Carta al Defensor del Pueblo español sobre sus declaraciones negando la tortura en cárceles y comisarías españolas

Publicamos como artículo el comentario recibido en esta web al documento "El Defensor del Pueblo niega que existan torturas ni en cárceles ni en comisarías españolas" el pasado 19 de septiembre, y firmado por Antonio Marín Segovia.

Carta al Defensor del Pueblo sobre sus declaraciones en relación a las torturas en cárceles y en comisarías denunciadas por Amnistía Internacional - ONU, Human Rigth y otras organizaciones internacionales de reconocido prestigio

He leído sus declaraciones en los medios de comunicación y espero, que no sean ciertas. De todos modos, el autor de esas declaraciones debe meditar sobre lo que dice, pues hay miles de denuncias bien documentadas que acreditan la existencia de violencia y torturas en las prisiones, en las comisarías españolas... No entiendo como usted, máximo representante del único espacio institucional destinado a la defensa de los pocos derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos, y dada la falta de credibilidad e independencia que hay en el mundo judicial, pues no paran de crecer los presuntos abusos, irregularidades y arbitrariedades que cometen a diario jueces, fiscales... me veo en la obligación de recomendarle que leo los documentos redactados por numerosos expertos internacionales: ONU, Amnistía Internacional. Esas entidades no tienen color político.
La situación de los abusos, torturas policiales en España son hechos reales y sistemáticos, tal y como usted y sus colaboradores podrán apreciar si tienen el tiempo y el valor necesario para hablar con las numerosas víctimas de torturas que hay en España, un país que figura en varias listas, junto con otros países supuestamente democráticos, por las permanentes violaciones de los Derechos Humanos.

Me entristece que ninguna institución pública, supuestamente democrática, investigue y condene, de forma firme y seria, la violencia y el terrorismo de Estado en España. Estos comportamientos públicos, además de indecentes, amorales y reprobables, únicamente logran separar al ciudadano de las instituciones e incrementar una sensación de que no hay cauces ni instituciones públicas efectivas para la defensa real de nuestros derechos constitucionales y humanos.

Las instituciones públicas españolas tienen el deber y la obligación de aceptar las peticiones ciudadanas y las propuestas que han formulado las instituciones internacionales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos. Es hora ya de investigar las numerosas denuncias de torturas, pues hay documentos y todo tipo de pruebas. Si los cuerpos de seguridad del Estado ejercen el terrorismo, la violencia... tenemos el deber de expresar y denunciar que vivimos en un país gansteril, dado que los que nos tienen que defender son los primeros en vulnerar las leyes y en desarrollar acciones violentas en complejas tramas delictivas y criminales.

Yo llevo tiempo observando la nula sensibilidad y respeto que tiene el actual gobierno del Sr. Zapatero a la hora de impulsar programas y acciones destinadas a la defensa de esa Constitución de 1978, que hoy en día es cualquier cosa menos una Constitución, pues es violada por los propios representantes institucionales en sus absurdas y surrealistas formas de interpretarla.

Y me apena mucho más que el Sr. Zapatero no tome en serio las documentadas y serias denuncias sobre torturas, terrorismo de Estado y arbitrariedades y abusos judiciales, dado que muchos ciudadanos hemos defendido y apoyado al que hoy es el Presidente del Gobierno en épocas pasadas, cuando nadie creía en su capacidad para gobernar España.
La defensa de los Derechos Humanos y el derecho a una vida digna de todos, repito de todos los que habitan en España, debe ser una prioridad de aquellos ciudadanos que ocupan cargos institucionales o trabajan en o para dar servicios públicos. Diputados, senadores, ministros, policías, guardias civiles, militares, jueces, fiscales, administrativos, conserjes... deben velar y cumplir las leyes SIEMPRE, evitando los bochornosos espectáculos que nos ofrecen a diario últimamente.

Insisto y sugiero que cualquier denuncia por violencia policial, torturas y abusos, debe ser investigada por comisiones de expertos independientes, aplicándose las medidas sancionadoras que corresponda, en aras a que desaparezca la actual falta de credibilidad que tienen las instituciones judiciales, policiales y políticas españolas, por los numerosos abusos que quedan impunes.

También lamento que las personas que han sufrido penas de prisión y multas por errores judiciales no puedan recibir las indemnizaciones que merecen. El derecho a la reparación es un deber que el Estado tiene que asumir, pues el sistema judicial español no para de crear miles y miles víctimas en vez de hacer e impartir Justicia... Hay demasiados errores judiciales, fruto de la supuesta falta de medios, así como también la ausencia de independencia judicial que venimos observando.

En España se deteriora vertiginosamente los Derechos Humanos, pues son las propias instituciones que deben velar por su cumplimiento, las primeras que no toman medidas para vigilar y castigar los comportamientos irregulares de ciertos estamentos: policías, jueces, fiscales...

Depurar de elementos indeseables y corruptos es una obligación ineludible que deben asumir el gobierno de Zapatero con urgencia, aceptando las recomendaciones que numerosas organizaciones le han formulado en reiteradas ocasiones.

Estoy profundamente inquieto ante la violencia y el terrorismo de Estado. Y me consta de su existencia, pues soy una persona observadora y crítica, que investiga y conoce casos reales. El hecho de que la televisión y gran parte de los medios de comunicación tradicionales ignoren o hablen tangencial y sesgadamente del terrorismo de Estado y las torturas, nos significa que no existan. Igual que existe la pobreza y la miseria en mi propio barrio de Benicalap, y que afecta directamente a miles de conciudadanos míos.

Únicamente aspiro en poder convivir en paz con mis seres queridos, con mis amigos, con mis convecinos. Espero poder expresarme y cuestionar las cosas que no me agradan e inquietan sin temer que voy a ser acusado de terrorista, antisistema, violento. Llevo unos 32 años de activista vecinal y nunca he visto tantas arbitrariedades contra las personas y colectivos que aspiramos a un mundo mejor, solidario, justo... Por eso, le ruego a usted y a sus colaboradores que tomen en serio las iniciativas y propuestas formuladas por Amnistía Internacional y Naciones Unidas.

Observo preocupado que hoy mismo puedo ser acusado de terrorista o declarado oficialmente como un peligroso delincuente, dado que hay una cruzada institucional para perseguir a cualquier persona que piense, que cuestione el sistema actual, un sistema que nada tiene de democrático, pues no permite ni admite la participación, la reflexión abierta, la duda...

¿Realmente España es un país democrático? Yo tengo muchas y serias dudas y me atrevo a decírselas por escrito, pues está en juego nuestro derecho a vivir libre y dignamente... Y simplemente soy un administrativo y ex-militante socialista, padre de familia, que intenta ser coherente con su ideología y que se queda perplejo ante la impunidad y la falta de ética que reina en el mundo de jueces. abogados y fiscales, por no decir la falta de respeto que manifiestan en sus hechos y acciones diarias, muchas personas que integran los cuerpos y fueras de seguridad del Estado español.

Como ciudadano y persona comprometida y coherente tengo el deber de denunciar las presuntas irregularidades y abusos que cometen las instituciones públicas españolas, antes que la situación empeore y se agrave, rogándole que proceda a estudiar los numerosos casos de torturas y violencia que hay documentados.

Atentamente,

Valencia, a 18 de septiembre de 2008

Cercle Obert de Benicalap
Antonio Marín Segovia Presidente

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