Administración Enlaces Contacto Sobre Tortuga

Análisis en profundidad de la realidad de Colombia y su conflicto

Lunes.15 de enero de 2007 51503 visitas - 3 comentario(s)
Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) #TITRE


Para una correcta comprensión de este extenso trabajo recomendamos la descarga del documento adjunto, ya que el estudio contiene varios importantes y extensos anexos, gráficos, mapas y numerosas notas a pie de página.

COLOMBIA: Un país formal y otro real

Fundación CEPS
(Centro de Estudios Políticos y Sociales)
Valencia (España), octubre 2006

Existen dos Colombias. Una es la que se proyecta en el exterior como la democracia más estable de Latinoamérica a pesar del narcotráfico y del terrorismo, ajena a las dictaduras que asolaron el continente y con elecciones formales cada cuatro años; la que goza de una moderna Constitución que incluye más de un centenar de artículos destinados a consagrar los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección; la que ratifica todos los convenios internacionales para la defensa de los derechos humanos y la que, según el Banco Mundial , se convirtió en los últimos años en una de las naciones del mundo con mejores condiciones para hacer negocios . La otra, la real, es la que sufren diariamente la mayoría de los colombianos sometidos a unas condiciones de vida deplorables (las estadísticas más benévolas sitúan a la mitad de la población en la pobreza) y a una violencia social y política cuya intensidad no deja de aumentar: con el comienzo de este siglo alcanzó la cifra de veinte personas muertas cada día.

En Colombia confluyen una serie de factores que hacen del país una excepción en el contexto latinoamericano y un punto de interés en el escenario internacional. En primer lugar, su situación geográfica -puente entre Centroamérica y Sudamérica, bañada por dos océanos- y sus riquezas naturales la han convertido, a lo largo de la historia, en objetivo codiciado por los más diversos intereses hasta el punto de que a inicios del siglo pasado se provocó su desmembración territorial (independencia de Panamá instigada por EE UU para controlar el canal). Pese a la sucesión de gobiernos de tintes autoritarios siempre ha existido una fuerte respuesta social a través de todo tipo de organizaciones para la defensa de los derechos fundamentales y de sindicatos y partidos de la izquierda. En tercer lugar, hay que destacar que la confrontación política en Colombia se ha expresado, al menos en los últimos cincuenta años, también mediante la lucha armada (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, es la guerrilla más antigua del mundo) lo que, al margen de las deviaciones de sus objetivos iniciales, es un factor fundamenteal a la hora de trazar el futuro del país. Además, a partir de la pasada década de los ochenta el narcotráfico ha jugado un papel fundamental en la vida nacional (afectando tanto a los actores legales como a los ilegales del conflicto) y en el escenario internacional (según reiterados informes de la CIA, abastece el 90 % de las necesidades del mayor consumidor mundial, que es EE UU). La combinación de estos cuatro elementos -situación geoestratégica, resistencia social, lucha armada y narcotráfico- ha desencadenado un quinto que en buena parte es la causa, al menos en el siglo XX y en lo que va corrido de éste, de muchos de los males que padece la sociedad colombiana: Estados Unidos ha hecho de Colombia la punta de lanza de sus intereses en la región, “esto hace que la Casa Blanca contemple convertir a este país en una suerte de Israel sudamericano, esto es, una base de operaciones militares, de espionaje y de control territorial, desde la cual monitorear los más diversos procesos políticos, económicos y sociales en curso en el corazón mismo de América del Sur” , especialmente en la coyuntura actual en la que opciones democráticas contrarias a la política estadounidense gobiernan varios países de la región. Colombia es el país latinoamericano al que se concede más ayuda militar estadounidense (3.647 millones de dólares de 1998 a 2004) y uno de los cinco que más reciben a nivel mundial, junto a Israel, Egipto, Afganistán e Irak. Después de Bagdad, Bogotá es sede de la mayor embajada gringa en el mundo, “toda clase de misiones militares, amén del personal especializado del FBI, la DEA y, por supuesto, la CIA, operan sin tapujos en el territorio nacional en un proceso que bajo el actual Gobierno (de Álvaro Uribe Vélez) se ha intensificado hasta el paroxismo” .

La ruptura en 2002 de las conversaciones de paz del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y los grupos guerrileros de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) generó en Colombia un ambiente de decepción y escepticismo sobre la posibilidad de una solución política y negociada al conflicto (el Gobierno quería dialogar sin ceder privilegios de las clases dominantes y la guerrilla quería negociar sin parar la guerra). Este hecho, la influencia de los atentados del 11 de septiembre, el mayor rechazo por parte de sectores sociales a los desmanes de la guerrilla -acciones sistemáticas que infringen el derecho internacional humanitario como secuestro, reclutamiento forzado o voluntario de menores, eliminación de militares en estado de indefensión, uso de armas con efectos indiscriminados, masacres contra civiles, etc.- y las presiones que, según las organizaciones sociales, ejercieron los grupos paramilitares en algunas regiones del país propiciaron la victoria en las elecciones presidenciales de 2002 de Álvaro Uribe Vélez con su eslogan de “mano firme y corazón grande” y su propuesta de Política de Seguridad Democrática supuestamente dirigida a reforzar la lucha contra la insurgencia.

Durante los cuatro años de Gobierno Uribe no sólo no ha mejorado la situación de los colombianos sino que ha empeorado a partir de la aplicación de su “seguridad democrática” sustentada en la convicción de que todos los ciudadanos son combatientes y, por tanto, deben colaborar activamente con las autoridades o arriesgarse a ser perseguidos como sospechosos de terrorismo: la puesta en práctica de la doctrina Bush sobre seguridad. La opción por la guerra ha propiciado la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos, la restricción de los derechos y libertades fundamentales que, al menos sobre el papel, se reconocían a los colombianos y un deterioro alarmante en las condiciones de vida hasta el punto de que casi dos terceras partes de la población vive en la pobreza. Mientras tanto en los presupuestos generales del Estado colombiano para 2005 y 2006 se han destinado 20 billones de pesos (más de 6.000 millones de euros) a la guerra y 71 billones al pago de la deuda externa (más de 23.000 millones de euros); el Gobierno ha presentado un proyecto de presupuesto para 2007 que contempla 14 billones de pesos (más de 4.000 millones de euros) para seguridad y defensa.

Al mismo tiempo, Uribe Vélez ha impulsado un “proceso de paz” con los grupos paramilitares que, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos y Naciones Unidas, conduce a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad de los que son responsables estos escuadrones de la muerte. No resulta extraño, si tenemos en cuenta que paramilitares y Fuerza Pública vienen actuando conjuntamente desde que el propio Estado colombiano creó estos grupos en la década de los sesenta como resultado de la doctrina de Seguridad Nacional exportada por Estados Unidos. Colombia, actualmente, es uno de los mejores ejemplos de lo que denunció el Presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la ONU: “El mayor riesgo de una victoria de los terroristas se produce cuando para luchar contra el terror la democracia traiciona su propia esencia, los estados limitan las libertades, cuestionan las garantías judiciales o realizan operaciones militares preventivas” .

La reelección, el pasado 28 de mayo, de Álvaro Uribe Vélez para dirigir el país durante cuatro años más va a suponer “la permanencia o profundización de la política de `seguridad democrática’, con lo que ella tiene de alejamiento de la solución política negociada al conflicto, de una lógica de guerra, de violaciones a los derechos humanos, de mantenimiento del modelo neoliberal, con aumento de la inequidad y la pobreza, y en general con la consolidación de un entorno autoritario y mesiánico propios del régimen actual. (...) Lógicamente se reforzará el apoyo del gobierno norteamericano al régimen, por su doble condición de aliado en las guerras santas del imperio; el `terrorismo’ y las `drogas’, por un lado, pero también por el creciente papel de punta de lanza o muro de contención frente a los nuevos gobiernos de América Latina. Paradójicamente, aumentará el apoyo europeo, en tanto, el gobierno reelecto simultáneamente se relegitima y la Unión Europea efectivamente cree que el proceso de `desmovilización paramilitar’ merece una oportunidad y no podrá oponerse a él, en tanto este mostrará a algunos líderes paramilitares condenados, aunque cumpliendo sus penas en condiciones favorables, la devolución de algunos miles de hectáreas de tierra y una ficticia reinserción” .

1.1 Un conflicto más allá de las guerrillas

El conflicto colombiano hunde sus raíces en una realidad social que va más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en la pasada década de los sesenta. Tras la independencia, hubo ocho guerras civiles nacionales, 14 guerras civiles locales, innumerables asonadas, dos guerras contra Ecuador y tres golpes de Estado; algunos historiadores aseguran que en el siglo XIX Colombia era un país en guerra permanente. Los instigadores fueron los dos partidos tradicionales, Conservador y Liberal, que aún hoy dominan la vida política del país a través de múltiples formaciones y supuestos movimientos cívicos. Pero entonces, igual que en la actualidad, las diferencias ideológicas entre ambos no eran fundamentales y mucho menos explican la intensidad de la violencia. Miles de hombres participaron en los ejércitos de los terratenientes locales a cambio de favores o recompensas y, al ver caer a sus compañeros o familiares, acrecentaron su odio al enemigo, al que combatían más por venganza que por convicción. La guerra de los Mil Días (1899-1902) fue la última del siglo XIX y la primera del XX, dejó un saldo de 170.000 muertos y desencadenó la separación, por instigación de Estados Unidos, de Panamá. Todos estos enfrentamientos y los que se sucederían después tienen un elemento en común que explica la continua violencia que azota Colombia: existen unas élites dominantes dispuestas a recurrir a la fuerza para defender sus privilegios políticos, económicos y sociales, que en ocasiones se enfrentan entre ellas por el reparto del poder, pero habitualmente actúan unidas para mantener el control frente a los excluidos.

Durante la primera mitad del siglo XX las tensiones entre las clases dirigentes de ambos partidos se contuvieron hasta que estallaron el 9 de abril de 1948. Ese día fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal con gran arraigo popular, y se desató un levantamiento popular en la capital -conocido como Bogotazo- que se extendió a otras zonas del país. La respuesta fue la represión estatal contra las reacciones de protesta populares y el enfrentamiento armado entre los dos partidos. El conservador Laureano Gómez -declarado admirador de Franco- ocupó la Presidencia de la República y comenzó una etapa de la historia de Colombia conocida como la Violencia, en la que cayeron asesinados unos 300.000 colombianos. Inicialmente los perseguidos fueron los liberales, que conformaron guerrillas que lucharon conjuntamente con las autodefensas campesinas organizadas por el Partido Comunista para defenderse de las agresiones de los terratenientes. Pero en 1953 un sector de los conservadores, con el visto bueno de los dirigentes liberales, propició el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, quien decretó la aministía para los guerrilleros excepto los comunistas; muchos de los líderes de las guerrillas liberales que se acogieron al perdón fueron asesinados en los años siguientes. El intento del general Rojas Pinilla de consolidarse en el poder volvió a unir a los enemigos de antaño y liberales y conservadores firmaron un pacto en España por el que acordaron provocar la renuncia del militar -que se produjo el 10 de mayo de 1957- y alternarse en el Gobierno durante 16 años al menos, mediante la fórmula de un Frente Nacional que excluía de todas las instituciones y de la competencia electoral a quienes no militaran en alguno de los dos partidos. Durante décadas las élites dominantes utilizaron a las clases populares en sus luchas partidistas y éstas pusieron los miles de muertos para facilitar el acuerdo de reparto del poder que los dejó al margen.

Sin embargo, pervivían lo que se conocía como “repúblicas independientes”, unas pequeñas comunidades de campesinos creadas por el Partido Comunista que organizaban su propia autodefensa. El Ejército, con la ayuda de consejeros militares estadounidenses y de su plan Laso (Latin American Security Operation), lanzó una ofensiva en 1964 contra estos reductos de resistencia: 16.000 soldados rodearon el valle de Marquetalia, donde trabajaban 42 campesinos (según su líder, Manuel Marulanda), mientras la Fuerza Aérea bombardeaba la zona. Casi todos los campesinos de esta y otras zonas similares atacadas lograron escapar y formaron guerrillas móviles que dieron lugar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En los años siguientes surgieron otros grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el grupo guerrillero indígena Movimiento Armado Quintín Lame, la Autodefensa Obrera (ADO) y disidencias de los anteriores, entre otros. Todos ellos se fueron desmovilizando a partir de la década de los noventa, excepto las FARC y el ELN que, según el Ministerio de Defensa, contaban en 2003 con 13.000 y 4.000 hombres, respectivamente. Con el ELN existe actualmente un proceso de acercamiento propiciado por la comunidad internacional mientras que con las FARC no ha habido ningún intento de negociación desde que en febrero de 2002 se puso fin a la zona de despeje (un área del sur de Colombia donde Gobierno y guerrilla adelantaban conversaciones de paz). La última vez que las FARC decretaron un cese el fuego prolongado fue en 1984 tras los acuerdos de La Uribe; entonces algunos dirigentes guerrilleros dejaron las armas para pasar a ejercer la actividad política a través de un partido de nueva creación: la Unión Patriótica (UP); en diez años, más de 3.000 miembros de la UP fueron asesinados .

Por eso, aunque a lo largo de siglo XX sólo hubo una dictadura militar en Colombia, muchos de los gobiernos que dirigieron el país ejercieron similares funciones represivas que los militares del Cono Sur. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos aseguran que los muertos y desaparecidos bajo estos gobiernos supuestamente democráticos superan ampliamente las cifras del horror de la mayoría de los regímenes dictatoriales del resto del Continente, “en otras palabras, para consumar un verdadero genocidio no hubo necesidad, en Colombia, de recurrir a las fuerzas armadas. Bastaba con los gobiernos civiles” .

1.2 Paramilitarismo: una estrategia de Estado

La tragedia de la UP y la de tantas otras formaciones de izquierda, movimientos cívicos o, simplemente, ciudadanos que se atrevieron a alzar la voz tiene su origen en el modelo de Estado que han ido configurando, en una cuasi perfecta sinergia, las élites dominantes: por un lado, las Fuerzas de Seguridad -incluidas Fuerzas Armadas, Policía y servicios de inteligencia- cegadas por un anticomunismo visceral que les lleva a equiparar protesta social legítima con subversión y, por otro, la oligarquía financiera -terratenientes, grandes ganaderos, poderosos industriales- acostumbrada a gozar de sus privilegios sin límites. La combinación de ambas fuerzas para reprimir cualquier intento de cambio se ha dado a lo largo de toda la historia de Colombia, pero encuentra su sustento ideológico en la década de los años sesenta del pasado siglo. “La subversión es otro tipo de guerra, nuevo en su intensidad aunque de antiguo origen (...) Cuando debemos contrarrestar este tipo de guerra, estamos obligados a emplear una nueva estrategia, una fuerza militar diferente, lo que requiere una preparación y adiestramiento militar nuevos y distintos”, afirmaba en 1962 el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en un discurso pronunciado en la academia militar de West Point . Estas palabras sintetizan el concepto de doctrina de Seguridad Nacional que Estados Unidos trató de imponer en toda Latinoamérica para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana y cuyo objetivo no fue sólo atacar, sin importar los medios, al “enemigo interno” alzado en armas sino a todos los simpatizantes del comunismo y a cualquiera que cuestionara el sistema.

En febrero de ese mismo año había realizado una visita a Colombia un equipo del Centro de Guerra Especial de Fort Bragh (Carolina del Norte, EE UU) y su director de Investigaciones, el general Yarborough, redactó un suplemento secreto al informe de la visita; en dicho informe se establecía: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar el personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos que se van a necesitar para poner en función acciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto” . Los militares colombianos tomaron buena nota de esas palabras e incluyeron en sus manuales castrenses el concepto de sus colegas estadounidenses del término contrainsurrección: “Aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva”.

A partir de ahí había que identificar al “enemigo interno” a combatir y qué medios se aplicarían para vencerlo, es decir, definir una doctrina de Seguridad Nacional; el Ejército colombiano participó en los años cincuenta en la guerra de Corea -fue el único país latinoamericano que lo hizo- por lo que no le resultó muy difícil asimilar el pensamiento estratégico del Pentágono sobre la subversión interna, “según varios analistas, con el retorno del Batallón Colombia que combatió en Corea se inició la verdadera profesionalización del Ejército colombiano, pues los oficiales, que alcanzarían los más altos rangos en los años siguientes, entraron en contacto con la guerra moderna y establecieron estrechas relaciones con los Estados Unidos” . Los vínculos con la poderosa nación del norte se estrecharon en las décadas de los años cincuenta y sesenta: Colombia fue uno de los primeros países en firmar un tratado de asistencia recíproca con Estados Unidos (1952) y entre 1961 y 1967 recibió 60 millones de dólares en asistencia militar para contrainsurgencia y “desarrollo económico”, y otros 100 en equipo militar. Además, entre 1956 y 2003 casi 10.000 militares colombianos se formaron en la Escuela de las Américas fundada por EE UU en 1946 , tristemente célebre porque de sus aulas salieron muchos de los responsables de las mayores atrocidades cometidas por las dictaduras latinoamericanas.

Con un Ejército con amplios poderes -el general Ruiz Novoa, antiguo combatiente en Corea, fue nombrado ministro de Guerra- y proclive a adoptar la nueva estrategia y con el apoyo de las élites dominantes, el presidente Guillermo León Valencia expidió el día de Nochebuena de 1965 el decreto 3398 Por el cual se organiza la defensa nacional, que legalizó los grupos de autodefensa, embrión de los paramilitares. El decreto estableció en su artículo 25 que “todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. Además, en su artículo 33 indicaba que “el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas” con lo cual grupos de civiles se armaron legalmente. Este decreto fue convertido en legislación permanente en 1968 y los llamados “grupos de autodefensa” se conformaron al amparo de estas normas, con el patrocinio de la Fuerza Pública . A partir de esa fecha se oficializó la colaboración entre militares y paramilitares como una estrategia de Estado que se ha mantenido hasta nuestros días y de cuyas trágicas consecuencias es responsable el mismo Estado Colombiano . Es de destacar que las guerrillas no eran más que pequeños grupos de campesinos mal armados cuando el Estado legalizó las autodefensas.

La nueva doctrina fue asumida con diligencia en los propios manuales castrenses. El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia aprobó en 1969 el Reglamento de combate de contraguerrillas que incluye un apartado sobre cómo “organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate” . Este reglamento impone la creación de “juntas de autodefensa” con personal civil para desarrollar acciones contra la guerrilla “o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate”; así, se les podrá dotar de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares para realizar “operaciones de control, registro y destrucción”. Esta estrategia recogía el planteamiento expresado en materiales didácticos castrenses editados a mediados de esa década y que influyeron en la formación de la generación de oficiales que tendría mando en los ochenta; el mayor Gustavo Martínez Salcedo aseguraba en uno de esos textos, publicado en 1963, que “el juego de la guerra subversiva está en las masas. Para vencer, es necesario por las buenas o por las malas, tenerlas a nuestro favor”.

Diez años después de ver la luz el Reglamento de combate de contraguerrillas, el Comando General del Ejército seguía insistiendo en la militarización de la población civil con especial énfasis en el control de ésta. El manual de Instrucciones generales para operaciones de contraguerrillas de 1979 mantiene la necesidad de organizar “grupos de autodefensa”, ordena una serie de medidas que garanticen el control riguroso sobre la población (realización de censos y viviendas; inventario del ganado; restricciones a la libertad de circulación e imposición de salvoconductos para transitar por la región; identificación mediante “carnets militares” de los mayores de 15 años, control del transporte de alimentos y medicamentos, etc.) y define la implicación de los civiles con el Ejército en diversas categorías: auxiliadores, informantes y guías (desertores de la guerrilla) ; si comparamos estas disposiciones con las consecuencias del Estado de Conmoción Interior y de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, decretadas en agosto y septiembre de 2002, respectivamente, por el Gobierno de Uribe Vélez se puede comprobar que pocas cosas han cambiado en las últimas dos décadas.

En los años sucesivos, las Fuerzas Militares se dispusieron a incrementar su presión sobre la población. Para complementar y ayudar “a consolidar la filosofía de las Fuerzas Armadas contra la subversión contenida en otros manuales y publicaciones sobre Operaciones irregulares”, se establece en 1982 el Manual de combate contra bandoleros o guerrilleros (Manual EJC-3-101) donde se hace hincapié, una vez más, en la organización de juntas de autodefensa a las que se les debe retribuir su “colaboración y esfuerzos” con “munición para revólver y escopeta, dinamita, salvoconductos, patrullaje militar esporádico en sus regiones, drogas (medicinas), un mejor trato y aceptación a sus iniciativas” . Para aquel entonces las autodefensas ya eran una realidad. El teniente coronel Luis A. Bohórquez Montoya, que fue comandante del Batallón Bárbula en Puerto Boyacá en 1988, envió una carta en 1989 al Ministro de Defensa, general Óscar Botero Restrepo, al ser llamado a calificar servicios; en la misiva el oficial explicaba que cuando ostentó el mando “no tuve necesidad de crear grupos de autodefensa porque ya existían, muy bien organizados y con resultados admirables, en los municipios del área del Batallón Bárbula. Y como la política del Ejército Nacional dirigida por usted, señor General Botero Restrepo, señalaba al Ejército Nacional con el apoyo de las autodefensas, para preservar el orden y para devolver a las regiones afectadas (sic), desarrollé mi actividad de mando, conforme a dicha estrategia y mediante las tácticas correspondientes” . Los propios implicados ya reclamaban por aquel entonces su origen y su derecho a existir: “El gobierno no puede estar en contra de los grupos de autodefensa porque él fue su creador (...) El gobierno tiene que explicar por qué nos creó, por qué nos ha apoyado, por qué continúa apoyándonos”, manifestaba el comandante de las autodefensas del Atlántico al diario La Prensa en octubre de 1989.

Pero la “colaboración” que requería el Ejército no siempre era voluntaria. El nuevo reglamento de combate de contraguerrillas, de 1987, determinaba que las Fuerzas Militares “obligan (...) a la sociedad civil a apoyarlos en la lucha contra los alzados en armas” y afirmaba que “la población civil por lo tanto es uno de los objetivos fundamentales de las unidades del ejército y se materializan por agrupaciones humanas perfectamente definidas dentro del área de operaciones”; “encuadrar paramilitarmente a la población resulta entonces uno de los objetivos tácticos del Ejército”, se concluye en el libro Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia . Ese mismo reglamento fue más allá al establecer que las fuerzas subversivas están formadas por “población civil insurgente y grupo armado” situando a la primera en “los movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos, políticos, etc.” con el objetivo de ejecutar “acciones de tipo civil” dentro de las “estructuras formales de la sociedad” para desgastar, desmoralizar, dislocar y finalmente eliminar “las instituciones”.

Y toda esta doctrina castrense se ve reforzada por los abundantes escritos y manifestaciones públicas de destacados oficiales. “La insurgencia ideológica no se concentra en áreas determinadas sino que busca propagarse con la mayor rapidez posible a todos los ámbitos de la nación”, aseguraba el general Álvaro Valencia Tovar en 1987 en la Revista del Ejército; un año más tarde insistía desde las páginas del diario El Tiempo: “(las fuerzas revolucionarias) comienzan con un indetectable proceso de infiltración del Estado y del cuerpo social. Implantan cédulas expansivas en puntos neurálgicos: sindicatos, centrales obreras, magisterio, universidades, medios de comunicación, aparato judicial y, si es posible, Fuerzas Armadas e Iglesia. Crean organismos de fachada dentro y fuera del país (...). Se recurre a idiotas útiles en plan de notoriedad para que desde las toldas democráticas torpedeen el sistema”. En las mismas fechas y en términos similares se expresaba el general Rafael Samudio Molina, entonces ministro de Defensa: “La subversión actúa en los campos políticos, económicos, educativo, sindical y armado, con propósitos bien definidos (...) Los grupos subversivos actúan simultáneamente en zonas urbanas y rurales, desarrollan actividad militar paralela a la acción política y utilizan la estrategia de convergencia en los campos político, social, laboral, educativo, judicial y armado” . Otro general que también ocupó el cargo de ministro de Defensa (en el Gobierno de Belisario Betancur, 1982-1986), Landazábal Reyes, no tenía dudas sobre quienes eran sus enemigos: “Cualquier nacional, ya no solamente en armas sino ideológicamente visto como cercano al enemigo, es un aliado y por tanto un traidor”. Y el coronel Orlando Zafra Galvis recomendaba qué hacer ante esta situación: “El grado de clandestinidad y los diferentes niveles en los cuales participa esta parte importante de la subversión obliga a la sociedad y al Estado a que se defiendan y empleen sus cuerpos especializados para controlar todas aquellas organizaciones del aparato subversivo no armado”; este oficial fue invitado en 1983 por el régimen del general Augusto Pinochet como profesor en la Academia de Guerra de Chile.

De este modo queda bien establecido quien es el “enemigo interno” a combatir -“el brazo desarmado de la subversión”, como lo definió el general Luis Carlos Camacho Leyva, ministro de Defensa durante el Gobierno de Julio César Turbay, 1978-1982- y en esta guerra total “los indiferentes e indecisos forman parte de las filas del adversario, al que prestan apoyo por el sólo hecho de dejarlo prosperar” . Sólo faltaba acabar de concretar los procedimientos para ganar la guerra y para ello no dudarían en soslayar las leyes. El Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, al describir los terribles sucesos de la toma del Palacio de Justicia por el Ejército en 1985, apuntó a la raíz del problema: “No rigen en Colombia una sino dos Constituciones: la que venden en librerías y farmacias, edición en rústica para uso de la generalidad de los ciudadanos, y otra, venida sutilmente a pasos inaudibles y sigilosamente entronizada en el corazón de la sociedad y del Estado, no se sabe cuándo, ni cómo, ni por quién, de uso privatizo de las Fuerzas Armadas” .

1.3 Técnicas paramilitares, “una manera segura y útil”

En 1976 la Revista de las Fuerzas Armadas reproducía el siguiente texto: “Si una guerra limitada convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos”; ese mismo año la Revista del Ejército publicaba el artículo El terrorismo como arma psicológica, en el que el mayor Raúl H. Mora Bohórquez afirmaba sin ambages que “hay que combatir al terrorista con sus mismas tácticas” . Algunas de esas “técnicas” y “tácticas” las recogía el citado manual de Instrucciones generales para operaciones de contraguerrillas de 1979 al pedir a los comandantes de las compañías de fusileros la utilización “de agentes clandestinos de civil que cumplan y simulen acciones de bandoleros” y otro tipo de actividades como “el boleteo (amenaza) al personal de lista gris (población no definida) o negra (población que apoya a la subversión) que no quiera colaborar con la tropa, para obligarlos a que se descubran; atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región”. Recomendaciones similares destinadas a las unidades militares ya se habían producido tiempo atrás. En los sesenta, el director de la Escuela de Infantería, coronel Matallana Bermúdez, propuso la creación de unos grupos de contraguerrilla llamadas Batallones de Orden Público a los que aconsejaba “la eliminación de los bandoleros y de las personas llevando uniforme antes de que puedan rendirse o huir” .

En la mentalidad de las Fuerzas Armadas Colombianas, fieles a los principios de la doctrina de Seguridad Nacional, no cabe la derrota frente al enemigo y cualquier intento de solución negociada al conflicto es visto como un avance da la guerrilla. El ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, dirigió una carta al Presidente de la República, Virgilio Barco, en 1988, en la que le pedía “unas fuerzas militares sin ataduras” y recriminaba que “quizás el mayor éxito obtenido por la subversión en Colombia, fue el de sentar al Gobierno en la mesa de conversaciones para realizar un diálogo sin límites de tiempo (...)” . El mismo planteamiento, desde tiempo atrás, sostenían los principales gremios de empresarios, industriales, ganaderos y terratenientes. En 1964, el poder militar y el ecónomico unen esfuerzos con un objetivo común: crear las autodefensas. Ese año, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC, organización que aglutina a los grandes latifundistas) pidió al Gobierno que autorizara la constitución de grupos de autodefensas para protegerse de los secuestros; por su parte, el representante del Ejército en la IV Conferencia de Ejércitos Americanos advirtió que “si un gobierno comunista se establece por desgracia, en cualquiera de nuestros territorios, se está afectando no sólo la soberanía nacional del país ocupado sino también la soberanía de los pueblos vecinos” . Un año año más tarde se expidió el decreto 3398 para legitimar las autodefensas.

