Investigan al Concejal de Sanidad de Torrevieja, que podría estar relacionado con certificados médicos manipulados para encubrir las torturas de la Policía Local

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Tortuga opina

JOSÉ C. MARTÍNEZ/ALICANTE

La investigación judicial abierta a la Policía Local de Torrevieja tiene visos de desencadenar una grave crisis municipal. Si durante toda esta semana no han dejado de desfilar agentes municipales por el Palacio de Justicia, en relación con el presunto caso de maltrato y torturas, en los próximos días pasarán por este mismo lugar dos concejales del equipo de gobierno de la ciudad.

La juez de Instrucción 2 de Torrevieja tiene previsto tomar declaración la semana que viene a los ediles de Sanidad y Seguridad Ciudadana, implicados por la Guardia Civil. La situación más comprometida parece afectar al responsable de Sanidad, Hipólito Caro, a quien presuntamente se vincula con la posible manipulación de partes médicos con el fin de tapar actuaciones punibles de policías locales.

Caro, además de edil, ejerció como coordinador médico de un centro de salud torrevejense, hasta que fue escogido para desempeñar el puesto de director del futuro hospital de Torrevieja. Afirma que se siente «tranquilo», a la vez que «indignado» por verse mezclado en esta causa.

Presumiblemente, comparecerá el próximo jueves ante la titular de Instrucción 2 de Torrevieja, Juana López. Si se demuestra que estuvo involucrado en la presunta alteración de justificantes médicos, vería muy comprometida su carrera política y profesional.

El concejal de Seguridad, Pedro Valero, también deberá prestar declaración ante la juez, en principio, un día antes que Caro, en relación con el caso abierto por los presuntos delitos de torturas, omisión del deber de perseguir delitos y falsificación de documento público. De las manifestaciones de uno y otro dependerá, en buena medida, que la juez les señale como imputados, cosa que ya ha realizado la Policía Judicial de la Guardia Civil, tras citarlos en el cuartel de Torrevieja el jueves por la tarde, según las fuentes consultadas.

Los dos concejales se presentaron ante los investigadores del Instituto Armado acompañados de sus respectivos abogados y, a su salida, igual que ayer, se negaron a aclarar la situación en la que han quedado dentro del proceso. Fuentes cercanas al caso indicaron que a ambos les fueron leídos sus derechos y con ellos se siguió el mismo protocolo que con cualquier detenido. Más tarde, quedaron en libertad, a la espera de su comparecencia judicial. Las actuaciones siguen bajo secreto, por lo que apenas trascienden datos.

La suerte que corran los dos ediles tras pasar por el Palacio de Justicia podría significar que se abriera una crisis institucional en el Ayuntamiento de Torrevieja. Si se aplica la misma lógica al proceso iniciado, no sería de extrañar, según apuntan fuentes cercanas al caso, que el propio alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, fuese llamado a declarar, en calidad de testigo, como jefe de la Policía Local del municipio. No obstante, por ahora no se contempla esa opción.

Peticiones de dimisión

Los partidos políticos de la oposición al PP en la Comunidad exigieron ayer medidas de depuración política en Torrevieja por parte del presidente de la Generalitat y del PP regional, Francisco Camps. A la petición de «hacer dimitir» a Mateo, expresada por Esquerra Unida el jueves, se sumó ayer el PSPV, por boca de su secretario de Administraciones Públicas, Antoni Such. Los populares, por el momento, no se han manifestado, al menos desde su cúpula provincial o autonómica, sobre los hechos.

La juez eleva a ocho el número de imputados, sin que se haya pedido prisión para ninguno de ellos

I. GENOVÉS / J. C. M. / F. REYES/ALICANTE / TORREVIEJA

La juez cerró ayer la ronda de comparecencias de esta semana por el caso de investigación a la Policía Local de Torrevieja con ocho personas imputadas, según pudo saber este diario. No obstante, no se ha solicitado prisión provisional ni ninguna otra medida cautelar, más allá de atender eventuales requerimientos judiciales, para ninguno de ellos.

