Administración Enlaces Contacto Sobre Tortuga

El intervencionismo militar español: Menudo lavado de cara (III)

Martes.17 de septiembre de 2019 853 visitas Sin comentarios
B) Otras fuentes de financiación. #TITRE

Juan Carlos Rois.
Tortuga.

No queremos dejar de referirnos a otra fuente de ingresos de estas operaciones militares; fuente que es ajena al presupuesto español y que supone un ingreso exterior por “servicios prestados”.

Además del chorro de millones que asigna el Estado español a las misiones en el exterior, éstas reciben un interesante estímulo por parte de sus patrocinadores principales.

Un estímulo que al menos es cuádruple o, por mejor decirlo, permite un incentivo cuádruplemente al tinglado del militarismo cañí: primero, para los militares afectados, segundo, aliviando el presupuesto de defensa (y permitiendo a su vez el pago poco transparente de otros servicios infradotados económicamente), tercero, sirviendo a los intereses y negocios de las grandes empresas españolas (tanto las grandes empresas que han internacionalizado su actividad, principalmente energéticas, pesqueras y extractivas, como las exportadoras de armas) y cuarto, sirviendo al ego del entramado político español y a eso que llaman el prestigio de la marca España.

Analicemos ahora estos cuatro agraciados beneficiarios tocados por la lotería del intervencionismo militar español.

  • B.1 Incentivos extra para los militares y para la economía del Ministerio de Defensa.

Comencemos por señalar que los soldados que participan de este tipo de operaciones, amén del sueldo que perciben en función de su grado y funciones militares propias y sus méritos en la actuación, perciben otros incentivos suplementarios por la realización de las misiones en las que participan. Estos incentivos son de tres tipos: unas en metálico, otras curriculares y las terceras en forma de exenciones fiscales.

Hablar del sueldo de los militares es harto complicado, porque sus nóminas, muy diferentes y desiguales según sea el grado militar, se componen además de una serie de asombrosos complementos que parecen un verdadero galimatías (a los más habituales de trienios y pagas extra, se añaden complementos variables ya sea por puesto, destino, vestuario, residencia, residencia logística, movilidad, dietas, complemento singular, complemento singular del complemento específico, dedicaciones especiales, productividad, gratificaciones y otras nomenclaturas suficientemente liosas). A este sueldo (suma de sueldo base + complementos variopintos) hay que añadir otros pagos más: ayudas a la vivienda y determinadas rebajas en medios de transporte.

El dinerazo que se sacan los militares por participar en operaciones en el exterior se incluye en alguno o algunos de los complementos que pueden aplicarse a los militares, de mod que la nómina de un militar varia sustancialmente según haya o no participado en un período dado en una de estas operaciones.

La particularidad de las retribuciones del personal en operaciones de paz viene establecida por Orden Ministerial 7/2008 de 23 de enero (que sustituyó a la orden 143/1994 de 23 de diciembre). Conforme a esta orden, los militares (policías y guardia civiles incluidos) que participen en este tipo de actividades percibirán las retribuciones

  • «. . . que por su empleo, situación y destino, le correspondan (. . . ) así como una indemnización, cuyo importe será, para cada empleo, el resultante de la suma de los importes mensuales correspondientes a:
  • Complemento de dedicación especial en cuantía variable del porcentaje del complemento de empleo, que se establece en el Anexo para cada operación o misión;
  • Indemnización por residencia eventual, en el porcentaje de la dieta entera que se establece en el Anexo para cada operación o misión;
  • El porcentaje de la suma de sueldo, complemento de empleo y componente general del complemento específico que se establece en el Anexo, para cada operación o misión.»

Esta indemnización, para no aburrir mucho, es suculenta y se ha popularizado entre los militares que participan en misiones de esta índole el que se conozca como “hacerse un coche”, porque es éste el principal destino del sobresueldo que perciben por su linda estancia en escenarios bélicos internacionales, sin duda otro estímulo a nuestra floreciente industria automovilística, hoy de capa caída en el espectro civil por mor de las medidas anticontaminación que empiezan a generalizarse (dicho sea de paso, y aunque no viene al caso, la actividad militar, sobre todo cuando se está en campaña, es uno de los agentes contaminantes más sólidos y protagónicos del planeta, sin que nadie meta mano a este asunto).