Además del interés común en mantener el control absoluto del país, ambas partes han implementado siempre iniciativas para estrechar lazos ideológicos y para que sus planteamientos se oigan como una sola voz: numerosos foros empresariales han tenido como invitados de honor a altos mandos militares y el Ejército se ha preocupado de difundir en el seno de las organizaciones empresariales la doctrina de la Seguridad Nacional a través de cursos y programas de orientación sobre las características de la defensa del país. De esta forma, la estrategia militar tuvo el respaldo de la clase dirigente y ésta fue adoptando el mismo lenguaje de quienes se encargaban de defender sus privilegios por la fuerza. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fabio Echeverry Correa, se refería en la década de los ochenta a los grupos insurgentes como la amenaza interna que asociados a “agencias subversivas internacionales pugnan por destruir el sistema democrático” y “quieren remplazar la clase dirigente mayor”.

Esta alianza se ha mantenido también en las épocas de crisis, como en 1983 cuando el Procurador General de la Nación acusó a 59 miembros activos del Ejército de pertenecer al escuadrón paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS), cuya aparición en la región del Magdalena Medio significó el recrudecimiento de la guerra sucia en el país. El entonces ministro de Defensa, general Landazábal, pidió a los integrantes de las Fuerzas Armadas que donaran un día de salario para financiar la defensa de los inculpados; la ANDI, junto a varios gremios, afirmó que “el MAS no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos, Las Fuerzas Armadas saldrán airosas (...)”, y la Federación de Ganaderos invitó a su congreso al general Landazábal, quien, en tono desafiante, dijo: “No vamos a perder la guerra, no vamos a permitir por ningún motivo que el país vaya a cambiar su destino histórico y que vaya a relevar de su bandera las notas de nuestro escudo nacional por la hoz y el martillo”. Ardila Lule, uno de los empresarios más ricos del país, se solidarizó con las Fuerzas Armadas en declaraciones a la prensa: “Nos toca siquiera responder en parte a sus esfuerzos, estimularlos y respaldarlos, cerrar filas a su alrededor” (El Tiempo, 3-5-83).

La Federación de Ganaderos de Antioquia (Fadegan) también salió en defensa de los militares no en balde varios de los civiles acusados de paramilitarismo por la Procuraduría pertenecían a esa organización. Su presidente, Pedro Juan Moreno Villa, recriminó al Procurador por poner en peligro la vida de los militares y dijo que su informe era una “investigación unilateral” . Además, abogados vinculados a Fadegan defendieron a algunos de los inculpados; seis años después los mismos letrados tendrían como clientes a los miembros del MAS procesados por varias masacres cometidas en Urabá. Precisamente esta región del noroeste colombiano, fronteriza con Panamá, fue escenario de una de las represiones más violentas que se han dado en Colombia contra los trabajadores. La ANDI y Uniban -compañía exportadora de Augura, gremio de productores bananeros de Urabá- fueron unas de las principales promotoras del Primer Foro por la Paz en Colombia, que se realizó en Medellín el 1-9-87 en el que participaron varios militares; el brigadier general Sanmiguel Buenaventura, comandante de la X Brigada, afirmó en este encuentro que “en Urabá existen movimientos sindicales con brazo armado” y acusó al Sindicato de Trabajadores del Agro (Sintagro) de estar directamente vinculado con el grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación ; decenas de miembros de Sintagro y Sintrabanano fueron asesinados meses después.

La simbiosis entre militares y empresarios también se dio frente a las conversaciones con las guerrillas. Las declaraciones en contra de las iniciativas de paz de los generales Fernándo Landazábal y Rafael Samudio, ministros de Defensa en los gobiernos de Betancur y Barco, respectivamente, fueron ampliamente respaldadas por los gremios económicos. Ganaderos y terratenientes amenazaron con asumir su propia defensa y difundieron públicamente su oposición al proceso de paz emprendido por Belisario Betancur, del que surgió la Unión Patriótica; la SAC, entidad impulsora de las autodefensas, acusó al Presidente en 1983 de confundir libertad con libertinaje. Pocos años después numerosos empresarios firmaron una carta dirigida a Virgilio Barco pidiéndole su renuncia como Presidente de Colombia e instando a la instauración de un gobierno que manejara con mano dura las cuestiones de orden público. En el acto de inauguración del XXIII Congreso Nacional Ganadero, celebrado en 1992, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Jorge Visbal Martelo, rechazó las negociaciones con los insurgentes y manifestó: “Basta ya de complejos de culpa ante la represión que se ejerce con la fuerza de la ley y por el imperio de la justicia” .

1.4 Convergencia siniestra

“Más allá de una mera convergencia de intereses o de una concepción común del orden y la seguridad, existen nexos orgánicos entre sectores empresariales, dirigentes políticos y fuerzas militares, que han estado a la base de la creación o del soporte de estructuras paramilitares en Colombia”, afirman los autores del libro Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Esta investigación, avalada por diversas organizaciones no gubernamentales e iglesias europeas, pone al descubierto diversas tramas para la conformación de grupos paramilitares en las que aparecen implicados terratenientes, ganaderos y militares de diversa graduación. En Urabá los contactos comenzaron en la segunda mitad de la década de los ochenta. En 1987 representantes de los sectores empresariales bananeros se reunieron para tratar de encontrar una solución a la extorsión a que les estaba sometiendo la guerrilla; entre los presentes figuraba el ex ministro de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa, que después de haber apoyado públicamente que la propia población asumiera su defensa, fue nombrado presidente del gremio bananero Augura. Ese mismo año, Uniban, la comercializadora del gremio, contactaba con el ex oficial del Ejército de Israel, Ytzhak Maerot Shoshani, para que los asesorara en los problemas de seguridad en Urabá; en septiembre, un mayor del Ejército mantenía una reunión con Shoshani en la XIII Brigada, en Bogotá, en la que le pedía que le contactara con un grupo de instructores para entrenar a las autodefensas del Ejército; el israelí era un antiguo conocido de los militares colombianos pues había sido representante de Israel Trading Corporation (Isrex), una compañía que vendía material bélico al Ministerio de Defensa de Colombia. Shoshani avisó de la solicitud de asistencia a Yair Klein, también oficial retirado israelí y ex director de Isrex, que había fundado una empresa que ofrecía asesorías en materia de seguridad, entrenamiento de personal y “unidades de lucha antiterrorista”, según se explica en Tras los pasos perdidos...

Klein entró en Colombia sin registrarse en extranjería y mantuvo una reunión en Bogotá a la que asistieron un senador, un alto oficial del Ejército, un viceministro y miembros del Banco Ganadero . Se acordó que Klein y sus hombres impartirían tres cursos sobre tácticas de lucha antiterrorista a miembros de las autodefensas y a cambio les pagarían 800.000 dólares; los mercenarios se trasladaron a Puerto Boyacá, donde, bajo la protección del comandante del Batallón Bárbula, entrenaron a varios grupos, entre ellos el de Puerto Boyacá, que llevaría a cabo las masacres de los trabajadores bananeros en marzo de 1988. Para desgracia de sus habitantes Puerto Boyacá es el símbolo del paramilitarismo en Colombia; aún hoy figura en su entrada un cartel con la leyenda: “Puerto Boyacá, capital antisubversiva de Colombia”. A comienzos de los ochenta activistas de derechos humanos habían denunciado que dirigentes del Partido Liberal y ganaderos mantenían un grupo paramilitar en la zona que operaba con nombres distintos aunque el más conocido era Muerte a Secuestradores (MAS). Las autoridades lo negaron, pero años más tarde salió todo a la luz: el mayor retirado Óscar de Jesús Echandía Sánchez explicó los pormenores a los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) al ser acusado por el Procurador General de la Nación de participar en la creación del MAS; este grupo paramilitar surgió en 1981 a raíz del secuestro de Marta Nieves Ochoa, hija del narcotraficante Fabio Ochoa, por el grupo guerrillero M-19. El entonces capitán Echandía Sánchez coordinó las primeras reuniones para formar los escuadrones de la muerte, que fueron convocadas por el teniente coronel Jaime Sánchez Arteaga, comandante del Batallón Bárbula. A estos encuentros acudieron ganaderos de la región, miembros de la Texas Petroleum Company, integrantes de los directorios políticos locales, socios del Club de Leones y personal de la Defensa Civil. Al principio se planteó defender a los empresarios y hacendados de los secuestros, pero pronto se convirtió en un movimiento antisubversivo en el sentido amplio que lo recogen los manuales militares de contrainsurgencia. Sus primeros objetivos fueron el Partido Comunista Colombiano, las FARC y sus supuestos simpatizantes.

El Procurador, tras realizar la investigación y formular las acusaciones, expuso un informe contundente ante el Congreso: “El MAS era un auténtico movimiento paramilitar. Los intentos de negar esta verdad han fracasado ante la opinión pública (...) El perverso hábito de los militares de confiar a particulares las actividades de contrainsurgencia se extiende. De esta manera, los militares suplen sus propias limitaciones (...) Lisa y llanamente, estamos hablando de oficiales que rompen todas las reglas cuando se les presenta la tentación de multiplicar su capacidad de acción y que hacen uso de ciudadanos particulares, inicialmente como guías e informantes, colaboradores y auxiliadores en general, y al final como armas ocultas y sicarios que pueden hacer extraoficialmente lo que oficialmente no se puede hacer” . Pero estas revelaciones no acabaron con el grupo. A raíz del informe del Procurador se creó una nueva organización para dar protección legal a los paramilitares que operaban en la región: la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam). La coordinación entre esta organización, los jefes del narcotráfico y el MAS -que a su vez estrechaba vínculos con otros grupos derechistas- extendió el terror a otras zonas. Las matanzas indiscriminadas, empleando los métodos más atroces de tortura y de asesinato, y los crímenes selectivos se sucedieron por todo el país.

La mayoría de estos crímenes siguen impunes, como la masacre en 1987 de 19 comerciantes en Puerto Boyacá. Desde el principio se vinculó en esta matanza a diversos mandos militares de la zona incluido el general Faruk Yanine. Sin embargo, el oficial continuó ascendiendo en la jerarquía castrense en la misma medida en que arreciaron las acusaciones en su contra. En octubre de 1996 la Fiscalía General de la Nación dictó orden de detención contra el general, pero dos meses después el Consejo Superior de la Judicatura transfirió el caso a la justicia militar, que resolvió que no había pruebas de su participación ni de la de otros tres militares en los hechos. En julio de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por avalar la creación y el fortalecimiento de los grupos paramilitares autores de la masacre, que contaron con el apoyo de los altos mandos militares para ejecutarla. La Corte consideró que la intervención de la justicia militar “implicó una violación al principio de juez natural y, consecuentemente, al derecho al debido proceso y acceso a la justicia, y además conllevó a que no fueran investigados y sancionados por tribunales competentes los miembros de la Fuerza Pública que participaron en los hechos” . La sentencia también obliga a reparar moral y económicamente a los familiares y a reabrir la investigación para juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales; hasta ahora sólo han sido condenados seis civiles por los asesinatos.

A esta masacre de civiles por paramilitares con la colaboración de funcionarios públicos le siguió el asesinato el 18 de enero de 1989, a manos del mismo grupo paramilitar, de los miembros de la comisión judicial que se trasladó a la zona a fin de esclarecer el destino de los 19 comerciantes; la responsabilidad de agentes del Estado en esta matanza, conocida como la masacre de La Rochela, está siendo examinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos hechos propiciaron que ese mismo año se aboliera, mediante los decretos 0815 y 1194, la existencia de estos grupos. Sin embargo, pocos años después resurgieron los escuadrones de la muerte con una nueva apariencia legal: las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, conocidas como Convivir, creadas en 1994 e impulsadas por Álvaro Uribe Vélez durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia. Estas cooperativas sirvieron para legalizar a muchos grupos paramilitares que continuaron practicando la guerra sucia con el supuesto objetivo de colaborar con la Fuerza Pública para mantener el orden público, “eran una fachada; les daban un carné de la Convivir y los militares sabían que los que lo tuvieran podían pasar con armas por los retenes (puestos de control), era como un salvoconducto para que los paramilitares pudieran pasar por los retenes militares”, asegura el jesuita y defensor de derechos humanos Javier Giraldo .

Ante las atrocidades cometidas por estas cooperativas, la Corte Constitucional limitó sus atribuciones en 1997. Sin embargo, ese mismo año, Carlos Castaño Gil , quien junto a sus hermanos creó los primeros grupos paramilitares asociados al narcotráfico, fundó con los comandantes de los más importantes grupos de paramilitares del país las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el propósito de coordinar sus acciones; durante los cinco años siguientes, que corresponden a la época de consolidación del paramilitarismo en el país, aumentó dramáticamente el número de personas muertas o desaparecidas a manos de estos grupos: 1.474 personas en 1997, 1.348 personas en 1998, 1.587 personas en 1999, 2.464 personas en 2000 y 2.148 personas en 2001, según las estadísticas de la Comisión Colombiana de Juristas. Con la llegada a la Presidencia de Colombia de Uribe Vélez en 2002 no sólo no se frenó la influencia de estos grupos sino que se reactivó un nuevo proceso de reciclaje aún más ambicioso.

1.5 Control social y económico

Cuatro de los principales medios de comunicación de Colombia difundieron en septiembre de 2004 una serie de artículos sobre el férreo poder de los paramilitares en amplias zonas del país y las fases en que se ha implantado. Primero se ejecuta la etapa del terror con grandes masacres, desapariciones y desplazamientos masivos con el objeto de demostrar las consecuencias que le esperan a quien no se someta. Luego vienen los asesinatos selectivos para eliminar a los que todavía se resisten y se inicia la penetración en las estructuras sociales, políticas y económicas a través de amenazas y extorsiones. La tercera fase es la de organización y consolidación del nuevo poder: comienzan a manejar instituciones locales y departamentales y crean sus propias fundaciones y cooperativas para controlar a la población. La cuarta etapa es la culminación del proceso con la implantación de un modelo económico y político paramilitar.

Actualmente, aunque siguen practicando las masacres y crímenes selectivos, ya no necesitan recurrir a esos métodos con la misma intensidad porque su control en amplias zonas del país es casi absoluto: “El problema es que la paramilitarización va mucho más allá de las violaciones a los derechos humanos y la actividad puramente criminal o ilegal de las autodefensas. (...). Éstas han impuesto su modelo de dominación a sociedades regionales completas. Apuntar con el dedo a personas específicas es extremadamente complejo, pero en varios departamentos del país es un secreto a voces la complicidad, en unos casos, y la intimidación, en otros, de las autoridades locales, mientras la verdadera autoridad la ejercen los ‘señores’. Hoy el país está constatando que, luego de una ofensiva que involucró los peores crímenes, una porción sustancial del territorio, de la vida diaria de millones de personas, de la política, la economía y los presupuestos locales y una cantidad desconocida de poder e influencia al nivel de instituciones centrales como el Congreso está en manos paramilitares”, aseguraba el diario El Tiempo el 25-9-04.

Este mismo periódico, casi dos años después, celebraba el final del proceso de desarme de las AUC, pero aseguraba que esto no es el fin del paramilitarismo: “Si hay un problema decisivo para resolver es el de que, pese al desarme de las AUC -y hay que ver qué tan completo ha sido, pues se entregaron menos de 13.000 armas largas-, existen serios indicios de que no desaparecen el control paramilitar local, ni la perniciosa influencia en la política y la economía, regional y nacional, ni los nexos con el narcotráfico y otros negocios ilícitos” . En el mismo sentido se expresó Naciones Unidas en el informe correspondiente a 2005 sobre Colombia: “Debe destacarse que las desmovilizaciones no parecen haber significado una disminución de la influencia o control de los grupos paramilitares en sus respectivas áreas geográficas. Más bien, a través de estrategias paralelas de presión y de amenazas, se han consolidado y, en algunos casos, fortalecido en los campos económico, social y político”.
El fenómeno no es nuevo, pero lo grave es la consolidación y apariencia de normalidad que ha ido adquiriendo en los últimos años. Para la coordinadora general de la Organización Femenina Popular (OFP) , Yolanda Becerrra, “este Gobierno (el de Uribe Vélez) ha ido demostrando aún más que el paramilitarismo es una estrategia de Estado y eso se comprueba en la actitud de las autoridades locales, en el empoderamiento en lo político y en lo civil; existe un control social, político, económico y militar en Barrancabermeja por parte de los paramilitares, fenómeno que es anterior a Uribe, pero ahora se consolida”; para esta líder social actualmente no se sabe si los paramilitares están en los barrios “o detrás de los escritorios de las instituciones del Estado” . La misma situación denunciaba la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) , “los grupos paramilitares son un proyecto político-militar autoritario en expansión, que permea cada vez más al conjunto de las instituciones estatales colombianas (...) En la región han provocado el tránsito de una situación de violaciones masivas y sistemáticas a una crisis cada vez más profunda de derechos humanos y de ser grupos auxiliadores a la seguridad del Estado han pasado a convertirse en un fenómeno parainstitucional” .

Los grupos paramilitares que operan en Barrancabermeja, donde funciona la mayor refinería de petróleo del país, distribuyeron en 2003 entre la población un documento titulado Normas de convivencia Autodefensas y población civil en el que se recoge una serie de reglas que se deben cumplir para evitar las sanciones que incluyen amonestaciones, multas, expulsión de la zona, expropiaciones y trabajos obligatorios. En los 16 puntos del texto se establecen las disposiciones para ejercer un estricto control social de la comunidad. Las AUC marcan el tiempo de permanencia en las calles para los menores de edad y la sanción de 12 horas de detención para el niño o adolescente que lo infringa. Además, a los chicos y chicas con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años los paramilitares determinan que ellos mismos podrán exigirles el carné de estudiante y si no están escolarizados se procederá a un “llamado de atención a sus padres y sanciones disciplinarias por parte del comando central” . Pero además de querer controlar la vida privada de las familias los paramilitares imponen normas para organizar el barrio. Así, determinan como se han de mantener las fachadas, la forma de recolección de las basuras, la limpieza de fincas y potreros y la manutención de los animales; los que incumplan serán sancionados con multas, trabajos forzados “para el beneficio de la comunidad” o con el decomiso de propiedades. También regulan el horario de apertura de los establecimientos públicos y multa de 500.000 pesos o cierre del local para los infractores; similar castigo se impone a los locales donde se vendan bebidas alcohólicas o se permita el juego de “personal en servicio de las AUC”. Quienes provoquen escándalos en la vía pública “realizarán trabajos asignados por las AUC” y la “falta de respeto o maltrato por parte de la población civil hacia personal de las AUC” acarreará la expulsión de la zona; si hay abuso de autoridad o maltrato a civiles por parte de miembros de la AUC se impondrá una “sanción ejemplar por parte del comando central y destitución de la organización” . En otras regiones del país se han constatado prácticas similares: prohíben los pantalones descaderados, afeitan la cabeza a mujeres acusadas de infidelidad y a las que tildan de chismosas las ponen a barrer la plaza.

Ahora están empezando a aflorar las vías de financiación de los grupos paramilitares a través de recursos públicos y se ha denunciado el desvío a sus arcas de dinero que el Estado gira a las empresas encargadas de prestar servicios de salud a los más pobres, el manejo de las contratas públicas, el impuesto a los comerciantes... Sin embargo, salvo en raras excepciones, estos hechos no se investigan o las indagaciones que se inician no avanzan. Numerosos investigadores han señalado que “el paramilitarismo en Colombia, debe entenderse desde una perspectiva política, como una federación de agrupaciones con vínculos íntimos con el narcotráfico”. Entre 1999 y 2001 el número de combatientes de las AUC pasó de 6.000 a 10.500 aproximadamente al mismo tiempo que se produjo la expansión de cultivos de coca en áreas de influencia de esta organización, como el nordeste antioqueño, el sur de Córdoba, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Santander, el occidente de Boyacá, el sur del Meta y del Vichada. Fue además el momento en el cual comenzaron los rumores de la “compra de franquicias” de las AUC por parte de reconocidos narcotraficantes, como sería el caso de Miguel Arroyave, quien habría adquirido las unidades militares organizadas por Vicente Castaño -entre ellas, el Frente Capital- por siete millones de dólares en 2001. Por su parte, el Bloque Catatumbo, que operó en el noreste del país, implementó la estrategia de “lograr un posicionamiento militar para despejar cualquier riesgo de oposición civil o armada, para acceder al control de una parte del territorio con cultivos de hoja de coca” y fijaron el precio del kilo de la base de coca, centralizaron la venta en compradores de las AUC, controlaron los insumos y el transporte, prohibieron sacar la droga sin su autorización y, por supuesto, promovieron un aumento masivo de siembra de hoja. Para 1996 y 1997 existían aproximadamente 2.580 hectáreas cultivadas de coca. Un año después de la incursión paramilitar, esta cifra estaba alrededor de 12.390, según información del Comando General de las Fuerzas Armadas” . El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado la extradición de 24 de los líderes de estos grupos por narcotráfico.

A todo este enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico, la extorsión y del desvío -voluntario o forzado- de fondos públicos, se añade la usurpación de la tierra. Un estudio de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes) demuestra que los paramilitares se apropiaron de cinco millones de hectáreas entre 1997 y 2003 -el 70% del suelo ocupado por los grupos armados ilegales- ocupando la tierra que los campesinos abandonan ante el riesgo de verse envueltos en la guerra, despojándolos violentamente de su propìedad o comprándoselas bajo presión; las víctimas cuentan que en muchas ocasiones les dicen: “Le compramos a usted o a su viuda”. De esta forma, en el país cada vez más se reduce la cantidad de dueños de la tierra; en un estudio encargado por el Banco Mundial a la Universidad de los Andes puede leerse lo siguiente: “El desplazamiento puede estar generando una contrarreforma agraria hacia una reconcentración de tierras en grandes proporciones. Estimaciones recientes sugieren que la tierra abandonada por desplazados en años recientes asciende a cuatro millones de hectáreas, cifra que casi triplica la tierra redistribuida durante más de cuatro décadas de reforma agraria”.

1.6 Proselitismo armado

“Las elecciones al Congreso de la República en 2002 contaron con una rara coincidencia entre la toma de regiones a sangre, coca y fuego por parte de los paramilitares, previas a los comicios del poder legislativo, y las altas votaciones obtenidas por los representantes de esas regiones en la contienda política, señalados de realizar, presuntamente, acuerdos políticos con los grupos al margen de la ley que conquistaron dichas zonas”, afirma la investigadora Claudia López en la revista Arcanos (número 11, diciembre 2005). Esas regiones, situadas preferentemente en la costa atlántica, pareciera que fueron repartidas entre parejas de candidatos que arrasaron en las áreas que les correspondió, en algunos casos obtuvieron más del 90% del total de la votación; al menos 20 congresistas encajan en ese patrón. Precisamente en esas zonas, según datos oficiales, se incrementaron las masacres en un 140% y las presuntamente cometidas por los paramilitares en un 664% entre 1998 y 2001, “es decir, la consolidación política atípica del 2002 y 2003 en los departamentos de la costa atlántica (...) estuvo precedida por una ola de matanzas e intimidación”, asegura la investigadora.

Para Claudia López, “cabe aventurar que la consolidación política no se hizo impartiendo amables consejos para que la gente decidiera `libremente’ como cínicamente lo afirmó el jefe paramilitar Salvatore Mancuso (...). El consejo no se dio a las buenas. No desalojaron a la guerrilla, como lo proclaman orgullosamente, con discursos y palomas, sino equiparando su demencial barbarie. El patrón que parece repetirse es el de entrar con masacres, realizar homicidios selectivos, afianzar control militar, penetrar la política y la economía locales y consolidar su hegemonía política en elecciones, y la económica en múltiples negocios que van desde los recursos de la administración pública, pasando por el chance (negocio de la lotería), la palma, el contrabando de gasolina y el tráfico de narcóticos, como lo han investigado y señalado múltiples informes periodísticos”. Por eso no resulta extraño que el comandante paramilitar Salvatore Mancuso declarara públicamente que entre el 30 y el 35% del Congreso fue elegido por ellos . Dos congresistas, Rocío Arias y Eleonora Pineda, reconocieron la influencia de las autodefensas en su elección y declararon su admiración y amistad personal con Mancuso y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Adolfo Paz o Don Berna ; ambos han formado parte del Estado Mayor de las AUC, están acusados de crímenes de lesa humanidad (sobre Mancuso pesa una condena de 40 años) y EE UU les reclama en extradición por narcotráfico.

El jesuita Javier Giraldo asegura que recogió testimonios denunciando que en los centros de votación “se encontraron a un paramilitar armado que decía lo que tenían que marcar; a los que se negaron les dejaron señalar la casilla que quisieron y luego rompieron el voto. En otros casos, amenazaron con cometer una masacre si no ganaba su candidato u obligaron a renunciar a los otros candidatos”. Situaciones similares se denunciaron en las elecciones presidenciales de mayo de 2002, que ganó Uribe Vélez, afirma el religioso . Pero los detalles y alcance del presunto fraude cometido en los procesos electorales de 2002 no se conocieron hasta cuatro años después, en plena campaña electoral en la que fue reelegido presidente Álvaro Uribe Vélez.

A finales de 2005, varios reportajes periodísticos dieron cuenta de la penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), máximo organismo de espionaje de Colombia adscrito a la Presidencia de la República. El escándalo provocó la dimisión del director de este organismo, Jorgue Noguera, a quien el entonces subdirector del DAS le acusó de planear la creación de una oficina de de comunicaciones e interceptaciones al servicio de los paramilitares. Pese a la gravedad de las imputaciones, Uribe nombró a Noguera cónsul en Milán; ambos eran viejos conocidos pues el mismo Noguera, antes de llegar a dirigir el DAS, fue gerente en 2002 de la campaña presidencial de Uribe en el departamento del Magdalena. En abril de 2006, varios medios de comunicación reprodujeron las denuncias efectuadas por el ex director de Informática del DAS, Rafael García, contra Noguera. García, que está en la cárcel acusado de haber destruido de la base de datos del DAS los antecedentes de narcotraficantes y paramilitares, dijo a la Fiscalía que Noguera, en colaboración con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, urdió un fraude en la costa atlántica gracias al cual se eligieron a siete congresistas en 2002 y se obtuvieron 300.000 votos para Uribe que le permitieron ganar en la primera vuelta de las elecciones de 2002 . El 9 de mayo de 2006, Noguera se vio forzado a abandonar su puesto en Milán cuando la Fiscalía lo llamó a declarar por el fraude electoral de 2002.

Pero esta no fue la única ni la más grave denuncia formulada por el ex jefe de Informática del DAS. García también aseguró que cuando Noguera dirigía el DAS, funcionarios de este organismo entregaron a los paramilitares una lista con los nombres de 24 dirigentes sindicalistas y defensores de derechos humanos, varios de los cuales fueron asesinados posteriormente. Además, dijo que en ese tiempo desde el DAS se fraguó un plan para desestabilizar Venezuela, que incluía el asesinato de Hugo Chávez, en coordinación con el grupo paramilitar que lideraba Jorge 40, a quien se le entregaba el 10% del valor de los contratos más importantes que suscribía el DAS. Ante todas estas denuncias, la respuesta de Uribe fue defender a Noguera y atacar duramente a los medios de comunicación que habían difundido estas noticias hasta el punto de que organizaciones de defensa de derechos humanos, como Human Rights Watch, señalaron que “Uribe intimida a la prensa”.

