Insostenibilidad alimentaria en Colombia

Por Humberto Tobón y Tobón

Una señora se acerca a Wal-Mart en Estados Unidos y se encuentra en la sección de granos con un aviso grande, pintado de azul, donde se le advierte que no podrá adquirir más de cinco kilos de arroz como una medida contra el acaparamiento. Un médico llega a un gran supermercado en Madrid e intenta comprar pan y leche y encuentra los estantes vacíos porque una huelga de camioneros impide la llegada de alimentos a la capital. En Bogotá, una ama
de casa del sur compra una libra de papa que duplicó su precio en menos de dos meses por la disminución en la producción debido al excesivo invierno. En Buenos Aires hay muy poca soya en el mercado, porque la mayoría de ella se está dedicando a la producción de etanol. En México D.F. el maíz casi no se consigue y cuando se accede a él es a precios altísimos ya que las importaciones desde Estados Unidos han bajado sustancialmente, El gobierno de Rusia congeló por decreto el precio de la leche y ella desapareció como por encanto de los mercados formales y se vende clandestinamente. En una treintena de países africanos la comida ni se ve, y se sabe que muchas
comunidades se alimentan únicamente de las hojas de los árboles.

Estas son las condiciones en que está viviendo la humanidad, mientras un
puñado de inversionistas y de corredores de bolsa especula con los precios
futuros de los alimentos y presionan una carestía universal, que se
fortalece con la decisión de algunos gobiernos de ordenar combinaciones
obligatorias de agrocombustibles con gasolina. Aunque los agrocombustibles
apenas están tomando vuelo y no son todavía la variable sustancial del
desabastecimiento y el alza en los precios de los alimentos, se erigen como
uno de los hechos más sobresalientes de la estupidez humana: *convertir en
combustible de carros los alimentos que deberían ser energía para el
desarrollo humano.

En este tema de los agrocombustibles, para el caso colombiano, el gobierno
se está lanzando con los ojos cerrados por una trocha oscura, sin tener
clara la verdadera capacidad que posee la biomasa nacional para cubrir la
demanda interna. Hoy se sabe que para poder garantizar una mezcla
obligatoria del 10% de etanol con gasolina, se ha tenido que importar desde
Centroamérica. La carrera de "gallina ciega" que emprenden los ministros
de Agricultura y Minas, está arrastrando a gran parte del país, que sigue
creyendo que los agrocombustibles son una solución a la crisis de la
agricultura y que los campesinos nuestros serán una especie de "Rockefeller
criollos" que llenarán sus alforjas con millones de dólares.

Los precios mundiales de los alimentos también aumentan porque entraron en
escena 700 nuevos millones de compradores procedentes de China, Asia y
Brasil que están adquiriendo masivamente la producción de granos y
cereales. A esto se suma que se han perdido las cosechas en varios lugares
del mundo, debido a cambios climáticos drásticos.

En medio de este panorama, el Ministro de Agricultura de Colombia sostiene
que el país está blindado contra la hambruna. Si es cierta la afirmación
del gobierno, cuál es la razón para que el 80 por ciento de la población
chocoana sufra enfermedades relacionadas con la desnutrición. Si estamos
blindados contra una crisis alimentaria, por qué los indígenas Emberá llegan
hasta Bogotá a denunciar que no tienen qué comer y las autoridades del
Distrito deben atender de emergencia a sus niños por extrema desnutrición. Si
es que estamos tan bien, ¿por qué la mayor pobreza y desnutrición se
concentran en las zonas rurales?

Las palabras del Ministro quedan sin sustento al comprobarse que en Bagadó,
murieron 80 niños de hambre en los años 2006 y 2007; que la mitad de la
comida que se consume internamente debe ser importada, especialmente maíz,
arroz, lenteja, alverja y trigo; que debemos traer plátano, aguacate y
pescado de Venezuela y Ecuador; que miles de hectáreas que antes estaban
dedicadas a la producción de arroz en varios municipios del Meta, ahora
están sembradas con palma africana.

La posición del orientador de la política agropecuaria del país se vuelve
deleznable, al conocerse cifras oficiales del DANE, que indican que su
sector crece a una velocidad cinco veces menor que el promedio de la
economía nacional. Esto se explica por varios factores: la migración, el
desplazamiento forzado, la falta de política nacional en favor del campo, la
poca competitividad agrícola frente al comercio internacional, ausencia de
créditos para los pequeños y medianos productores, poca planeación en las
siembras, mínima asistencia técnica y fenómenos climáticos.

A este panorama se le suman un aumento incontrolado de los precios de
los alimentos,
que están presionando hacia arriba la inflación del país y la denuncia de
que cerca de medio millón de niños ejercen como peones en el campo, lo cual
podría restarle a Colombia posibilidades de competitividad en el mercado
internacional, donde esta clase de iniquidades sociales son fuertemente
sancionadas, especialmente en Europa.

Y, finalmente, qué tendrá para decir el Ministro de Agricultura ante el
aumento del 23% en las áreas de cultivos ilícitos en el país en 2007, lo que
deja a Colombia con 98.000 hectáreas sembradas de coca y amapola (las mismas
cifras del año 2000) y 100.000 familias dedicadas a su cultivo. Estas
cifras demuestran que la política agropecuaria ha sido un fracaso y que no
hay opciones para que la gente se salga de la ilegalidad.

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