Juicio al Labo 03: petición de apoyo

El día 8 de marzo se celebra el juicio contra 16
personas del Laboratorio 03. Para ellas se solicita
una pena de un total de 8 años de cárcel-multa (cárcel
sustituible por el pago de 144.000 euros). Es a estas
16 personas a quien se acusa de haber realizado y
sostenido la okupación del edificio de Amaparo 103
(Lavapiés) donde se puso en marcha El Labo 03. Tanto
el juez como la fiscalía y la acusación particular han
obviado las más de trescientas declaraciones de
autoinculpación que se presentaron en el inicio del
proceso legal: un juicio de esas dimensiones sería
literalmante ingestionable.

Un abrazo.

El día 8 de marzo tendrá lugar el juicio oral contra 16 personas acusadas de okupación/usurpación en Madrid. En esos 16 ciudadan@s, hombres y mujeres, jóvenes y no tanto, la mayoría vecin@s de Lavapiés, se personaliza la responsabilidad penal por la existencia, durante 16 meses, de El Laboratorio 03, centro social autogestionado okupado en Lavapiés el 8 de febrero de 2002 y desalojado por la policía antidisturbios el 9 de junio de 2003.

Desde el punto de vista estrictamente penal, la okupación es un delito castigado con la cárcel desde la aprobación del nuevo Código penal (art. 245) vigente. Desde un punto de vista más amplio, sin embargo, son muchos los sectores ciudadanos que vieron en El Laboratorio 03 una iniciativa social singular y legítima, un acto permanente de denuncia de la especulación urbanística y un modelo sumamente creativo de autoorganización de las experiencias sociales, culturales, artísticas, políticas, vecinales que se desenvuelven independientemente de la cultura, los discursos y los dineros oficiales. Así se manifestó durante los 16 meses de existencia de El Laboratorio03, cuando decenas de colectivos e iniciativas sociales y culturales mostraron su adhesión al proyecto, aportando declaraciones de apoyo, realizando las actividades que le dieron vida y forma o participando activamente en su desarrollo. En la página web de El Laboratorio (www.laboratorio3.net) aún se puede ver parte de los acontecimientos que tuvieron lugar en torno a El Laboratorio 03. Un amplio dosier recoge asimismo la mayor parte de las actividades y propuestas que se realizaron en El Laboratorio 03.

Quizá el juez al que corresponde dictar una sentencia (sr. Francisco Ferrer Pujol, del juzgado de lo penal núm. 5) para estas 16 personas no quiera enredarse en estos términos y determine que, por más que el valor social de El Laboratorio fuera ampliamente reconocido, la ley exige un castigo a la okupación, y condene a estas personas: para ellas la acusación particular, en representación de la propiedad, pide un total de 8 años de multa, valorando en 144.000 euros la cantidad total a pagar para no ingresar en prisión.

Sin embargo, para nosotr@s, los hechos que se juzgan no son tan sencillos.

De antiguo, pero nuestro ejemplo más reciente es el movimiento antimilitarista por la insumisión, los movimientos sociales, bajo cualquier régimen, han postulado el recurso a la desobediencia cuando las leyes sancionen situaciones injustas. Valorar cuándo una situación social es injusta no es fácil: hay lógicos cruces de intereses.

Para el sector inmobiliario y de la construcción madrileño no es injusto, sino muy rentable, mantener vacíos o demoler edificios en buen estado de conservación, llevados por el interés de obtener el máximo rendimiento económico: los daños colaterales, la escalada de precios de la vivienda, la mercantilización del espacio público, la destrucción de patrimonio, el despilfarro energético y de recursos, las consecuencias sociales que la intervención tenga sobre el territorio intervenido, son consecuencias de las que no cabe responsabilizarse.

Para los sectores que no pueden acceder a una vivienda o a un espacio donde desarrollar sus proyectos ciudadanos, los abandonados por los poderes públicos a un mercado que los excluye o los margina, para esos sectores, la situación es injusta.

Y la ley que regula el conflicto entre los sectores, excluidos por el mercado y marginados de la construcción de la ciudad, que buscan (y toman) un espacio de vida, por un lado, y el sector inmobiliario y las administraciones públicas que olvidan los derechos sociales (el derecho a un alojamiento, el derecho a participar en los asuntos comunes, el derecho a tener espacios para el desarrollo individual y colectivo), por otro, la ley que sanciona la okupación, opta abiertamente por proteger solo uno de los intereses en conflicto: el de los propietarios. Por eso, para la gente que constituimos El Laboratorio, la ley contra la okupación nos parece abiertamente injusta: y merece ser desobedecida. Así lo hacemos.