Otro de los escándalos en los que se establecen relaciones entre el paramilitarismo y la campaña de Uribe en 2002 lo protagonizó Enilce López, poderosa empresaria del jugoso negocio de las apuestas en la costa. La Gata, como la conoce todo el mundo, fue detenida a comienzos de 2006 por lavado de activos ilícitos y vínculos con los grupos paramilitares que operan en la región . Aunque un año antes Uribe había guardado silencio cuando el congresista Gustavo Petro lo acusó de recibirle dinero a la Gata para su campaña presidencial, en esta ocasión tuvo que reconocer que a su campaña entraron cien millones de pesos de las empresas manejadas por ella . Este personaje volvió a aparecer en los medios de comunicación al ser la causa de la dimisión forzada de Fernando Segura, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Según un informe de la Policía, a finales de 2004, Segura -que entonces era segundo al mando de la Superintendencia- asesoró a gente cercana a la La Gata sobre el modo de conseguir que ese organismo les devolviera las licencias de armas para sus cuerpos de seguridad. El informe policial dice que Segura dilató las resoluciones donde se cancelaban los departamentos de seguridad de Unicat, una de las empresas de La Gata .

Las elecciones de 2002 presentaron tantas irregularidades que a mediados de 2005, el Consejo de Estado estaba todavía contando votos para decidir cuál era la verdadera conformación del Congreso. A principios de 2006, fue detenido un hombre en Barranquilla con más de 4.000 cédulas que, según las autoridades, serían usadas para hacer trampa en las elecciones.

El mismo jefe paramilitar Jorge 40, con presuntos estrechos vínculos con el DAS, también influyó decisivamente en las elecciones municipales y a las gobernaciones que se celebraron en octubre de 2003. La revista Cambio, del 25-6-06, publicó extractos de varios correos electrónicos enviados por este jefe de las AUC a José Gelves, alias El Canoso, un suboficial retirado del Ejército convertido en uno de sus hombres de confianza. El 1-9-03, Jorge 40 felicitaba a El Canoso por haber adelantado reuniones con tenderos de Magdalena, que les garantizarían votos para los aspirantes a la alcaldía de Santa Marta y a la Gobernación apoyados por él: “Muy buena la reunión con los tenderos. Todo el apoyo que le puedas sumar a Chico y al Gobernador es muy positivo para que entiendan el grado de compromiso que deben tener con nosotros”. La misma revista afirma que el Chico que menciona Jorge 40 es José Francisco Zúñiga, actual alcalde de Santa Marta, llamado así por el diminutivo de Francisco, y el gobernador es Trino Luna, el único candidato que se presentó para la Gobernación de Magdalena y quien obtuvo 237.800 votos. “Esta carta confirma que tanto Chico como el gobernador Trino Luna fueron apoyados íntegramente por Jorge 40”, le dijo a Cambio un congresista de la región. En el reportaje también se transcribe la grabación de una conversación de El Canoso con un amigo en la que le explica cómo las AUC trabajan en complicidad con funcionarios de las fiscalías de Santa Marta y Barranquilla para arreglar procesos en favor de los paramilitares. El Canoso dice en la grabación que hay un fiscal que se llama Francisco Becerra en Barranquilla: “Ese güevón subió hace unos 10 días y le tomó una declaración a Leonidas que es Troylo. Leonidas está sindicado junto con Hernán Giraldo (...) Ellos desaparecieron a un tipo de una ONG internacional. Este fiscal pidió 120 millones para arreglarle la declaración a este man. El caso está por muerte y desaparición (...) al hombre ya le pagaron la mitad”. El Canoso también le dice a su interlocutor que ese fiscal “siempre ha estado torcido” y que ha trabajado para la organización. “Estuvieron para echarlo, movió sus palancas y lo nombraron fiscal de Derechos Humanos. Todos los casos que le han caído de paramilitarismo, el hombre los absuelve”, afirma El Canoso. En efecto, la revista estableció que Francisco Becerra es fiscal de Derechos Humanos en Barranquilla y, según funcionarios de la entidad, a su despacho llegan los más importantes casos de terrorismo y muertes de sindicalistas.

No muy lejos del área de operaciones del grupo de Jorge 40, su compañero en armas Rodrigo Mercado Peludo, alias Cadena, también hizo su campaña. Se cuenta que en San Onofre (departamento de Sucre, en la costa atlántica) reunió a la población, colocó en una bolsa los nombres de los concejales de la localidad y sacó dos de ellos. Advirtió que si no era elegida la candidata Muriel Benito Rebollo, mataría a los dos ediles y a otras personas de la comunidad elegidas al azar. En la hacienda El Palmar, propiedad de este jefe paramilitar, han comenzado a aparecer las pruebas de las atrocidades cometidas por estos grupos: se han descubierto las fosas con los restos de los más de 2.000 desaparecidos en los últimos años. “La hacienda era un campo de exterminio. En el centro del conjunto de construcciones se encuentra un gigantesco árbol de caucho. Allí se amarraba a los detenidos. Luego se les conducía a una casa adyacente. En la habitación principal, los acusados de ser cuatreros u opositores políticos, comparecían ante el jefe paramilitar, el matarife Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. Éste ordenaba, según el caso, que se llevara a la víctima a la cámara de torturas para su interrogatorio o que se la ejecutara inmediatamente. Cuando lo consideraba necesario, él mismo era el verdugo. De 10 condenados se dejaba en libertad a uno para que contara lo que había visto, a modo de escarmiento para la comunidad. Una de las sobrevivientes señala la habitación más cercana a la puerta de la casa. `Ese es el cuarto de la última lágrima’. En él pasaban sus momentos finales quienes iban a morir y a ser descuartizados. Al salir de la casa, y del otro lado del gran árbol de caucho, se encuentra un establo en el que se han hecho excavaciones. En la parte trasera de la caballeriza hay fosas. Alguien extrae de ellas la camiseta despedazada con cortes de machete y rastros de sangre de una víctima. Los testigos dicen que en la extensa llanura ubicada detrás de las construcciones existen muchas otras tumbas, que eran usualmente cavadas por los propios condenados a muerte. También afirman que los caimanes de una laguna situada a la entrada de la propiedad devoraban los cadáveres de los ejecutados”, relata el defensor de derechos humanos Iván Cepeda en el artículo Un campo de concentración y exterminio (www.colectivodeabogados.org/article...).

El investigador también afirma que en ese mismo lugar y mientras se sucedían tan macabros hechos, Cadena organizaba fiestas para los políticos locales “y les regalaba caballos finos”. La elegida, finalmente, representante a la Cámara, Muriel Benito, era una asidua visitante y jurado de los certámenes de belleza que se realizaban en la misma hacienda. Otros personajes que gozaban de la amista de Cadena fueron el comandante de la Policía, Normán León Arango, nombrado posteriormente por el presidente Uribe agregado militar de la embajada colombiana en Francia; y el ex gobernador Salvador Arana, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un alcalde y nombrado embajador en Chile, también por Uribe, “a los políticos corruptos no les bastaba con que su verdugo se desembarazara de los opositores. Sus fiestas se hacían en medio de las fosas que dejaba la carnicería humana”, asegura Cepeda. La descripción que hace Naciones Unidas, en su informe de Colombia de 2005, resulta igual de escalofriante: “En el caso de San Onofre, se observaron los nexos entre servidores públicos de la región y paramilitares. El trabajo de la Fiscalía General y otras instituciones, incluyendo el apoyo del nuevo Comandante de la Infantería de Marina de Corozal, permitió la exhumación de más de 60 cadáveres. Entre éstos habría víctimas de menos de un año de edad. Las víctimas, varias de ellas torturadas antes de ser ejecutadas, aparecen desmembradas para ocupar menos espacio. A pesar de la evidencia de nexos de los paramilitares con funcionarios de la Gobernación, la Alcaldía, la Fuerza Pública, fiscales, y legisladores, no se conocen suspensiones preventivas ni sanciones”.

1.7 Elecciones 2006: paramilitares en campaña

Ante todos estos antecedentes, el riesgo del control paramilitar en las elecciones legislativas y presidenciales de 2006, tal como advirtió Naciones Unidas , era más que evidente. En febrero de 2005, nuevas informaciones periodísticas revelaron que había habido una reunión en enero en Medellín, entre jefes paramilitares, políticos y empresarios, en la que las AUC se plantearon como objetivo inmediato “identificarse como organización política”, fortalecerse en las regiones con los apoyos en el Congreso e influir para la definición de la ley que regularía su desmovilización.

Así, en las elecciones legislativas de marzo de 2006, a pesar de una leve purga , un importante grupo de candidatos, como Eleonora Pineda, Rocío Arias, Diebb Maloof, Habib Merheb, Jorge Caballero, Miguel de la Espriella, Rito Alejo del Río, Jorge Castro, Álvaro Araújo, Mauricio Pimiento, Rubén Darío Quintero, Vicente Blel, Jorge Visbal, Luis Eduardo Vives, Muriel Benito Rebollo y otros, mencionados en distintos espacios y por distintas personas, organizaciones y analistas como cercanos, promotores o beneficiarios de la causa paramilitar , “se presentaron, todos a nombre del uribismo y en respaldo al Presidente, y si bien una parte de ellos no salió elegido, dos movimientos claramente identificados con esa causa (Colombia Democrática, creado por el presidente Uribe y su primo, y Colombia Viva) y un tercero con serios indicios de vínculos con los paramilitares (Convergencia Ciudadana), eligieron en total 18 senadores de la República” . La asociación Hijas e Hijos por la Memoria, que aglutina a víctimas de violaciones a los derechos humanos, hizo pública una lista con los nombres de 13 candidatos a los que pedía que no se votara por sus vínculos con el paramilitarismo; seis de ellos fueron elegidos.

Recientemente se han conocido las investigaciones de la Fiscalía sobre los nexos de varios de estos políticos con los paramilitares, especialmente con el grupo liderado por Jorge 40. El 11 de marzo, un día antes de celebrarse las elecciones al Congreso, la policía judicial capturó al ex oficial del Ejército Édgar Ignacio Fierro Flórez, conocido en el Bloque Norte de los paramilitares con el alias de Antonio, y en su poder se halló, además de modernos aparatos de comunicación, un documento con claras referencias a la forma como debían organizarse las campañas de políticos de tendencia uribista. El pasado 26 de septiembre fueron detenidos cuatro diputados departamentales y se ha conocido que la Fiscalía pidió a la Corte Suprema que asuma la investigación de los políticos que son o han sido congresistas y, por tanto, gozan de fuero especial, entre los que figuran la ex presidenta de la Cámara de Representantes y actual senadora por el Partido de la U, Zulema Jattin Corrales; el senador de Colombia Democrática Álvaro García Romero; el senador de Colombia Viva Dieb Maloof; el senador de Cambio Radical David Char y el ex congresista liberal Vicente Blel. Los tres partidos mencionados apoyan a Uribe.

Con respecto a las elecciones presidenciales de mayo de 2006, en las que Álvaro Uribe Vélez consiguió la reelección por cuatro años más, las sospechas de que los paramilitares ejercieron presión a favor del candidato-presidente aún no son muy elocuentes. Tal vez, su influencia fue más sigilosa porque todas las alarmas estaban prendidas ante lo sucedido en 2002 o, quizás, todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para que comience a aflorar lo que verdaderamente pasó, tal como ocurrió en los anteriores comicios cuyas irregularidades más graves sólo se conocieron cuatro años después. No obstante, además de la guerra sucia desatada desde la campaña de Uribe contra sus opositores , los grupos paramilitares -en teoría, desmovilizados mayoritariamente cuando se celebraron las elecciones y sin participación pública en política- también hicieron oír su voz y sus fusiles contra los que representaban alguna amenaza para la reelección.

A finales de abril de 2006, apareció en las afueras de Bogotá, el cadáver de Jaime Gómez, miembro del equipo de campaña del candidato presidencial por el Partido Liberal, Horacio Serpa, y asesor de la senadora liberal Piedad Córdoba, una de las más críticas del proceso de desmovilización de los paramilitares. El informe del Instituto de Medicina Legal, que nunca fue entregado a los familiares, señaló que la muerte había sido causada por una caída desde gran altura mientras hacía deporte en los cerros cercanos a Bogotá a mediados de marzo. Sin embargo, los familiares de Jaime y la Comisión Colombiana de Juristas encargaron otro informe a forenses independientes que concluyó que “el trauma múltiple presente a nivel craneal es consistente con un homicidio, es decir, que los traumas observados necesariamente fueron producidos con la participación de un tercero que infligió las heridas con un instrumento contundente”. Los paramilitares también estarían detrás de los asesinatos de Higinio Baquero, sobreviviente de una familia de reconocida trayectoria en la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano y escolta de la directora de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, Jahel Quiroga, y de Álvaro Garnica, primo hermano del coordinador de la campaña presidencial de Carlos Gaviria en Montería (candidato del izquierdista Polo Democrático Alternativo, PDA; el crimen se produjo horas después de que Gaviria estuviera en la ciudad protagonizando un acto público).

Además, se conocieron nuevos casos de vínculos de colaboradores de Uribe con los paramilitares. El gerente de su campaña en el departamento de Casanare, Andrés Rueda, tuvo que dimitir cuando se supo que había sido acusado de servir de enlace para que se otorgaran contratos a paramilitares (El Tiempo, 13-5-06); el diario El Espectador (14 al 20 de mayo de 2006) reveló que cuando se detuvo al cabecilla del Bloque Capital de las AUC éste llevaba un cheque de 10 millones girado a favor de Rueda, además fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de tres políticos del departamento del Meta. El gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Luis Ortiz López, fue destituido a raíz de un informe de la Procuraduría en el que se denuncia que las tierras que, según la ley, deben ser entregadas a víctimas de desplazamiento por la violencia se están quedando en manos de personas que tienen antecedentes penales y órdenes de captura (El Tiempo, 9-4-06): en total son más de 1.800 hectáreas del departamento del Meta de las que se han beneficiado, al menos, una persona investigada por narcotráfico, dos por terrorismo, 18 por invasión de tierras y una por porte ilegal de armas; José Eleázar Moreno, un jefe paramilitar de los Llanos Orientales, y su esposa recibieron tierras del Incoder (El Tiempo, 12-4-06).
También hubo testimonios sobre la presión que ejercieron las AUC en algunos barrios marginales de las grandes capitales. En Ciudad Bolívar, donde viven miles de familias que huyeron de la violencia del campo a Bogotá, se denunció que en el último año los paramilitares habían desaparecido a 170 personas y que en las semanas previas a la elección presidencial habían incrementado su control, “en Ciudad Bolívar hay presiones contra las personas que apoyan procesos diferentes al de la reelección (...). Han dicho que si en las urnas aparece un voto de izquierda, lo van a pagar”, aseguró el 22-5-06 a la agencia de noticias AFP Emily Rincón, coordinadora de la Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria; en febrero, dirigentes del Polo que promovían en Ciudad Bolívar al candidato Carlos Gaviria, denunciaron que fueron blanco de amenazas de muerte. Dos días después de que se hicieran públicas las denuncias sobre Ciudad Bolívar, llegó al correo electrónico del PDA y de diversos líderes y organizaciones sociales una advertencia firmada por la Mesa Central de Dirección Nacional Colombia Libre de Comunistas Brazo Armado de las exAUC. El texto expresaba su incondicional apoyo a Uribe y explicaba que “dadas las actuales circunstancias en que se ve el país estamos en pie de lucha a sangre y fuego contra cualquier interés que no sea el de la continuidad del periodo presidencial de nuestro legítimo líder. No permitiremos que sea otro el resultado, y así parezca el domingo que la mayoría sean camisas amarillas nosotros nos encargaremos de teñirlas con otro color, ese mismo que la insurgencia y el liberalismo arrodillado usan sin ningún respeto, el rojo sangre!”. El amarillo es el color del Polo Democrático Alternativo.

2. LEGALIZAR EL PARAMILITARISMO

El proceso de acercamiento del Gobierno de Uribe Vélez hacia los grupos paramilitares comenzó a gestarse incluso antes de su toma de posesión en agosto de 2002. La campaña presidencial de Uribe incluyó propuestas coincidentes con los postulados del paramilitarismo hasta el punto de que tuvo que intervenir la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Aún más preocupante es el hecho de que un importante segmento de la sociedad vea ahora al paramilitarismo como una opción legítima, y que algunos candidatos políticos parecen aprobar las actividades paramilitares, tal como lo demuestra la propuesta presentada por uno de los principales candidatos, de armar a un millón de civiles” . Las manifestaciones posteriores del Presidente sirvieron para respaldar la supuesta seguridad que estos grupos ofrecían en amplias zonas del país: “A medida que se ha venido retirando a las organizaciones mal llamadas paramilitares han reaparecido grupitos guerrilleros a secuestrar” , “En un sitio (de) donde salió un grupo de autodefensas, llegó el ELN y nos secuestró un señor palmicultor” .

Ante la gravedad de estas declaraciones, algunos comentaristas destacaron el mensaje que subyace: “Lo que es peligroso es cómo el Presidente va entretejiendo en su discurso, de manera cada vez más abierta y directa, una defensa del paramilitarismo (...) y cómo ese discurso se va filtrando de manera casi imperceptible en la mente de los ciudadanos ” . Las consecuencias lógicas de esta mal disimulada simpatía han sido el incremento de las acciones coordinadas con la Fuerza Pública, que han propiciado la llegada o afianzamiento de los paramilitares a diversas regiones; la apertura de negociaciones o conversaciones entre varios de estos grupos y el Gobierno avaladas por una serie de medidas legales para garantizar la impunidad de sus crímenes, y el refuerzo del control a todos los niveles que imponen en extensas áreas de Colombia. El país está asistiendo a un proceso de consolidación del paramilitarismo o, dicho de otro modo, de parainstitucionalización del Estado.


2.1 Connivencia entre Fuerza Pública y paramilitares

Las acciones conjuntas de policías y soldados con los paramilitares se han sucedido a lo largo de la historia de Colombia, consecuencia lógica del origen de estos escuadrones de la muerte que ya se ha descrito en capítulos anteriores de este informe. Por eso, resultaría injusto responsabilizar exclusivamente al Gobierno de Uribe de la connivencia entre la Fuerza Pública y estos grupos ilegales. Las formas de coordinación entre militares y paramilitares son distintas y han evolucionado a lo largo del tiempo (en ocasiones cometen los crímenes conjuntamente; otras veces se dividen el trabajo: las Fuerzas Militares vigilan el perímetro donde los paramilitares actúan, y en reiteradas oportunidades los funcionarios públicos hacen la vista gorda permitiendo que realicen sus acciones en sus áreas de control y no persiguiéndoles con la suficiente celeridad), pero la responsabilidad estatal es la misma. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “los hechos imputables a los grupos paramilitares constituyen igualmente (...) violaciones a los derechos humanos que comprometen, por lo tanto, la responsabilidad internacional del Estado. Esta consideración se basa en el hecho de que estos grupos cuentan con el apoyo, la aquiescencia o tolerancia de agentes del Estado y se benefician de la falta de respuesta del mismo” (informe sobre Colombia referido a 1999, párrafo 25). La oficina en Colombia de este mismo organismo de Naciones Unidas, describiendo la situación en 1998, constató que “la acción de la Fuerza Pública en contra de los grupos paramilitares ha sido ocasional y no es proporcional a la participación de estos grupos en las graves violaciones de derechos humanos. Entre los elementos que indican la falta de voluntad de combatir con eficacia a los grupos paramilitares es de destacar que la ubicación de muchos de sus sitios de concentración y de entrenamiento es de conocimiento público tanto de los pobladores como de las autoridades. (...) En varios casos conocidos por la Oficina, los hechos permitían a los quejosos referirse a la coparticipación o a la complicidad entre paramilitares y servidores de la Fuerza Pública. (...) Cerca de 400 órdenes de captura contra miembros de grupos paramilitares han sido emitidas por la Fiscalía General de la Nación sin que la Fuerza Pública haya hecho efectiva la aprehensión de los requeridos.”

Estos estrechos vínculos se han mantenido intactos durante la Presidencia de Uribe. El informe sobre el año 2003 de Naciones Unidas da cuenta de numerosos casos de violaciones de derechos humanos atribuidos a la Fuerza Pública y de la complicidad entre ésta y los escuadrones de la muerte que se concreta en “la realización de operativos paramilitares con conocimiento inexcusable de la Fuerza Pública, (...) de anuncios realizados por miembros de las Fuerzas Militares sobre la próxima llegada de grupos paramilitares, la inacción de la Fuerza Pública ante la existencia de bases paramilitares fijas, cercanas a instalaciones militares, e incluso la alegación de entrega de información por parte de miembros de la Fuerza Pública sobre posibles objetivos a grupos paramilitares”. En el mismo informe se explica que se pudo observar la consolidación de grupos paramilitares “en áreas donde previamente se habían desarrollado acciones contrainsurgentes de la Fuerza Pública (...)” y se afirma que “la política de lucha contra el fenómeno del paramilitarismo y los vínculos de servidores públicos con esos grupos no ha mostrado resultados suficientemente significativos”.

El mismo tipo de denuncias fueron planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre ese año: “La CIDH debe reiterar su preocupación por la forma en la cual las AUC continúan operando en vastas áreas del territorio a pesar de la presencia de la Fuerza Pública. En particular, la Comisión continúa recibido denuncias sobre la actitud omisiva de miembros del Ejército Nacional, en particular de la Brigada XVII que opera en la zona del Urabá Antioqueño y Chocoano, e incluso de su participación directa en actos de violencia e intimidación perpetrados por grupos paramilitares contra la población civil. La Comisión se ha pronunciado en forma reiterada sobre la responsabilidad del Estado por los vínculos y grados de cooperación entre miembros de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares en la comisión de actos que constituyen violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En su informe, el Estado hace referencia a incrementos del 120% y del 49% en el número de capturas y de miembros de las AUC dados de baja, respectivamente, durante los primeros diez meses del año 2003 y a una serie de directivas del Ministerio de Defensa. A pesar de estas estadísticas y de las directivas impartidas, lamentablemente no existen indicios de que la situación haya mejorado sustancialmente durante 2003”.
Incluso en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre 2003 se reconoce, aunque con matizaciones, los nexos entre militares y paramilitares: “Contrario a las órdenes explicitas de las autoridades civiles y miembros del alto mando militar, algunos miembros de las fuerzas de seguridad pública, principalmente soldados y suboficiales, pero también miembros del alto mando, colaboraron con o toleraron las actividades ilegales de los paramilitares. Las razones para la colaboración o la tolerancia variaron desde simpatía ideológica y exigencias operacionales hasta la corrupción y participación en actividades paramilitares ilícitas, como el narcotráfico. Las pruebas sugerían acuerdos implícitos entre oficiales militares locales y grupos paramilitares en algunas regiones, y algunos miembros de las fuerzas de seguridad colaboraron activamente con grupos paramilitares ayudándolos a pasar por los retenes, compartiendo inteligencia, suministrándoles armas y municiones y uniéndose a sus filas mientras estaban fuera de servicio”.

Un año después la situación no había cambiado mucho. La Alta Comisionada de Naciones Unidas afirmó que en 2004 “continuaron reportándose casos de homicidios, individuales y colectivos, así como de amenazas en los cuales se denunciaron nexos entre miembros del Ejército u otros funcionarios públicos y grupos paramilitares, sea por la omisión de las autoridades, o bien por la actuación conjunta o la realización de operaciones coordinadas, en las que personas ejecutadas por los paramilitares aparecían reportadas como muertas en combate por el Ejército” y requirió al Estado colombiano fortalecer “las políticas gubernamentales en materia de lucha contra el paramilitarismo y, en particular, contra nexos de servidores públicos con los grupos paramilitares. Cabe anotar el mayor grado de infiltración e influencia de esos grupos en varios niveles de la administración departamental y local, así como a nivel social. Las políticas del Estado todavía no han podido enfrentarse suficientemente a los grupos paramilitares a nivel nacional o regional. Esta situación continúa siendo un riesgo para el Estado de Derecho”.

En el último periodo del primer Gobierno de Uribe prosiguió la complicidad de miembros de la Fuerza Pública en los crímenes de los paramilitares, con la gravedad de que el proceso de desmovilización estaba ya muy avanzado. Así, durante el periodo de sesiones de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se expresó la “inquietud por la connivencia entre agentes estatales y paramilitares” . A finales de ese mismo año, como ya se mencionó en el capítulo anterior de este informe, se produjo la dimisión del director del DAS por la presunta colaboración que se prestaba desde este organismo a distintos grupos de las AUC.

2.2 Proceso de paz con las AUC, “un encuentro entre amigos”

Buena parte de las medidas contempladas en la política de seguridad democrática, eje central del primer Gobierno Uribe, fueron concebidas para abrir espacios legales donde poder reciclar a los paramilitares. Así, al día siguiente de posesionarse como Presidente puso en marcha la primera red de cooperantes e informantes integrada por unas 200 personas; hoy, según datos oficiales, son 3,5 millones los civiles que cumplen funciones de inteligencia militar. Aunque los datos facilitados a través de este sistema deberían ser cuestionados, dada la arbitrariedad de criterios de quienes los proporcionan motivados en muchas ocasiones por rencillas personales o por la recompensa que se ofrece, esta información es utilizada como único fundamento para la detención y como prueba dentro del proceso penal. De esta forma, numerosos líderes sociales, opositores políticos y defensores de los derechos humanos han permanecido o permanecen en la cárcel durante meses o años porque algún informante les acusó de vínculos con la guerrilla. La mayoría queda posteriormente en libertad por la falta de fundamento de las acusaciones, pero son víctimas de la estigmatización que supone ser detenido y muchos han tenido que dejar su ciudad o incluso el país y algunos, tras ser liberados, han sido asesinados por los paramilitares .

Paralelamente a esta red el Gobierno impulsó el programa de “soldados campesinos”, jóvenes de las áreas rurales que, ante la falta de opciones de vida o por presiones de los militares, reciben una instrucción de unos tres meses y se incorporan a labores de combate en su lugar de nacimiento. Las autoridades militares han combinado ambas iniciativa -la red de cooperantes e informantes y el programa de “soldados campesinos”- impidiendo cada vez más que existan personas que no participen en el conflicto y vulnerando el principio de distinción, postulado básico del derecho internacional humanitario, según el cual, para proteger a la población civil hay que diferenciar con toda claridad a los combatientes de los no combatientes.

Con la puesta en marcha de estas medidas se podía comenzar la desmovilización de los paramilitares garantizando su integración en las estructuras del Estado, es decir, legalizar el paramilitarismo para mantener su fuerza represora evitando que la existencia de estos grupos como estructuras ilegales influya en la imagen externa del país y, al mismo tiempo, garantizar su silencio sobre los estrechos vínculos que les han mantenido siempre con altas esferas del poder para que la estructura del Estado Colombiano no resultara afectada . La propuesta de paz formulada en diciembre de 2002 por las Autodefensas Unidas de Colombia (en 2003 contaban con 13.500 hombres, según el Ministerio de Defensa) sólo pretendía, en opinión de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) , evitar la extradición a Estados Unidos por narcotráfico, eludir la cárcel o, al menos, cumplir penas mínimas en Colombia, y conservar la mayor parte posible de la riqueza obtenida ilegalmente. Ernesto Báez, uno de los jefes paramilitares que han estado negociando estos años con el Gobierno, reclamó al Estado que ejerza la “paternidad responsable” ya que “si nos crearon como un monstruo ahora tienen que asumirlo”. Aunque desde el principio violaron el cese de hostilidades que ellos mismos anunciaron , el Gobierno autorizó el 1-7-04 una “zona de ubicación” para los jefes paramilitares y sus escoltas en Santa Fe de Ralito (departamento de Córdoba) y suspendió las órdenes de captura que, realmente, permanecían sin efecto desde el inicio de las conversaciones. De este modo, comenzaba lo que muchos calificaron como “un encuentro entre amigos”.