Amén del sobresueldazo ya referido, las indemnizaciones y gratificaciones obtenidas por operaciones de paz y las indemnizaciones por daños sufridos en estas, se encuentran exentas del pago del IRPF (Art. 7.o de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del impuesto de la renta de las personas físicas).
Muchas de las protestas que he recibido del entorno militar cuando he dicho que se lucran del intervencionismo tienen que ver con mi poca consideración con su situación personal, con mi desconocimiento del maltrato en lo que a derechos laborales se refiere, su irrebatible argumento de la obediencia (ciega) que llevan herrado (aunque también podríamos decir errado sin cometer falta alguna) en el corazón y, sobre todo, con mi ignorancia y desprecio hacia su vocación patriótica y humanitaria (gracias a ellos, que no discriminan a quién salvan, un bocazas como yo puede escribir lo que quiera, dicen). Pero, en los estudios comparados de sociología militar, existe una escala para medir la motivación de los militares que participan en operaciones de paz conocida como «escala Battistelli», luego ratificada por otros estudiosos más modernos, de la que no es momento de ahondar ahora sino para enfatizar que una de las principales motivaciones de los militares de las principales potencias (también de los países de medio pelo o de los Estados menos desarrollados) para participar en operaciones de paz, por encima del prestigio, de los ideales, etcétera es, precisamente, esta motivación económica que implican los estímulos y dietas de los que gozan los soldados embadurnados en estas misiones, junto con la posibilidad de salidas profesionales en el sector de la seguridad privada. Sobre estas motivaciones existen también encuestas y hasta tesis doctorales que tarifican este poderoso estímulo como uno de los que más incentivan la participación de los militares españoles en la política intervencionista del Estado español.

Lógicamente, el dinero que cobran los militares españoles sale directamente de los presupuestos del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta además que el coste de personal de Defensa es en la práctica un coste fijo, que hay que abonar se participe o no en operaciones militares en el exterior.

Pero hay que hacer una salvedad, porque ese dinero que pagan nuestros impuestos para engrosar el gasto militar, además, es reintegrado por otra vía al Estado por las organizaciones militares a las que se adscribe a este personal militar. O, lo que es lo mismo, se realizan retornos desde la ONU, la UE, las coaliciones internacionales y en menor medida la OTAN, por la participación de nuestros militares, guardiaciviles y policías en las operaciones en el exterior. ¿Qué pasa con esos retornos, dónde van al final? No lo sabemos, o al menos no nos lo dicen.

De este modo, y de forma gráfica, en este primer apartado de beneficiarios de las operaciones militares encontramos dos grandes protagonistas, los propios militares y el dinero que se recupera para Defensa (cuadro 6):

Cuadro 6: "primeros beneficiarios" de las operaciones de paz españolas.

Pasemos ahora a ver cómo se financian, fuera del presupuesto de Defensa y en modo de retornos pagados a España por las organizaciones internacionales implicadas, estas operaciones de paz.

- Financiación de las operaciones ONU

En lo que respecta a las operaciones bajo paraguas de la ONU, según el artículo 17 de la Carta de constitución de la organización, cada Estado debe sufragar por su cuenta los gastos correspondientes a los soldados que presta para estas operaciones, aunque luego la ONU “restituye” ciertas indemnizaciones a éstos.

Este pago se hace gracias a un fondo en el que una serie de Estados (no todos) contribuye a la ONU con una cuota que se determina en función de su implicación en la organización y su peso específico y otras variables. Desde este fondo, la ONU “paga” o retorna cantidades a los Estados que prestan soldados. Este sistema no funciona con toda la simplicidad esperable, ya que muchos de los países calificados como “donantes” no pagan sus cuotas (empezando por EEUU) o las pagan con ciertos retrasos y por tanto la ONU no retorna a los llamados países que aportan tropas y policías con toda la celeridad y solvencia que se requiere.
Podrían decirnos, no sin razón, que si por un lado ponemos cuotas (aunque en una proporción inferior a nuestros retornos y no siempre en los plazos previstos) y por otro nos las devuelven, no hay en realidad incremento de ingresos para el erario público: las que entran por las que salen, y que por tanto, nada se recibe de la ONU en neto, porque antes hemos pagado a la ONU la cuotas que ahora nos devuelven de modo indirecto. Pero ante tal argumento cabe añadir que, primero, no está claro que entren (en la ONU) todas las que salen (hacia cada país intervencionista) dada la «ratonería» e indisciplina de los países donantes entre los que formamos parte. Y; segundo, que, si el retorno no debe contar como ingreso al Estado por la participación española en operaciones de paz, entonces, en justa lógica, debería contar como gasto militar (y no lo hace) todo lo que España (desde el Ministerio de Asuntos Exteriores) paga a la ONU como cuota de país donante, pues luego se utiliza para pagar operaciones militares y se recupera por la «retambufa», como hemos dicho.

