Incrementan las cámaras de vigilancia para el control sistemático de la población

x Grupo de Acción Social

La colocación de cámaras en el centro de Sevilla da un paso más: el Ayuntamiento ha encargado la colocación de cámaras en los accesos al centro a la empresa SICE (Sociedad Eléctrica de Construcciones Eléctricas S.A.), perteneciente al Grupo ACS (Actividad de Construcciones y Servicios, S.A.), una de las principales empresas energéticas de España.

La Consejería de Movilidad ha planteado a esta empresa la colocación de un sistema de control por lectura de matrículas para restringir el acceso al centro de vehículos, como funciona en Madrid y Barcelona. De este modo, el Ayuntamiento quiere reducir el número de vehículos que entra en la ciudad, y prevé implantarse “gradualmente”, pero en un relativo breve espacio de tiempo (se supone que en un año se salvan los obstáculos administrativos para su colocación).

Mientras que Logroño y Palma de Mallorca, prevén instalar este sistema, en Madrid ya hay funcionando 70 cámaras en los accesos al centro, que se traduce en dos mil multas diarias a conductores por infracciones en la entrada al centro.

En Sevilla el movimiento social ya se ha empezado a mover, y ha sido la Asamblea por el uso del espacio público la que ha empezado a ofrecer charlas (tanto en el Centro Cívica Las Sirenas como en la Fábrica de Sombreros, con la participación de ZEMOS98) y ha iniciado el debate para interponerse a las cámaras en la ciudad de Sevilla. Este colectivo ha iniciado una campaña de rechazo contra el proyecto de videovigilancia impulsado por Aprocom, que inicialmente comprenderá la recogida de firmas en un manifiesto elaborado por el colectivo. Esta asociación defiende la privacidad y la intimidad de las personas, considerando que las cámaras de vídeo suponen la implantación de una medida de control social al servicio de los comerciantes, pagándolo de nuestro bolsillo.

En Granada, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado por medio de la Comisión de Garantías de Videovigilancia la implantación del proyecto de videovigilancia en el centro de Granada, impulsado por los comerciantes y apoyado por el Ayuntamiento, del PP. El Tribunal alega que se atenta contra la intimidad y las características singulares de la ciudad, un núcleo histórico y monumental que hace que se tenga que reconsiderar el proyecto.

De este modo, el proyecto debe pararse, al ser el informe de dicha comisión vinculante. Dicho proyecto iba a ser financiado por el Ayuntamiento (con 100.000 euros) y el promotor de la iniciativa Centro Comercial Abierto (hasta completar la cantidad de 150.000 ó 180.000) y contaba con la instalación de entre 15 y 17 el número de cámaras a instalar en las zonas del centro de Granada en las que, en su opinión, puede concentrarse el mayor índice de actuaciones delictivas contra los comercios.

Esta es la décimoprimera solicitud de implantación de cámaras que se deniega en Andalucía. Sin embargo, son siete las implantaciones de cámaras aprobadas de espacios concretos y de ámbito reducido. Sólo la instalación de múltiples cámaras en varias calles del centro de Málaga logró luz verde en 2005. Además, se autorizaron en la Plaza de España y el casco histórico (durante la Semana Santa) sevillano y en la Aldea del Rocío durante la romería.
En Huelva, otro proyecto de menor envergadura que el granadino pretende instalar cámaras de videovigilancia en el Centro Comercial Abierto, una iniciativa contra el delito y los actos vandálicos.

Este proyecto viene fraguándose desde el 2006 y en estos momentos tiene en revisión el gabinete jurídico del Ayuntamiento y el área de Seguridad, a expensas de un informe que será presentado el mes próximo en una sesión monográfica de la Mesa de Comercio de Huelva. La Asociación de Comerciantes e Industriales de las Calles del Centro (colectivo integrado en la Asociación Provincial de Empresarios del Comercio, Asemco), ha explicado que el plan de videovigilancia contempla en su fase inicial la cobertura de seis o siete calles del entorno de La Placeta, con una horquilla presupuestaria de entre 45.000 y 50.000 euros. Más a largo plazo el objetivo es ampliar el circuito de cámaras a todas las calles comerciales del Casco Histórico de Huelva, desde Tres de Agosto hasta Berdigón y el entorno del Gran Teatro. Igualmente se está planteando extrapolar el plan a las barriadas de La Orden e Isla Chica.

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