Bombas de racimo, un doble negocio para la industria del armamento española

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Las bombas de racimo van a seguir siendo un negocio en España para sus fabricantes. Durante años, han hecho caja con la venta de unos explosivos especialmente dañinos para la población civil...

Ahora, tras el apoyo de España al Tratado de Dublín para la prohibición de las bombas de racimo y la decisión del Gobierno de deshacerse de estos artefactos e impulsar una moratoria unilateral a su producción, las empresas van a facturar por la destrucción del arsenal.

En principio, el favorito para llevarse el contrato es Maxam, el principal grupo del sector en España, que agrupa las actividades de las antiguas Unión Española de Explosivos o Explosivos Alaveses (Expal), entre otras. Su filial Faex es la empresa de referencia en la desmilitarización, destrucción, recuperación y reciclaje de municiones y explosivos. De hecho, cuando en 1998 España decidió destruir su arsenal de 820.000 minas antipersona, el encargo se lo adjudicó esta compañía.

La destrucción de las más de 5.000 bombas de racimo que mantiene el
Ejército español costará dos millones de euros, según adelantó hace unas
semanas la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Desde el Ministerio de Defensa recuerdan que, primero, el Consejo de
Ministros tiene que aprobar la moratoria y que, sólo después, se
adjudicará el contrato por vía de urgencia. Las alternativas a Faex
habría que buscarlas en otras empresas del sector en Europa, como la
francesa Alsetex o la británica Qinetiq, algo que encarecería la operación.

En cuanto al impacto que tendrá la moratoria para las empresas
productoras, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ya ha avanzado que se
verán compensadas ?con la fabricación de otros productos
armamentísticos?. En la actualidad, las Fuerzas Armadas españolas
cuentan, básicamente, con tres modelos de bombas de racimo: dos de
origen nacional (BM-330 y MAT-120) y uno estadounidense (CBU-99 y
CBU-100). La BM-330 y las CBU son fabricadas por empresas del grupo
Maxam. La MAT-120, por la zaragozana Instalaza.

Desde Maxam aseguraron que la moratoria "no tendrá impacto alguno"
porque dejaron de fabricar estos proyectiles hace años. Sin embargo, el
grupo sí se ha beneficiado de contratos de mantenimiento de las bombas
en los últimos años por, al menos, 1,25 millones. El grupo no quiso
ofrecer cifras del número de proyectiles de este tipo que ha producido
ni su coste. Instalaza, por su parte, no quiso hacer declaraciones al
respecto, pero puede ser la principal perjudicada. En la última
legislatura, el Gobierno compró varios lotes de sus granadas de mortero
MAT-120 y, además, aprobó dos contratos de exportación de este material
a Finlandia y Libia.

En contra de una campaña "amplia y demagógica"

Oficialmente, el fabricante Instalaza no hace ningún tipo de
declaraciones sobre las bombas de racimo. Pero su opinión está recogida
en el informe corporativo de 2006, el último hecho público.

"Es preciso ser conscientes del amplio y demagógico movimiento apoyado
por muchos países y una constelación de ONG tendente a suprimir todas
las bombas de racimo o similares, sin discriminar entre las que cumplen
los severísimos convenios de Ginebra de Naciones Unidas, caso de nuestro
MAT-120, y aquellas que no cumplen", advierte el texto.

Según la coalición internacional contra las bombas de racimo, estos
artefactos han matado o herido a decenas de miles de civiles, un 25% de
ellos niños, en los más de 30 países en los que se han usado.

Autor: Javier L. Noriega