El Ayuntamiento de Torrevieja, famoso por no derribar las infracciones urbanísticas, declaró ruina sin verla la casa donde quería edificar un constructor

Un juez condena al Ayuntamiento por declarar la ruina de una casa habitada sin ir a revisarla

La residente de 82 años se opone a dejar la planta baja para que se hagan pisos.

D. PAMIES

El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche ha anulado una declaración de ruina realizada por el Ayuntamiento de Torrevieja de una casa de planta baja ocupada desde los años cuarenta en alquiler por María Serrano Borja, de 82 años.

El propietario, también constructor, tiene desde 2005 la intención de derribarla con el objetivo de levantar un bloque de pisos con las fincas anexas.

El fallo judicial se fundamenta en que el arquitecto municipal de Torrevieja sólo tuvo en cuenta a la hora de decidir la ruina el informe pericial del propietario de la casa sin acudir a comprobar sobre el terreno si lo que decía era cierto. "Lo que no puede hacer un Consistorio -abunda el fallo judicial- ni mucho menos uno de las dimensiones de la administración demandada es fiarse sin más de ese informe de parte (del propietario y constructor)". El juez dice que la Administración local está obligada por mandato constitucional a servir los intereses generales y además de una forma objetiva. "No basta -añade la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico- que el técnico municipal consulte dicho informe y vea las fotos anejas" y que "llegue a la conclusión de que el dictamen de parte se halla bien fundamentado, sin tan siquiera acudir a realizar un reconocimiento del edificio".

El abogado defensor de la familia, José Luis Bernabé, indicó ayer que el juzgado asegura además que "resulta radicalmente inadmisible que el Ayuntamiento realice una suerte de dejación de sus potestades de control y verificación real situación del edificio". "Es posible, hasta muy probable", matiza el escrito, que el edificio "realmente" se halle en estado de ruina. Aunque finalmente pide al Ayuntamiento iniciar un nuevo procedimiento "a fin de que por el arquitecto municipal se realice una verificación personal del edificio".

La declaración de ruina de esta casa de la calle Diego Ramírez (la calle del Pozo), en pleno casco urbano de la ciudad, permitiría un bloque de cuatro alturas y ático a dos calles. La resolución alegando indefensión fue recurrida por el citado abogado José Luis Bernabé, quien indicó que ese procedimiento se inició por parte de la propiedad como única forma de "sacar" a su cliente de la vivienda.

"Toda la vida"

La casa no presenta las mejores condiciones de habitabilidad a simple vista, aunque María Serrano conserva todos sus recuerdos familiares en orden en el vestíbulo. "Vivo aquí toda la vida, desde los 14 años -cuando la alquilaron sus padres-¿Dónde me voy? ¿A no conocer a nadie?". Tiene muchos menos vecinos que antes a los que saludar. La mayoría del resto de de las plantas bajas tradicionales del Calvario han desaparecido tras la lluvia de millones del boom inmobiliario. A María le viene cuesta arriba irse a un piso, aunque no le falta ayuda de su familia.

Esta mujer paga religiosamente un alquiler mensual de 35 euros. Recuerda que fueron los derribos de las fincas aledañas las que provocaron los principales destrozos que se observan en la parte trasera.

Se puede caer

Uno de los propietarios de la casa y constructor local, José Berná, aseguró que los técnicos municipales sí fueron a revisar la casa, y se preguntó quién se hará responsable si hay un accidente porque la "ruina es total". La residente "vive allí porque se lo han dicho" y no duerme en la vivienda. "Deja la luz encendida del salón todo el día para dar sensación de habitada. No tiene ni baño ni cocina". Berná dijo que la familia quiere compensaciones como "un piso" a cambio de irse.

Un constructor declara al juez que pagó dinero extra para lograr licencias ilegales

El imputado afirma que abonó a un corredor 6.000 euros, 390 para el permiso y el resto "para personas" del Ayuntamiento

D. PAMIES

Uno de los constructores imputados por levantar casas ilegales en suelo rústico de la huerta de Catral aseguró ayer en su declaración en los juzgados de Orihuela que construyó una vivienda sólo con permiso de vallado, y que por la autorización "pagó más de lo que valía", y "pagó más porque ese permiso era ilegal", según indicaron fuentes próximas al procedimiento.

El imputado, Luis M.M., especificó a preguntas de las acusaciones que ese dinero "de más" se lo daba a un "corredor" de una inmobiliaria, y "éste lo gestionaba todo". Ese corredor recibió seis mil euros. El permiso costaba 390 euros (65.000 pesetas). Este intermediario le dijo al constructor que el resto del dinero "era para personas del Ayuntamiento" pero "sin recordar a quienes". Profundizando en este aspecto el constructor apuntó al hecho de que el citado corredor le explicó que "la práctica habitual" era ir al Ayuntamiento "a pagar algo más de dinero para sacar el permiso" y que no había "visto" este intermediario que lo "hiciera todo el mundo, pero que lo hacía todo el mundo".

El mismo imputado aseguró que en su día preguntó al entonces alcalde socialista José Manuel Rodríguez Leal si podía construir la casa en suelo rústico y este le respondió positivamente, "que no pasaría nada", aunque no le dijo que fuera legal. Agregó que hizo la casa con el objetivo de venderla porque conocía de "antemano" que no iba a tener ningún problema porque se lo dijeron "en el Ayuntamiento. Además eso se sabía allí", aclaró.

El imputado, según las mismas fuentes, apuntó a la juez que instruye el asunto, Natividad Navarro, que por esas construcciones no le abrieron expediente, ni le sancionaron, ni los funcionarios municipales acudieron para que parara la construcción. Las acometidas de agua y vallado las logró con licencia de vallado, refugio y labor.
En otro momento de su declaración el constructor aseguró que inició la casa en 1998 y la vendió en 2004, y para escriturar la casa sobre suelo rústico el notario le exigió un certificado de antigüedad de obra -documento que garantiza su legalidad-, y que se lo proporcionó "el mismo corredor". El declarante dijo en el juzgado Número 5 de Orihuela "no recordar" si el certificado era falso y que el notario "era de Dolores" aunque no recordaba su nombre. Ayer declararon además dos propietarios de casas en la huerta.

El juzgado investiga la construcción de 1.200 casas en suelo rústico hasta 2005 en Catral. Están imputados el ex alcalde José Manuel Rodríguez Leal, ediles de su anterior equipo y empresarios.

Las acusaciones las ejercen Generalitat, que asumió y mantiene parte de las competencias urbanísticas al municipio, ahora gobernado por el PP, y la Asociación de Usuarios de Urbanismo (AECU), que denunció el caso.

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