Las pesquisas de la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja, que provienen de dos diligencias diferentes, se reanudarán la próxima semana, cuando se espera que el lunes acudan otros cuatro policías a declarar. Por ahora, ya lo han hecho diecisiete. A las presuntas ilegalidades de omisión del deber de socorro, falsificación de documento público y torturas, se puede agregar en los próximos días la imputación de un delito contra la administración pública.

Las indagaciones efectuadas hasta la fecha pueden indicar, presuntamente, cierto grado de entendimiento entre miembros de la Policía Local para garantizar un puesto dentro del cuerpo a familiares o conocidos, según señalan fuentes próximas al caso.

Todo lo ocurrido durante los últimos días no ha hecho sino enturbiar las relaciones entre los agentes del Instituto Armado y los de la Policía Local. Hasta tal extremo que un enfrentamiento que se inició de modo más o menos soterrado resulta cada vez más palpable. Ayer mismo, se produjo una comprometida situación con motivo de un incendio que se declaró en la calle Los Gases, esquina con Félix Rodríguez de la Fuente.

Al parecer, según fuentes cercanas al ámbito municipal, un policía local entró a la vivienda para rescatar a dos menores. A su salida, cuando, como consecuencia del humo, respiraba con dificultad, se topó con una patrulla de la Benemérita que, supuestamente, acababa de llegar al lugar de los hechos.

Este encuentro dio origen a una más o menos acalorada discusión. Las fuentes consultadas señalaron que el agente local levantó acta del suceso y pensaba remitir al juzgado un informe en el que, al parecer, iba a hacer constar que no había obtenido la ayuda de su colega de la Guardia Civil.

Es una más de las tensas situaciones que se empiezan a convertir en cotidianas en las calles de Torrevieja. El principal perjudicado, si desaparece la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la situación acaba enquistada, será el ciudadano. El Ministerio del Interior ya anunció, al comienzo de la actual legislatura, que Torrevieja sería la primera ciudad con más de 30.000 habitantes en la que pensaba implantar una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, en sustitución de la Guardia Civil, que pasará a ejercer competencias fuera del casco urbano torrevejense, en el resto de la comarca.

La llegada del Cuerpo Nacional podría acelerarse si el Ministerio del Interior comprueba que no sólo no existe entendimiento entre ambas partes, sino que, a partir de ahora, puede que ni siquiera se soporten, como señalan miembros de la plantilla de la Policía Local.

Tomado del Diario La Verdad de Alacant

Diario Información 28-8-06:

Interrogatorio a cuatro médicos

Según ha podido saber este periódico, unos cuatro médicos serán interrogados próximamente por la presunta falsificación de partes médicos de lesiones a detenidos.

La semana se ha saldado con un total de dieciséis declaraciones de policías locales, ocho de ellos imputados, al igual que los dos concejales, quienes deberán prestar declaración los próximos días 30 y 31. Los policías se mantienen en sus puestos de trabajo, según han confirmado fuentes judiciales y el propio Ayuntamiento de Torrevieja, si bien existe la posibilidad de que la juez haya emitido un auto ordenando la suspensión cautelar de varios policías sin que haya sido todavía notificado.

El asunto ha causado un gran revuelo y el alcalde de la localidad, Pedro Hernández Mateo, apuntó en rueda de prensa a «filtraciones del Ministerio de Interior» como causa que ha destapado este tema «por interés a pesar de estar bajo secreto de sumario».

El cuartel de la Guardia Civil recibe amenazas anónimas e insultos

El cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja recibió durante el sábado llamadas telefónicas anónimas en las que uno o varios desconocidos profirieron amenazas e insultos, según informó ayer a la agencia de noticias Efe un agente del Instituto Armado de esta localidad alicantina.

El agente señaló que alguien llamó a la centralita el sábado por la tarde dos veces con amenazas e insultos a la Guardia Civil pero que desconocía quién lo hizo y dijo no saber si se han producido hechos similares con anterioridad.