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ENCE sí, ENCE no: Lucha de argumentos

Jueves.25 de febrero de 2016 110 visitas Sin comentarios
La fábrica que convirtió a Rajoy en persona non grata. #TITRE

La empresa -que ha insertado una página de publicidad en casi todos los diarios impresos- y los colectivos contrarios a ella mantienen una lucha dialéctica sobre el impacto de la fábrica en la ciudad de Pontevedra.

Marcos Pérez Pena

Una parte importante de los lectores y lectoras de prensa impresa han encontrado estos días entre las páginas de su periódico un anuncio de una página pagada por ENCE (publicado en la mayoría de las cabeceras con sede en Madrid y en buena parte de las gallegas). Era la respuesta de la empresa al Pleno municipal de Pontevedra que este lunes declaró persona no grata a Mariano Rajoy por culpa de la prórroga de 60 años concedida por su Ejecutivo en funciones a la pastera para poder seguir operando en las instalaciones que ocupa en la ciudad gallega. No es la primera vez que ENCE contrata generosas campañas publicitarias en los medios de comunicación, aunque esta vez la dimensión y alcance sí llaman la atención, y responden sin duda a la visibilidad que el Pleno pontevedrés dio en toda España al conflicto que desde hace décadas enfrenta a la empresa con buena parte de la ciudadanía en esta comarca. Todo conflicto social es también una lucha por la construcción del significado del conflicto y por la definición de sus elementos. Y esta lucha se da, sobre todo, a través de los medios de comunicación.

El anuncio a toda página contratado por ENCE, encabezado por el epígrafe: "Ence reclama que no se juegue políticamente con una fábrica que genera miles de puestos de trabajo y cumple rigurosamente la normativa ambiental", es un capítulo más en el intercambio de argumentos entre empresa (con el apoyo de la Xunta de Galicia) y numerosos colectivos sociales, ecologistas y vecinales (con el apoyo del Ayuntamiento y, desde las últimas elecciones locales, de la Diputación). De hecho, el pasado mes de noviembre, en el marco del debate sobre la concesión de la prórroga que puede permitir a la pastera continuar su actividad más allá del año 2018, la Plataforma Ence fóra para sempre lanzó un Libro Blanco sobre ENCE, un sencillo documento que exponía a través de 84 preguntas y respuestas distintas cuestiones relacionadas con la factoría, desde su impacto económico y capacidad de generación de empleo, así como los efectos sobre el medio ambiente y sobre otras actividades económicas. Con este documento, sus promotores querían luchar contra la "manipulación informativa" y la "desinformación que genera la empresa a través de sus fuertes inversiones publicitarias".

Empleo

El principal argumento empleado siempre por la empresa es el de la generación de empleo, sobre todo desde el inicio de la crisis económica. Y también la razón a la que se agarró el Gobierno gallego para justificar su cambio de posición sobre el traslado de la factoría a otra localización (el PP lo defendió hasta el pasado año e incluso había hecho bandera de él en sus programas electorales de 2009 y 2012). En la publicidad insertada este martes en la prensa impresa, ENCE destaca que la planta pontevedresa da trabajo a 370 personas en la ciudad, a un total de 800 en toda la comarca y a alrededor de 5.000 en toda Galicia a través de la actividad maderera.

¿Qué es lo que dicen los colectivos contrarios a la empresa? No hay discusión en cuanto a la cifra de trabajadores y trabajadoras empleados en la factoría pontevedresa (366 es el número oficial, 270 en la fábrica y 96 en las oficinas centrales), que -eso sí- llegó a tener una plantilla de unas 500 personas. Las entidades sociales opuestas a la continuidad de ENCE en Lourizán (en primera línea de costa) sí consideran exagerada la estimación de puestos de trabajo indirectos generados en la comarca y, en todo caso, puntualizan que la importancia laboral de ENCE en Pontevedra no justifica el perjuicio medioambiental que -denuncian- sigue causando, y también el daño que provoca a otras actividades, como el marisqueo o el turismo. Destacan, en este sentido, que la empresa proporciona el 1,11% de los casi 33 mil empleos en la ciudad. Y subrayan que la marcha de la empresa generaría de forma automática un número igual o superior de empleos en otros ámbitos.

En cuanto a los cinco mil empleos generados en toda Galicia por la actividad maderera, los colectivos contrarios a ENCE más que poner en entredicho esta estimación, señalan que de ninguna forma la empresa se puede arrogar como mérito la generación de estos puestos de trabajo, que en ausencia de la pastera venderían su madera a otro comprador. Y, sobre todo, le critican a ENCE haber promovido el monocultivo del eucalipto en Galicia, una especie de crecimiento rápido y baja calidad, menos apta para muebles o la construcción, pero perfecta para la fabricación de pasta de papel. El eucalipto, especie invasora y muy negativa para la diversidad vegetal, viene sustituyendo con rapidez en los montes gallegos a los árboles autóctonos: En 1987 Galicia contaba con 40.000 hectáreas de eucalipto, en 1997 con 170.000, y en 2009 con 375.000. La presencia masiva de eucaliptos (especie pirófita y que contribuye a secar los suelos) puede haber favorecido, además, la extensión de los incendios forestales de las últimas décadas.