De este modo, y por no liarnos mucho, la ONU paga a los soldados que toma de prestado indirectamente, porque el Estado en cuestión que los aporta se dedica al pago puntual y corriente de sus soldados en operaciones de paz desde sus propias cuentas presupuestarias, aunque más adelante recibe las oportunas indemnizaciones por parte de la ONU, con lo que recupera el gasto efectuado en pago de sus soldaditos.

Por lo demás, según parece, la ONU incentiva estas misiones por encima del pago de cuotas que hacen los Estados, como vamos a ver, lo cual supone que, en el caso del Estado español al menos, amén de que las operaciones militares son financiadas desde nuestros presupuestos pero más adelante resarcidas por la ONU (dinero que también acaba en manos de Defensa), las indemnizaciones, dietas y demás pagos por servicio a los militares participantes son jugosas y un verdadero estímulo al entusiasmo de la tropa en este tipo de operaciones, pues supone un sobresueldo nada despreciable.

Volviendo al enjuague de la financiación de estas operaciones de la ONU, el sistema de “reembolso” de la ONU, se hace mediante el pago de una cantidad “alzada” con arreglo a un “baremo preestablecido” y en los primeros días de participación en las operaciones y, más adelante, se va cuadrando (de ahí los retrasos de pagos) el asunto para saldar el servicio prestado.
El baremo de pago, tanto de los gastos de personal como el de equipos y sistemas, se creó en el año 1974, baremos que ha sido revisado en 2001 y posteriormente actualizado en 2016 y, parece ser, en 2018.

Lamentablemente no he podido hacerme con el baremo actualmente en vigor, pero para hacernos una idea, el reembolso por soldado mandado a misiones ONU del baremo vigente hasta hace poco, incorpora, amén de un pago por persona de 1.410 dólares mensuales, una dieta diaria fija de 1.28 dólares y otra segunda dieta por si cuela (ósea que no se sabe a qué función concreta corresponde pero se paga) de 10,8 dólares diaria, lo que implica 324 dólares más al mes que hemos de sumar a los 1.410 fijos.

NO acaba aquí la cosa, porque a esta cantidad ya fijada, se la puede incrementar en función del oficio y rango militar del militar o policía implicado (no he conseguido saber en qué importes). Y a esta nueva suma hemos de adicionar un pago añadido que creo que ya no va para el soldadito: el pago que se realiza al Estado miembro, conforme a otro baremo, por la uniformidad, armamento, material, etc. desplegado.
Con arreglo a estos baremo cruzados, un estudio, por otra parte bastante aburrido, que he consultado del IEEE, señala la estimación de un retorno por batallón de infantería estándar de aproximadamente 900.000 dólares por semestre, si bien la cantidad se puede disparar en casos especiales, como uso de aeronaves o de buques u otro material sofisticado, en cuyo caso se llega a “acuerdos de asignación” que se negocian con la ONU.

Podemos afirmar, entonces, que este escenario nos permite verificar lo lucrativo que para el Estado es este tipo de operaciones, pues, amén del reembolso económico, le permite 1) una operatividad y experiencia en escenarios bélicos inestimable a cargo de la ONU y, al menos en el caso de los gobernantes de España, 2) un reconocimiento inusitado (e infrecuente en otros campos profesionales fuera del militar) tanto para nuestros ejércitos como para el campaneo de nuestros políticos (estos últimos no destacan precisamente en otros campos cuando sobrepasan la frontera de los Pirineos) en el escenario internacional. 3) También estimula la adhesión entusiasta de los militares implicados en estas operaciones, pues el pago permite a su vez un incentivo goloso a su participación y un aumento del currículo militar nada desdeñable. Al margen de ello, 4) impone un alivio al presupuesto militar, pues el coste de personal de Defensa ocupa un porcentaje abrumador de los propios presupuestos que de todas maneras hay que pagar, se participe o no de estas operaciones, con lo que 5) los retornos de la ONU permiten aliviar el gasto y desplazar parte del dinero a otros usos y gastos infradotados presupuestariamente.

