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Expropiación del Mercadona, juicio a la desobediencia civil y política

Martes.11 de febrero de 2020 183 visitas Sin comentarios
Néstor Salvador, Kaosenlared. #TITRE

Este miércoles 12 de Febrero veinte compañeros del SAT seremos juzgados en Sevilla por la expropiación de alimentos de hace 8 años. Junto a la Fiscalía, Mercadona actúa también como acusador. En total, nos reclaman 30 años de prisión para los acusados. El delito por el que se nos acusa no es otro que la acción de denuncia y expropiación de alimentos que realizamos en un supermercado de Écija en agosto de 2012. La protesta se llevó a cabo hace ya ocho años, en un contexto en el que el Estado español estaba sumido en una profunda crisis económica caracterizada por los recortes sociales mientras se producían millonarios rescates de bancos. Nuestra acción tenía un objetivo político claro, denunciar públicamente que en Andalucía había hambre: 300.000 familias estaban en situación de pobreza, según datos de Cáritas. El paro llegaba al 30% y el paro juvenil al 70%. La crisis que es sistémica en Andalucía, llegó en esas fechas a alcanzar situaciones de auténtico drama, con miles de familias desahuciadas de sus casas y sin recursos. Por eso hicimos una acción de desobediencia civil pública, pero Mercadona y la Fiscalía del Estado plantean que hemos cometido un delito de robo con fuerza, agresión y desórdenes públicos. A esto cabría decir que, como plantea nuestro exportavoz nacional Diego Cañamero: «En un robo no se llama a los medios ni se actúa a cara descubierta. En un robo el ladrón se lucra con el beneficio del robo. En un robo no se espera a que venga la policía. Se trató de una acción simbólica que pretendía poner en el centro de la actualidad la vulneración de la igualdad de oportunidades motivada por la situación de emergencia social que se vivía y se vive en Andalucía«.

¿Por qué Mercadona sigue personada en la causa pidiéndonos 1 año y medio de cárcel a cada militante cuando se trata de una causa en la que «los daños» provocados a la multinacional Mercadona –que ganó 593 millones de euros en 2018– ascienden a 1.400 euros? ¿Por qué cuando el sindicato, que ya ha pagado esa responsabilidad civil de 1.400 euros y también han ingresado 2.629 euros para pagar una indemnización a tres trabajadoras del supermercado que dicen sufrieron “lesiones” en la protesta, siguen estas altas peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía del Estado? Pues es evidente que no es por una razón económica o de resarcir el “daño” que se continúa con este juicio, sino que lo que se busca es impedir que acciones similares puedan repetirse con la amenaza de la represión. Lo que se busca es que abjuremos de nuestros principios, se intenta con este juicio dar una lección al resto de movimientos sociales del Estado de que el Gobierno y su patronal no van a permitir la desobediencia civil y la expropiación como herramientas de lucha. Trata una vez más el Estado español de llevar un conflicto político como es la situación de paro y precariedad que vive Andalucía por la cual se produjo esta acción, u otras como las ocupaciones de fincas, a la vía de la judicialización y la represión.

Nuestro caso por desgracia no es una novedad, formamos parte de los cientos de procesados/as que tiene el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, 600 procesados/as, más de 600.000 euros en multas y más de cien años de petición de cárcel es lo que sumamos en estos momentos; además, de que nuestro compañero Fran Molero lleva casi dos años en prisión por ir a una manifestación del “Rodea el Congreso”. Esta represión viene por el simple delito de querer trabajar en nuestra tierra, por el delito de resistirnos a emigrar como nuestras madres y abuelas, por la osadía de reivindicar que se reparta la tierra, la comida, la vivienda… En definitiva, por defender esa proclama por la que asesinaron al compañero Javier Verdejo, que decía: “Pan, trabajo y libertad”.

Pero nosotros y nosotras tenemos claro que no hay otra salida si queremos un cambio económico y político en Andalucía, que seguir apostando por la movilización y la desobediencia. Sabemos que debemos acelerar las contradicciones del régimen por un lado y, por otro, transmitir al resto de la militancia y movimientos sociales que hay que profundizar en la desobediencia, que en una situación de emergencia como en la que se encuentra Andalucía -donde hay 300.000 familias en el umbral de la pobreza y miles de familias desahuciadas- no vale con las manifestaciones y las concentraciones, no vale con las pancartas. Que hay que dar un paso más y pasar a la ofensiva, ya sea con las ocupaciones de tierra, sea con las ocupaciones de vivienda, sea con otras formas de lucha como la huelga general, como la organizada por la carta de los derechos sociales en Euskal Herria o la huelga del 8M, el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, por citar algunas. Esto incluye la insumisión a sus leyes, incluye poner la insumisión y la acción directa en el eje de nuestras luchas, coloca la denuncia a la propiedad privada y la redistribución de la riqueza en el centro de nuestras reivindicaciones y, sobre todo, pretende que cada vez más gente pierda el miedo a desobedecer y a luchar, asumiendo que el coste a pagar puede ser muy alto pero que no hay otra forma de cambiar este modelo económico y político sino con la desobediencia, con la organización y con la rebeldía. Sin irnos muy lejos, tenemos un claro ejemplo en la Huelga indefinida de Francia de cómo se pueden defender las pensiones y hacer retroceder al gobierno de Macron.

Nuestra acción, por tanto, como hemos explicado, fue una acción política que se enmarca dentro de una estrategia política y sindical por la que no pediremos perdón; es más, la volveríamos a hacer las veces que haga falta. Porque mientras haya supermercados llenos y casas vacías y gente pasando hambre y desahuciados/as, la expropiación será una acción legítima y justa. Creemos firmemente que la desobediencia civil es una herramienta para cambiar el mundo. Por eso este 12 de Febrero nos concentraremos en los juzgados de Sevilla para exigir nuestra absolución. Como decía el obispo Hélder Câmara: “Si doy de comer a los pobres, me llaman santo. Pero si denuncio las injusticias me llaman comunista»

Fuente: https://kaosenlared.net/expropiacio...

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