Porque otros órdenes del derecho, los derechos sociales, la función social que debe regir el uso de la propiedad, el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los medios necesarios para el desarrollo individual y colectivo, derechos expresados en algunos de los textos legales que nos rigen, están abiertamente olvidados.

Porque esta ley sanciona a los desfavorecidos por una situación que es de sobra conocida: la mercantilización y la especulación que hacen que la vivienda sea un negocio para unos la convierten en un problema para otras; los espacios públicos, privatizados, deficientemente gestionados, son inservibles para buena parte de las iniciativas sociales; la participación en los asuntos públicos parece reservada a formas de la política profesional aborrecibles y a modos de organización jerárquicos y premodernos; la cultura es un reservorio más del dinero; la comunicación es un simulacro entre guiñoles; la precariedad de los trabajos y de las rentas convierte en invisibles las vidas de quienes no tienen acceso al consumo masivo y se resisten al cotidiano ordenadamente disciplinado.

En febrero de 2002, con la okupación de un edificio en Amparo 103 -El Laboratorio 03-, varios cientos de personas firmaron una declaración en la que se autoinculpaban de sostener, por medio de un acto de desobediencia, los derechos sociales perdidos, usurpados; y se proponían, con un acto de denuncia, confrontar esa situación injusta; y se disponían, con un acto propositivo, a poner en marcha un proyecto social democrático y participativo en un edificio que estaba vacío y destinado a desaparecer para dejar paso a una operación especulativa.

Tanto el fiscal del Estado como la acusación particular (formada por cuatro propietarios, uno de ellos, el dueño de una importante inmobiliaria, Arocasa) y el propio juez de instrucción decidieron no tener en cuenta esas declaraciones, y se acusó tan solo a 16 personas de ese ?delito? colectivo. Los nombres de esas personas procedían de un informe policial en el que se metían en una batidora un total de 25 nombres, procedentes de identificaciones policiales llevadas a cabo en el desalojo de El Laboratorio 02, de identificaciones aleatorias en el barrio de Lavapiés y de identificaciones de personas que asistían a una reunión de un colectivo antiglobalización. Las 16 personas ahora acusadas reconocieron, en su primera declaración, realizar actividades o frecuentar El Labo 03, pero nunca han asumido que eso sea un delito.

Será al juez, ahora, a quien corresponda calificar penalmente esos hechos y decidir si, precisamente, esas 16 personas, o algunas de ellas, entre los cientos de participantes en El Labo 03, son las que han de ser castigadas. Porque de un castigo se trataría: la propiedad, recuperado el control del edificio, lo demolió y está promoviendo ya aquello que era de su interés: nuevas viviendas de alto precio para el nuevo sector de alto poder adquisitivo que está ocupando, poco a poco, el espacio de un barrio tradicionalmente popular y accesible. Fina ironía, que la propiedad denuncie el daño causado por la okupación, cuando los beneficios con que cerrará la operación serán de millones de euros.

Pero será a la sociedad civil a quien le corresponda calificar políticamente esos hechos. Y decidir si se está de acuerdo con que el Código Penal castigue a personas que nunca han perseguido el beneficio personal con sus actividades en los centros sociales okupados. Serán también los partidos políticos con representación institucional en Madrid que apoyaron al Laboratorio en tiempos de las movilizaciones contra la guerra, cuando el Labo era un espacio de efervescencia de ese movimiento, quienes tendrán que pensar si la penalización de la okupación no debe ser inmediatamente revisada.

Las administraciones madrileñas (una de cuyas máximas representantes, la ex consejera de la Comunidad de Madrid y ahora concejal de las Artes del ayuntamiento Alicia Moreno, visitó El Laboratorio 03, conversó con algun@s de sus gentes y reconoció públicamente el interés de la iniciativa) tendrán que plantearse si es ajustado encarcelar a quienes han participado en una experiencia que ha cambiado el imaginario de lo que es posible realizar en Madrid en materia social, cultural, artística y de participación. Tanto, que en el centro de las prioridades del gobierno municipal se han situado las intervenciones sobre las viviendas vacías; tanto que, después de años proponiendo un proceso de negociación desde los Laboratorios, el propio equipo de Gallardón ha incluido en su plan para el centro de Madrid la apertura de un centro autogestionado en Lavapiés, un centro que cientos de personas reivindican impulsando la apertura de un debate para su constitución en la Antigua Fábrica de Tabacos de Embajadores.

Esos son los componentes básicos de lo que se juzgará el día 8 de marzo en Madrid. De producirse una condena a las 16 personas encausadas por el proceso de El Laboratorio, la distancia entre la ley y la justicia no hará sino incrementarse.