Pero esto no es todo. Hay otro reembolso a los países contribuyentes que es lo que denominan «gastos operacionales», que retribuye personal operacional, instalaciones e infraestructuras, transporte aéreo y terrestre, suministros y servicios, comunicaciones, tecnología de la información, viajes oficiales, gastos médicos y transporte naval y que retribuyen como coste de la misión al personal civil y militar desplegado y que alcanza hasta el 82% de la retribución total de las operaciones.
Insistimos en que todas estas cantidades se pagan por la ONU a los países que aportan efectivos a sus misiones, nosotros entre ellos. Es más, nosotros, como segundo aportante de la ONU en mandar tropas (después de EEUU).

Bien, vamos llegando al meollo del beneficio que obtiene Defensa en alivio de su voraz gasto militar:

  1. Parte del pago del personal lo usa Defensa para resarcirse del pago a sus profesionales (pago que de todos modos debe realizar, hagan operaciones en el exterior, hagan otra cosa o duerman sus ínfulas en la cantina, porque forman parte de su plantilla permanente)
  2. Otra parte se convierte en un incentivo que estimula el ánimo de la tropa a este tipo de operaciones.
  3. Y por supuesto, Defensa se financia en esos gastos operativos que le reintegra la ONU por su participación en estas operaciones tan lucrativas y que muy bien sirven para afrontar otros gastos de mantenimiento del material militar que, habitualmente, están infradotados en los presupuestos asignados a dicho mantenimiento en los presupuestos del Estado.
  4. Sin despreciar el campaneo que para nuestros políticos y militares tiene este reconocimiento de cola de león mamporrera en el concierto (desafinado) de las naciones.

- Misiones UE.

Del mismo modo, las operaciones de la UE también son pagadas por la UE por medio de estímulos variopintos que engrasan en ánimo de los ejércitos implicados y de los soldados partícipes.

La UE cuenta con un mecanismo para la financiación de las operaciones militares de seguridad y defensa llamado “mecanismo Athena”, mecanismo que, conforme con el art. 41 del Tratado de la Unión, es financiado por cada estado conforme a un baremo que tiene en cuenta su renta nacional.

Este mecanismo fue creado en 2004. En el mismo participan como “donantes” 27 de los 28 Estados europeos, (porque Dinamarca, rompiendo el fatalismo de los demás, no quiso saber nada de las operaciones militares de la UE).

Según la información proporcionada por la UE, este mecanismo paga:

  1. costes de implantación y funcionamiento del cuartel general (CG), incluidos los viajes, los sistemas de tecnología de la información, la administración, la información pública, el personal contratado sobre el terreno y el despliegue y alojamiento del cuartel general de las fuerzas (CGF)
  2. fuerzas militares en su conjunto, infraestructura necesaria par el despliegue, servicios médicos (en la zona de operaciones), la evacuación médica, la identificación y la obtención de información (imágenes de satélite)
  3. los reembolsos a la OTAN u otras organizaciones (cuando la UE usa de sus dispositivos para llevar a cabo sus operaciones)
  4. si el Consejo así lo decide, Athena también puede financiar los gastos relacionados con el transporte y alojamiento de las fuerzas y los Cuarteles Generales multinacionales por debajo del nivel del Cuartel General de las Fuerzas.
  5. cuando lo solicite el comandante de la operación y lo apruebe el Comité Especial, Athena también podrá financiar:
    • cuarteles y alojamiento o infraestructura, equipo esencial adicional, servicios médicos, obtención de información (inteligencia, vigilancia y reconocimiento de la zona de operaciones, incluida la vigilancia aire-tierra, y el reconocimiento e inteligencia humanos)
    • otras capacidades críticas en la zona de operaciones (desminado, protección química, biológica, radiológica y nuclear, almacenamiento y destrucción de armas)-**

Además de esta financiación directa, Athena puede prefinanciar otros gastos relativos a las operaciones, en particular lo que denominan “ámbito del apoyo vital efectivo” que no he conseguido saber a qué se refiere, pero parece un culo de saco donde cabe todo.

