Enorme subida del Gasto Militar en Colombia

Indymedia Colombia

El gasto en Defensa y Seguridad

Helena Villamizar Garcia-Hereros

www.elnuevosiglo.com.co

Del Presupuesto Nacional

El 2 de abril la Contraloría General de la República y el Observatorio de Macroeconomía y Finanzas Públicas de la Universidad Externado realizaron un seminario sobre el gasto público en defensa y seguridad.1/. El análisis de este tema es de suma importancia no sólo desde la perspectiva económica, -su participación en el presupuesto público, costo de oportunidad, estructura de dicho gasto-, sino además, por la dimensión política y social que tienen estas asignaciones en cuanto a su efectividad en la superación del conflicto interno.

Como afirmó Diego Otero, “en un conflicto lo primero que se pierde es la verdad”, lo que se refleja en grandes dificultades para estimar la verdadera magnitud de dicho gasto. Además del gasto militar en fuerzas armadas y policías, son muchos las erogaciones que en razón al conflicto interno están vinculados en alguna medida a la defensa y seguridad como por ejemplo en la justicia, la fiscalía, la procuraduría, la Defensoría, el Ministerio del Interior y en entidades descentralizadas.

Las distintas fuentes reveladas por los participantes en el foro registran un impresionante incremento del gasto militar. Según estudio de Luis Jorge Garay y otros, entre el 2000 y 2005 éste aumentó 78,4%. De acuerdo con la Contraloría defensa y seguridad experimentará el mayor incremento en el gasto en el 2008 (20%), absorbiendo el 21,2% de los recursos presupuestales sin incluir el pago de deuda, lo que lo iguala a los gastos de salud, educación y saneamiento básico. Semejante dinámica en los últimos años sitúa a Colombia entre los diez países del mundo con mayor gasto militar en el 2008 según Otero.

Igualmente otros indicadores dan cuenta del considerable aumento del gasto militar en Colombia. Con relación al PIB este ascenderá a 4,7% en el 2008 frente a un promedio de 2% entre 1950 y 1989 y de 2,8% entre 1990-98; si se incluye el gasto de entidades departamentales y municipales y de entidades como defensoría y otras ya mencionadas así como el Plan Colombia, estos gastos ascenderán al 6,3% del PIB en 2008 (Otero). Dramático resultado para una nación en desarrollo. Estas erogaciones en conjunto con el servicio de la deuda absorbieron el 49,1 del presupuesto nacional en 2007 y en el 2008 será aún mayor. “En estos dos rubros está el problema fiscal, no en los gastos de personal diferentes al militar como viene argumentándose desde hace varios años... en la solución a los problemas de la deuda y del conflicto interno se encuentran las respuestas a los problemas de las finanzas públicas y del insuficiente crecimiento económico más que en acabar entidades, privatizar empresas, expulsar funcionarios y hacer ineficiente el aparato estatal”, afirma Otero. De hecho, 81,2% del total de empleos públicos con cargo al presupuesto del gobierno central en el 2008 corresponde a defensa, seguridad y policía, y 58,4% de los sueldos y salarios del Presupuesto central al Ministerio de Defensa, según autorizadas fuentes citadas por José Fernando Isaza y Diógenes Campo.

La asignación prioritaria dada al gasto militar igualmente se evidencia en que de $ 4,5 billones de aumento del gasto en inversión del gobierno nacional, según Gloria Rueda y Germán Lambuley de la Contraloría, $ 3,5 billones se destinan a defensa y seguridad con incremento de 66% respecto al 2007.

La acelerada dinámica del gasto en defensa y seguridad, plantea muy serios interrogantes sobre su eficiencia y sostenibilidad. Más allá del triunfalismo oficial, el examen de distintos indicadores arroja resultados incómodos, empezando por la “verdad” bajo el actual conflicto, y las inconsistencias en las cifras oficiales.

Según el gobierno se han desmovilizado 25.000 miembros de las AUC de 12.000 que integraban este grupo. “Esta multiplicación de los paramilitares, algunos matemáticos lo han denominado “la paradoja de Banach Tarski aplicada al paramilitarismo colombiano”, y otros como las demostración de 1=2” afirman Isaza y Campo. Por su parte, son visibles los elevadísimos costos de desmovilización lo que plantea el imperativo de cambiar la asignación del gasto hacia acciones preventivas; entre 2002-2007 4,9 soldados combatían por cada combatiente irregular; restando los desmovilizados conforme a las cifras oficiales, serían 15,5 soldados por cada guerrillero. Estos autores revelan además una elevada capacidad de recuperar combatientes por parte de la guerrilla, conforme a una ecuación simple tomada de las estadísticas oficiales; estas arrojan resultados sorprendentes: “de cada 100 subversivos retirados del conflicto, la guerrilla logró en el período 2002-2007 reclutar 84 nuevos combatientes”...”lo cual implica que para lograr un retiro “en un período de 4 años, el costo económico supera los $1000-1500 millones”. Y según cifras del gasto reciente dichos costos son alucinantes en palabras de los autores: $5662 millones por cada retiro efectivo asignado sólo el 30% del gasto a la lucha contrainsurgente. Igual sucede con la ineficiencia del gasto en fumigaciones.

