Escándalo judicial: el TSJ de la Comunidad Valenciana alude a un error informático para suspender su propio auto que paralizaba una macrourbanización en Alacant

El TSJ reconoce que suspendió por error la obra del PAU-21 y respalda ahora el plan de Escalona

El tribunal rectifica y afirma que se debe a «una serie de infortunadas circunstancias informáticas» El borrador que se utilizó procedía «de unas medidas cautelares referidas a otro acto administrativo»

PILAR M. MACIÁ/ORIHUELA

Donde dije digo... Y el gozo de los ecologistas, directamente al pozo más profundo e insondable. Una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia suspendiera de forma cautelar las obras de urbanización del PAU-21 de Orihuela junto a Sierra Escalona, la tortilla se ha dado la vuelta por completo. La sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal da marcha atrás y revoca, sin más, su decisión de 7 de junio basándose en la doctrina del Tribunal Constitucional que permite este tipo de actuaciones «para aclarar conceptos oscuros» o en el supuesto, como es el caso, de que exista un «error informático». Los magistrados atribuyen el fallo administrativo, en un nuevo auto dictado ayer mismo, a «una serie de infortunadas circunstancias informáticas» y admiten, entre otras cosas, que el borrador que se utilizó en su elaboración no correspondía al del plan urbanístico oriolano «sino a uno distinto, procedente de unas medidas cautelares referidas a otro acto administrativo».

El informe que ayer llegó a manos de las partes implicadas se redacta después de que la representante legal de la empresa GMP Nueva Residencia SL pidiera una rectificación del auto porque encontraba contradicciones, momento en el que, por lo visto, los magistrados responsables comprobaron que el documento no correspondía con su decisión y que, de hecho, al primer auto le faltaba parte del texto en el que, entre otras cosas, se reflejaban aspectos tan importantes como el que las más de 2.600 viviendas que se van a hacer junto a los terrenos protegidos de Sierra Escalona sí que cuentan, según la Confederación Hidrográfica del Segura, con agua potable para su suministro, argumento que los jueces tomaron como base para emitir la primera de sus decisiones.

Ahora hay agua

En concreto la parte omitida y que ahora añaden se habla de que ningún plan puede desarrollarse sin los recursos hídricos necesarios para que salga adelante, tema que consideran que tiene «fundamento, aunque limitado y escaso». Así, recuerdan el primer informe negativo a la actuación urbanística de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, pero ahora añaden que «también es cierto que existen elementos posteriores de signo contrario». Estos elementos son, de una parte, que el Ministerio de Medio Ambiente «garantizó el suministro de agua potable una vez ejecutadas las desaladoras de agua marina de San Pedro del Pinatar», mientras que por el otro lado explican que el riego del campo de golf se va a realizar mediante el uso de aguas depuradas «de manera que, en principio, no se detraen aguas de los recursos hídricos ordinarios ni se destinan para el riego del campo de golf aquellas que están destinadas al consumo humano».

También afirma el auto que la Confederación Hidrográfica del Segura emitió otro informe posterior al que hace sólo unos días sacó a la luz el concejal de Los Verdes Monserrate Guillén, en el que el organismo gestor de la cuenca admitía que no existían los recursos hídricos necesarios para el abastecimiento de las viviendas. Según el Tribunal Superior de Justicia, el documento posterior «indica que no se encuentra objeción alguna a la planificación de desarrollo propuesta, procede desestimar la pretensión de suspensión formulada». Con todo esto, la sala desestima el recurso de Ecologistas en Acción en orden a la suspensión cautelar del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo que dio el visto bueno al PAU-21. La resolución es firme y frente a ella no cabe recurso alguno. Ahora a los ecologistas sólo les queda interponer un recurso de súplica «que pudiera articularse frente al auto aclarado», concluyen los magistrados.

Con esta decisión se levanta la suspensión cautelar de las obras que se dictó hace unos días de manera que la empresa urbanizadora de Colinas Golf, que pretende construir un campo de golf y más de 2.600 viviendas junto a Sierra Escalona, podrá continuar con los trabajos que venía realizando en el PAU-21 aprobado por el Ayuntamiento en primera instancia aunque no pasó por el Pleno municipal sino que se le dio el visto bueno a través de un decreto de Alcaldía a su reparcelación y que también aprobó la Comisión Territorial de Urbanismo que depende de la Conselleria de Territorio y Vivienda.

Los ecologistas lo achacan a presiones de la urbanizadora

P. M. MACIÁ/ORIHUELA

Ecologistas en Acción, los responsables del recurso que todos pensaban que suponía un primer paso en la paralización de un plan urbanístico y que a partir de este momento se podría extender a otros, mostró ayer su sorpresa ante la marcha atrás del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto al fallo emitido hace unos días. Carlos Arribas, portavoz de este colectivo, achacó ayer a presiones de la empresa urbanizadora la nueva decisión de la sala de lo Contencioso Administrativo. Asimismo aseguró que tienen pensado pedir la nulidad del segundo auto «porque es contradictorio, contradice la Ley del Poder Judicial, porque no se puede cambiar el sentido de un fallo».

Arribas calificó la decisión de «escándalo judicial» e indicó que aunque también tienen pensado interponer el recurso de súplica, la única medida que les deja abierta la sala del Alto Tribunal debido a que contra su última palabra no cabe recurso, «no vamos a discutir y nos vamos a ir directamente a pedir la nulidad». A juicio del ecologista, «un auto aclaratorio no puede cambiar la conclusión», cosa que es un «escándalo total» y considera que se ha presionado a los magistrados «a base de bien», ya que cree que el argumento del error informático no es más que un argumento muy peregrino para devolver la razón a la urbanizadora en contra de los intereses de los ecologistas. Hace sólo una semana los colectivos conservacionistas consideraban que la decisión del TSJ podría iniciar toda una serie de acciones que favorecieran el medio ambiente, ya que según ellos se anteponían los intereses del mismo a los privados, algo de lo que, desde ayer, ya no están tan convencidos.

Diario La Verdad