Con arreglo a este galimatías, que nos lleva a preguntarnos qué es lo que no financia este mecanismo, la UE actualmente financia por el mecanismo Athena las seis misiones militares siguientes:

  1. EUFOR ALTHEA (Bosnia y Herzegovina)
  2. EUNAVFOR ATALANTA (Cuerno de África)
  3. EUTM SOMALIA
  4. EUTM MALI
  5. EUNAVFOR MED
  6. EUTM RCA

De las cuales España participa en todas ellas.

Y ha pagado además las operaciones:

  1. AMIS 2 (Sudán) (julio de 2005 - diciembre de 2007)
  2. EUFOR RD CONGO (junio de 2006 - noviembre de 2006)
  3. EUFOR CHAD/RCA (enero de 2008 - marzo de 2009)
  4. EUFOR Libia (abril de 2011 - noviembre de 2011)
  5. EUFOR RCA (febrero de 2014 - marzo de 2015)
  6. EUMAM RCA (enero de 2015 - julio de 2016

Por lo demás, el mecanismo descrito permite, como en el caso de la ONU; un retorno indirecto de fondos al Ministerio de Defensa, quien ya pagó a sus militares desplazados a operaciones UE, tanto su salario como las restantes indemnizaciones, que además contaba con una cantidad específica para pagar las contribuciones a operaciones militares (cantidad que como hemos visto se usa también para cubrir otros fines de mantenimiento y servicios ajenos a estas gracias a la falta de control existente), y que ahora percibe un retorno que tampoco sabemos a qué gastos se aplica.

- Misiones OTAN.

La OTAN tiene la particularidad de que la financiación de sus fuerzas y material y armamento le corresponde a cada estado partícipe, que continúan siendo los responsables financieros de los mismos.

Desde este punto de vista, la OTAN no retorna a los Estados que participan en sus guerras.

A esta regla general hay que excluir una serie de elementos comunes que financia un presupuesto común OTAN, tales como el Sistema Aerotransportado de Control y Detección Avanzada, una serie de aviones espía, sistema de mando y control, sistemas de defensa aérea, y sistemas de comunicación comunes.

Ello quiere decir que el personal que cada estado asigna a la OTAN, así como las infraestructuras que cada Estado pone a disposición de la OTAN, es pagado por cada Estado y no es repercutido al presupuesto común OTAN y que las estructuras comunes y permanentes de la OTAN (incluido el personal civil y militar adscrito a este) se paga desde el presupuesto común de la OTAN).

Ahora bien, como cada regla hay una serie de excepciones.

La estructura de la OTAN cuenta con tres presupuestos para financiar lo común y que no abona cada Estado por sí: Un presupuesto civil, otro militar y un tercero que se llama NATO “Security Investment Programme” (NSIP).

Así las cosas, el despliegue de operaciones militares se basa en un principio general de “cost lie where they fall”, conforme al que cada Estado asume los gastos derivados de su propio despliegue e, incluso, debe ser resarcido por los otros Estados cuando utilicen el apoyo logístico de éste primero en su propio despliegue (y aquí empieza el primer pero al asunto).

Además, la OTAN sí que cuenta con una parte de financiación para retornos a los estados que participan en operaciones militares, que se realiza desde estos presupuestos OTAN y al margen de la que abona propiamente cada Estado participante de las operaciones.

Son gastos que no pueden asignarse a un Estado en exclusiva (por ejemplo, de despliegue de los cuarteles generales de cada operación en concreto, capacidades necesarias para llevarlas adelante, etcétera) que van a ser financiados desde el presupuesto militar de la OTAN y que, para hacernos una idea, vienen abarcando más de la mitad del presupuesto militar OTAN, conforme hemos comprobado en las memorias anuales OTAN en que vienen reflejados.

Advertimos que el retorno, en todo caso, es muy inferior al de otras operaciones militares, aunque el prestigio para los militares que participan en ellas y su acceso a tecnologías e hacer la guerra de última generación es un sabroso estímulo para los militares que actúan bajo bandera OTAN.