Medio ambiente

El otro gran caballo de batalla en la lucha discursiva entre empresa y los colectivos que apuestan por su traslado a otra localización es el efecto que su actividad tiene para el medio ambiente. ENCE inicia el texto que insertó en su página publicitaria diciendo que "la factoría cumple al 100% la legislación ambiental". También señala que "el aire de Pontevedra supera todos los días del año los parámetros de calidad recomendados por la OMS". Los grupos ecologistas no niegan que ENCE cumpla con los límites permitidos por su Autorización Ambiental Integrada, pero desde siempre han criticado que los niveles aceptados en la AAI son excesivamente generosos. Además, denuncian que en las mediciones no se tienen en cuenta algunas emisiones y elementos contaminantes, por ejemplo "no se miden los coliformes, la primera causa de contaminación de las aguas de la ría", destacan, señalando que “hay estudios científicos que muestran que la de coliformes es una contaminación propia de las industrias papeleras, donde el proceso productivo genera condiciones idóneas para su proliferación".

Uno de los lugares comunes a la hora de hablar de ENCE y de la propia ciudad de Pontevedra es el peculiar y más o menos desagradable olor (en función de la dirección del viento y de otros factores) procedente de la fábrica. El responsable es el ácido sulfhídrico, generado al separar la fibra de celulosa de la lignina. Aunque es cierto que el olor es menos intenso y frecuente de lo que era, sigue siendo perceptible y, como señalan las entidades contrarias a la planta, "la imagen que miles de personas de fuera de Pontevedra tienen de nuestra ciudad es la del olor que se percibe desde la autopista".

Otro aspecto importante en relación con el medio ambiente es el del consumo de agua por parte de la planta, un total de 32.200 metros cúbicos/día, según recoge su auditoría. Como referencia, la ciudad de Pontevedra (con más de 70 mil habitantes) consume 14.400 metros cúbicos/día. Además, aunque la empresa debería pagar 10 millones de euros al año por los cánones de agua y de coeficiente de vertido, la Xunta le ha perdonado más del 80%, abonando en estos momentos alrededor de 900.000 euros anuales.

Inversiones prometidas

En la publicidad insertada este martes en la prensa impresa, ENCE recuerda su compromiso de "invertir 61 millones de euros en su fábrica de Pontevedra". Es una promesa que figura en su solicitud de prórroga, gracias a la que, según figura en la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, la presencia de la planta en el lugar puede extenderse otros diez años (de los habituales 50 años en este tipo de concesiones hasta los 60). Hace falta tener en cuenta, en cualquiera caso, que esta inversión de 61 millones es relativamente pequeña, si tenemos en cuenta que ENCE tuvo el pasado año 2015 unos beneficios de casi 50 millones de euros, generados principalmente por sus factorías de Pontevedra y Navia (Asturias).

¿Trámite o decisión política?

ENCE también defiende que la prórroga de 60 años fue "un trámite administrativo reglado y transparente" en el que las partes implicadas "pudieron participar". Incide por lo tanto en el mismo argumento expresado por la propia ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que llegó a afirmar que la prórroga era "una resolución administrativa" en la que "no interfiere para nada el Gobierno". En esta cuestión entra también el debate sobre las fronteras en la actuación de un Gobierno en funciones, que debe limitarse -por ley- al "despacho común de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, excepto casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justificase, cualquier otra medida".

Sin embargo, hace falta destacar que este acto administrativo final (si se acepta el argumento) es la culminación de una larga serie de decisiones políticas para facilitar la continuidad de ENCE. La Ley de Costas de 1988 le puso fecha de caducidad (el 29 de julio de 2018), fijando un plazo máximo de 30 años para las instalaciones titulares de concesiones de dominio público marítimo terrestre otorgadas con anterioridad a esa norma. La empresa, sobre todo una vez que se completó el proceso de privatización, en 2002, intentó por todas las vías posibles continuar en Lourizán.

Ya en 2002 la Xunta le concedió la Autorización Ambiental Integrada que la compañía había solicitado para poder seguir produciendo. La empresa consiguió, además, que el Gobierno de Fraga se saltara la autonomía municipal en materia urbanística, creando un Proyecto sectorial de incidencia supramunicipal exclusivo para ENCE, con el que la planta evitó someterse a la normativa municipal, dándole legalidad urbanística a todo el complejo. Además, una modificación legislativa de 2013 también le permitió a la empresa no tener que renovar su Autorización Ambiental Integrada, que caducaba el 31 de diciembre de 2015. En cualquiera caso, la decisión política más relevante para el futuro de la factoría fue la aprobación de la nueva Ley de Costas, en 2013, que abrió la posibilidad de prorrogar las concesiones de dominio público marítimo terrestre otorgadas al amparo de la ley anterior.

El Diario