Previamente, en noviembre de 2003, se realizó la experiencia piloto de desmovilización. Los supuestos 874 paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, uno de los frentes urbanos que operaba (u opera) en las comunas (barrios) de Medellín, abandonaron las armas. En la comuna 13, una de las más violentas, la Fuerza Pública había realizado en 2002 varios operativos con el supuesto objetivo de acabar con la guerrilla. El resultado fueron numerosos civiles muertos y heridos, varios desaparecidos y unos 350 detenidos; “de los que más de 300 quedaron libres a los pocos días porque los fiscales no encontaron argumentos para acusarles; sobre los otros se comprobó que hubo muchas clonaciones de testimonios, es decir, un mismo abogado firmaba varias indagatorias que se realizaban en distintas salas al mismo tiempo. El Gobierno dijo que había sido un éxito, pues se había logrado liberar el barrio, y cuando le presentamos al vicepresidente Francisco Santos el informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se habían cometido durante esos operativos, nos dijo, gritando, que aunque hubiera habido violaciones si hoy se tuvieran que volver a repetir se harían de la misma forma”, afirma el jesuita Javier Giraldo .

Tras la supuesta desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, la violencia se ha hecho más selectiva, ya no visten uniformes y las armas las han cambiado por teléfonos celulares, “los vecinos les oyen hablar con los militares y controlan todo lo que se mueve a pesar de que el Ejército construyó un búnker en la comuna tras los operativos”, aseguraron varios integrantes del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codhesel), una coordinación departamental que reúne a numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos . Los propios miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la visita que hicieron a Medellín en julio de 2004, confirmaron las denuncias de los defensores de derechos humanos: “Los testimonios, denuncias e informaciones recibidos indican que, a pesar de cierta baja en el número de incidentes de violencia política (...) persiste el dominio paramilitar en ciertas comunas de Medellín y los actos de violencia, hostigamiento e intimidación contra quienes no expresen apoyo al proyecto de estos grupos. Concretamente, miembros de estos grupos y alegadamente personas beneficiadas por procesos de desmovilización individual y colectiva, buscan legitimar su influencia a nivel de las juntas de acción comunal y mantener su control sobre las actividades cotidianas de las comunas mediante la violencia, la extorsión y la intimidación. Los testimonios hacen referencia a la comisión de 130 desapariciones forzadas durante el año 2003 y 97 desapariciones entre enero y julio de 2004 y al descubrimiento de fosas comunes. Asimismo, hacen referencia a asesinatos, con énfasis en la utilización de armas blancas en vez de armas de fuego. Persisten las denuncias sobre colaboración entre paramilitares y Fuerza Pública y el temor de presentar denuncias ante las autoridades judiciales y de control, sumado a un sentimiento de indefensión frente a la legitimación que los beneficios procesales de la desmovilización habrían dado a miembros del Bloque Cacique Nutibara” .

Además, gran parte de los desmovilizados estaban acusados de delitos comunes no de violaciones a los derechos humanos: los jefes del Bloque reclutaron a jóvenes marginados para que engrosaran las listas de los que abandonaban las armas a cambio de los recursos económicos derivados de la reinserción. El Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, les recriminó esta actitud: “En el proceso de Medellín nos revolvieron delincuentes callejeros 48 horas antes y nos los metieron en el paquete de desmovilizados”, según el contenido de las cintas grabadas entre los comandantes y Restrepo que publicó la revista Semana. Toda esta situación ha provocado numerosos desplazamientos entre los distintos barrios de Medellín y existe un profundo malestar en los sectores más desfavorecidos de las comunas por los beneficios económicos que el Estado está concediendo a los supuestos desmovilizados aunque la mayoría de las veces no se expresa públicamente por miedo a las represalias.

La mayoría de las desmovilizaciones que se han ido sucediendo han tenido características similares y la opinión pública colombiana e internacional sigue desconociendo quiénes son realmente los que están abandonando las armas, qué pasa con los que tienen pendientes crímenes de lesa humanidad y por qué se siguen produciendo agresiones atribuidas a los paramilitares en zonas donde supuestamente se han desmovilizado. “A los campesinos de la comunidad de paz de San José de Apartadó los militares les amenazan con la llegada de los paramilitares y cuando les plantean que ya se han desmovilizado, los soldados se ríen y les dicen que eso es una fachada, que están entregando armas obsoletas y que ahora están más fuertes que nunca y van a volver a matar”, comenta Javier Giraldo. Y en los medios de comunicación se dan cuenta de casos de narcotraficantes que se han convertido en jefes paramilitares para evitar la extradición a Estados Unidos o de líderes de las AUC capturados que ahora son liberados para acogerse a la desmovilización .

2.3 Uribe, fichado por el Pentágono

En agosto de 2004 la revista Newsweek publicó el contenido de un informe de la agencia de inteligencia del Pentágono, fechado en 1991, en el que se indicaba, textualmente, que “Álvaro Uribe Vélez es un político y senador colombiano dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en altos círculos del gobierno. Uribe fue vinculado a una empresa involucrada con el narcotráfico en Estados Unidos. (...) Uribe ha trabajado con el Cartel de Medellín y es un amigo personal de Pablo Escobar Gaviria (...) Uribe ha sido uno de los políticos, desde el Senado, que ha atacado (...) la extradición” . El documento, que reproduce una lista de 106 personajes vinculados al narcotráfico en la que Uribe ocupa el puesto 82, fue cuestionado por el Departamento de Estado de EE UU y el Gobierno colombiano porque señala que se trata de “información no evaluada”; sin embargo, National Security Archive, la organización no gubernamental que logró la desclafificación del informe, aseguró que la nota donde se explica que la información no fue evaluada “es estandar en cualquier informe de información de inteligencia, no busca hacer ningún énfasis” mientras que, por el contrario, el hecho de que algunos datos del informe fueran cruzados con otras agencias •no es lo acostumbrado. Lo que eso sugiere es que esa información tuvo un análisis preliminar” . La ficha del Pentágono también afirma que el padre de Álvaro Uribe fue asesinado en Colombia por su conexión con el narcotráfico: las FARC mataron a Alberto Uribe en 1983 y su cádáver fue trasladado a Medellín en una aeronave de Pablo Escobar .

En el enfrentamiento con la guerrilla en que murió el padre de los Uribe resultó herido su hijo Santiago. Este hermano del Presidente fue acusado por el congresista Gustavo Petro de conformar y financiar un grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles que asesinó a no menos de 50 personas y tuvo su base de operaciones en la hacienda La Carolina, propiedad del mandatario y su familia. Santiago Uribe fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por la banda entre 1993 y 1994. Sin embargo, el caso fue archivado en 1999 por falta de pruebas aunque es investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de las familias de las víctimas en vista de que la justicia colombiana hasta ahora ha mantenido los crímenes en la impunidad . Petro también denunció que Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa -los dos últimos son primos hermanos del Presidente y el primero de ellos, al parecer, tío- lideraron la banda paramilitar conocida como Los Erre, señalada de haber asesinado a otro medio centenar de personas. Fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos durante cerca de un año hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó la causa por considerar que no había pruebas suficientes contra los acusados; el caso está pendiente de resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Vélez Ochoa además de ser parientes del Uribe Vélez también lo son del clan familiar de narcotraficantes Ochoa Vásquez, jefes del extinto cartel de Medellín. Según el periodista de Fernando Garavito y el investigador Fabio Castillo, autor del libro Los jinetes de la cocaína, en su etapa al frente de la Dirección de Aeronáutica Civil (1980-82) Uribe Vélez favoreció al cártel de Medellín, concediendo a sus pilotos licencias de vuelo con que poder trasladar los cargamentos de droga.

Otros presonajes vinculados con el narcotráfico también están relacionados, aunque de forma indirecta, con el Gobierno de Uribe. Luis Mario y Jorge Fernando Gaviria Vélez, hermanos del consejero presidencial, José Obdulio Gaviria, estuvieron detenidos en Estados Unidos por narcotráfico en 1983 ; los tres hermanos son primos de Pablo Escobar Gaviria. Aunque los detenidos salieron de Estados Unidos sin que sus casos se hubieran resuelto, esto no ha sido impedimento para que hoy ocupen puestos en la administración. Luis Mario Gaviria, que estuvo preso más de dos meses en Miami, es funcionario de la Agencia Presidencial para la Acción Social, entidad creada por el Gobierno para atender a poblaciones afectadas por la pobreza, la violencia y -precisamente- el narcotráfico; su hermano Jorge Fernando, detenido dos semanas, trabaja en el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín.

Las supuestas irregularidades cometidas por Álvaro Uribe al frente de la Gobernación de Antioquia (1995-97) tampoco fueron obstáculo para que alcanzara la Presidencia. El periodista Joseph Contreras recoge en su libro Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez (La Oveja Negra, 2002) que el diario El Espectador, en su edición del 5-5-02, publicó la siguiente noticia: “Con el propósito de examinar el pasado disciplinario de los aspirantes a la Presidencia, El Espectador formuló un derecho de petición ante la Procuraduría para que informara si los candidatos Álvaro Uribe Vélez, Noemí Sanín, Luis Eduardo Garzón, Harold Bedoya Pizarro y Horacio Serpa tenían investigaciones. Según el organismo, `los señores Serpa, Garzón, Sanín y Bedoya no registran en curso investigaciones en su contra’. Los candidatos que sí tienen investigaciones son Ingrid Betancur y Álvaro Uribe. A la primera, le tiene un proceso disciplinario por resolver. Uribe tiene 47 procesos: 20 en indagación preliminar, 16 investigaciones y 11 pliegos de cargos, todos por presuntas irregularidades en celebración indebida de contratos durante su gestión como gobernador de Antioquia”.

2.4 Normas que garantizan la impunidad

A la vista de los datos expuestos anteriormente que vinculan a Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo, no resulta extraño que desde su llegada al Gobierno se hayan buscado distintas fórmulas para asegurarles a estos grupos la impunidad. Según la transcripción de Semana de las conversaciones entre los líderes paramilitares y el Comsionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, éste les asegura que el Presidente “usará la facultad discrecional para no extraditarlos” a Estados Unidos y que tampoco han de temer a la justicia internacional ya que “el Gobierno ofreció un proyecto de ley que bloquea la acción de la Corte Penal Internacional”. Sobre varios de los líderes paramilitares que actualmente negocian con el Gobierno recaen condenas de hasta 40 años de cárcel por delitos que incluyen masacres, crimenes selectivos, desapariciones, torturas y desplazamientos forzados.

Sólo un mes después de que se anunciara el inicio de las conversaciones de paz, se expidió el decreto 128/2003 del 22 de enero en el que se establece que en el curso de su desmovilización los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley “tendrán derecho al indulto”, y en el que se faculta al Comité Operativo de Dejación de las Armas (CODA) para acordar beneficios inmediatos, sin ningún control de las autoridades judiciales. En mayo de 2003 más de quinientas personas ya habrían sido indultadas, sin que la opinión pública sepa las identidades de los beneficiados ni las circunstancias en las que se han acordado los certificados para la llamada reinserción ni los criterios empleados para evaluar la situación jurídica de los solicitantes, según denunció Iván Cepeda, director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas . En septiembre de 2005, la aplicación de este decreto había permitido la puesta en libertad, según datos de la Fiscalía, de al menos 11.200 paramilitares bajo el argumento de no tener procesos penales abiertos en su contra así hubiesen cometido graves violaciones a los derechos humanos .

Sin embargo, para intentar aparentar que pretendía hacer justicia, el Gobierno presentó en agosto de 2003 un proyecto de ley de alternatividad penal, que no era más que una argucia legal para la autoamnistía, “el Estado Colombiano tenía un dilema: condenar a quienes fueron sus más fieles aliados durante décadas con el riesgo de verse salpicado aún más en sus atrocidades o librarlos de toda culpa con el unánime rechazo que generaría una medida de perdón y olvido”, denunció la defensora de derechos humanos y directora de la Corporación Reiniciar, Jahel Quiroga. Realmente era una ley de punto final ya que no contemplaba ni un día de cárcel para los paramilitares que únicamente debían cumplir alguna “pena alternativa”, como la prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas, “en síntesis, las penas alternativas que contemplaba el proyecto son irrisorias y violan los principios democráticos de justa retribución y proporcionalidad de las sanciones penales”, aseguró Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas.

Ante la protesta unánime de la comunidad internacional por el contenido del proyecto, en abril de 2003 se presentó un Pliego de Modificaciones. Aunque en el pliego ya se contemplaron penas mínimas de reclusión no se establecía como requisito para obtener beneficios procesales revelar la verdad sobre los delitos cometidos ni restituir los bienes adquiridos legalmente. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hecho público en diciembre de 2004, asegura que esas omisiones en la propuesta legislativa del Gobierno “amenazan con privar a las víctimas de su derecho a la protección judicial y a la adecuada reparación” y concluye que “no se detectan esfuerzos destinados a establecer la verdad de lo sucedido y los grados de involucramiento oficial con el paramilitarismo”.

En el Congreso se llegaron a presentar para su debate ocho proyectos de ley para regular la desmovilización; la propuesta oficial del Gobierno no condicionó los beneficios procesales a la confesión fidedigna de los crímenes, incluyó la posibilidad de que la pena de cárcel fuera inferior a 5 años y no otorgó ninguna función decisiva a las víctimas en el proceso. Al mismo tiempo, el vicepresidente Francisco Santos manifestó que es partidario de que los paramilitares se libren de la cárcel a cambio de “una confesión moral” y de reparar a las víctimas . Mientras tanto continuó el proceso de desmovilización en el que para comprobar si los que dejan las armas son responsables de crímenes de lesa humanidad lo único que se verifica es si en ese momento están siendo procesados o habían sido condenados por atrocidades; la realidad es que en la mayoría de los casos de crímenes perpetrados por grupos paramilitares aún no se conoce al responsable y con el procedimiento que se sigue actualmente nunca se conocerán. El director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Franco, dijo, en la reunión mantenida el 19 de enero de 2005 con la Comisión Valenciana de Verificación de los Derechos Humanos, que de los 3.000 paramilitares desmovilizados hasta entonces preveía que unos 350 iban a permanecer en Santa Fe de Ralito por ser acusados de crímenes de lesa humanidad. Una cifra muy escasa si se tiene en cuenta la magnitud de sus atrocidades: entre 1994 y 2003, a los grupos paramilitares se les atribuye 1.969 masacres con 10.174 víctimas y más de 6.000 desapariciones forzadas .


2.5 La mal llamada ley de “Justicia y Paz”

El 22 de junio de 2005, el Congreso expidió la ley 975 o mal llamada ley de “Justicia y Paz”, ratificada por Uribe un mes después, para regular los beneficios judiciales que obtendrían los paramilitares implicados en graves violaciones a los derechos humanos a los que se les impondría una pena alternativa mínima de cinco años y máxima de ocho. Tal como ocurrió con el proyecto de ley de alternatividad penal, la respuesta crítica de las organizaciones sociales colombianas y de la comunidad internacional no se hizo esperar. El 27 de junio, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló: “La ley ofrece muy generosos beneficios judiciales, como la fuerte reducción de penas de privación de libertad y amplias posibilidades de libertad condicional, a quienes hayan cometido graves crímenes, sin una contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y a la reparación. Por estas razones, podría abrir paso a que haya impunidad”. Esta institución criticaba que la ley “no estimula en forma clara” que se alcancen acuerdos con los grupos armados para que abandonen las armas y “desmonten efectivamente sus estructuras ilegales”, así como que no incluyera la “confesión plena” de los demovilizados lo que supone que la verdad no queda garantizada y “no puede hacerse efectiva la justicia, ni asegurarse la reparación de las víctimas”. Sobre la compensación a las víctimas, la OACNUDH señalaba que la ley hacía depender la reparación de los bienes que los victimarios quisieran entregar sin asumir el Estado la responsabilidad cuando los verdugos no respondan y en los casos que directamente le corresponden. Además, esta ley considera el paramilitarismo como un delito político lo que permite “cobijar con la impunidad a las personas, incluyendo eventualmente a servidores públicos, que hayan participado o asistido en la conformación de grupos paramilitares o en sus actividades ilegales” ya que la Constitución establece que los delitos políticos pueden ser amnistiados o indultados, aseguraba Naciones Unidas . La ley tampoco recogió la recomendación de la OACNUDH de incluir inhabilidades políticas temporales o para formar parte de la Fuerza Pública a los demovilizados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también fue contundente al cuestionar la ley: “Entre sus objetivos no se cuenta el establecimiento de la verdad histórica sobre lo sucedido durante las últimas décadas del conflicto ni sobre el fomento del paramilitarismo y el grado de involucramiento de los diversos actores en la comisión de crímenes contra la población civil, ya sea por acción, omisión, colaboración o aquiescencia” . En su pronunciamiento, la CIDH se refiere, al igual que la OACNUDH, a la falta de “incentivos para que los desmovilizados confiesen en forma exhaustiva la verdad sobre su responsabilidad, a cambio de los importantes beneficios judiciales que recibirán”, lo que, por el contrario, “favorecería el ocultamiento de otras conductas que una vez descubiertas podrían ser objeto del mismo beneficio de penas alternativas en el futuro. Es de notar que estos beneficios no sólo acogerían conductas directamente relacionadas con el conflicto armado sino que las medidas de la ley podrían ser aplicadas a la comisión de delitos comunes tales como el narcotráfico”. También se refiere a los pocos recursos y el escaso tiempo previsto “para afrontar con perspectivas realistas de efectividad la tarea de esclarecer judicialmente los miles de masacres, ejecuciones selectivas, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y graves daños a la integridad personal, desplazamientos forzados y usurpación de tierras, entre otros crímenes, cometidos por varios miles de desmovilizados durante los largos años en que las estructuras paramilitares han mantenido su vigencia en Colombia” y recuerda al Estado colombiano que “la confesión de los imputados no exime a las autoridades del deber de investigar diligentemente los hechos”.

El Consejo de la Unión Europea, aunque consideró la ley como “un avance considerable” y dijo que si se aplicara “de forma efectiva y transparente” constituiría una aportación positiva a la búsqueda de la paz en Colombia, aseguró que compartía muchas de las “preocupaciones” expresadas, entre otros, por Naciones Unidas: “insuficiente énfasis en la necesidad de que las estructuras paramilitares colectivas sean desmanteladas efectivamente, vaguedad de la distinción entre delitos políticos y otros, insuficiente tiempo para investigar las confesiones y el patrimonio que pudiera haber sido adquirido a través de actividades ilegales, escasez de ocasiones para que las víctimas soliciten reparaciones, insuficiencia de las sentencias máximas para los delitos más graves, y la enorme carga que supondrá para los recursos del sistema judicial colombiano el responder a las exigencias de la nueva ley” .

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) cuestionó los plazos dados para investigar los casos y los pocos incentivos establecidos para que los potenciales beneficiarios de la ley colaboren con los investigadores. Además, AI criticó la limitada participación de las víctimas en los procedimientos judiciales y la ausencia de disposiciones para denunciar a terceros, “por ejemplo, a miembros de las fuerzas de seguridad, que han desempeñado un papel coordinador fundamental en los abusos contra los derechos humanos perpetrados por paramilitares” . La Procuraduría General de la Nación denunció que la expedición de esta ley era “manifiestamente incompatible con las obligaciones internacionales contraídas en diferentes tratados, podría configurar un hecho ilícito internacional violatorio de los derechos humanos, y por ende los órganos de control de los tratados de los sistemas universal e interamericano podrían declarar la responsabilidad internacional del Estado colombiano” . Esta institución coincidía con muchas de las observaciones planteadas por Naciones Unidas (pena alternativa no proporcional a la gravedad del delito, corta duración de la investigación, no asunción por parte del Estado de su obligación de reparar a las víctimas, posibilidad de indultos al considerar el carácter político de los delitos) y concluía que la ley 975 otorga “un tratamiento visiblemente privilegiado a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley por encima de las víctimas de sus acciones, desconociendo sus derechos a la devolución de sus bienes, al regreso a sus hogares y a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por las conductas violatorias de de sus derechos humanos”.

El Gobierno intentó contarrestar las contundentes reacciones en contra de la ley de “Justicia y Paz” con la expedición del decreto 4760 del 30 de diciembre de 2005. Pero, tal como lo señalaron las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en realidad fue un decreto que pretendió “reglamentar la impunidad a dos manos. Se trata de una reglamentación que parece haber sido redactada a dos manos: una para responder a críticas que se han hecho a la ley 975, y otra para profundizar y asegurar los peores dispositivos de impunidad que ella contiene” . Así, el decreto reglamentario amplía de 36 horas y dos meses a más de seis meses el tiempo de que dispone la Fiscalía para investigar a cada desmovilizado lo que, en principìo, parece positivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen investigaciones de este tipo que llevan más de una década sin que se hayan esclarecido los hechos y que esos seis meses le corresponden a cada caso de los múltiples que les competen a cada uno de los 20 fiscales que la ley 975 autorizó destinar para estos efectos. También parece positivo, a primera vista, que el decreto 4760 haya explicitado que las víctimas pueden participar desde el principio de los procesos y que tienen derecho a controvertir las decisiones, lo cual no estaba garantizado de manera clara en el texto de la ley 975, “llama la atención, sin embargo, que, a pesar de esta explicación general, el decreto señale que las víctimas `podrán participar en el incidente de reparación integral (...) y en él tendrán derecho a presentar sus pretensiones’. Tal parece como si una mano hubiera querido limitar la participación de las víctimas a su actuación en el incidente de reparación, y la otra mano hubiera querido hacerla valer en todo el proceso” . Por el contrario, el decreto mantuvo la no obligatoriedad de confesar todos los crímenes ni entregar todos los bienes obtenidos ilegalmente para tener derecho a las penas alternativas.

Ante esta situación, una veintena de organizaciones de la sociedad civil colombiana presentaron demandas contra la ley ante la Corte Constitucional. El 13 de julio de 2006 se conoció la sentencia que declara la ley 975 constitucional en forma global, pero establece varias modificaciones entre las que destacan las destinadas a proteger la participación de las víctimas en el proceso y su acceso a una reparación integral (los victimarios responderán con todo su patrimonio para indemnizar a las víctimas y no sólo con los bienes ilícitos). La sentencia introduce consecuencias legales, tales como la pérdida de beneficios, en caso de que los desmovilizados que buscan beneficiarse de la aplicación de la ley oculten información a las autoridades judiciales incluida el paradero de los desaparecidos, y califica el paramilitarismo como un delito común, “en suma, los desmovilizados implicados en la comisión de crímenes relacionados con el conflicto armado que quieran obtener los beneficios establecidos por la ley 975 tendrán que colaborar con la justicia a fin de que se logre el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, según la valoración de la CIDH . La sentencia de la Corte Constitucional provocó que los líderes de las AUC amenazaran con abandonar el proceso de negociación con el Gobierno . Sin embargo, en pocos días las aguas volvieron a su cauce.

El 14 de agosto, sorpresivamente, Uribe Vélez ordenó a los jefes paramilitares que se entregaran a las autoridades a cambio de no ser extraditados a EE UU, donde muchos de ellos son reclamados por narcotráfico. Veintiocho de ellos atendieron la petición aunque no fueron recluidos en cárceles ordinarias y su puesta a disposición de la justicia evidenció las buenas relaciones que mantienen con las autoridades . Lo que inicialmente pareció una decisión firme y unilateral del Gobierno para acabar con el obsceno espectáculo que ofrecían estos desmovilizados paseándose a sus anchas por el país y haciendo ostentación de todo tipo de lujos mientras sus víctimas exigen justicia, pronto se descubrió que no fue más que una entrega acordada.

A finales de agosto, se expidieron dos decretos que anulan varios de los puntos de la sentencia de la Corte Constitucional desfavorables para los paramilitares y modifican la propia ley de “Justicia y Paz”. Desde el punto de vista formal, la vía escogida -promulgación de decretos- es contraria a la Constitución ya que pretende reformar materias que corresponden a los poderes legislativo y judicial que son quienes establecieron y modificaron, respectivamente, la ley 975. En cuanto al contenido, los decretos vuelven a establecer el carácter político de los delitos de las AUC con lo que sigue vigente la vía del indulto; descuentan de la pena alternativa que se les imponga (entre 5 y 8 años) el tiempo que hayan permanecido en zonas de ubicación temporal desde su desmovilización; consideran que sólo es aplicable las medidas cautelares a los bienes lícitos con los que los paramilitares deberán reparar a sus víctimas, y condicionan la pérdida de los beneficios por no hacer una confesión plena, que contempla la ley, a que esta omisión sea demostrada por sentencia judicial. Pero, además, establecen el deber de las víctimas de denunciar dentro del procedimiento penal los delitos de los que tengan conocimiento, so pena de considerarlas incursas en el delito de omisión de denuncia y de favorecimiento, castigados con penas de hasta 18 años de cárcel, “mientras que los criminales sometidos a la ley 975 podrían afrontar penas de sólo tres años y medio de prisión (el mínimo establecido por la ley es de 5 años, pero se reduciría a 3 años y medio ya que el proyecto de decreto permitiría validar como pena cumplida el tiempo de permanencia en zonas de concentración), las víctimas podrían afrontar penas hasta de 18 años, supuestamente por favorecer con su silencio los crímenes de sus agresores. Es el mundo al revés. El Gobierno ya no sólo pretende dejar en la impunidad las graves violaciones de derechos humanos sino perseguir y encarcelar drásticamente a las víctimas que se opongan a ello”, denunció la Comisión Colombiana de Juristas .

Sin embargo, en la práctica, el alcance de la ley de “Justicia y Paz” es muy limitado. Las organizaciones de derechos humanos colombianas han denunciado reiteradamente que, en realidad, esa ley sólo se aplicará a a quienes hayan cometido delitos no indultables ni amnistiables y estén siendo procesados o estén condenados por esos hechos. Y dada la impunidad que existe en Colombia, la mayoría de los demovilizados no tienen procesos en curso de este tipo. Así, el informe de Naciones Unidas sobre Colombia, referido a 2005, indica que el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura afirmó en octubre que de los más de 9.000 paramilitares desmovilizados, incluidos en una lista para verificar la existencia de procesos en su contra, la inmensa mayoría no registraba investigación alguna, “salvo los pocos mandos más conocidos e identificados, casi todos los desmovilizados podrían beneficiarse con la finalización de los procesos en su contra, en sus diversas modalidades incluyendo indultos. Esta situación plantea grandes retos en materia de impunidad”.

La inmensa mayoría de los casos se está resolviendo con la aplicación del decreto 128/2003 lo que implica que la gran mayoría de los integrantes de los grupos paramilitares no serán investigados ni juzgados por los delitos cometidos, ni siquiera a través de la ley de “Justicia y Paz” . A mediados de 2006 se habían desmovilizado más de 30.000 hombres de las AUC, en agosto el Gobierno anunció que había postulado a 2.695 paramilitares para que se les aplicara la ley de “Justicia y Paz”. El resto, previsiblemente, están libres.

2.6 Una nueva generación de paramilitares

Las constantes denuncias de las organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre el falso proceso de desmovilización propiciado por el Gobierno de Uribe están empezando a ser reconocidas oficialmente. Naciones Unidas ya alertó que durante 2005 siguió vigente “la influencia del paramilitarismo en distintas regiones del país, mediante presiones, amenazas y acuerdos clandestinos para controlar aspectos políticos, económicos y sociales locales. En el nivel nacional persisten supuestos vínculos con representantes del Estado, incluyendo políticos y parlamentarios. (...) En varias regiones del país los paramilitares controlan gran parte del comercio y otras actividades, legales e ilegales, y poseen grandes extensiones de tierras y muchas propiedades que, en numerosos casos, figuran a nombre de testaferros”. A una conclusión similar se puede llegar de la lectura del sexto informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) , de marzo de 2006, donde se explica que se está poniendo en peligro el proceso de paz a largo plazo porque el programa de reinserción está en crisis y cita los tres “fenómenos posteriores a las desmovilizaciones que preocupan a la Misión”: el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; reductos que no se han desmovilizado, y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos paramilitares.

