?

Ahora bien, no es el único dato nefasto.

Si ahora nos aplicamos a comparar las cifras «reconocidas» de venta de armas con las estimaciones sobre armas ilegalmente vendidas (según Piter Wezemann del SIRPI y las estimaciones de la ONU alrededor de unos 100.000 millones de dólares al año, una cifra que puede rondar entre el 10 y el 20% más de las cifras oficiales) veríamos que la magnitud del problema que supone la venta de armas es más preocupante: primero por el impacto económico real que supone éste y, segundo, por el incremento de conflictividad que propicia. De nuevo nos surge la duda: ¿no será que promover las guerras es una anotación más de la cuenta de resultados de los señores de la guerra?

¿Cómo contribuye España en todo esto?

España es una potencia mundial vendiendo armas. En pocas cosas (si excluimos la contribución mundial en tropas para intervenciones de la ONU, que somos la cuarta potencia o de la UE, que somos la segunda, o tal vez ahora en número de infectados COVID por la irresponsabilidad de nuestros astutos líderes políticos) podemos alardear de ser, año arriba año abajo, entre la sexta y la octava potencia mundial.
Ahora ocupamos el puesto 6, con 4.042 millones de euros en 2019 (3.720,4 en 2018) y países compradores entre nuestros principales clientes de las trazas de Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Arabes, Singapur, Corea del Sur y otros tantos implicados en zonas de conflicto de alto riesgo o directamente implicados en acciones militares.

A pesar de existir una ley (ley 53/2007) que regula el comercio de armas, lo cierto es que la opacidad de este negocio es, como en todo lo relacionado con lo militar, uno de los rasgos característicos de nuestra venta de armas.

Recientemente se ha sabido, gracias a la solicitud de información de Greempeace, cómo Felipe González, aquel paladín de la paz que tuvo la brillante idea de promover la venta de armas como tirón de la economía y que inició el camino de nuestro endeudamiento por programas de armamento que no necesitábamos, impuso el apagón informativo respecto de la venta de armas al Chile de Pinochet y otras tropelías muy del gusto de aquel experto en bonsais y en ratones negros y blancos.
Es así que, en marzo de 1987, en pleno apogeo de su sultanato, declaró secretas las actas de Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnología de Doble Uso, amparándose en la ley de Secretos oficiales heredada (como otras tantas en el ámbito de lo militar) de Franco, sin que nadie, desde entonces, se haya dignado suprimir esta aberración prediluviana y postdemocrática.
La cacicada se repite, porque ahora, cuando se ha pedido información sobre venta de armas a Arabia Saudí, el nuevo empeño del gobierno PSOE-UP ha dado como respuesta la invocación de este mismo acuerdo secretista para decir que ni si, ni no, pero que no se facilitaba la información interesada.

Teóricamente la transparencia en materia de venta de armas debería ser una regla de juego, entre otras cosas porque la ley así lo dice, pero lo cierto es que el gobierno viene incumpliendo los acuerdos de ofrecer información con la regularidad que la ley exige, ahora con la torpe excusa de que la inestabilidad política así lo aconsejaba, argumento que debería pasar al la historia de las sandeces junto el de los pagos en diferido de Cospedal, el argumentario surrealista de Rajoy cuando improvisaba sobre cualquier materia que se terciara, o las explicaciones monumentales que constantemente nos lanza la superpresidenta de la comunidad de Madrid sea cual sea el tema del que se ocupe.

Greempeace, dentro de la campaña Armas bajo Control en la que participa con otras ONG, tiene identificadas diversas rutas de traslado de armas desde España a países poco recomendables. Según afirma se trata de rutas por las que se trasladan armas españolas «al margen de la ley», o bien porque no se cumplen los criterios legales de exportación de armas (por ejemplo, no vender a países en conflicto y no utilizarse en estos) o bien porque no se sabe si se trata de armas autorizadas siquiera.

En 2017 destacaron la existencia de 25 rutas de armas españolas «sospechosas», a las que distribuye entre las que deben cesar de forma inmediata (carias rutas con destino a Arabia Saudí e Israel), las que son altamente preocupantes por la conflictividad de los países y la ausencia de controles sobre su destino final (entre ellas varias del área latinoamericana, EEUU; Ghana, Túnez, Egipto, Kenia, Iraq, varios países del golfo, Ucrania, Pakistán y Filipinas) y otras altamente sospechosas en las que falta información (Filipinas, Marruecos, México, Jordania, Kuwait, Qatar y Tailandia).

Los puertos de Bilbao, Santander, Motril, Sagunto, Barcelona . . . múltiples puertos españoles han sido testigos de estar rutas de sangre y, como no podía ser menos, de la protesta social antimilitarista por tan impúdico negocio.

