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[Cat/Cast] Acción represiva contra el movimiento popular independentista catalán

Martes.24 de septiembre de 2019 530 visitas - 1 comentario(s)
La acusación de tenencia de explosivos podría tratarse de un nuevo montaje policial. #TITRE

CUP Internacional

Catala

La Guàrdia Civil va començar els registres i detencions a partir de les 5h de la matinada en les localitats de Sabadell, Mollet, Cerdanyola, Santa Perpètua de la Moguda, Sant Vicenç de Torelló i Sant Fost de Campsentelles. El total de detinguts fins ara és de nou persones.

Les operacions policials s’han dut a terme per ordres de l’Audiència Nacional Espanyola, hereva directa del Tribunal d’Ordre Públic (1963-1977), encarregat de jutjar els delictes de sedició, rebel·lió, desordres públics i propaganda il·legal durant el Franquisme. Es tracta d’una recerca que es va iniciar fa un any i mig, i que va implicar el confinament de Tamara Carrasco a la seva casa, i l’exili d’Adrià Carrasco a Brussel·les. Tots dos acusats inicialment de terrorisme, avui dia de desordres públics.

S’acusa els activistes catalans, membres dels Comitès de Defensa de la República, de suposats delictes de terrorisme, sedició i rebel·lió. Per això hauran de ser posats sota disposició judicial de l’Audiència Nacional a Madrid, segurament sota els paràmetres de la Llei Antiterrorista (entre 48 i 72 hores incomunicats).

La Guàrdia Civil ha publicat un vídeo dels registres en el qual mostraven suposat material per a crear explosius. El lloc on van entrar i des d’on van emetre les imatges, serveix de magatzem per a la pirotècnia de les festes populars en la localitat de Sabadell, que van tenir lloc una setmana abans. Un muntatge policial evident que pretén fer passar per armes i per indicis d’organització terrorista.

Es tracta de criminalitzar qualsevol forma de dissidència política. No és una cosa nova. El mateix modus operandi contra el moviment llibertari en el cas Pandora per exemple, o l’operació Pinyata. Sense garanties, detencions de matinada, registres en domicilis.

El gran desplegament i la posada en escena del cos de policia, les acusacions de l’Audiència Nacional però sobretot el moment en el qual arriben, són un clar avís de les conseqüències repressives que pot tenir l’organització i mobilització popular davant l’aniversari de l’1 d’octubre i davant les sentències que es preveuen dures, i que arribaran abans del 15 d’octubre. L’Estat posa les bases i la recepta perfecta per a la gestió de la dissidència política: por, presó, judicis polítics, exili i repressió.

Abans de res això, nosaltres diem que l’única alternativa és la resposta del moviment: davant més Audiència Nacional, davant més presó i detencions, MÉS I MÉS MOBILITZACIÓ, MÉS I MÉS CALLE. Juntes, organitzades, serem més fortes.


Castellano

La Guardia Civil empezó los registros y detenciones a partir de las 5h de la madrugada en las localidades de Sabadell, Mollet, Cerdanyola, Santa Perpetua de la Moguda, Sant Vicenç de Torelló y Sant Fost de Campsentelles. El total de detenidos hasta ahora es de nueve personas.

Las operaciones policiales se han llevado a cabo por órdenes de la Audiencia Nacional Española, heredera directa del Tribunal de Orden Público (1963-1977), encargado de juzgar los delitos de sedición, rebelión, desórdenes públicos y propaganda ilegal durante el Franquismo. Se trata de una investigación que se inició hace un año y medio, y que implicó el confinamiento de Tamara Carrasco en su casa, y el exilio de Adrià Carrasco en Bruselas. Ambos acusados inicialmente de terrorismo, a día de hoy de desórdenes públicos.

Se acusa a los activistas catalanes, miembros de los Comités de Defensa de la República, de supuestos delitos de terrorismo, sedición y rebelión. Por ello deberán ser puestos bajo disposición judicial de la Audiencia Nacional en Madrid, seguramente bajo los parámetros de la Ley Antiterrorista (entre 48 y 72 horas incomunicados).