El 30 de mayo de 2006 se celebró una Junta Nacional de Inteligencia en la sede del Ministerio de Defensa en el que se dio a conocer un informe confidencial denominado Bacrim (Bandas Criminales Emergentes) en el que se documenta la existencia de una nueva generación de paramilitares que está reemplazando a los supuestamente desmovilizados, según reveló la revista Cambio en junio. En el reportaje periodístico, titulado El reciclaje `para’, se informa de la existencia de 22 grupos ilegales nuevos, con unos 2.500 hombres en armas, que están constiyuyendo redes de apoyo en amplias zonas del país. Documentos más recientes aportados en el foro Balance del proceso de desmovilización y reinserción de las AUC (celebrado en agosto en Bogotá con la participación de altas autoridades del Gobierno) elevan a 43 las formaciones en las que se han reciclado los paramilitares . El proceso que se ha seguido en todos ellos es similar. Primero, atendieron el llamamiento del Gobierno y se desmovilizaron en actos públicos donde las autoridades se vanagloriaban del éxito obtenido. Sin embargo, no estaban todos los que son -muchos de los que se entregaban habían sido reclutados entre los delincuentes o eran narcotraficantes que se queríán acoger a los beneficios de la ley de “Justicia y Paz” - ni se deshicieron de todas las armas de que disponían . De esa forma, en poco tiempo, muchos de ellos se reorganizaron en estructuras bautizadas con los nombres de los primeros grupos paramilitares o con referencias a su pasado reciente (Nueva Generación Parmilitar, Recomposicón Paramilitar) y volvieron a sus actividades terroristas y delincuenciales que sólo habían abandonado temporalmente. En el reportaje de Cambio se explica cómo estos grupos amenazan a los comerciantes si no les pagan cuotas y cómo han vuelto a recuperar el control del negocio del narcotráfico y de las rutas de contrabando en las regiones fronterizas, “La reactivación del paramilitarismo en los departamentos de la región atlántica responde a la necesidad de conservar la participación que los antiguos grupos, asociados con cuestionados empresarios como Enilce López, La Gata, lograron consolidar en negocios legales e ilegales de la región”, asegura Jorge Calero, analista de la Defensoría del Pueblo. Además, otro hecho palpable de que muchas de las estructuras paramilitares siguen intactas son los laboriosos y coordinados operativos que se han llevado a cabo para ocultar pruebas penales en su contra y eludir reparaciones a las víctimas. En los medios de comunicación se han relatado numerosos casos en que las autoridades judiciales han acudido a lugares donde se había denunciado la existencia de cementerios clandestinos y se han encontrado con que los cadáveres habían sido exhumados días antes . Los paramilitares que no se han integrado en estas nuevas bandas han pasado a formar parte de los cuerpos de seguridad de empresas o se han reconvertido en cooperantes e informantes de la Fuerza Pública, soldados campesinos, vigilantes en las carreteras o cualquiera de las otras medidas de la política de “seguridad democrática” dispuestas, precisamente, para dar cobertura legal a los ex integrantes de los escuadrones de la muerte. En septiembre de 2005, el Gobierno presentó un plan para vincular a 2.000 paramilitares a “actividades de reparación y restauración del orden”, una especie de policía cívica .

Pero el reconocimiento oficial y público de que está fallando la reinserción de los paramilitares no obedece a una intención sincera de asumir los errores para tratar de reconducir el proceso de negociaciónes con las AUC para que haya un abandono efectivo de las armas y el desmonte total de sus estructuras de control político, social y económico. El Gobierno de Uribe, al admitir estos fallos, pretende mandar un doble mensaje a la opinión pública nacional e internacional: es imprescindible la cooperación económica del exterior para asegurar la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil y hay que ser benevolentes en el castigo que se impone a los que renuncian a las armas para que no se se sientan tentados a tomarlas de nuevo. Así, si se atiende este mensaje-advertencia, el Gobierno de Uribe Vélez dispondrá de los recursos materiales necesarios y del marco legal propicio para cumplir con el objetivo inicial de todo este proceso:la legalización del paramilitarismo.

3. UNA “SEGURIDAD” CONTRARIA
AL ESTADO DE DERECHO

La puesta en práctica de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno de Uribe Vélez ha hecho resurgir con fuerza en el país la doctrina de Seguridad Nacional exportada por Estados Unidos en la pasada década de los años sesenta, que implica que todos los ciudadanos son combatientes y quienes no colaboren con la Fuerza Pública en la lucha contra el “enemigo interno” son sospechosos de terrorismo. Uribe ha repetido en numerosas ocasiones que en Colombia no hay un conflicto armado interno sino que es una lucha contra terroristas financiados por el narcotráfico . De esta forma cualquier opinión disidente es sospechosa, se desconocen las causas estructurales del conflicto, se elimina el principio básico de distinción entre combatientes y población civil recogido en el derecho internacional humanitario, se obvian los tratados internacionales sobre derechos humanos y se aleja la posibilidad de negociar con la guerrilla ya que no se le reconoce como actor político.

Al final de su primer mandato, el país está inmerso en una grave crisis humanitaria: la situación ha empeorado en cuanto al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y se ha producido un deterioro alarmante en las condiciones de vida de la población. Además, a pesar de negar la existencia del conflicto armado y de establecer como objetivo prioritario de su política lograr mayor seguridad para los ciudadanos, la guerra se ha recrudecido. Durante el primer período presidencial de Álvaro Uribe aumentó el número y la intensidad de los combates y enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las guerrillas. En el período presidencial 2002-2006 se registró un promedio de 5,6 combates diarios, mientras que en el periodo presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002) fue de 2,2 combates diarios y durante el mandato del presidente Ernesto Samper (1994-1998) fue de 1,4 por día. Lo que quiere decir que en la administración del presidente Uribe se produjeron 8.001 combates, 149% más que los 3.211 registrados durante el gobierno de Pastrana y un 278% más que los 2.114 combate ocurridos en el cuatrienio presidencial de Samper, según el estudio La seguridad en los últimos tres períodos presidenciales 1994-2006 de la Fundación Seguridad y Democracia . Para el primer período del Gobierno Uribe los ataques de los grupos irregulares aumentaron en un 32% frente a la época de Pastrana y en un 56% a la de Samper. En total. durante el período presidencial de Uribe se registraron 2.316 ataques, mientras que en el de Pastrana fueron 1.754 y en el de Samper 1.480. Para el primer semestre del año 2006 la Fuerza Pública se enfrentó con la guerrilla en promedio seis veces por día.

Sin embargo, es tan fuerte la maquinaria propagandística que ha puesto en marcha y tan poderosos los lazos que le unen con los que dictan el nuevo orden mundial que pocos se atreven a contradecir la versión oficial de que hay mayor seguridad y desarrollo porque son desmentidos inmediatamente con escarnio público o neutralizados de alguna forma. El país virtual en que se ha convertido Colombia podría ser el reino en el que transcurre el clásico cuento de Hans Cristian Andersen , donde los súbditos para evitar ser considerados estúpidos o ineptos fingían ver el inexistente traje nuevo de su soberano, “pero lo cierto es que el emperador estaba desnudo, como lo advirtió la inocente niña que se encontraba situada por encima de dichos condicionamientos y que lo vio sin el supuesto traje. Y la verdad también es que la política de seguridad del Gobierno colombiano iniciado en agosto de 2002, lejos de ser un acierto, está conduciendo de manera evidente, aunque difícilmente reconocida, a una mayor inseguridad para la inmensa mayoría de la población y para el futuro del país”, afirma la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en su informe Colombia: en contravía de las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos, un balance de la política de seguridad democrática y la situación de derechos humanos y derecho humanitario de agosto de 2002 a agosto de 2004.

3.1 Legislación represiva

La propuesta de Uribe se ha traducido en la implatación de una serie de medidas de carácter autoritario que ha intentado enmascarar bajo la figura de Estado Comunitario. Tras un nombre que pareciera sugerir que se está invitando a la comunidad a construir el Estado, se esconde una clara intención de desmantelar el Estado Social de Derecho para reemplazarlo por un modelo en el que se atribuyen a la comunidad responsabilidades estatales. Además, se ha pretendido revestir de legalidad todas las disposiciones impulsadas desde su Gobierno supuestamente para mejorar la seguridad que, a la luz de muchos tratados que el mismo Estado colombiano ha ratificado, vulneran los principios básicos de los derechos humanos considerados éstos como inescindibles, es decir, no solamente las libertades y los derechos llamados de primera generación sino los derechos económicos, sociales y culturales que la Constitución de 1991 los concibió como el camino más expedito y más civilizado hacia la paz

3.1.1 Estado de conmoción interior

El 11 de agosto de 2002, cuatro días después de su toma de posesión, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez decretó el estado de conmoción interior en todo el país, que comenzó a ejecutarse a través de las medidas “para el control del orden público” recogidas en el decreto 2002 del 9 de septiembre de 2002, que también estableció unos territorios militarizados denominados “zonas de rehabilitación y consolidación”. Sólo con la lectura de los fundamentos de este decreto se podía aventurar las consecuencias negativas que su aplicación tendría para la población civil: “Dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones (los grupos al margen de la ley) se encuentra, por una parte, la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil y el ocultamiento de sus equipos (...) en las poblaciones y, por otra, el constante abastecimiento que funciona en los lugares que permanecen”. El decreto fue la primera de las medidas legislativas del nuevo Gobierno que recortaron los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos: se permitió que, sin autorización judicial, la Fuerza Pública detuviera a sospechosos, interceptara comunicaciones y realizara registros domiciliarios; en las zonas especiales, militares y policías podían registrar todos los datos personales y los movimientos de los residentes y de las personas que estuvieran de paso.

Estos amplios poderes concedidos a la Fuerza Pública propiciaron los abusos cometidos por ésta y el aumento de la presencia o consolidación de los grupos paramilitares en muchos municipios de las zonas de rehabilitación; la propia Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio cuenta de esto: “Al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad intensificaban sus operaciones de contrainsurgencia en las zonas de rehabilitación, que cubren áreas tradicionalmente bajo el control de la guerrilla, los grupos paramilitares penetraron algunos lugares, como en la ciudad de Sincelejo y otras municipalidades en Sucre, como Chalán y Ovejas. En otros lugares, como Arauca, mantuvieron su presencia a pesar de las operaciones militares”.

En estas áreas la Fuerza Pública también desarrolló “campañas de acercamiento a la comunidad”, que incluían acciones de propaganda bélica en las escuelas como el programa “soldado por un día” realizado en Saravena (departamento de Arauca). Como parte de dicho programa, un grupo de 20 niños era llevado todos los jueves al Batallón Revéiz Pizarro. Durante su visita los niños podían nadar en la piscina, concursaban en rifas, jugaban con los soldados y se los llevaba a pasear en un tanque militar. También se les daba comida y unos billetes de juguete diseñados por el grupo de operaciones psicológicas del Ejército para instar a los miembros de grupos guerrilleros a desertar y entregarse. En su cara posterior estos billetes decían: “El gobierno lo recompensa. Ud. y su familia merecen otra oportunidad. Vuélese Ya!”. Según la Fuerza Pública, el objetivo de este programa era “hacer que el hijo del guerrillero cuestione al papá”. En cuanto al billete, “la idea es que los niños lo lleven a la casa y así llegarles a los papás y a los hermanos mayores”. Las escuelas eran objeto de presiones para enviar a los niños a participar en el programa. Se tuvo conocimiento de que una maestra recibió amenazas por instar a los niños a no asistir a la base militar. Las FARC amenazaron a las familias que participaran en el programa.

Como lo indicó la Procuraduría General de la Nación en sus informes, la creación de zonas de rehabilitación y consolidación “no tuvo los efectos esperados en materia de mejoramiento del orden público (...) Es un experimento fallido en términos cuantitativos y cualitativos, máxime si es puesto en perspectiva de derechos humanos. Ni el aumento del pie de fuerza, ni la estrategia de los informantes, ni la de soldados campesinos, han dado los resultados previstos y en cambio sí han generado otras dificultades adicionales, que van desde el tema presupuestal hasta la exposición de la población civil a un mayor riesgo del que ha venido padeciendo (...) A la permanencia y aumento de asesinatos y al sinnúmero de irregularidades cometidas con ocasión de las capturas y detenciones realizadas por la fuerza pública y la propia policía judicial, se sumó el miedo y la incertidumbre de gran parte de la población de la zona; y nuevamente el gobierno acusa una deuda social enorme, en relación con la cual no se dieron siquiera los pasos iniciales” . Naciones Unidas también constató el fracaso de esta medida excepcional: “Las regiones con mayor presencia de la Fuerza Pública, como el departamento de Arauca y los municipios que conformaron las llamadas zonas de rehabilitación y consolidación, continuaron con serios problemas de gobernabilidad y de orden público, incluyendo el aumento de la criminalidad en algunos de sus municipios. Asimismo, además de las irregularidades denunciadas en la actuación de la Fuerza Pública y las debilidades en materia de control judicial, persistió la presencia paramilitar, quedó pendiente la inversión social, y se registró una escasa presencia estatal, por fuera de la Fuerza Pública, en ocasiones con la Defensoría del Pueblo como única institución civil” (Comisión de Derechos Humanos, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, 59° período de sesiones).

La declaratoria de inconstitucionalidad, por parte de la Corte Constitucional, de la última prórroga de la conmoción interior puso fin a las zonas de rehabilitación y consolidación. Pero esto no significó el cese de los abusos cometidos por la Fuerza Pública que, de hecho, sigue practicando allanamientos y detenciones sin orden judicial, no solo en tales zonas sino en todo el territorio nacional

3.1.2 Estatuto antiterrorista

A pesar de que se constató que las facultades otorgadas a los militares durante la vigencia del estado de conmoción interior sólo empeoraron la situación de los derechos humanos, el Gobierno promovió la aprobación del llamado estatuto antiterrorista que modificaba la Constitución de 1991 para que las nuevas disposiciones estuvieran vigentes durante cuatro años prorrogables por el Congreso. Así, so pretexto de combatir el terrorismo, se pretendió el establecimiento de un estado de excepción permanente, que permitiera la limitación de los derechos a la libertad, a la circulación, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, a través de la modificación de su regulación constitucional. El estatuto mantenía las mismas competencias a la Fuerza Pública que el estado de conmoción y, además, les otorgaba las facultades de policía judicial, es decir, podrían investigar delitos mediante la práctica de pruebas y el interrogatorio a sospechosos lo que implica que podrían indagar las violaciones a los derechos humanos de los que son acusados los propios militares.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las distintas instituciones del Estado “a no introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a los miembros de las fuerzas militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia”; argumentó que la aprobación del estatuto vulneraría los tratados y los compromisos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia e insistió en que esas medidas eran ineficaces para enfrentar el terrorismo y más bien resultaban contraproducentes pues favorecerían la ocurrencia de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2003, día internacional de los Derechos Humanos, el Congreso ratificó la propuesta del Gobierno. Aunque la Corte Constitucional rechazó su aprobación en 2004, el Gobierno no renunció al estatuto antiterrorista pues ya presentó un recurso para que se anule la decisión de la Corte; sobre el rechazo del Alto Tribunal, el ministro del Interior manifestó que “la Corte extralimitó su competencia (...) Los terroristas deben estar contentos”.

3.1.3 Corrupción y guerra sucia en la Fuerza Pública

Los escándalos de corrupción y prácticas de guerra sucia en la Fuerza Pública se han sucedido durante el mandato de Uribe, especialmente en los últimos meses de 2006. La institución a la que se le ha dotado de amplios poderes, como se ha visto en los apartados anteriores, para que, supuestamente, sea el garante de la seguridad de los colombianos no ha dejado de ser un elemento desestabilizador de la convivencia en Colombia. En lo que va corrido de 2006 han salido a la luz numerosos casos de civiles asesinados que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. El último de estos casos se descubrió a finales del pasado mes de septiembre cuando la Fiscalía ordenó detener a 14 militares por el crimen de tres personas en el departamento de Córdoba, “las pruebas demuestran que murieron en estado de indefensión, no en combate, además no eran guerrilleros”, expresó un funcionario de la Fiscalía en declaraciones al diario El Tiempo citadas por la agencia de noticias DPA. El senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo, ha denunciado que más de 100 colombianos fueron muertos en los últimos años por fuerzas militares y posteriormente presentados como guerrilleros o paramilitares.

En septiembre también se denunció que las Fuerzas Militares estaban llevando a cabo un operativo en la región del sur de Bolívar con el objeto de desplazar a las comunidades agromineras para que las multinacionales puedan explotar libremente las grandes riquezas naturales de la zona: aproximádamente 1.300 campesinos y mineros se marcharon de sus casas por temor a las acciones de las tropas de la V Brigada que fueron acusadas de asesinar a Alejandro Uribe, uno de los líderes de estas comunidades, y de presentarlo posteriormente como un guerrillero muerto en los enfrentamientos . Con esta forma de operar, el Ejército cumple dos objetivos al mismo tiempo: se deshace de personas que puedan cuestionar su trabajo o critiquen el modelo de Estado y presenta un balance positivo ante el Gobierno que en muchas ocasiones les recompensa económicamente.

La presión de Uribe para obtener resultados positivos en la lucha contra el terrorismo y la predisposición de militares y policías para obtenerlos ha llegado a tal extremo que incluso los propios miembros de la Fuerza Pública han preparado atentados atribuidos a la guerrilla que fueron evitados antes de que se produjeran. En las fechas previas a la primera toma de posesión de Uribe un director del DAS quiso ganarse la confianza del nuevo presidente y se inventó unos atentados en su contra. Algo parecido ha ocurrido recientemente en los meses anteriores a que Uribe fuera investido para su segundo mandato. Un grupo de oficiales, coordinados con ex guerrilleros, planeraon y ejecutaron al menos siete atentados en Bogotá para hacer creer a sus superiores y a la opinión pública que fueron capaces de contener los planes terroristas de las FARC al anticiparse a los hechos. Pero un coche bomba explotó y mató a un hombre, quien en ese momento fue presentado como una victima más de la guerrilla . El Ejército admitió estos hechos, pero Uribe dijo que no había pruebas de la implicación de los militares y echó la culpa a la prensa por publicar informaciones no corroboradas; aún más, el Presidente, una semana después de conocido el escándalo, arengó a los 1.200 soldados presentes en un acto de graduación a “ser agresivos y transparentes”. Su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, insinuó que los atentados pudieron ser preparados por los militares para capturar a jefes guerrilleros: “Gobernar es escoger entre muchos males, el mal menor. En labores de inteligencia eso también se hace, uno admite que vayan desarrollándose ciertas cosas para poder coger algo más grande. Uno puede entender que a veces hay que escoger entre muchos males, el menor, para evitar el mal mayor” .

Este año también se han desvelado los nexos entre las Fuerzas de Seguridad y el narcotráfico. El 22 de mayo diez policías de un cuerpo de élite antinarcóticos y un civil murieron en un extraño enfrentamiento con soldados. El suceso fue presentado inicialmente como consecuencia del fuego amigo, pero después se supo que la tropa podía estar protegiendo la hacienda de unos narcotraficantes de la zona y el oficial y los 14 militares que participaron en la masacre fueron encarcelados. A todos estos hechos, que sólo son ejemplos de la larga lista de actos delictivos que se imputan a la Fuerza Pública, se suma la reapertura del caso de la toma del Palacio de Justicia, que aún sigue en la impunidad veintiún años después de que muriera un centenar de personas y desaparecieran otras 11. El 8 de junio de 1985, el M-19 asaltó el edificio donde funcionaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La intervención del Ejército ocasionó la masacre. La Fiscalía ha comenzado a investigar y a imputar a la cúpula militar que ordenó la retoma del Palacio .

3.1.4 Fomento de la impunidad

Numerosas instancias internacionales de protección a los derechos humanos han reconocido que en Colombia la impunidad es estructural y sistémica, particularmente en lo que se refiere a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró que “(la Comisión) condena enérgicamente la persistencia de la impunidad en Colombia, especialmente en relación con violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Urge al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para terminar con la impunidad y recuerda la importancia de castigar con toda la fuerza de la ley a aquellos responsables de la comisión de delitos, investigándolos y juzgándolos ante tribunales civiles, de acuerdo con las normas internacionales del debido proceso. La Comisión enfatiza que ninguna solución al conflicto armado puede conducir a la impunidad de tales crímenes” .

La primera evidencia de la impunidad que reina en Colombia es la distinta aplicación que se hace de las leyes según quien sea el acusado. Si se trata de miembros de la Fuerza Pública o de sus aliados, los paramilitares, los procesos se ralentizan, las pruebas desaparecen, se desacredita o se elimina a los testigos y en muchas ocasiones la víctima acaba huyendo del país para evitar retaliaciones. Por el contrario, si se sindica a alguien del delito de rebelión la ley se aplica con el máximo rigor hasta el punto de que el acusado tiene que demostrar su inocencia. Además, los procesos iniciados contra uniformados habitualmente son reclamados por la justicia penal militar provocando que el Consejo Superior de la Judicatura tenga que resolver el conflicto de competencias. Este órgano de la justicia reiteradamente argumenta que todos los crímenes de militares y policías, incluidos casos de violaciones carnales, se consideran actos del servicio o con ocasión del servicio y consecuentemente corresponden a la justicia penal militar; la independencia del consejo se puso en evidencia cuando hace años las fuerzas armadas nombraron brigadieres generales a dos de sus magistradas “por sus servicios rendidos a las fuerzas militares” . Cuando el proceso cae en manos de jueces militares ya se puede aventurar la sentencia. Así, en Colombia no es necesario garantizar la impunidad a los violadores de derechos humanos con indultos o leyes de punto final; a través de la aplicación del fuero militar el resultado es el mismo, pero con menor costo político.

Durante el Gobierno de Uribe Vélez no han cambiado las cosas. Por el contrario, el Presidente tuvo a un fiel aliado en la Fiscalía General para evitar problemas a la Fuerza Pública con la justicia. Desde que en julio de 2001 Luis Camilo Osorio asumió la Fiscalía dejó claro que “las investigaciones contra los militares no eran bienvenidas” e inició una “purga” de la institución en la que cayeron muchos fiscales experimentados que se encontraban en las etapas finales de sonados casos como el del general retirado Rito Alejo del Río, según se recoge en el informe Un giro erróneo: La actuación de la Fiscalía General de Colombia publicado por la organización estadounidense de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en noviembre de 2002 . Durante sus primeros 15 meses en el cargo nueve fiscales fueron despedidos y otros 15 se vieron obligados a renunciar. Estas irregularidades detectadas desde el comienzo de su mandato ya fueron advertidas por Naciones Unidas, que en su informe sobre la situación en Colombia en 2002 advertía de “los cambios ocurridos a partir de la asunción del nuevo Fiscal General de la Nación, en cuanto a la orientación de la Fiscalía y el relevo de algunos funcionarios, entre otros, que han concitado serios temores en cuanto a las perspectivas de fortalecimiento y compromiso institucional en materia de lucha contra la impunidad. En este sentido, varios sucesos han puesto en cuestionamiento la independencia y autonomía de los fiscales en relación con investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, en particular, aquellas vinculadas a grupos paramilitares y a servidores públicos”. En los sucesivos informes anuales de Naciones Unidas se sigue criticando la pasividad de la Fiscalía ante ese tipo de delitos .

En julio de 2001, agentes judiciales detuvieron al ex general Rito Alejo del Río, sometido a investigación desde 1998 por apoyar la actividad paramilitar en la región de Urabá en 1996 y 1997, mientras era comandante de la Brigada XVII, “horas después de ocupar su cargo, el Fiscal General, Luis Camilo Osorio, se opuso a la decisión de un fiscal de ordenar la detención de Del Río. El Fiscal General alegó que deberían haberle consultado, aunque los fiscales no tienen obligación legal de hacerlo”, según denuncia Amnistía Internacional en su informe Colombia: Seguridad ¿a qué precio? (diciembre 2002), donde también se recogen las irregularidades de la Fiscalía durante el mandato de Osorio. El 5 de agosto de 2001, un juez aceptó un recurso de hábeas corpus presentado a favor de Del Río y ordenó su libertad. A partir de esa fecha, varios funcionarios que trabajaban en el caso se vieron obligados a dimitir, mientras que otros tuvieron que abandonar el país a consecuencia de las amenazas. En una declaración realizada el 13 de agosto de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la dimisión de varios fiscales y pidió al Gobierno que garantizara la seguridad de los responsables de la investigación. El 2 de septiembre de 2001, José de Jesús Gemán, testigo del caso, fue asesinado en Bogotá. El caso lo llevó personalmente el fiscal general Osorio y, finalmente, el 9 de marzo de 2004 lo archivó.

Una actuación similar tuvo la Fiscalía en las investigaciones iniciadas sobre el ex embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda. El 14 de febrero de 1996, cerca de 1.000 personas fueron obligadas a abandonar sus parcelas de la hacienda Bellacruz donde se encontraban asentadas desde hacía más de siete años, debido a la acción de grupos paramilitares y la omisión de la Fuerza Pública. Este ataque fue provocado por un conflicto de tierras entre los campesinos y el grupo Marulanda Ramírez Inversiones S.A, cuyo socio mayoritario es la familia Marulanda. A la postre, el 17 de julio de 2001, Marulanda fue capturado por la Interpol y extraditado a Colombia. Dos semanas después, la Fiscalía General de la Nación lo puso en libertad. Esta decisión fue dejada sin efecto a través de un fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia y se ordenó la detención preventiva de Marulanda. La Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación en octubre de 2003. Con esa decisión Marulanda quedó absuelto de todo cargo . En julio de 2005 acabó el mandato de Osorio y el Presidente Uribe decidió premiar su labor al frente de la Fiscalía y su apoyo a la concesión de facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, nombrándole embajador de Colombia en Italia.


3.1.5 Limitar la tutela y la Corte Constitucional

El Gobierno de Uribe ha incidido en una iniciativa que busca limitar la acción de tutela y los alcances de los fallos de la Corte Constitucional. Ese propósito puede tener graves efectos para la seguridad y los derechos humanos en Colombia. El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de 2003 sobre Colombia hacía hincapié en que los desafíos de protección de los derechos y libertades fundamentales podrían asumirse con mayor eficacia y legitimidad si las instituciones estatales de control cuentan con el espacio y los recursos necesarios para actuar eficientemente, destacando que es muy problemático la ausencia de espacio para un control independiente y una actuación imparcial para los funcionarios de la Justicia y del Ministerio Público. La Alta Comisionada incidió en el hecho de que los órganos que han mostrado mayor independencia e ímpetu por cumplir con sus facultades de controlar y vigilar se han visto amenazados de recorte de sus funciones mediante proyectos normativos, refiriéndose expresamente a la Corte Constitucional.

En contra de las constantes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano de que se abstenga de adoptar leyes y otras medidas que limiten la eficacia o el alcance de la acción de tutela o que limiten el acceso a ese recurso judicial y de que la Corte Constitucional siga desempeñando un papel activo en el examen de la juridicidad de las declaraciones de los estados de emergencia y que no se limite la autoridad de la Corte a ese respecto , el actual Gobierno ha insistido en los últimos cuatro años en la propuesta de una reforma a la Constitución que dejaría de lado la función primordial del Estado de hacer prevalecer los derechos reconocidos en ella. El medio para alcanzarlo se circunscribe a la reforma a la acción de tutela, limitando las facultades del juez, prohibiendo la tutela contra decisiones judiciales manifiestamente inconstitucionales o que constituyan vías de hecho, y haciéndola improcedente para proteger derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos de la niñez, la juventud, las ancianas y ancianos, y el derecho a la salud, entre otros .