La sospecha de que no sólo se autorizan y exportan armas de forma poco transparente y con bastante relajo del control legal, sino de que, además, se exportan otras por cauces ilegales y al margen del control, es recurrente.
Tica Font lo resumía así en junio de este mismo año con motivo de la presentación del informa sobre venta de armas del Centre Delas «En los tres últimos años la diferencia entre el armamento autorizado y el exportado es considerable, por lo tanto, cabe esperar que el volumen de exportaciones de armas españolas seguirá siendo con toda probabilidad muy elevado durante los próximos años».
Las industrias armamentistas españolas han estado involucradas en la venta ilegal de armas desde tiempos inmemoriales. DEFEX, una estructura societaria semipública con EL 51% del capital de la SEPI y bajo el control de Defensa, fue imputada y luego condenada por blanqueo relacionado con la exportación ilegal de armas. Por otra parte, las denuncias de venta de material militar llegaron a señalar con el dedo por la venta de lanzagranadas y munición española a la empresa militar INSTALAZA, que dirigió el luego Secretario de Estado Pedro Morenés, empresa que también era líder mundial en fabricar minas antipersona.

Tampoco podemos olvidar las repetidas acusaciones de haber propiciado negocios armamentistas que alcanzan a altas y significativas de nuestra vida política y social, incluyendo veladas acusaciones que desconozco si se han probado o incluso si se pueden llegar a probar, respecto de un expresidente de gobierno, una cabeza coronada, un afamado espía y múltiples ministros y personalidades de distinto rango y catadura.

Un cálculo algo antiguo y que no cita fuentes estima que España exporta fuera de todo control entre el 20 y el 30% del armamento que produce. Mucho nos parece. Es posible que ahora que DEFEX ha sido desmantelada por evidente corrupción en sus negocios (otro de los problemas asociados a la venta de armas, legal o ilegal) la cifra se haya moderado.

En definitiva, también en España cuecen habas a calderadas en el inmoral negocio de la venta de armas.

La asamblea General de Naciones Unidas de 15 de septiembre de 2020.

El próximo 15 de septiembre se inicia una nueva Asamblea General de Naciones Unidas, en cuya agenda de contenidos se encuentra la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y, entre ellos, la agenda de paz y seguridad.
Tijjani Muhamad-Band, un alto funcionario de Naciones Unidas que va a presidir la Asamblea, ha señalado la importancia de la paz para conseguir el desarrollo y el orden internacional justo que asupicia la ONU, ya que «no puede haber desarrollo en ausencia de paz».

¿Entrará en su perspectiva de paz reducir el militarismo que promueve la guerra? Mucho nos tememos que no, porque a esos líderes mundiales les incomoda oír verdades de calado.

Pero no estaría de más revisar lo ya afirmado por Naciones Unidas en otras asambleas y por su relator para la consecución de un orden internacional justo y democrático respecto del gasto militar y la venta de armas, a las que se califica como uno de los grandes impedimentos para conseguir un orden democrático y justo. ¿Oirá la ONU a sus propios relatores? ¿Hará caso de sus conclusiones? Esperemos a ver qué pasa.

En todo caso, el International Peace Boreau (IPB) una ONG internacional que tiene estatus de organismo consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ha promovido una petición a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas para producir una drástica reducción del gasto militar en favor de la sanidad y las necesidades sociales y medioambientales.

Es un gesto oportuno, pero un llamamiento a líderes mundiales encumbrados sobre un paradigma de dominación y violencia y rodeados de ideas militaristas, se quedará sólo en eso si se percibe como una petición rogativa o como apelación a la conciencia de esos líderes mundiales sordos y embaucados por la música militar y no viene acompañado de otros medios de presión que, hoy por hoy, no encuentran un modo eficaz para canalizarse a escala planetaria.

De hecho, desde 2014 los esfuerzos de relator y experto de Naciones Unidas para que se promueva una conferencia internacional destinada a reducir el gasto militar mundial y revertir las políticas hacia el desarrollo chocan con el realismo político más burdo de unos líderes que hacer de aquel gasto uno de los ejes de su propia acción o que se someten al servilismo y a las exigencias de las grandes potencias de contribuir al rearme mundial.

En todo caso, es una mala noticia la buena salud de la que gozan las empresas de muerte y el aumento constante del gasto militar mundial y una muy mala noticia el escaso eco público y la poca eficacia que, a pesar de los titánicos esfuerzos de grupos y organizaciones bien meritorias, tienen hasta ahora todos los empeños por revertir tan inmoral e insensata política militar.