Con arreglo a esta explicación, las operaciones de la OTAN son las más costosas para cada Estado, pues en realidad una parte importante del despliegue se ha de financiar con los propios gastos y no es pagada desde la OTAN, sino desde los propios esfuerzos presupuestarios de cada Estado.

Tal vez, teniendo en cuenta la implicación más que significativa del ejército español en estas operaciones, es por lo que nuestras ministras de defensa han replicado siempre a la pretensión de aumento del gasto militar reclamada por EEUU y los halcones militares, que si bien España no llega al 2% PIB en gasto militar (lo cual es además mentira), debe tenerse en cuenta el enorme esfuerzo en términos de participación en operaciones en el exterior que los demás estados no pueden exhibir en su nómina de servicios.

- Misiones “ad hoc”, coaliciones internacionales y otros trampantojos.

Por lo que respecta a otro tipo de misiones que hemos visto más arriba, la siguiente categoría viene referida a coaliciones “ad hoc” bajo la fórmula de coaliciones internacionales y otras alianzas que se establecen para intervenir cuando ni la ONU, ni la OTAN o la UE quieren enseñar directamente la patita en determinados conflictos.

Dichas misiones son financiadas a partir de fondos que se constituyen entre una serie de países socios que se implican (unos militarmente y otros no) en la aventura (por decirlo todo con el ánimo de recuperar su inversión con el subsiguiente botin de guerra).

Así ocurrió, por ejemplo, en 1991 con la operación Provide Confort en Irak, cuando la ONU no quiso avalar directamente la guerra desencadenada por EE.UU en Irak en la Primera Guerra del Golfo. En este caso Aznar envió nada menos que 635 soldaditos, así como 7 helicópteros, 80 vehículos todo terreno, 31 remolques, 18 motos y 5 máquinas excavadoras con el aparete fin de apoyar a los refugiados kurdos tras la rendición del ejército de Sadam Hussein.

En este caso no tengo muy claro si hubo retornos directos a nuestra flamante y meteórica intervención (un mes), pero cabe señalar que, acabada su fase «humanitaria» la Brigada Paracaidista continuó en el territorio, ahora encuadrada en las fuerzas multinacionales, hasta el mes de julio de ese mismo año (fuerza multinacional que continuó posteriormente bajo bandera diferente sí recibió retornos) y luego integrada en la nebulosa de una fuerza internacional que permaneció sobre el terreno de forma crónica y ya con cargo a fondos ONU, así como que el Consejo Europeo concedió una ayuda de 20.000 millones de pesetas para «ayuda» al pueblo Kurdo, lo que hace pensar que algo cayó para nuestras esforzadas fuerzas.

Lo mismo ocurre con la intervención española tras la Segunda Guerra de Irak que, con el impulso del trío calaveras de las Azores, tuvo lugar mediante nueva coalición (ante la reticencia de la ONU y la inconveniencia de involucrar a la OTAN por el disenso de algunos países sensatos) en la que, bajo el liderazgo indiscutible de Aznar “el cauto”, participó España con otros países comprometidos, enviando militares tanto para operaciones logísticas como con asesores y formadores militares. Al igual que en otras coaliciones, y a pesar de la obscuridad de las mismas en sus aspectos económicos, parece que el grueso de la actuación se financió desde fondos constituidos ad hoc para sostener este esfuerzo pacificador; Fondo, del que España no ha sido contribuyente neto hasta el año 2017 (al menos así lo prometió Rajoy en la desesperada visita a Trump para obtener la foto ritual de nuestros próceres con el jefe supremo del eje del bien), lo que quiere decir que “antes” ha sido receptor de retornos de los mismos en pago de su actuación militar pero no paganini de ellos.

Libertad duradera, en Afganistán, se desarrolla como una intervención bajo una coalición internacional en coordinación con la ONU y la OTAN. En ella, la que la participación de España se realizó inicialmente bajo la estructura de esa coalición ad hoc, y más tarde integrada en las fuerzas ISAF auspiciadas por la ONU (y pagadas por esta) y en coordinación con la OTAN, de modo que por una u otra parte ha mojado en la salsa de los retornos.

