El alcalde de Catral dice que es pura casualidad que su cuñao sea el promotor que más viviendas ilegales ha construído

Ver noticia madre sobre la intervención del urbanismo catraleño por parte de la Generalitat

El Consell embargará cuentas de los promotores de las casas ilegales de Catral para pagar a los afectados

La Generalitat creará un cuerpo de inspectores específico para investigar las irregularidades y sus conexiones con grupos económicos.

E.DE GEA

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, anunció ayer que dentro de las medidas cautelares por la construcción en la huerta de Catral de más de 1.200 viviendas ilegales en tres millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, parte de ellos dentro de los límites del Parque Natural del Hondo, se procederá a la «identificación inmediata» de los promotores y constructores implicados, al objeto de iniciar todas las actuaciones sancionadoras y de protección de la legalidad que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) establece.

Según el conseller, «vamos a identificar urgentemente a los responsables de las construcciones de las viviendas ilegales para proceder al embargo de sus bienes y así garantizar las indemnizaciones a los ciudadanos que compraron una vivienda de buena fe y ahora se encuentran con una vivienda ilegal, que podría incluso ser demolida».

La medida se produce un día después de anunciar la Conselleria de Territorio que asumirá en exclusiva las competencias en materia de disciplina urbanística de Catral, hecho cuyo único precedente en todo el país tuvo lugar hace meses en Marbella. Como consecuencia de la medida, la actividad urbanística ilegal en terrenos no urbanizables de la huerta de Catral registró ayer una paralización casi total, lo que ocasiona que cientos de viviendas no puedan ser terminadas.

Por otro lado, mañana el Consell aprobará la creación de un cuerpo específico de funcionarios de inspección dedicados exclusivamente a la investigación de las irregularidades no sólo urbanísticas, sino también las conexiones con determinados grupos económicos inversores nacionales o extranjeros.

Además de esta medida general, la Conselleria ha adoptado diferentes medidas cautelares específicas para el caso de Catral, donde destaca la remisión inmediata a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de todas las actuaciones que hayan podido dar origen a evasión fiscal o a la ilusión de obligaciones tributarias de los presuntos infractores. En este sentido, el conseller dijo que «podemos estar ante una gran bolsa de dinero negro que la Administración Central debe investigar, porque calculamos que a la baja se ha podido ganar más de 80 millones de euros que no han sido objeto de impuestos». Asimismo, apostilló, se va a realizar una remisión a la Inspección de Trabajo de las actas que se levanten, por si pudieran derivarse infracciones derivadas de la situación laboral de los trabajadores de las empresas afectadas.

Otras medidas adoptadas contempladas por la LUV son la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la incoación del procedimiento sancionador respecto a cada finca afectada; la adopción de la orden de suspensión de todas aquellas obras ilegales en curso de ejecución, y notificación de la misma a las compañías suministradoras de servicios (agua, luz) para que suspendan inmediatamente el suministro

Por otro lado, se procederá a comunicar la orden de suspensión de obras en curso al Registro de la Propiedad para su constancia mediante nota marginal, y se dictarán órdenes individualizadas para la retirada de materiales y maquinaria en el plazo de cinco días. En caso contrario, se procederá a su precintado, a costa del interesado.

También se remitirá al Ministerio Fiscal todas las actuaciones practicadas, al objeto de determinar la existencia de delitos sobre la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente y los relativos a la protección de la flora y fauna, conforme al Código Penal.

El conseller también ha explicado que se comunicará al Comité de Peticiones del parlamento Europeo, para su conocimiento, de testimonio acreditativo de las actuaciones en curso, al objeto de que se incorporen al procedimiento incoado contra la Comunidad Valenciana.

Por último se adoptarán asimismo todas aquellas medidas cautelares que sean necesarias para garantizar la eficacia de la resolución final y evitar de mayores perjuicios a los intereses generales.

Diario Información de Alacant