Esa misma propuesta busca limitar las atribuciones que le permiten a la Corte Constitucional garantizar la supremacía de la Constitución por encima del poder de las autoridades estatales. La reforma incluye la prohibición a la Corte Constitucional de dar órdenes a autoridades públicas o a particulares en los fallos de constitucionalidad, de modificar la redacción de normas sujetas a su examen, de determinar los efectos de sus fallos y de determinar la retroactividad de los mismos. Todas las anteriores facultades, atribuidas hasta el momento a la Corte Constitucional colombiana, han permitido que dicho tribunal juegue un papel indispensable en la defensa del Estado social y democrático de derecho y la garantía de los derechos fundamentales; igualmente, tales facultades son las propias de los tribunales constitucionales de las democracias modernas, como el Tribunal Constitucional en el caso español. En la práctica, la Corte dejaría de ser la máxima intérprete de la Constitución. La propuesta lanzada por el Gobierno contempla también la eliminación del control de la Corte Constitucional sobre la declaratoria de estados de excepción. De esa manera se daría un paso decisivo para regresar al antiguo estado de sitio, cuyo régimen laxo hizo posible que Colombia permaneciera en estado de sitio prácticamente indefinido durante la segunda mitad del siglo pasado (estuvo vigente en una proporción de tres años sobre cada cuatro) .

El Gobierno ha tenido dificultades en la tramitación de esta iniciativa, pero no ha desistido de su intención de presentar una reforma en ese sentido. En desarrollo de ese proceso y debido a los anuncios gubernamentales de un supuesto acuerdo sobre la propuesta, la Corte Constitucional se vio obligada a desmentir tal afirmación expidiendo un comunicado de prensa en el que se opuso rotundamente a la propuesta gubernamental. En el comunicado la Corte informó en sesión oficial que “ese proyecto acaba con los mecanismos de protección de los derechos constitucionales y deja a los colombianos indefensos frente a la arbitrariedad”. Igualmente, afirmó: “No ignora la Corte, por lo demás, que los mecanismos para hacer cumplir la Constitución y defender los derechos puedan resultar incómodos para quienes han sido afectados por fallos adversos. Lo que diferencia una democracia de otros regímenes es el respeto al Estado social de Ferecho, el acatamiento a las decisiones judiciales y la garantía de los derechos humanos” . No obstante, durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2006, el Gobierno volvió a anunciar su intención de reformar la tutela .

3.2 Violencia sociopolítica

La violencia originada por causas sociales o políticas no ha dejado de incrementarse desde los años ochenta del siglo XX, cuando alcanzó índices muy elevados, acompañados también de altísimos niveles de impunidad y de exclusión social: diez personas muertas cada día por agentes estatales y grupos paramilitares (en un 70% de los casos, en promedio) y por grupos guerrilleros (en un 30%), sin que la justicia actuara eficazmente en un 99% de los casos. Esos niveles de violencia sociopolítica se duplicaron en los primeros años del siglo XXI: veinte personas muertas cada día por agentes estatales y grupos paramilitares (85%) y por grupos guerrilleros (15%), con un índice de impunidad igualmente alto. En medio de todo lo anterior, la pobreza en aquellos años se situó en índices iguales o superiores al 50%.

Durante el Gobierno Uribe, a pesar de los intentos de maquillar las cifras, la situación no ha mejorado, como se demostrará a continuación . Pero, además, concurre el agravante de que los agentes del Estado y los paramilitares han continuado siendo los principales responsables de las muertes producidas fuera del combate mientras se ha mantenido vigente el proceso de negociación iniciado en diciembre de 2002 para la desmovilización de estos grupos ilegales; como ya se mencionó anteriormente, la Comisión Colombiana de Juristas asegura que entre el 1-12-02 y el 31-12-05 los paramilitares han asesinado o desaparecido, al menos, a 2.750 personas. Las guerrillas tampoco respetaron el derecho internacional humanitario y continuaron cometiendo crímenes contra los civiles y sus bienes. Sin embargo, las violaciones cometidas por el Estado y los grupos paramilitares no sólo han sido más cuantiosas sino que cualitativamente entrañan mayor gravedad. El Estado está obligado, en virtud de la ratificación de tratados y convenios internacionales, a garantizar los derechos de sus ciudadanos por eso cuando no sólo no cumple con esta obligación sino que además funcionarios públicos están implicados en las violaciones de esos derechos la gravedad del delito aumenta. La misma responsabilidad estatal y, consecuentemente, idéntica gravedad en los hechos, se da cuando las violaciones las cometen particulares (paramilitares) instigados o tolerados por servidores públicos.

En el número 33 de la revista Noche y Niebla, elaborada por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) , se establece que en el primer semestre de 2006 aumentaron las violaciones a los derechos humanos (948 casos) con respecto al segundo semestre de 2005 (714) y lo mismo ocurrió en las infracciones al derecho internacional humanitario (737 en los primeros seis mese de 2006 frente a 617 en los últimos seis meses de 2005). La responsabilidad de agentes del Estado en las violaciones también creció en el mismo periodo que se compara, especialmente del Ejército (514 en el primer semestre de 2006, 255 en segundo semestre de 2005) y la Policía (379 frente a 148); por el contrario, los paramilitares fueron autores de 282 violaciones a los derechos humanos en la primera mitad de 2006 frente a 325 en la segunda mitad de 2005.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado entregó el 29 de junio de 2006 al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, dos detallados informes que contienen miles de casos de crímenes contra la humanidad y genocidio, cometidos por miembros de los grupos paramilitares y por agentes del Estado. Los informes entregados fueron: Deuda con la Humanidad, en el que están contenidos 14.476 casos comprendidos en el período 1988-2003; y Colombia Nunca Más, que incluye 41.407 casos del período 1966-1998. En ambos informes, cada uno de los hechos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, homicidios políticos y torturas, se reseñan con los nombres de las víctimas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar; así como los presuntos autores. Igualmente, en ellos se mencionan los nombres de los bloques paramilitares implicados, y se identifican las unidades militares o de policía a las que están adscritos los agentes comprometidos en las acciones criminales.

El Movimiento de Víctimas pidió al fiscal que todos estos hechos sean debidamente esclarecidos, poniendo especial énfasis en dos líneas de investigación. En primer lugar, que se dilucide no solo la responsabilidad de los autores materiales de los crímenes, sino que se dé prioridad a la determinación de los autores intelectuales y los agentes estatales que planearon los crímenes, así como a la identificación de los beneficiarios directos e indirectos de los mismos. En esta dirección, se le pidió al Fiscal que se precise la identidad de los políticos, empresarios, ganaderos y terratenientes que dieron las órdenes a los grupos paramilitares, para que éstos cometieran masacres, desplazamientos forzados y crímenes masivos. También se le solicitó que se devele la identidad de los miembros del llamado “Grupo de los seis”, que el jefe paramilitar Carlos Castaño menciona en el libro Mi Confesión como poderosos personajes políticos que le ordenaban la ejecución de asesinatos selectivos. En segundo lugar, los representantes del Movimiento subrayaron al fiscal la importancia de considerar los crímenes de los grupos paramilitares y de los agentes estatales en forma sistemática, buscando relacionar toda la información, pasada y presente, de la que se dispone acerca de crímenes individuales, masacres y fosas comunes. Esto se solicitó con el fin de precisar las pautas y lógicas de operación de los grupos paramilitares y los agentes estatales, y poder definir las responsabilidades de los jefes y los altos mandos en la ejecución de las acciones violentas.

3.2.1 Escasa fiabilidad de la versión oficial

Los informes oficiales sobre violencia en Colombia presentan una mejoría sustancial que contrasta radicalmente con el diagnóstico de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos nacionales y extranjeras. Así, en el Informe Anual de Derechos Humanos de la Vicepresidencia 2005 se afirma: “La disminución de los principales índices de violencia, en proporciones que no tienen antecedentes en la historia reciente del país, es sin duda el principal logro del Gobierno en derechos humanos durante el 2004”. Esa percepción optimista no es compartida ni por las organizaciones sociales ni por algunas entidades estatales de control como la Defensoría del Pueblo. El propio director de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU cuestionaba a la Vicepresidencia: “A la Oficina no le consta que la situación de los Derechos Humanos haya mejorado, por el contrario está sigue siendo altamente crítica” .

Estas discrepancias se deben a que las cifras oficiales son sumamente cuestionables en base a los siguientes aspectos fundamentales: la manifiesta poca fiabilidad de los datos aportados, la falta de claridad en los conceptos utilizados como indicadores y las graves incorrecciones y deficiencias en los procesos de registro. En el citado informe de Vicepresidencia se registra, en efecto, variaciones notables en la mayoría de los indicadores para el 2004 respecto al año anterior. Así habría habido un 52% de reducción en el número de masacres, un 37% en el número de víctimas de desplazamiento forzado o un 15% de reducción en el número de homicidios, por poner unos cuantos ejemplos. Sin embargo, los datos aportados arrojan serias dudas sobre su veracidad, siendo en ocasiones manifiestamente falsos. Este último es el caso, por ejemplo, de las cifras registradas de guerrilleros desmovilizados, muertos y capturados por la Fuerza Pública en los últimos dos años, que dan un total de 20.630 efectivos. Si esto fuera cierto, en sólo dos años los movimientos guerrilleros habrían desaparecido de Colombia ya que, según todas las estimaciones, su fuerza no supera los 20.000 miembros. En el caso de las masacres, por ejemplo, no se registraron las ocurridas ese año en el departamento de Arauca, cuando se tiene constancia de al menos tres de ellas. La misma Vicepresidencia reconoce en una de sus publicaciones la existencia de una masacre en Flor Amarillo, municipio de Tame (Arauca), entre el 19 y 20 mayo del 2004, en la que murieron 11 campesinos. “Sin embargo, según la Policía Nacional, los homicidios cometidos no tienen relación entre sí, razón por la cual no la ha considerado como masacre, de acuerdo a la definición de esta entidad”. El relato de los hechos contradice no obstante la no relación de los homicidios.

De igual forma, se ha de hacer constar las evidentes discordancias entre las cifras oficiales y las aportadas por las organizaciones de derechos humanos. Este es el caso de los 135.315 desplazados en 2004, según Vicepresidencia, frente a los 290.000 en el mismo periodo que cita la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una entidad que aglutina a 130 ONG. O los 97 sindicalistas asesinados en 2004, que contabilizó la Escuela Nacional Sindical frente a los 40 que aparecen en las estadísticas oficiales. En ocasiones, las más altas autoridades del país se contradicen entre si: Uribe dijo en una entrevista a distintos medios, en plena campaña electoral por la reelección, que en 2005 fueron asesinados 12 sindicalistas; la cifra contrasta con los 40 que el vicepresidente Francisco Santos reconoció en marzo ante la OIT y con los 70 que la Escuela Sindicalista afirma que fueron asesinados el pasado año. Por eso, no resulta extraña la dimisión ocurrida en septiembre de 2004 de César Caballero, el entonces director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), por “presuntas presiones ejercidas desde Presidencia para que no publicara los resultados de una encuesta sobre criminalidad en las principales ciudades”.

En cualquier caso, sí que se ha apreciado una disminución en algunos hechos de violencia (masacres, homicidios), aunque no en otros (desapariciones forzadas, desplazamiento), “en estos casos, más que deberse a las políticas de seguridad democrática como sostiene el Gobierno, parece deberse a un cambio en la estrategia paramilitar, centrada ahora en acciones más selectivas, dado el grado de control adquirido. En estas regiones ya no quedarían tantas voces que acallar, como consecuencia de la violencia ejercida inicialmente y el desplazamiento. Al mismo tiempo, estas muertes más selectivas les suponen un menor coste político, debido a su limitada repercusión en la opinión pública nacional e internacional”, según se explica en el informe Colombia: rompiendo el silencio (Valencia, España, 2005), elaborado por la Comisión Valenciana de Verificación de Derechos Humanos.

El fenómeno al que el Gobierno hace mención más habitualmente, como base de su valoración optimista, es la disminución en el número de homicidios registrados. El concepto “homicidio”, engloba y camufla los crímenes que tienen un origen sociopolítico. De esta forma se confunde, posiblemente de manera voluntaria, la violencia perpetrada por la delincuencia común con aquella originada en motivaciones sociopolíticas. También resulta especialmente grave la no inclusión de la figura de la desaparición forzada. En lo referente al desplazamiento forzado, la confusión existente es palpable. En múltiples casos, los únicos desplazamientos registrados son los que se producen entre departamentos y, en cualquier caso, los desplazamientos entre veredas no son registrados. De igual forma, se objeta la naturaleza de desplazamiento forzado para los casos que se originan en una situación de amenaza y no de hechos consumados, catalogándolos de desplazamiento voluntario. De ahí, la gran diferencia entre los datos oficiales y los aportados por organizaciones que hacen seguimiento de este tipo de violencia. También se conocen numerosos testimonios de casos de tortura que quedan registrados como brutalidad policial.

Este tipo de confusiones dan como resultado conclusiones especialmente engañosas. Un dato que tiende a no ofrecerse desagregadamente es el de los hechos cuya autoría se debe a la guerrilla o a los paramilitares. Se habla así de que “la enorme mayoría de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia tuvieron como autores a los grupos armados ilegales” . Se quiere de esta forma generar la idea de una lucha entre las “fuerzas del orden” y la “ilegalidad”. Lo cierto es que, dadas las múltiples evidencias relativas a la connivencia o apoyo de la fuerza pública a los crímenes de los grupos paramilitares, la responsabilidad de estos ha de hacerse recaer en última instancia en el Estado, como ha señalado reiteradamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Otro defecto fundamental de los procedimientos oficiales de registro de los casos de violencia es consecuencia de la práctica inexistencia de investigaciones de oficio o independientes: la víctima o un familiar, salvando todos los obstáculos derivados de la singularización ante las autoridades, ha de efectuar la denuncia que origina el registro. En muchos casos la reducción en el número de denuncias no significa una reducción en el número de hechos de violencia. Así, existe una tendencia a la disminución del porcentaje de casos que se denuncian, debido a los siguientes factores:

- El alto grado de impunidad inhibe a la víctima, que no percibe ninguna razón para efectuar la denuncia. En muchos casos, ni siquiera cuando la denuncia lleva aparejada la posible percepción de una ayuda (este es el caso del desplazamiento), el alcance de ésta compensa los problemas que la denuncia puede generar.

- Las víctimas o sus familiares se encuentran con que la denuncia conduce en numerosos casos al señalamiento, la amenaza, a convertirse en sujeto de investigación ellos mismos, a la judicialización y a la represión.

- El denunciante se encuentra muchas veces con una actitud de incomprensión u hostilidad por parte del funcionario. En numerosas ocasiones, éste trata de disuadirlo, anunciándole los problemas que su acto le puede acarrear, proponiéndole otras vías para resolverlo o quitándole importancia al asunto.

3.2.2 Homicidios y desapariciones

Desde 1997 se viene observando un paulatino aumento del número de personas muertas por razones sociopolíticas. Entre enero de 1997 y diciembre de 1999, cerca de 4.000 personas perdieron la vida cada año a causa de la violencia sociopolítica. En el año 2000, el número de personas muertas por estas causas ascendió a 6.639. Desde entonces, el número de personas muertas a causa de la violencia sociopolítica se ha mantenido en más de 6.300 víctimas cada año: 6.641 en 2001 y 7.803 en 2002. Durante el primer Gobierno de Uribe Vélez (agosto de 2002 a agosto de 2006), se redujo el número total de personas asesinadas o desaparecidas por fuera de combate, a consecuencia de la violencia sociopolítica, en relación con las cifras correspondientes al cuatrienio inmediatamente anterior. No obstante, la comparación de los datos anuales sobre el último decenio (julio de 1996 a junio de 2006) evidencia la persistencia de una tendencia estable, que representa una realidad crítica: en promedio, cada año fueron asesinadas o desaparecidas, por fuera de combate, por lo menos 3.145 personas. Eso significa que la persistencia de la violencia sociopolítica en Colombia, sin tomar en consideración las muertes en combate ni otras violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, cada año produce el mismo número aproximado de víctimas producidas durante los 17 años de dictadura en Chile .

Durante el período comprendido entre julio de 2002 y junio de 2006, por lo menos 11.084 personas fueron asesinadas o desaparecidas por fuera de combate, a consecuencia de la violencia sociopolítica. En promedio, más de siete (7,7) personas fueron asesinadas o desaparecidas cada día, durante la primera administración del presidente Uribe Vélez. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico, la responsabilidad del 74,5% de las muertes y desapariciones por fuera de combate es atribuible al Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 12,1% (752 víctimas); y por tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por los grupos paramilitares, el 62,4% (3.887 víctimas). Así mismo, las guerrillas habrían sido autoras del 25,5% (1.588 víctimas) de las muertes y desapariciones. Durante la primera administración de Uribe, la responsabilidad directa del Estado en la comisión de ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias aumentó en un 60%. En promedio, entre julio de 2002 y junio de 2006, agentes estatales serían responsables de la muerte de 188 personas cada año. Entre julio de 1998 y junio de 2002, a agentes estatales se atribuyó la responsabilidad por la muerte de 118 personas cada año, en promedio.

Las organizaciones no gubernamentales han documentado numerosos casos en que se ha pretendido encubrir estos delitos como combatientes muertes en combate, víctimas del fuego cruzado o “errores militares”. Mientras, el Presidente Uribe no ha escatimado elogios a la Fuerza Pública (“Tenemos la suerte en Colombia de contar con una Fuerza Pública respetuosa como ninguna en el continente de la democracia y del orden constitucional”) y ha justificado sus acciones: refiriéndose a la masacre, atribuida a un “error”, de cinco campesinos ejecutada el 19 de abril de 2004 por el Ejército en Cajamarca (departamento del Tolima), dijo: “Tengo motivos de profundo dolor, pero carezco de razones administrativas para sancionar a los soldados y oficiales. Estoy convencido de la buena fe del Ejército en esta equivocación” . Más recientemente, la ONU y la Gobernación de Antioquia han exigido al Gobierno que aclare las 24 muertes ocurridas en los primeros cuatro meses de 2006 que fueron presentadas como bajas en combate, pero numerosos testimonios aseguran que las víctimas eran civiles que estaban desaparecidos y después la Fuerza Pública los presentó como miembros de los grupos ilegales caídos en enfrentamientos . El general Óscar González, comandante de la VII División, implicada en estos crímenes, respondió a las denuncias descalificando a sus autores: “El terrorismo le declaró la guerra al Estado en dos vías: la armada y la político-jurídica. Tras cada operación exitosa, las organizaciones proclives a la subversión, o ella misma, comienzan a denunciar”. Ni este oficial fue sancionado por sus palabras, que ponen en alto riesgo a quienes denuncian, ni Uribe, por el momento, ha derogado el decreto que contempla bonificaciones económicas para los integrantes de la Fuerza Pública que participen en acciones que posibiliten la captura o muerte en combate de jefes insurgentes lo que provoca un afán desmesurado para obtener resultados positivos.

Dos jóvenes del Tolima campesinos han sido recientemente víctimas de estos falsos positivos. El día 16-10-06, José Mario Guerrero y Héctor Jairo Yate salieron de sus casas con destino a la vereda Las Vegas del Café. Entre las seis y siete de la tarde habitantes de la región escucharon unos disparos procedentes del camino que tomaron los dos jóvenes. José Mario y Héctor Jairo no aparecieron en Las Vegas ni ese día ni al día siguiente. En la mañana del 17 de octubre se informó en la radio de la supuesta existencia de combates en la zona entre el Ejército y la guerrilla.. El Centro de Operaciones del Comando del Ejército difundió el 18 de octubre un comunicado, donde reporta que en desarrollo de la operación Reconquista se presentó un cruce de disparos que se “prolongó durante varios minutos”, dejando varios “extremistas muertos”. Después pudo establecerse que se trataba de los dos campesinos .

3.2.3 Torturas

Si bien la práctica de la tortura pareciera haber descendido en el último periodo del Gobierno de Uribe (en los seis primeros meses de 2005 hubo 56 casos; 26 se atribuyen a paramilitares y 14 a la Fuerza Pública), la cifra sigue siendo alarmante para un país donde se dice que impera el Estado de Derecho. En los inicios de su mandato, los niveles de tortura fueron los más altos de los últimos siete años: entre julio de 2002 y junio de 2003, se registró un promedio de casi una víctima cada día . Durante dicho período fueron víctimas de torturas por lo menos 340 personas. De ellas, 58 fueron torturadas y dejadas con vida y 282 fueron torturadas antes de ser asesinadas. En cuanto a las presuntas autorías, el 51,47% del total de los actos de tortura cometidos durante el período en estudio fue atribuido al Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 15,29% (52 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares el 36,18% (123 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 2,94% (10 víctimas). En 155 de los casos se desconoce el autor de las violaciones. Sin embargo, en 33 de estos casos (9,71%) existen indicios de que el perpetrador fue uno de los grupos armados, sin que se pueda especificar cuál de ellos. En 122 casos (35,88% del total) no se tienen indicios del presunto autor.

Un año antes, en el período de julio de 2001 a junio de 2002, se presentaron 242 casos de tortura. Es decir que, con respecto a dicho período, se presenta un aumento del 40,5% en los casos de tortura. Es importante destacar que los casos de tortura atribuidos directamente a miembros de la Fuerza Pública aumentaron en un 116,67%, pasando de 24 a 52. Así mismo, son prácticas usuales en el país los tratos crueles e inhumanos durante procesos de detención en la cárcel, o durante la represión por parte de la Fuerza Pública contra manifestaciones en lugares públicos . A esto se suman las condiciones de detención prevalecientes en Colombia que constituyen, por sí mismas, tratos crueles, inhumanos o degradantes .

En Colombia se están cometiendo torturas de manera sistemática. Así lo reconoció el Comité contra la Tortura luego de examinar en noviembre de 2003 el tercer informe periódico de Colombia. El Comité manifestó serias preocupaciones por la práctica de la tortura y los malos tratos ejercida en Colombia “de manera generalizada y habitual por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (...) tanto en operaciones militares como fuera de ellas”.

3.2.4 Secuestros

El índice de secuestros sigue siendo alto. Actualmente no se alcanzan los niveles que se dieron a finales del siglo pasado -de un promedio de casi cinco personas secuestradas cada día entre julio de 1996 y junio de 1997, se pasó a más de nueve personas secuestradas cada día entre julio de 1999 y junio de 2000-, pero hubo más de dos víctimas diarias de este delito entre enero y diciembre de 2005. De los 751 secuestros que se cometieron el año pasado (168, el 22%, fueron mujeres), 322 fueron atribuidos a los grupos ilegales combatientes (43%): 273 a las guerrillas (36% del total) y 49 a los paramilitares (7%), según los datos de la CCJ, entidad que afirma que también se produjeron casos de personas secuestradas por miembros de la Fuerza Pública que no fueron registrados por la Policía Nacional; se tiene conocimiento de estos casos por la información que proporciona la Fiscalía o los medios de comunicación. Además, según Naciones Unidas, debe tenerse en cuenta que las estadísticas oficiales sólo registran en la actualidad los casos denunciados ante las fiscalías delegadas ante el GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, unidades de élite creadas para luchas contra el secuestro y la extorsión). Esto significa que quedan fuera los casos que por distintas razones no se denuncian, y los que presentan dificultad para el registro por su modalidad (por ejemplo secuestros de horas o unos días, durante los cuales se obliga a la víctima a hacer traspasos de bienes o retiros de dinero). Según datos de la Fundación País Libre, existen alrededor de 2.500 casos en los cuales no se ha establecido el responsable y por ende se desconoce la suerte de las víctimas

Por lo menos, 5.426 personas secuestradas en años anteriores permanecen en manos de sus captores, según las estadísticas de Fondelibertad y de la Fundación País Libre. Un total de 1.140 secuestrados estarían en poder de las FARC (entre ellos a políticos destacados como Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial secuestrada en 2002) y 671 del ELN. Se estima que 474 permanecen en poder de las AUC, aún cuando éstas últimas llevan tres años en negociación con el Gobierno, y deberían entregar información sobre secuestrados o desaparecidos. La delincuencia común, familiares de las víctimas y autores sin identificar son los autores de más del 50% de los casos de secuestros que se cometen en Colombia.


3.2.5 Desplazamiento forzado

Colombia es uno de los pocos países en el mundo que disponen de una legislación específica para proteger y asistir a los desplazados internos, la ley 387 de 1997. Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno aprobados por las Naciones Unidas han sido adoptados como legislación interna y tienen rango constitucional. De acuerdo con la ley nacional, las instituciones estatales deben proveer asistencia a los desplazados por un período de tres meses luego del desplazamiento. Esto debería incluir vivienda, alimentación, atención en salud, ropa y otros insumos básicos. Sin embargo, como en muchos otros aspectos de la vida cotidiana en Colombia, este sistema de protección es limitado y sólo existe en el papel para aparentar ante la comunidad internacional que se hace algo ante el grave problema ya que es el segundo país del mundo con más desplazados, después de Sudán . La Procuraduría General de la Nación advirtió que el Estado colombiano invirtió en 2005 un promedio de 7,2 millones de pesos por cada persona desmovilizada y su familia frente a los 3 millones que recibió cada hogar en situación de desplazamiento.

A la tradicional política errática que han aplicado los sucesivos gobiernos en materia de desplazamiento se ha añadido en los últimos años el concepto de seguridad democrática que ha incrementado los enfrentamientos armados y al no distinguir entre combatientes y no combatientes ha estigmatizado a grandes núcleos de población que se han visto obligados a huir para evitar verse envueltos en el conflicto . Además, la impunidad que impera en los casos de desplazamientos forzados facilita la repetición de este delito e impide su prevención. En diciembre de 2005, la Fiscalía General de la Nación tenía 2.362 casos de desplazamiento, de los cuales el 97% se encontraba en etapa preliminar, es decir, aún no se tenía la certeza de que se hubiera cometido el delito y no se había identificado a un presunto responsable; del resto, el 2,4% se estaba instruyendo y menos del 0,5% habían pasado a la etapa de juzgamiento .

El desplazamiento forzado en Colombia se origina en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, violaciones que sufre principalmente la población civil . En ese mismo contexto se incluyen las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito como causa importante del desplazamiento ya que son indiscriminadas y, además de perjudicar la salud de los pobladores, han afectado en mayor proporción los cultivos de autoabastecimiento de las y los campesinos que no tienen otra opción que desplazarse para sobrevivir. Las víctimas de estos desplazamientos forzados sufren de una desatención total por parte del Gobierno. Por lo pronto, este no los reconoce como titulares de los derechos a la asistencia que el Estado presta a la población desplazada pues, para las autoridades las fumigaciones aéreas no constituyen un elemento que pueda configurarse como causa de desplazamiento forzado, según la ley 387. Además, no tienen acceso a la justicia: de todas las quejas presentadas por personas afectadas por las fumigaciones, sólo el 0,2% han sido compensadas .

Las poblaciones más afectadas por el desplazamiento forzado son las niñas y los niños entre 5 y 14 años, que representan el 44% de la población desplazada. Las mujeres adultas representan aproximadamente el 49% y el 40% de los hogares desplazados tienen jefatura femenina siendo el promedio nacional un 29%. En términos relativos, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes han sido en mayor proporción víctimas del desplazamiento forzado que el resto de poblaciones: los indígenas representan aproximadamente el 6% de los desplazados cuando sólo son el 2% del total de la población colombiana y las comunidades negras son el 18% de los desplazados mientras equivalen al 11% de los colombianos . Esta situación es muy grave, aun cuando el Gobierno pretenda minimizarla, presentando públicamente una reducción del número de personas desplazadas durante los últimos cuatro años. Dicha supuesta disminución en el registro gubernamental se debe, entre otros elementos, al subregistro del sistema de información (la mayoría de los desplazamientos intraurbanos y entre las veredas y de los desplazamientos causados por fumigaciones no se contabilizan) y a la desconfianza de las víctimas a presentarse ante las autoridades por temor por su seguridad . Al mismo tiempo, se han incrementado los casos de comunidades desplazadas y ahora retornadas, víctimas de limitaciones a la libre circulación, al abastecimiento de bienes de primera necesidad y a la atención humanitaria.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) indica que alrededor de 3.832.527 personas han sido desplazadas en los últimos 20 años, “es posible que muchas de estas personas hayan superado su condición de desplazadas, estén fuera del país o hayan muerto en estos veinte años. Pero las causas estructurales del desplazamiento siguen vigentes y la realidad social y humanitaria del desplazamiento emerge como un desafío al Estado Social de Derecho”, afirma Codhes en su boletín de septiembre de 2006. Como acertadamente señala Médicos Sin Fronteras, “cuando los colombianos se refieren al desplazamiento no usan el verbo `estar’. `Estar desplazado’ implica un estado transitorio que puede revertirse, algo que eventualmente terminará. Conscientemente o no, los colombianos usan la frase `ser desplazado’, lo cual sugiere el desplazamiento como algo permanente, como una parte constitutiva de la identidad de alguien. Mucho más que una curiosidad semántica, esta forma particular de hablar parece reflejar la realidad del desplazamiento en Colombia como una condición duradera que deja cicatrices en la gente por el resto de su vida” .