En este último caso, la participación española en la fase bélica del asunto (la que se desarrolló bajo la coalición internacional) consistió en la aportación de una unidad médica de apoyo al despliegue militar de Kabul, dos aviones de transporte C-130 Hércules en Manas (Kirguizistán), las fragatas Santa María y Numancia, el buque de aprovisionamiento Patiño, un avión de patrulla marítima P-3 Orión y dos helicópteros del Ejército de Tierra; con un despliegue de nada menos que 850 efectivos en los momentos más álgidos de la operación (300 en los menos intensos). Luego estos efectivos se integraron en las fuerzas ISAF creadas tras la conferencia de Bonn de 2001 y auspiciadas por la resolución de Naciones Unidas 1386 del Consejo de seguridad (por tanto pagadas por la ONU).

En cuanto a los retornos de esta misión afgana, se constituyeron varios fondos económicos por parte de algunos países “donantes” que aparentemente han servido para la reconstrucción afgana (por cierto, otra parte del pastel éste negocio de la reconstrucción) pero, igualmente, para resarcir a los militares desplegados, si hacemos caso a las insinuaciones veladas que se realizan en la publicación del Ministerio de Defensa y de la Escuela de Guerra del ejército de tierra «El Conflicto de Afganistán» (2009) y escrito por los señores De Firamiñán Gilbert (profesor universitario) y Santayana y Gómez de Olea (Comandante del ejército de tierra). España no ha contribuido económicamente a dichos fondos, que sepamos, por lo que el retorno a su actuación militar se nos antoja muy ventajoso (desde el punto de vista contable) para esta prestación de mercenariado internacional que ejercemos.

De este modo, y generalizando, parece que las operaciones bajo coalición internacional implican un retorno directo, no sabemos si total o menor a la aportación realizada por los ejércitos desplegados, ya sea desde los fondos que se constituyen entre sus partícipes o adheridos para la financiación del jolgorio, ya por posteriores acuerdos con ONU u otras.

- Misiones españolas y muy españolas.

Resta por referirnos a las misiones promovidas por propia iniciativa española, principalmente vinculadas a nuestros intereses industriales y políticos en la amplia zona que definiremos como Sahel-Golfo de Guinea, así como los vinculados a la penetración española en Centroamérica, a la defensa de los atuneros españoles en los caladeros del índico, sahariano-canario, y la rica plataforma marítima del Africa occidental (incluyendo Cabo Verde, Gabón, Senegal, Costa de Marfil, Mauritania, . . .), regiones donde casualmente se han producido la inmensa mayoría de las intervenciones militares de bandera española.

Estas misiones no cuentan a priori con una financiación extra, luego las paga España por completo para así consolidar su visión estratégica propia y su cuota de participación en el expolio del Sur.

Dejamos para otro momento la explicación de nuestra doctrina militar en la zona y de los múltiples beneficios que comporta para “nuestros intereses”, pero señalemos que el entramado de operaciones españolas bajo bandera española en el exterior responde a dos ideas estratégicas (defensa preventiva y doctrina de fronteras de seguridad avanzada) que en resumidas cuentas intentan consolidar un papel propio en el reparto-expoliación de regiones muy atractivas del globo y defender los intereses de “nuestras” empresas estratégicas principalmente en los sectores energéticos, extractivos y pesqueros (avancemos que las 35 empresas del IBEX tienen actualmente algo que ver con la expansión española en los países con los que tenemos acuerdos militares de este tipo).

  • B.2 Recapitulando: Cuatro beneficiarios más uno:

Una vez que hemos explicado los mecanismos de financiación de las operaciones militares en el exterior, es hora de recordar que las operaciones militares españolas comportan, como ya hemos dicho, cuatro (más un quinto colateral) beneficiarios que, en nuestra política de defensa, tienen estas misiones:

Beneficiarios del intervencionismo militar español (cuadro 7)

Detallemos y recapitulemos lo dicho de estos beneficiarios:

1.- El primero es el de los propios militares, la parte más débil de la cadena, pero, a su vez, la parte imprescindible de la misma, porque sin la entusiasta participación de los ejércitos sería inviable la implicación militar dispuesta por nuestra casta política.

Los militares que participan en estas misiones cuentan con tres grandes beneficios personales y de cuerpo:

  1. El aumento de sus ingresos mediante esta fórmula de incentivo que hemos señalado y de ahorro por las exenciones de impuestos de que gozan.
  2. El intercambio y campaneo con otras fuerzas militares, algo muy apreciado por la casta militar.
  3. El currículo que obtienen por su participación en escenarios de guerra y sus capacidades de ascensos y reconocimiento.
  4. Y la posibilidad de una proyección “profesional” fuera de las fueras armadas y en las múltiples empresas de seguridad e incluso mercenarias.