Otras verdades sobre el gasto militar resultan hondamente inquietantes como son las violaciones a derechos humanos, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, que según fuentes de reconocida seriedad citadas por Isaza impiden calificarlos como “hechos aislados”. Por lo demás las acciones judiciales que se desprenden de esto actos tienen un considerable peso para el presupuesto público que en conjunto con la “bomba pensional” del sector defensa y seguridad se añaden a la dinámica del gasto militar y plantean severos riesgos sobre la sostenibilidad de dicho gasto y para la atención de la inmensa deuda social y del desarrollo. ¡Qué decir de la amenaza que gravita sobre el presupuesto nacional al haber permitido incluir el conflicto interno dentro de las gravísimas concesiones hechas a los inversionistas estadounidenses en el TLC!

El análisis realizado en el foro enfatizó el imperativo que tiene la sociedad colombiana de hacer un cuidadoso escrutinio sobre la asignación y prioridades dadas a dicho gasto y sobre la eficiencia del mismo. A propósito, no es privatizando el Hospital militar y convirtiendo a nuestros soldados y policías en clientes del “negocio” de la salud como se superarán las evidentes ineficiencias del gasto militar.

1/ Véase los estudios en Economía Colombiana #322.

Los costos del conflicto interno

Mauricio Cabrera Galvis

¿Cuanto le cuesta a los contribuyentes el conflicto interno?

Vanguardia Liberal /09/03/2008

La Contraloría General de la República, realizó en días pasados un interesante foro para presentar y discutir el tema de los costos del conflicto interno y, en particular, el impacto del gasto en seguridad y defensa sobre el presupuesto nacional y el déficit fiscal. El foro contó con la participación de destacados académicos como el rector de la U. Jorge Tadeo Lozano, el decano de Economía de la U. Central y el profesor Luis Jorge Garay, además de los investigadores de la Contraloría, quienes presentaron las conclusiones de sus estudios, los cuales han sido publicados en la revista “Economía Colombiana”.

El tema del gasto militar es de la mayor importancia para el país, pues si bien son muy difundidos y conocidos los resultados de la política de Seguridad Democrática y los aspectos militares del conflicto, no sucede lo mismo con sus aspectos económicos y financieros. Por consiguiente, es muy útil el esfuerzo de la Contraloría de analizar y presentar a la opinión pública las cifras del gasto en defensa y seguridad, de manera que se pueda conocer con precisión el monto actual, la composición y la evolución de este gasto, se puedan hacer comparaciones con otros países y discutir su eficiencia y eficacia. La calidad de la información es, en este como en todos los temas fiscales, requisito esencial para el control y la fiscalización del uso de los recursos públicos.

Vale la pena citar algunas de las cifras de los estudios, para que se tenga una idea de la magnitud del gasto que está haciendo el Estado, es decir los contribuyentes, para la implementación de la política de seguridad. En el presupuesto nacional del 2008 se apropiaron $18.4 billones para el sector Defensa, de los cuales el 81% se destinan a gastos de funcionamiento. Este sector ya representa más de la quinta parte del total del gasto público (incluyendo el servicio de la deuda) y su crecimiento del 20% en este año es más del doble del resto de los rubros presupuestales y cuatro veces la tasa de crecimiento esperado de la economía.

Aún más grande es la participación del Ministerio de Defensa y sus dependencias en la mal llamada burocracia estatal, toda vez que 8 de cada 10 funcionarios del Estado están adscritos a este Ministerio, bien sea como personal activo de las Fuerzas Armadas y la Policía, o bien como personal civil de soporte. También en el pie de fuerza ha habido un significativo aumento en los últimos años de manera que, según se desprende de las estadísticas oficiales, mientras en el 2002 había 4.9 soldados por cada alzado en armas (guerrillero o paramilitar), en el 2007 se llegó a 15 soldados por cada insurgente.

La comparación internacional, que se hace en relación al tamaño de la economía, muestra que Colombia es uno de los países más militarizados del mundo y el que mayor incremento ha venido en los últimos años. En efecto, en Colombia el gasto militar es superior al 5% del PIB, muy superior al promedio latinoamericano de 1.6% del PIB, y solo superado en el mundo por Israel y Burundi. Inclusive otros países con conflicto interno como Etiopía, Angola, Pakistán o Filipinas, dedican menos recursos al gasto militar.

El acelerado crecimiento del gasto en seguridad en Colombia es insostenible, porque se ha financiado con recursos transitorios como el impuesto al patrimonio y el Plan Colombia y el gobierno no tiene ninguna estrategia definida para sustituir estos recursos. Además, señala la Contraloría, hay dos factores que lo van a incrementar todavía más: el pasivo pensional de las fuerzas armadas, al que hay que dedicar un 47% adicional de recursos, y las sentencias judiciales por los excesos de la fuerza pública, en donde hay demandas con pretensiones superiores a los $15 billones.

Los estudios de la Contraloría deben ser el punto de partida para un profundo debate sobre la cantidad de recursos que el país debe dedicar al sector defensa, sobre la eficiencia de este gasto y sobre todo sus sostenibilidad.