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El gobierno español aprueba la compra de blindados por 2.100 millones pese a estar en funciones

Martes.16 de julio de 2019 506 visitas Sin comentarios
Defensa adjudica el contrato del Dragón 8x8 a la empresa Santa Bárbara Sistemas. #TITRE

Miguel González

El Consejo de Ministros autorizó este viernes a Defensa a firmar un contrato con Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics, para adquirir 346 blindados 8x8 por 2.083,2 millones de euros hasta 2030. El Gobierno justifica la aprobación de este desembolso, pese a estar en funciones, alegando que se trata de una decisión técnica, no política; y que resulta imprescindible para la operatividad de las Fuerzas Armadas y la seguridad de las tropas.

La decisión de contratar ya la primera fase de los nuevos blindados 8x8 ruedas Dragón (un programa que a largo plazo prevé la compra de 998 de vehículos por 3.836 millones) causó sorpresa en el sector. No por el contenido, sino por el momento.

No se esperaba hasta que hubiera nuevo Gobierno; y eso porque el Ejecutivo en funciones, según la Ley de 1997, debe “limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia [...] o por razones de interés general[...], cualesquiera otra medidas”. Por estar en funciones, el Gobierno no pudo nombrar la semana pasada al sustituto del general Sanz tras cesar al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por haber agotado su mandato legal.

Para justificar que no actúe igual ahora, el Gobierno ha encargado un informe jurídico que alega que la autorización de este compromiso de gasto ya se aprobó en diciembre pasado, cuando aún no estaba en funciones; que no se trata de una decisión política, sino técnica; y que su objetivo es garantizar la operatividad de las Fuerzas Armadas y la propia seguridad de las tropas.

En realidad, la urgencia que se alega tiene casi 12 años, pues fue en noviembre de 2007, tras la muerte de seis paracaidistas por un artefacto explosivo en Líbano, cuando se decidió renovar el parque de vehículos del Ejército de Tierra; empezando por los veteranos y obsoletos Blindados Medios de Ruedas (BMR).

El Gobierno ha tomado una decisión que, aunque de carácter técnico, tiene una gran trascendencia económica: adjudicar el contrato a la compañía Santa Bárbara Sistemas, “como contratista principal y autoridad técnica de integración”; y atribuir a Indra y SAPA el papel de “subcontratistas de primer nivel”.

El desarrollo de los prototipos del Dragón se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por las tres firmas en igualdad; pero las desavenencias entre ellas causaron tantos retrasos y problemas que Defensa ha desistido de repetir la fórmula en la fase de producción. De hecho, los demostradores debían entregarse este mes, pero se han demorado hasta noviembre, por lo que el ministerio amenaza con imponer una sanción. El hecho de que se adjudique el contrato antes de que el Ejército haya probado los prototipos añade más incertidumbre, pero Defensa sostiene que es una práctica habitual en otros países y que los riesgos de nuevos retrasos serían aún mayores.

Ante este panorama, Defensa ha optado por adjudicar el contrato a Santa Bárbara Sistemas como contratista principal, por ser “la única opción con capacidad industrial suficiente para atender el objeto del contrato”, e Indra y SAPA como subcontratistas principales.

Defensa aún no ha despejado la otra incógnita que rodea el programa: cuál será el modelo elegido para la torre no tripulada con cañón 30 milímetros. Se trata de un contrato de 347 millones para 190 unidades por el que pugnan dos productos israelíes: la torre Tizona de la empresa Elbit, asociada con las españolas Navantia y Expal; y la Samson de Rafael, con Tecnobit.

Según el Gobierno, la producción del nuevo blindado generará unos 650 puestos de trabajo directos y un millar indirectos, especialmente en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Trubia (Asturias), Aranjuez (Madrid) y Andoain (Guipúzcoa), donde tienen sus plantas Santa Bárbara, Indra y SAPA.

El contrato del Dragón se adjudicará por el “procedimiento negociado sin publicidad”, por lo que el Ministerio de Defensa ha tenido que invocar el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE y alegar que afecta a los intereses esenciales de la Seguridad Nacional para excluirlo de la libre concurrencia entre empresas europeas.

El Consejo de Ministros autorizó también la compra de un sistema de entrenamiento avanzado para el Ejército del Aire por 225 millones de euros. En este caso se trata de una necesidad muy urgente, ya que los cazas C-101 de la Academia de San Javier (Murcia) concluyen su vida operativa en 2021.

Para esa fecha debería estar ya operativo el nuevo sistema, integrado por 24 aviones, un entrenador, cuatro simuladores, un sistema asistido por ordenador y un paquete logístico.

El Ministerio de Defensa tendrá que salir al mercado internacional y adquirir alguno de los entrenadores en servicio; lo que supone un retroceso industrial, pues el C-101 fue fabricado en España por Construcciones Aeronaúticas (CASA) hace ya 40 años. Los preferidos por el Ejército del Aire son el estadounidense T-6 Texan II de Beechcraft; y el suizo PC-21 Pilatus.

La compañía europea Airbus, en la que se acabó integrando CASA, ha puesto en marcha el diseño de un nuevo avión entrenador, pero este no llegará a tiempo para satisfacer las necesidades de la Fuerza Aérea.

A finales de la próxima década, el Ejército del Aire debe sustituir también los cazas F-5 de la escuela de pilotos de reactores de Talavera la Real (Badajoz). Según fuentes militares, podría sustituirlos en ese momento por el nuevo entrenador europeo o por los aviones surcoreanos KT-1 Woongbi y T-50 Golden Eagle, si llegase a prosperar la idea de intercambiarlos por parte de los 13 aviones de transporte A400M de los que España quiere desprenderse tras habérselos encargado a Airbus.

El País

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