La Guardia Civil ha publicado un video de los registros en el que mostraban supuesto material para crear explosivos. El lugar donde entraron y desde donde emitieron las imágenes, sirve de almacén para la pirotecnia de las fiestas populares en la localidad de Sabadell, que tuvieron lugar una semana antes. Un montaje policial evidente que pretende hacer pasar por armas y por indicios de organización terrorista.

Se trata de criminalizar cualquier forma de disidencia política. No es algo nuevo. El mismo modus operandi contra el movimiento libertario en el caso Pandora por ejemplo, o la operación Pinyata. Sin garantías, detenciones de madrugada, registros en domicilios.

El gran despliegue y la puesta en escena del cuerpo de policía, las acusaciones de la Audiencia Nacional pero sobretodo el momento en el que llegan, son un claro aviso de las consecuencias represivas que puede tener la organización y movilización popular ante el aniversario del 1 de octubre y ante las sentencias que se prevén duras, y que llegarán antes del 15 de octubre. El Estado pone las bases y la receta perfecta para la gestión de la disidencia política: miedo, prisión, juicios políticos, exilio y represión.

Ante todo esto, nosotras decimos que la única alternativa es la respuesta del movimiento: ante más Audiencia Nacional, ante más cárcel y detenciones, MÁS Y MÁS MOVILIZACIÓN, MÁS Y MÁS CALLE. Juntas, organizadas, seremos más fuertes.

La Haine


El precedente de Adrià y Tamara Carrasco: una acusación de terrorismo y rebelión que caería al cabo de unos meses

En una operación ordenada también por la Audiencia Nacional, agentes de la Guardia Civil detuvieron a Tamara Carrasco en abril del año pasado, mientas que Adrià Carrasco se exilió en Bélgica. Los dos eran activistas de los CDR y los delitos que les atribuyeron inicialmente, en plena ola de criminalización de los CDR, desaparecieron al cabo de unos meses.

barcelona

PÚBLICO

A la espera de comprobar cómo evoluciona el caso, la operación que ha llevado a cabo este lunes la Guardia Civil en varios municipios de Barcelona contra activistas de los CDR, tiene un precedente claro que se remonta a abril del año pasado. En concreto, el día 10 de ese mes una decena de agentes de la Guardia Civil irrumpieron armados en el domicilio de Tamara Carrasco, activista del CDR de Viladecans (Barcelona).

El mismo día, agentes del cuerpo fueron a Esplugues de Llobregat (Barcelona) con la pretensión de detener a Adrià Carrasco, activista del CDR de la localidad, pero tuvo tiempo de escaparse y reaparecer, meses más tarde, exiliado en Bélgica. En ambos casos, el tribunal los investigaba por "rebelión" y "terrorismo", una acusación que caería meses después, ante la evidente falta de pruebas. El operativo llegó en plena ola de criminalización de los CDR.

Ahora bien, que se les dejara de investigar no supuso que se resolviera inmediatamente su situación. A Tamara Carrasco la trasladaron a la Audiencia Nacional, donde la tuvieron 48 horas cerrada e incomunicada. Posteriormente salió en libertad con cargos, pero se le impuso una medida inédita, que fue el confinamiento en su ciudad, Viladecans. Durante más de un año sólo pudo salir de su ciudad para comparecer semanalmente en el juzgado de Gavà. Por todo ello, en una entrevista en Públic se definía como una “presa política”, porque su libertad de movimientos estaba muy limitada.

En noviembre del año fue cuando se supo que la Audiencia Nacional ya no les investigaba por terrorismo, rebelión y sedición y la causa se trasladó a Catalunya, reducida a una investigación por posibles desórdenes públicos. Sin embargo, el confinamiento de Tamara Carrasco no se levantó hasta finales de mayo de este año. En el caso de Adrià Carrasco, en una entrevista con este diario confesaba que no contemplaba poder volver a España en un plazo breve y, de hecho, todavía no lo ha hecho.

Público

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