En los dos últimos años, unas 600.000 personas huyeron de su lugar de residencia y en los primerosos seis meses de 2006 la cifra ya alcanza los 112.099 desplazados, que representan 22.419 hogares, y afectó 463 municipios de 32 departamentos del país: justamente las regiones en las que hubo desmovilización paramilitar, donde se desarrollo el Plan Patriota (un amplio operativo militar iniciado hace dos años contra la guerrilla en el sur del país), en los municipios a los cuales regresó la guerrilla o en los que se registraron enfrentamientos entre facciones insurgentes y en las zonas de fumigación aérea y erradicación manual de cultivos de uso ilícito. El desplazamiento impactó de manera grave y desproporcionada a minorías étnicas que constituyeron el 12% del total de la población desplazada en el primer semestre de 2006. Alrededor de 5.773 personas pertenecientes a diversos pueblos indígenas y 8.038 personas afrodescendientes, fueron desplazadas en hechos que prolonga el desalojo y el desarraigo de estas comunidades, “si bien este desplazamiento forzado tiene relación con el conflicto armado, son cada vez más evidentes los poderosos intereses que se ciernen sobre los territorios ancestrales y colectivos con fines de explotación de sus recursos naturales y su biodiversidad, implementación de macroproyectos e imposición ilícita de monocultivos, especialmente de palma aceitera y caucho” . A ellos se suman 5.301 personas que pasaron las fronteras con Ecuador, Venezuela y Panamá y solicitaron asilo.

Aunque se ha producido una disminución del 27% de personas desplazadas con relación al primer semestre de 2005 (153.463), durante el gobierno de Uribe se ha mantenido la tendencia de desplazamiento que se registró en el gobierno de Pastrana (1998-2002). Según los datos de Codhes, entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2006, un total aproximado de 1.123.369 personas fueron desplazadas. Mientras en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 7 de agosto de 2002 el desplazamiento afectó a un 1.151.495 personas. Ni estos desplazados de los últimos años ni los de las décadas anteriores tienen muchas expectativas de ser compensados por el daño sufrido ni siquiera de recuperar lo que les arrebataron quienes les obligaron a escapar. La Controlaría General de la República calculó que sólo entre 2000 y 2004 las personas desplazadas habían perdido 7,5 billones de pesos (entre ingresos y tierras de las que habían sido despojados), pero mientras a cada una de estas familias el Estado les había dado 5,5 millones en tres años, los reinsertados (muchos de los cuales son responsaqbles de desplazamientos) habían recibido 19,5 millones, cuatro veces más; además, la mayor parte del presupuesto destinado a atender a las víctimas del desplazamiento procede de la cooperación internacional (60%). Distintas investigaciones establecen entre 4 y 5 millones de héctáreas arrebatadas a los desplazados mientras que en 2003 sólo constaban en los registros oficiales 150.000 héctareas declaradas por las familias que las habían abandonado.

Ante esta ausencia de una política integral de atención a las víctimas de este delito y las pésimas condiciones de vida de las familias desplazadas, la Corte Constitucional dictó una sentencia en enero de 2004 en la que estableció que esta situación constituye “un estado de cosas inconstitucional” que hay que superar dándole prioridad a la atención del desplazamiento forzado dentro de la agenda política: asignar los recursos suficientes y remediar las falencias institucionales para lograr la coherencia entre lo jurídicamente debido y lo realmente cumplido. Dos años y medio después, la Corte ha evaluado el cumplimiento gubernamental de su sentencia: “A pesar de que se ha informado a la Corte sobre ciertos avances importantes en áreas críticas de la política de atención a la población desplazada, no se ha demostrado que se haya superado el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T/025 de 2004, ni que se esté avanzando en forma acelerada y sostenida hacia su superación” (auto 218 del 11-8-06).

Una valoración semejante realiza Naciones Unidas en su informe sobre la situación en 2005: “La atención a la población desplazada registró avances, particularmente en materia de recursos para atender la crisis, en el diseño de instrumentos de política y en la creación de espacios de participación de las comunidades desplazadas. Sin embargo, estos esfuerzos no consiguen aún garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la población desplazada, especialmente en materia de vivienda, tierras y generación de ingresos. Tampoco se ha dado una respuesta adecuada a la situación de las mujeres desplazadas, que en muchos casos deben asumir la jefatura del hogar y son víctimas de mayores índices de violencia. La aplicación de criterios restrictivos de inclusión, exclusión y cesación de la condición de desplazado, produce un subregistro que restringe el acceso de la población a la asistencia humanitaria y subestima la dimensión del fenómeno para construir políticas consecuentes.”

3.2.6 Detenciones arbitrarias

La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, afirmó en julio de 2003, que durante el primer año de la presidencia de Álvaro Uribe se capturaron a 125.778 personas. De acuerdo con las estadísticas de la autoridad penitenciaria colombiana, en julio de 2003 existía una población carcelaria de 58.877 personas, de las cuales 25.636 tenían prisión preventiva. Por consiguiente, la sorprendente conclusión pareciera ser que de las más de 125.000 detenciones que se produjeron desde agosto de 2002, un máximo de 25.636 personas tenían suficientes motivos como para permanecer recluidos. El resto, más de 100.000 personas, tuvieron que ser liberadas porque fueron detenidas sólo para intimidarlas o como consecuencia de montajes judiciales fundamentados en el testimonio de integrantes de la red de informantes que se ha convertido en un recurso económico para sectores desfavorecidos: a cambio de una delación con o sin fundamento el Estado da una recompensa. Las consecuencias de esta política de detenciones arbitrarias masivas, que ha sido comparada con las pescas milagrosas practicadas por la guerrilla (retener a numerosos civiles en los controles de carretera para posteriormente mantener secuestrados únicamente a los que puedan pagar rescate), no sólo son vulneraciones al derecho a la libertad personal sino otro tipo de violaciones de los derechos humanos como son el estado de inseguridad jurídica, la tortura, el desplazamiento o incluso la muerte pues se han dado casos de personas asesinadas por los paramilitares una vez puestas en libertad. Además, con esta práctica se logra el desmembramiento del tejido social ya que habitualmente las personas que han experimentado una detención se alejan de las organizaciones sociales cuando recobran la libertad por temor a ser procesados de nuevo o a otro tipo de represalias.

Estos procedimientos de detención fueron duramente criticados por la Procuraduría General de la Nación, que en un informe especial señaló la “reducida eficacia del procedimiento una vez que se produce la judicialización correspondiente (...). Son muchas las personas que resultan innecesariamente afectadas y muchos de sus principales derechos conculcados: libertad, dignidad, buen nombre, sin que haya reparación alguna y se los libera una vez transcurrida la espectacularidad del operativo ya que sus casos no se pueden solventar probatoriamente ante la fiscalía” . En Colombia, las detenciones arbitrarias se han convertido en una práctica generalizada, masiva y sistemática. Durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2006, por lo menos 6.912 personas fueron detenidas arbitrariamente . Eso significa que cada día, en promedio, fueron detenidas arbitrariamente casi cinco (4,7) personas. En relación con las cifras correspondientes a los seis años precedentes, durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez las detenciones arbitrarias se incrementaron en un 240,9%. Entre julio de 1996 y junio de 2002, por lo menos 2.869 personas fueron víctimas de detención arbitraria. Eso significa que cada día, en promedio, más de una persona (1,3) fue detenida arbitrariamente.

Del total de detenidos en el primer año del Gobierno de Uribe, 5.535 lo fueron en 77 operativos de captura masivos en los que la Fuerza Pública tomó por asalto varias poblaciones. Así, como ejemplos, valga citar la detención de 2.000 personas en Arauca ocurrida el 12-11-02 y la Operación Libertad llevada a cabo en la madrugada del 27-9-03, en Quinchía (Risaralda), donde 116 personas fueron privadas de su libertad . Esas cifras, que aunque han ido descendiendo se han mantenido altas hasta el final del primer mandato de Uribe , permiten afirmar fundadamente que existe una relación directa entre la implementación de la política de seguridad democrática y el aumento de las violaciones al derecho a la libertad personal a través de detenciones arbitrarias . El Presidente mide los avances de la política de detenciones masivas por el número de personas capturadas y no por la calidad de las investigaciones, ni por las garantías procesales de las mismas. Procedimientos como las detenciones masivas han sido enfáticamente defendidos por Uribe, quien ha afirmado que no son arbitrarios, se ajustan al ordenamiento jurídico y son útiles para capturar a los “auxiliadores del terrorismo” . El Presidente solicitó al director de la Policía Nacional que en la Sierra Nevada de Santa Marta debería aumentarse el volumen de las capturas masivas: “Le dije que en esa zona, no podíamos seguir con capturas de 40 o de 50 todos los domingos, sino de 200” .

3.2.7 Infracciones al DIH por parte de las guerrillas

Los informes que anualmente realiza la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia reiteradamente denuncian las graves infracciones al derecho internacional humanitario que realizan los grupos guerrilleros en el marco del conflicto armado. En algunos casos la insurgencia atribuye a errores estas acciones o las justifica desviando la responsabilidad a la Fuerza Pública o a los paramilitares por haber utilizado a la población civil como escudo. El caso más dramático en el que las FARC públicamente reconocieron que habían cometido un error ocurrió el 2 de mayo de 2002 en el municipio de Bojayá (Chocó). Ese día los guerrilleros lanzaron varias pipetas (artefacto cargado de explosivos de elaboración artesanal cuyo sistema de lanzamiento carece de precisión) contra los paramilitares con los que mantenían combates en la zona desde hacía varios días. Una de estas pipetas estalló en el interior la iglesia, donde se habían refugiado numerosos vecinos, en cuyos alrededores se habían colocado los paramilitares para protegerse de los ataques. La explosión provocó 119 muertos y 98 heridos, muchos de ellos menores de edad. Naciones Unidas señaló que ese “error” constituyó una infracción a las normas humanitarias porque el ataque fue indiscriminado y no se tuvieron en cuenta las precauciones necesarias para evitar daños a los civiles . No obstante, la OACNUDH también responsabilizó a los paramilitares de lo que pasó por “haber expuesto a la población civil a los peligros de las acciones militares” y al Estado Colombiano por “la falta de respuesta oportuna y eficaz de las autoridades encargadas de adoptar las medidas para evitar la ocurrencia de los hechos (...). Considerando las alertas formuladas por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y esta misma Oficina, debe descartarse la posibilidad de que las instituciones estatales desconocieran la existencia de los riesgos que afectaban a la población civil del Atrato Medio.”

Tres años después, a pesar de las terribles consecuencias de acciones como las de Bojayá, la actitud de las FARC no ha variado sustancialmente. La misma OACNUDH en su estudio sobre 2005 constata que “el total desconocimiento y desprecio por los deberes humanitarios por la guerrilla, en particular de las FARC, pudo observarse en la persistencia de la comisión de graves infracciones. Se registraron homicidios, masacres, ataques y amenazas a la población civil, ataques indiscriminados, actos de terrorismo y toma de rehenes. Se observaron también desplazamientos forzados, irrespeto a la inmunidad de la población civil, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de niños y niñas, y ataques a la misión médica”. Así, se recogen combates entre este grupo insurgente y los paramilitares o la Fuerza Pública en los que se dieron circunstancias similares a las de Bojayá provocando víctimas -aunque en menor cuantía- entre la población civil. En el informe de Amnistía Internacional referido al año pasado también se denuncia que “los grupos armados de oposición siguieron cometiendo infracciones graves y generalizadas del derecho internacional humanitario”.

La Oficina de Naciones Unidas también registró en 2005 homicidios selectivos atribuidos a las FARC contra concejales, alcaldes, líderes políticos e indígenas y la ejecución de varias masacres con un total de más de 30 asesinatos. Al ELN se lo responsabilizó por homicidios, tales como el de un reinsertado de las FARC, y el de otras cuatro personas, incluyendo dos sacerdotes, así como varias amenazas de muerte contra civiles. A ambos grupos se les acusa de actos de terrorismo por la utilización de artefactos explosivos, algunos ubicados en bicicletas o caballos. La toma de rehenes por parte de las guerrillas afectó principalmente a líderes comunitarios y políticos, religiosos, indígenas, así como defensores de derechos humanos (las FARC mantuvo secuestrados varios días a cinco integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Jiguamiandó, departamento del Chocó).

Además, la insurgencia persistió en su práctica de sembrar minas antipersonales que afectaron a numerosos civiles, incluyendo a niños y niñas, además de a soldados. El Ejército también ha sido acusado de esta práctica contraria al derecho internacional humanitario. En 2005, Colombia se convirtió en el primer país del mundo en cantidad de víctimas provocadas por las minas. Mientras que en 2004 el país ocupaba el tercer lugar, con 868 víctimas, el pasado año se puso arriba en las estadísticas mundiales con 1.100 personas afectadas por estos explosivos. Según el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de Colombia, entre 1996 y el primero de septiembre de este año, las minas antipersonales afectaron a 1.808 civiles y a 3.023 militares. El informe asegura que las FARC “continuaron siendo el mayor sembrador de minas antipersona en el país, y uno de los mayores en todo el mundo”.

El primer semestre de 2006 se caracterizó por constantes denuncias de reclutamiento forzado, persistentes amenazas y agresiones por parte de las FARC a concejales, alcaldes y otros funcionarios públicos, especialmente en la zona sur del país, según informa Codhes en su boletín de septiembre de 2006. En los departamentos de Caquetá y Huila, por ejemplo, fueron asesinados 13 concejales. En el escenario electoral, las FARC adoptaron como mecanismo de presión, además de los paros armados, las amenazas contra líderes políticos y sociales. Así ocurrió en el departamento de Santander en donde la guerrilla amenazó a por lo menos 15 alcaldes para que renunciaran a su cargo antes del 1 de julio y en el Eje Cafetero en donde amenazaron a siete concejales. Al final del semestre el ELN, a pesar de los “diálogos exploratorios” que mantiene con el Gobierno, incrementó sus acciones armadas en zonas del Pacífico, que incluyen reclutamientos forzados, desplazamientos, secuestros y ataques a la Fuerza Pública.

3.2.8 Negociaciones con las guerrillas

En diciembre de 2005 el Gobierno y el ELN iniciaron los contactos para establecer un proceso de paz. Desde entonces ya se han celebrado cuatro reuniones en Cuba, auspiciadas por España, Noruega, Suiza y el propio país anfitrión, entre los comandantes guerrilleros y el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. El 3 de marzo, después de la segunda ronda, el Gobierno concedió estatus de representantes oficiales a los tres negociadores del ELN. Las dos partes acordaron establecer una “mesa de conciliación”, mediante la cual terceros, entre ellos países garantes, podrían contribuir a buscar soluciones a temas sensibles. Sin embargo, el proceso es frágil, pues hasta ahora no se ha entrado a discutir sobre cuestiones de fondo en las que las dos partes pueden mostrar grandes diferencias. El dirigente del ELN, Antonio García, ha manifestado que su grupo entiende la búsqueda de la paz como la realización de “cambios estructurales de mayor justicia, equidad y superación de la pobreza” y ha solicitado que se declare la amnistía para sus combatientes y “para los prisioneros del movimiento social y los dirigentes sindicales”. Se calcula que el ELN dispone de unos 4.500 guerrilleros.

Con respecto a las FARC, Uribe ha cambiado de estrategia conforme se acercaban las eleciones presidenciales. Después de cuatro años de seguridad democrática los niveles de violencia no han descendido en el país por lo que la mayoría de los colombianos volvió a poner sus esperanzas en una solución negociada al conflicto. En noviembre de 2005, el comisionado de paz Restrepo anunció la voluntad del Gobierno de negociar con las FARC, y agregó que Uribe le otorgaría al grupo estatus político y discutiría la posibilidad de establecer una asamblea constituyente, que ha sido una de las exigencias tradicionales de la guerrilla, si accedían a un cese al fuego. La nueva voluntad de Uribe de comprometer a las FARC se hizo más evidente en las semanas previas a las elecciones. En un discurso dijo que, si llegara a ser reelegido, el primer acto de su segundo gobierno sería entablar conversaciones con las FARC. Aunque en las palabras que pronunció la noche de las elecciones no mencionó a las FARC, el 30 de mayo emitió un comunicado en el que decía que su gobierno avanzaría “decidida y prudentemente” para buscar la paz con los insurgentes. El pasado mes de septiembre el Gobierno se mostró dispuesto a desmilitarizar dos municipios del sur del país para llevar a cabo un acuerdo humanitario, con la mediación de España, Francia y Suiza, que permita liberar a las personas secuestradas por la guerrilla a cambio de que salgan de la cárcel varios presos de las FARC. En el marco de las discusiones sobre el canje, también sevolvió a ofrecer a la guerrilla la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, un atentado ocurrido en Bogotá en octubre, que dejó 23 heridos y cuya autoría se desconoce, fue el argumento empleado por Uribe para suspender los acercamientos para el acuerdo humanitario y ordenó a la Fuerza Pública el rescate de los rehenes. Los familiares de los secuestrados y la oposición polítca le recordaron la obligación del Gobierno de garantizar la vida de los rehenes.

3.3 Grupos especialmente vulnerables

Varios grupos y comunidades presentan una particular situación de vulnerabilidad por efecto del conflicto armado y de las acciones de los grupos armados al margen de la ley, así como por algunas medidas y políticas públicas o por la ausencia de ellas. Los defensores de derechos humanos, miembros de minorías étnicas, comunidades que ofrecen resistencia a verse envueltas en la guerra, periodistas, niños, niñas y mujeres, sindicalistas, personas detenidas, minorías sexuales, entre otros, integran estos grupos. A continuación, se describe la situación de alguno de ellos, especialmente durante el primer periodo presidencial de Uribe.

3.3.1 Niños y mujeres

Las mujeres, niñas y niños son sectores de la población especialmente afectados por la guerra y por la insuficiencia de la inversión estatal en materia social. El último informe de Naciones Unidas afirma que el conflicto armado continúa afectando a los menores de edad de diferentes maneras. Según datos oficiales, la niñez representa el 48% de los desplazados y el 30% de las víctimas de minas antipersonales y de municiones sin explotar y abandonadas. Todos los grupos armados al margen de la ley han practicado el reclutamiento de menores, pero resulta más grave aún que tres años después de iniciadas las negociaciones para la desmovilización de los grupos paramilitares continuara la presencia de niños y niñas entre sus filas, como apunta Naciones Unidas. Para esta organización, los datos de desvinculación de los menores a las AUC “muestran inconsistencias y poca transparencia. (...) En varios casos, los paramilitares han entregado a los niños directamente a sus familias. De esta manera se impide que quede algún registro en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), institución estatal a quien deben ser entregados por disposición legal. Esta situación puede tener consecuencias de impunidad sobre la responsabilidad de esos grupos e igualmente sobre los derechos básicos de los niños y niñas víctimas del reclutamiento. Estos últimos quedan por fuera de la protección estatal y de los programas a los que tienen derecho”. La ONU también registró casos en 2005 en los cuales la Fuerza Pública ha utilizado menores de edad en actividades de inteligencia militar, “irrespetando su condición especial y generando riesgos para su vida e integridad personal”. Esta relación directa y cotidiana con la guerra que se mantiene desde la niñez influye decisivamente en la forma en que los niños y niñas entienden cómo deben resolver sus problemas diarios: asumen con normalidad las peleas entre compañeros y consideran que la agresión puede ayudar a conseguir sus objetivos.

El desarrollo de niñas y niños también se ve afectado por la cantidad de menores que aún hoy en Colombia siguen dedicándose a actividades de explotación sexual , trabajo doméstico, comercio callejero, minería artesanal y actividades ilícitas y por el aumento del número de adolescentes embarazadas, particularmente entre las jóvenes más pobres y con menor nivel de educación (según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud referida a 2005, la proporción de adolescentes alguna vez embarazadas pasó de 19 a 21% en los cinco últimos años).

Más de la mitad de la población colombiana son mujeres, pero sus condiciones de vida siguen siendo inferiores a las de los hombres en muchos aspectos: persisten la violencia -dos de cada cinco mujeres alguna vez casadas o unidas denunciaron haber sufrido agresiones físicas por parte del esposo o compañero- y desigualdades principalmente en empleo, ingresos , salud y participación. Y desde el Gobierno no hay intenciones de mejorar su situación, a tenor de lo expresado por Naciones Unidas: “Las metas y los compromisos internacionales del país en materia de equidad de género no se ven reflejados adecuadamente en las políticas públicas, en particular en el documento 2019 Visión Colombia que contiene la propuesta de políticas proyectadas al año 2019 presentado por el gobierno nacional para discusión pública”. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó, en su última sesión, las violaciones continuas de los derechos de las mujeres y las niñas y el clima de impunidad en que esas violaciones ocurren y enfatizó en la necesidad de investigar, procesar y castigar a los responsables de tales violaciones.
La guerra ha afectado a las mujeres de diversas formas. Ellas han sido víctimas de todo tipo de agresiones, sobre todo cuando son familiares de personas vinculadas al conflicto; los autores, en su mayoría, pertenecen a los grupos armados ilegales, pero también se ha denunciado la implicación de miembros de la Fuerza Pública. Muchas de estos ataques son sexuales y tienen como objetivo castigar los comportamientos que los combatientes consideran inaceptables o humillar al bando contrario. La OACNUDH registró en 2005 casos de violencia sexual atribuidas principalmente a miembros de la Fuerza Pública aunque también hubo denuncias que involucran a integrantes de grupos paramilitares y de las FARC, y a personas desmovilizadas de grupos paramilitares. En varios de ellos las víctimas son menores de edad, mujeres jóvenes, o indígenas.

Las mujeres también han sido víctimas de amenazas, la mayoría dirigidas contra las que ocupan posiciones de liderazgo o responsabilidad, dirigentes de organizaciones civiles o mujeres que ostentan cargos públicos o de representación política. La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria sostiene que la violencia contra las mujeres vinculadas a organizaciones sindicales y de ayuda social aumentó en más del 600% de 2002 a 2003. En 2002 mataron en Colombia a 31 mujeres previamente amenazadas a causa de sus actividades sindicales. Al año siguiente asesinaron a 194. Pero las asesinadas que no pertenecen a asociaciones sindicales no se incluyen en ninguna lista, es decir, las indígenas, las afrodescendientes, las desplazadas, no aparecen. Y son las más vulnerables. Las amenazas a veces las obligan a desplazarse, con frecuencia acompañadas de hijos menores de edad. La situación de las desplazadas es especialmente grave: el 64% de ellas estuvieron expuestas antes del desplazamiento a algún tipo de intimidación por parte de los grupos armados, una de cada cinco sufrieron violencia física y cerca del 4% violencia sexual, Además, el 8,1% de las mujeres desplazadas han sido violadas y un tercio de las adolescentes desplazadas están embarazadas o ya han sido madres . En cuanto al registro requerido para adquirir la condición de persona en situación de desplazamiento, las mujeres, debido entre otras razones a los más bajos niveles de escolaridad, escasa experiencia en espacios públicos y a que en muchos casos no cuentan con documentos de identidad, tienen mayores dificultades para acceder a una inscripción oportuna y en muchos casos pierden la posibilidad de acceso a atención por falta de reconocimiento de su condición de desplazadas. También existen limitaciones para garantizar un proceso efectivo de toma de declaración, relacionadas con la falta de preparación de los funcionarios encargados de este proceso, y con la ausencia de variables para identificar los requerimientos y necesidades particulares de protección y atención en temas tan relevantes como la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

3.3.2 Indígenas

La ley 89 de 1890, sobre los pueblos indígenas, disponía en su artículo primero, “gobernar con la autoridad de la Iglesia la vida de los salvajes que habitan en los territorios de las misiones” y ordenaba “reducir a la civilización a esas incipientes sociedades”. En 1958, la ley 81 los trataba como “campesinos subdesarrollados” que debían acogerse al modelo de progreso propio de la cultura moderna. Hasta bien entrado el siglo XX se realizaban expediciones punitivas como las cacerías de indios guahíbos que los hacendados llaneros organizaban con la anuencia de las autoridades eclesiásticas y militares . No fue hasta 1991 cuando se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas en la nueva Constitución y hubo que esperar hasta 1996 para que se declara inconstitucional utilizar en las leyes las expresiones “salvaje”, “reducir a la civilización” o “civilizar”, por considerar que desconocen abiertamente la dignidad de los miembros de las comunidades indígenas y el valor fundamental de la diversidad étnica y cultural. Sin embargo, aunque hoy en día ya no se realizan guahibiadas, el exterminio de estos pueblos se sigue practicando bajo la forma de masacres, asesinatos selectivos o el desplazamiento para colonizar los territorios de sus resguardos, o para forzarlos a tomar partido en la guerra.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) viene alertando desde hace años sobre el peligro de que ciertos pueblos indígenas colombianos desaparezcan como consecuencia del desplazamiento forzado y la violencia permanente de la que son víctimas, “la tragedia que aflige a los pueblos indígenas permanece invisible” ; el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Evelis Andrade, aseguró en una entrevista realizada a mediados de septiembre de 2006 que 18 pueblos indígenas colombianos están en peligro de extinción. Los indígenas en Colombia se integran en 81 pueblos que agrupan a 785.356 personas y representan el 1,83% del conjunto de la población, según datos de 2004 . Entre el año 2000 y el 2004 ocurrieron en Colombia unos 17.897 asesinatos políticos y 39.864 violaciones e infracciones individuales de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lo que representa un índice de 90,6 por cada 100.000 habitantes. El índice de violencia política que sufrieron los indígenas en ese periodo es tres veces más alto que el nacional .

Los indígenas, como la inmensa mayoría de la población, también sufren a diario la existencia de las dos Colombias de las que se hablaba al principio de este informe. La Constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional han facilitado que la sociedad y el Estado asuman paulatinamente que estos pueblos son sujetos de derecho en el campo político y cultural, pero este reconocimiento teórico no se traduce en medidas concretas para evitar la inserción de la mayoría de las poblaciones indígenas en la guerra con la consecuente y sistemática violación de sus derechos, que en su caso se suma a la exclusión y marginación padecida durante siglos. En la segunda mitad del pasado siglo, miles de campesinos se vieron obligados a desplazarse hacia las zonas selváticas del país para huir de la violencia desatada por los terratenientes y las facciones políticas rivales. Las regiones hacia donde fluyó la colonización fueron las áreas donde históricamente se habían refugiado diversos pueblos indígenas y que para ellos se asimilaban a territorios tradicionales. Mientras se daba este proceso de ampliación de la frontera agrícola, la movilización por el acceso a la tierra en el resto del país se iba consolidando como uno de las causas del conflicto colombiano. En torno a la reivindicación de este derecho se integró el campesinado y los diferentes pueblos indígenas se asociaron en organizaciones de defensa de su territorio, su cultura y del ejercicio de la autonomía frente al poder terrateniente y al control político ejercido por el gamonalismo.
En esta primera etapa de ascenso del actual movimiento indígena colombiano -década de los 80- la violencia que se ejercía contra la población provenía del poder gamonal aliado con la Fuerza Pública. Los datos del Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin), respecto a hechos ocurridos en el período 1974-1990, señalan a terratenientes, colonos y grupos armados al servicio de éstos como los directos responsables de la mayoría de los asesinatos políticos, al tiempo que las amenazas y detenciones arbitrarias correspondieron a la Fuerza Pública . Los grandes terratenientes, narcotraficantes y algunos colonos medianos, emplearon durante este periodo a grupos armados (precursores de los paramilitares de los años 90) o directamente a la Policía para resolver los conflictos de tierras. En esos años se cometió la masacre del Alto Andágueda (mayo de 1987), bajo responsabilidad de un grupo llamado Los Montoyas, entrenado por el Ejército, en la que fueron asesinados más de 70 emberá y otros 18 fueron desaparecidos, en disputa por el control de un área rica en oro; en diciembre de 1991, en el Cauca, se produjo la masacre del Nilo: un grupo armado, con la permisividad del Ejército y la Policía, asesinó a 20 indígenas nasa, para facilitar la expansión territorial del narcotraficante para el que trabajaban.