A este primer beneficiario ya nos hemos referido más arriba y no vamos a comentar más al respecto.

2.- Pero a su vez, un segundo beneficiario del sistema es esta modalidad opaca de financiación del militarismo patrio, por medio de los retornos que provoca la participación militar en operaciones exteriores desde los organismos implicados, así como porque las cantidades que se asignan a estas operaciones vía impuestos, ya sea en el propio presupuesto del Ministerio de Defensa o por los gastos extraordinarios con que se engrosan año tras año, no van íntegramente a estas operaciones y en realidad son utilizadas para financiar otros gastos y servicios militares.

También nos hemos referido extensamente a este beneficiario.

3.- Un tercer beneficiario lo constituyen las empresas e intereses comerciales españoles, ya sean industrias civiles o militares. Este beneficiario es muy importante dado el enfoque de nuestra política militar e industrial, pues también reporta ventajas en el plano de la externalización de nuestras empresas a países en conflicto o en los que hemos participado militarmente, así como por el enorme incentivo a la venta de armas que supone el tenerlas expuestas en tantos escenarios bélicos.

A este beneficiario nos vamos a referir en una siguiente entrega porque merece la pena detallar un poco más su papel en este engranaje de intereses que promueve el intervencionismo militar porque saca tajada del negocio que dicho intervencionismo arrastra.

4.- El cuarto (y a menudo soterrado) beneficiario es la propia casta política (y algo lacaya) española , que participa así y se beneficia de una parte no despreciable de la estrategia de la dominación occidental y que, en la práctica, enfoca nuestra política de asuntos exteriores hacia los aspectos securitizadores, militares y de defensa de los intereses capitalistas, tanto en la dimensión global, como en los propios intereses comerciales y de acceso a los recursos de nuestras grandes compañías internacionales por medio de la consolidación de esa idea de fronteras de seguridad avanzada que coincide tan sospechosamente con la consolidación de mecanismos de explotación y expoliación.

He añadido el apelativo de "lacaya" para nuestra élite, porque no está de más señalar su papel subordinado a otros que son los que en realidad toman las decisiones fuertes; en cuya adopción, y por regla general, la participación de nuestros bienredichos políticos es secundario, incluso como cuando el nunca suficientemente recordado Aznar participó (patéticamente) en la toma de decisión de las Azores de invadir curto país y repartirse el negocio geoestratégico y económico que dicha actuación comportaba; y, esta vez sí (enfáticamente) participar en la foto que daba el pistoletazo de salida a aquella vergonzosa agresión.

De las migajas (no tan despreciables) que recogen nuestros políticos de este seguidismo mamporrero, se puede verificar y explicar que ministros, presidentes de gobierno y otras magistraturas del Estado afirmen tan a menudo que las fuerzas militares desplegadas en misiones de guerra en el exterior son la principal carta de presentación y de orgullo de España en el mundo.

A este beneficiario ha dedicado algunas páginas en su reciente libro «Así se domina el mundo» el Coronel Pedro Baños, quien ha formado parte y dirigido el espionaje militar español y en algún momento “sonó” para ministro de Defensa de Pedro Sánchez, el de la hibris ofuscada.

5.- Podemos establecer un beneficiario externo, del que también hablaremos más adelante: la perpetuación de los conflictos que alimentamos y de la perspectiva militarista de estos, lo que implica a su vez una red de clientes autóctonos y sátrapas a los que se fortalece, utiliza, corrompe y enriquece en el gran negocio de las operaciones militares en el exterior.

Como se dice, a estos tres últimos beneficiarios nos referiremos en tres capítulos sucesivos.

(Próxima entrega: 3. «Diplomacia preventiva» y beneficios económicos.)


Ver también:

El intervencionismo militar español: ¡Menudo lavado de cara! Primera parte: Las cifras brutas

El intervencionismo militar español. ¡Menudo lavado de cara! Segunda parte: Destapando la olla

Nota: los comentarios podrán ser eliminados según nuestros criterios de moderación.