La promulgación de la Constitución de 1991 provocó cambios en la acción política de las organizaciones indígenas. Disminuyeron los actos de recuperación de tierras y pasaron a concentrar su actividad en la materialización de los logros consignados en la Constitución, especialmente en las expectativas creadas por el ordenamiento territorial establecido en el artículo 286 . Este cambio de perspectiva implicó una bajada significativa en la violencia que se ejerce sobre los pueblos indígenas. La breve tregua experimentada tras la entrada en vigor de la nueva Constitución se rompió en la segunda mitad de la década de los años 90. Entre 1997 y 2004 han sido asesinados 496 indígenas, es decir, más de la cuarta parte de todas las víctimas de los últimos 30 años, y han desaparecido a otros 65, siendo las Fuerzas Armadas y los paramilitares los responsables del mayor número de violaciones. La mayoría de los desplazamientos forzados, así como las amenazas colectivas y las acciones bélicas que afectan a las comunidades, se han sucedido desde 1997 .

El año más crítico en esta materia fue 2002, cuando se produjeron 298 víctimas mortales, la mayoría de los cuales ocurrieron en el segundo semestre, luego de la posesión del presidente Uribe Vélez. La puesta en práctica del Plan Colombia y la consolidación de la política de “seguridad democrática” tienen su expresión en las cifras de violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas. En 2003, se atribuyó a la Fuerza Pública y los paramilitares más del 83% de los desplazamientos masivos, el 55% bajo responsabilidad de los primeros y 28% por parte de los segundos, “estas cifras manifiestan la política gubernamental de respaldar a las fuerzas militares para actuar contra el movimiento social, la ausencia de acción contra los paramilitares y a una postura política oficial que no distingue entre combatientes y no combatientes. Esta política, en los dos primeros años de Uribe Vélez, lleva a que los casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra indígenas, por casos individuales, es decir, asesinatos, heridos, torturas, violaciones, desapariciones, secuestros y detenciones arbitrarias, crecieran en un 66%”, según se afirma en el estudio Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia 1974-2004 . En los primeros nueve meses de 2006, se produjeron más de 70 asesinatos de indígenas, casi 6.000 desplazados, 63.000 estaban confinados en sus propios territorios por combates o bloqueos y 33.000 bienes de las comunidades fueron atacados por los grupos armados .

Frente a esta violencia, los indígenas plantean un modelo de resistencia que no es sinónimo de neutralidad o pacifismo, “el combate no violento es un medio de lucha por los derechos humanos en el que se evita el recurso a la fuerza desproporcionada en toda circunstancia, sin que ello signifique una reconciliación con el poder a cualquier precio. Desde esa visión ancestral de la resistencia, la paz sin dignidad y justicia es inconcebible”, explica el defensor de derechos humanos Iván Cepeda. La lucha actual de los pueblos originarios de Colombia no sólo pretende dar una respuesta alternativa al conflicto armado y a la violencia estructural que padecen sino que es un proceso de resistencia “para oponerse a hechos concretos como el Tratado de Libre Comercio (con EE UU); los megaproyectos; el despojo de nuestros territorios; la satanización de nuestras organizaciones; el desconocimiento de nuestros derechos fundamentales; la acción de la economía ilegal; el reclutamiento de sus miembros por parte de grupos insurgentes y contrainsurgentes; la presencia en sus territorios de personas armadas y la corrupción. Porque todo ello viola, tanto nuestra autonomía como nuestra cultura”, tal como ellos mismos reafirmaron en el día nacional de los pueblos indígenas de 2005 (Crítica situación de los pueblos indígenas de Colombia, comunicado de la Organización Nacional Indígena de Colombia, del 9-8-05). Tan sólo en lo que iba corrido de ese año, 66 indígenas habían sido asesinados, 16 desaparecidos, 14 secuestrados, 9.250 amenazados, 124 detenidos arbitrariamente, 111 heridos, 18.602 tuvieron que desplazarse y los cultivos para la alimentación de, por lo menos, 10 pueblos fueron fumigados con glifosato causando la muerte de dos niños eperara siapidarta. Los paramilitares y la Fuerza Pública fueron los causantes de la mayoría de estas agresiones (62%; la guerrilla, 15%).

Varias experiencias se han convertido en hitos de esta nueva etapa de resistencia: En diciembre de 2001 los pobladores de Puracé, del pueblo coconuco, salieron en masa con música de altavoces y de grupos musicales a detener los combates que sostenían el ELN y la Policía, suspendiendo totalmente el operativo; ese mismo mes las comunidades nasa de Caldono lograron un acuerdo con las FARC para que suspendieran un ataque al puesto de Policía, luego de realizar movilizaciones masivas en la plaza central; una asamblea de más de 2.000 comuneros en Jambaló definió un ultimátum a los narcotraficantes de la región para desalojar la zona y desmontar los laboratorios. Similares acciones se han realizado ante ametrallamientos indiscriminados y combates. En 2004 se realizaron tres comisiones de búsqueda importantes: en mayo fue liberado un líder indígena detenido por la Fiscalía en Santander de Quilichao; en septiembre una comisión se dirigió al municipio de San Vicente del Caguán para exigir la liberación del alcalde de Jambaló secuestrado por las FARC; y también en septiembre se desplazó una delegación hasta Bogotá a exigir la libertad de un líder indígena detenido por la Fiscalía.

En todos estos proceso de resistencia ha desempeñado un papel clave la guardia indígena: se trata de una estructura voluntaria subordinada a los cabildos, en su mayoría compuesta por jóvenes, organizada en forma celular y ostentosamente desarmada con bastones de chonta que simbolizan autoridad. Su sustento corre a cargo de toda la comunidad y es la encargada de guiar la respuesta masiva de las comunidades frente a situaciones de violencia pues tiene capacidad de respuesta inmediata tanto a las orientaciones de sus autoridades como a las situaciones críticas. En la actualidad es fuerte en el departamento del Cauca, donde la violencia ha sido intensa en los últimos 10 años y los procesos organizativos están más consolidados. La guardia ha sido protagónica en las acciones masivas referidas anteriormente, por su cohesión y unidad interna para actuar, su preparación específica en asuntos de seguridad y su facilidad para activar alertas tempranas comunitarias. El Estado y los paramilitares han intentado articularla a su estrategia contrainsurgente, al punto que el Ejército ofreció apoyo en capacitación; la insurgencia se ha ofrecido para hacer control conjunto de los territorios. Estas pretensiones han sido rechazadas públicamente por las autoridades indígenas y por los miembros de la guardia, que defienden la autonomía de ésta y saben que la guardia es un mecanismo eficaz para confrontar ofertas de reclutamiento que hacen los actores armados, pues se ha convertido en un elemento de cohesión de los jóvenes, que encuentran en las guardias indígenas elementos de prestigio y mecanismos de formación política y académica.

La última gran movilización fue realizada en septiembre de 2004, cuando 65.000 indígenas y campesinos del Cauca marcharon hasta Cali durante 5 días; se trató de un acto contra la guerra y principalmente contra el Tratado de Libre Comercio que ataca los territorios indígenas, contra el desmonte de los derechos fundamentales de la Constitución que reconocen y protegen la autonomía y la jurisdicción especial indígena -como son la acción de tutela y la Corte Constitucional- y, en general, contra la política de “seguridad democrática” de Uribe Vélez. Es decir, la resistencia indígena, nacida en el contexto de la guerra, se desarrolla actualmente como estrategia de transformación del régimen político y de afirmación del poder indígena.

No obstante, persisten los ataques contra la autonomía indígena por parte de todos los grupos armados, incluso contra las comunidades que más se han destacado por su proceso organizativo y su resistencia a verse envueltas en el conflicto. Es el caso de los nasa de las comunidades de paz de Toribío y Jambaló, en el Cauca. El 15 de abril de 2005 se inició una incursión de las FARC en Toribío dirigida contra el puesto de policía ubicado en medio de la población, que dejó tres civiles, tres policías, seis militares y ocho guerrilleros muertos, además de 29 heridos y el desplazamiento de toda la población. Entre los civiles muertos había un niño de 9 años y una joven de 16 años embarazada (el bebé de siete meses fue salvado por los médicos). El puesto de policía no fue destruido, pero las casas de alrededor fueron parcial o totalmente derruidas, entre ellas el hospital, la casa cural y la casa de la cultura. La incursión guerrillera se prolongó hasta el 19 de abril, después de que el presidente Uribe, se presentó en Toribio, con una escolta de helicópteros artillados y aviones de guerra, como símbolo de presencia estatal y militar en la zona de paz, declarando: “Cuando llegó la Fuerza Pública salieron corriendo miserablemente, salieron corriendo cobardemente” . Las FARC respondieron con nuevas incursiones los días siguientes. Esta comunidad ha sido reconocida nacional e internacionalmente como una comunidad de resistencia pacífica, que busca un desarrollo social y económico autónomo. Ha recibido el Premio Ecuatorial de Paz, el Premio Nacional de la Paz y el reconocimiento de Maestros de la Sabiduría por la Unesco.

3.3.3 Comunidades en resistencia civil

Las continuas agresiones contra las comunidades de campesinos, afrodescendientes e indígenas han sido respondidas por las propias víctimas con formas de organización que les permite mantenerse en sus territorios sin verse envueltas en el conflicto armado. Ante la falta de respuesta del Estado o por la propia implicación de funcionarios públicos en los ataques a las comunidades, éstas han emprendido procesos de resistencia civil frente a la guerra que cuentan con el respaldo de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos. Ante el riesgo de ser desplazadas por los intereses de los grupos armados en su territorio (para explotar sus recursos, sembrar cultivos ilícitos o ejercer control territorial frente a los otros grupos) o con el objeto de retornar con garantías al lugar de donde fueron desalojados, las comunidades se han declarado al margen del conflicto adoptando distintos modos de organización (comunidades de paz, comunidades de autodeterminación, zonas humanitarias, etc.), pero con un elemento esencial común a todas ellas: su negativa a colaborar de ninguna forma con los combatientes tanto legales como ilegales.

Los miembros de estas comunidades se niegan a llevar armas, a proporcionar información o apoyo logístico a uno y otro bando y no quieren que ninguna de las partes en el conflicto cruce los límites de sus territorios. Esta posición de neutralidad frente a la guerra -no ante las violaciones de sus derechos o ante la responsabilidad estatal en las causas y consecuencias del conflicto, que denuncian constantemente- ha sido elogiada por la comunidad internacional ya que representa una alternativa surgida desde la propia población civil frente al modelo imperante de “estás conmigo o en contra mía”. Las comunidades han sufrido ataques de los distintos grupos guerrilleros porque temen perder apoyo popular y logístico si esa actitud se imita masivamente, pero sobre todo se han convertido en un mal ejemplo para Uribe ya que ponen en peligro uno de los pilares fundamentales de su política de “seguridad democrática”: la negación del conflicto y, por tanto, la implicación de todas y todos los colombianos en la lucha contra el terrorismo . Con el pretexto de que ninguna parte del territorio colombiano puede estar vedada a la Fuerza Pública, desde el Gobierno se ha puesto en marcha un plan de cercamiento de estas comunidades para que acepten colaborar con el Ejército o se deshagan. Las presiones dirigidas desde el Estado abarcan desde detenciones arbitrarias y procesos judiciales infundados contra sus miembros o contra las organizaciones que los acompañan, hasta crímenes selectivos y masacres.

El último asesinato colectivo contra una de estas comunidades ocurrió el 21 de febrero de 2005 en San José de Apartado, un pequeño pueblo del departamento de Antioquia donde se creó en 1997 la primera comunidad de paz de Colombia. Ese día, numerosos testigos afirman que soldados de la Brigada XVII torturaron y ejecutaron salvajemente a ocho miembros de la comunidad, entre ellos tres niños y Luis Eduardo Guerra, uno de los fundadores de la comunidad de paz . La respuesta del Gobierno fue vincular a la comunidad con las FARC: presentaron a un supuesto guerrrillero reinsertado quien dijo que la masacre la cometió las FARC porque Luis Eduardo les había amenazado con abandonar sus filas, y difundieron un comunicado público en el que se afirmaba que en San José “hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista, a las FARC” . Poco después la policía instaló un cuartel en San José y la mayor parte de la población se desplazó a otros terrenos para construir un nuevo pueblo donde no haya presencia de grupos armados, San Josesito. Desde su constitución, la comunidad ha sufrido más de medio millar de agresiones, incluidos 164 asesinatos y desapariciones, la inmensa mayoría de ellas a manos del Ejército y los grupos paramilitares (a la guerrilla se le atribuyen 20 asesinatos). En ningún caso se condenó a los culpables lo que permite, tal como lo señala Naciones Unidas en el informe sobre 2005, se puedan volver a suceder hechos semejantes: “La impunidad que ha cobijado la mayoría de los casos de los que ha sido víctima la comunidad de San José de Apartadó, así como la estigmatización de las autoridades contra varios de sus miembros ha incidido en la persistencia de su situación de riesgo”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, ha pedido a las autoridades colombianas que tomen las debidas medidas para garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad de paz, la última vez en una resolución del 15-3-05, pero no parece que se le haya hecho caso.

En Urabá, la misma zona donde está San José, existen otras dos comunidades destacadas por sus procesos organizativos y por la represión sufrida: las comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (Cavida) de la cuenca del río Cacarica y las comunidades de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. La región de Urabá, en el noroeste colombiano, bañada por el Caribe y fronteriza con Panamá, se caracteriza por sus riquezas naturales y privilegiada situación geográfica, factores que han sido, paradójicamente, su desgracia. La fertilidad de sus tierras -es la segunda región del mundo en biodiversidad, con grandes bosques nativos codiciados por las empresas madereras- y de su subsuelo -oro, petróleo, carbón, uranio- unida a que es paso obligatorio para el contrabando y tráfico de armas y narcóticos con Centroamérica han provocado la disputa por su control de todos los grupos armados que operan en Colombia. A esto se añade el interés del Estado colombiano y empresarios en despejar la zona para llevar a cabo varios megaproyectos: un canal interoceánico que compita con el de Panamá, la prolongación de la carretera panamericana y la extensión de monocultivos como la hoja de palma africana. Hasta la segunda mitad de los 90 la violencia política provocaba unas 2.000 muertes al año en Urabá, pero a partir de 1997 el Ejército, en estrecha coordinación con los paramilitares, puso en marcha la operación Génesis con la que el general Rito Alejo del Río pacificó la región a sangre y fuego, según denuncian las organizaciones de derechos humanos que solicitaron sin éxito a la Fiscalía que se investiguen los más de 200 casos de crímenes de lesa humanidad documentados desde el inicio de ese operativo militar.

Una mañana del mes de febrero de 1997 los militares, acompañados de civiles fuertemente armados, entraron en un remoto poblado de la selva de Colombia. Detuvieron a varios hombres y a uno de ellos que intentó huir por el río lo interceptaron. Uno de los hombres armados le ofreció la mano para ayudarle a salir del agua y cuando ya lo tenía agarrado comenzó a darle machetazos hasta que lo decapitó; luego empezaron a jugar al fútbol con la cabeza ante la mirada de horror de los miembros de la comunidad a quienes les dijeron: “Para que se den cuenta de lo que somos capaces de hacer”. Marino López Mena fue la primera de las 85 víctimas -entre asesinados y desaparecidos- que ha sufrido la población negra de la cuenca del río Cacarica por negarse a abandonar sus territorios ancestrales . Tras el salvaje asesinato de Marino, los 2.500 habitantes del Cacarica se marcharon; algunos cruzaron a Panamá y otros se instalaron en el pequeño puerto de Turbo, sobre el golfo de Urabá. Estos últimos tuvieron que vivir en condiciones infrahumanas y sufrieron los constantes acosos y agresiones de los paramilitares que controlan la ciudad. Así que decidieron comenzar a organizar el regreso a su lugar de origen. Con el apoyo de la ONG Justicia y Paz y la presión de embajadas y organizacioones internacionales de defensa de los derechos humanos, lograron que el Gobierno colombiano se mostrara dispuesto a a garantizar las condiciones del retorno. Se acordó que 1.300 personas se establecerían en dos asentamientos y explotarían 103.024 hectáreas de tierra de colectiva en cumplimento de la ley 70 de 1993 que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, donde el Estado haría presencia a través de sus instituciones civiles. Por su parte, los campesinos constituyeron las Comunidades de Autodeterminación. Vida y Dignidad (Cavida), cuyos miembros se comprometen a no permitir el acceso a su territorio de los combatientes ni a colaborar con ellos. A partir del año 2000 regresaron a sus antiguos hogares, pero los mismos que los habían desplazado tres años antes seguían campando a sus anchas por la zona así que las agresiones no tardaron en repetirse. Desde entonces se ha mantenido el bloqueo a la entrada y salida de alimentos y se han sucedido las incursiones de los militares y paramilitares que han provocado más muertos y desaparecidos.

Con la llegada a la Presidencia de Uribe Vélez la situación se agravó. La política del Gobierno de involucrar a la población civil en el conflicto y considerar enemigo a quien no le apoye incondicionalmente ha puesto aún más en el punto de mira a la comunidad del Cacarica. “Cualquiera que cuestione su política frente a la guerra o frente a asuntos sociales o económicos es señalado públicamente de auxiliador de la guerrilla o directamente de ser guerrillero y eso, en Colombia, significa ponerse la soga al cuello”, señalan los defensores de derechos humanos. Cacarica y sus acompañantes están siendo sometidos a un cerco cuyo objetivo es acabar con un ejemplo peligroso de resistencia civil, afirman los miembros de Justicia y Paz. Los militares de la Brigada XVII han establecido sus campamentos en las proximidades de las casas de los campesinos a quienes amenazan directa o indirectamente para que se vayan de la zona o denuncien a sus vecinos por supuestos nexos con la guerrilla y, paralelamente, se ha impulsado desde la Comandancia del Ejército Nacional un montaje judicial contra los integrantes de Justicia y Paz a quienes se acusa de colaborar con la guerrilla y de robar los fondos destinados para los campesinos (más detalles en el siguiente apartado).

Las consecuencias de la operación Génesis también se dejó sentir en otras poblaciones negras del Chocó. Miles de campesinos -se calcula entre 5.000 y 7.000 personas- de los ríos Salaquí, Truandó, Curvaradó y Jiguamiandó se vieron obligados a desplazarse para evitar ser asesinados o bombardeados por los militares y paramilitares. Posteriormente, muchas de las personas desplazadas regresaron y, en unión con los que se habían refugiado en la selva durante años, consiguieron derechos de propiedad colectiva sobre unas 80.000 hectáreas de tierra en los sistemas fluviales del Curvaradó y el Jiguamiandó, en base a la ley 70. Desde su regreso, las comunidades han sido objeto de reiteradas amenazas de muerte y violaciones de derechos humanos a manos de paramilitares que actúan en connivencia con las fuerzas de seguridad. Estos abusos han coincidido con actividades de empresas que se dedican a la plantación de palma africana en tierras de las que las comunidades tienen títulos de propiedad colectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la plantación de palma africana llevada a cabo por empresas en tierras pertenecientes a las comunidades del Curvaradó y el Jiguamiandó se ha hecho “con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas” . Estos proyectos productivos corresponden a los intereses expresados públicamente por los jefes paramilitares: según Vicente Castaño, “en Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos” . Algunos de estos cultivos de palma en Urabá se realizan desde 2001, después de las masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados masivos de las comunidades afrodescendientes. Al mismo tiempo, se han evidenciado actuaciones de unidades policiales y militares tolerantes con grupos paramilitares en la zona donde se está implementando este proyecto agroindustrial .

El Defensor del Pueblo manifestó que con el establecimiento de los cultivos de palma aceitera dentro de los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, se están violando los derechos de las comunidades negras al disfrute del territorio, a la identidad e integridad cultural, al goce de un ambiente sano, a la seguridad alimentaria, a la salubridad pública, al acceso a la vivienda, al trabajo, a la libertad de locomoción y residencia y a la igualdad; también se ponen en riesgo los derechos a la vida digna, a la salud, a la libertad y a la vida, entre otros . Sin embargo, estas comunidades afrodescendientes siguen siendo amenazadas por los grupos paramilitares para vender sus tierras para la explotación de la palma aceitera, con la complicidad o la tolerancia de la Fuerza Pública , y sus líderes son perseguidos para que desistan o, en caso contrario, son asesinados. Orlando Valencia, activista de derechos humanos de la comunidad del Curvaradó, fue detenido por la policía el 15-10-05 cuando. viajaba por la zona con otros nueve miembros de su comunidad, un abogado de Justicia y Paz y un observador de la organización canadiense Proyecto Acompañamiento y Solidaridad Colombia (PASC). Según testigos, cerca del lugar donde les hicieron detenerse había un vehículo con tres conocidos paramilitares. Horas después dejaron en libertad a todos, pero les siguieron unos paramilitares. Dos de éstos se acercaron a Orlando Valencia en una motocicleta y le ordenaron subir a ella diciendo: “Vamos o si no lo pelamos (matamos) aquí”. Se fueron por la carretera en dirección a Chigorodó, en el vecino departamento de Antioquia. El 24-10-05 se encontró el cadáver de Orlando en el río León, en un lugar situado a 30 minutos por carretera del municipio de Chirigorodó. Le habían disparado en la frente y tenía marcas de ataduras en las muñecas. Orlando Valencia era uno de los líderes afrodescendientes que luchaban por sus derechos colectivos, reivindicaban la titularidad de las tierras, denunciaban los problemas medioambientales de las plantaciones de palma africana y pedían a las autoridades que respetaran sus derechos como civiles en el conflicto armado. Se había opuesto públicamente a la ocupación ilegal de las tierras colectivas para la plantación de palma africana por poderosos sectores económicos con ayuda de los paramilitares. El 17-2-06, la policía capturó a un conocido paramilitar por su presunta participación en el homicidio de Orlando. Según varios informes, había trabajado para empresas que tenían plantaciones de palma africana en la región .

Existe una relación entre las amenazas contra estas comunidades y las plantaciones ilegales de palma africana. Sin embargo, se han hecho pocos progresos en las investigaciones criminales sobre violaciones de derechos humanos contra miembros de las comunidades del Jiguamiandó, el Curvaradó y otras zonas que reivindican su derecho a no verse involucradas en el conflicto, como las de Cacarica y San José de Apartadó, “sí han avanzado, en cambio, procesos judiciales potencialmente cuestionables entablados contra miembros de estas comunidades”, denuncia Amnistía Internacional. El Gobierno tampoco ha tomado medidas efectivas para proteger a la población de estas comunidades, tal como lo exigen desde hace años los organismos que velan por el respeto a los derechos humanos de la OEA. Por el contrario, Naciones Unidas menciona expresamente que las comunidades de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica estuvieron en 2005 bajo presión frente a los cultivos de palma africana y la deforestación.

3.3.4 Defensores de derechos humanos

En el comienzo del Gobierno de Uribe el número de defensoras y defensores de derechos humanos asesinados se disparó, alcanzando el nivel más alto de los ocho años anteriores. Entre el 7-8-02 y el 7-8-04, fueron asesinados o desaparecidos un total de 33 defensoras y defensores (nueve eran mujeres) . Este incremento coincidió con las permanentes acusaciones formuladas desde el Gobierno contra las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. El presidente Álvaro Uribe ha generado un clima aún más hostil que el ya existente en el pasado contra las organizaciones de derechos humanos, presentándolas ante la opinión como una amenaza. Su Gobierno ha manifestado que continúan en vigor las directivas dictadas por administraciones anteriores que reconocen formalmente el trabajo de los defensores de los derechos humanos , pero no ha tomado ninguna medida para hacerlas cumplir, “al contrario, el presidente Uribe y otros altos cargos públicos han hecho varias declaraciones negativas que contradicen las directivas”, afirma Amnistía Internacional en el informe Colombia: Temor e intimidación. Los peligros del trabajo por los derechos humanos, difundido el 7 de septiembre de 2006. Las declaraciones de Uribe respecto de las organizaciones de derechos humanos han buscado extrapolar el debate y ponerlo en términos de que quienes disienten del Gobierno son proclives al terrorismo. Por esta vía, se estimula que los derechos humanos no sean vistos por la opinión pública como una salida a la crisis sino al contrario como un obstáculo en su lucha contra el terrorismo. Las manifestaciones se han dirigido en contra de organizaciones tanto nacionales como internacionales, y su insistencia en ellas dificulta enormemente las posibilidades de fortalecer una cultura de los derechos humanos. De hecho, tales declaraciones han dado indirectamente autorización a las fuerzas de seguridad para atacar a defensores y líderes comunitarios durante operaciones de inteligencia y contrainsurgencia.

El 8 de septiembre de 2003, cuando sólo llevaba un año al frente del Gobierno, en su intervención durante la posesión del nuevo Comandante de la Fuerza Área Colombiana, declaró lo siguiente sobre los defensores de derechos humanos: “Politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Publica y que la ciudadanía le ha quitado. (...) Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos” . A pesar del rechazo expresado públicamente por diferentes entidades tanto nacionales como internacionales, tres días después el presidente Uribe reiteró sus graves señalamientos hacia los defensores de derechos humanos en un discurso en Chita (Boyacá): “Mi compromiso es con ustedes (la población de Chita), no con aquellos que han vivido defendiendo y consintiendo a los terroristas, a ellos se les está acabando su luna de miel. Mi compromiso es con ustedes, no importa qué digan los patrocinadores de los defensores de los terroristas... desoímos a los defensores del terrorismo, desoímos a los patrocinadores de los defensores del terrorismo y desoímos a los que están engañados porque conocen a Colombia a través de informaciones desviadas por el terrorismo” .

Hace dos años amenazó a los voluntarios de Brigadas Internacionales de Paz, entre los que había varios españoles, que acompañan a defensores de derechos humanos y a comunidades de desplazados, “le reitero la sugerencia al DAS y a la Policía (...) de que si estas personas vuelven a obstruir la justicia, los metan a la cárcel y si hay que deportarlos, se deportan” . Tras la muerte de 34 campesinos en La Gabarra (departamento de Norte de Santander), masacre de la que fueron acusadas las FARC, el Presidente atacó a Amnistía Internacional: “Por guardar unas reglas de cortesía hipócrita y no tener el valor de denunciar a Amnistía Internacional, hemos permitido que legitimen el terrorismo internacionalmente. Que Amnistía escoja con quién se queda. Si se queda con los que degollaron a los 34 campesinos de La Gabarra. Si se queda con los terroristas que han asesinado a nuestros policías y nuestros soldados, y que causan luto a las familias, o si se queda con las instituciones colombianas y las respeta” .

Ante estos ataques la OACNUDH señaló: “No ha habido avances significativos en el cumplimiento de la obligación de sancionar disciplinariamente a los servidores públicos que con sus declaraciones, acciones u omisiones descalifiquen o pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos. Ha continuado la descalificación a la legítima labor de los defensores de derechos humanos y de líderes sindicales por parte de altas autoridades del Estado. La Oficina ha conocido pocos ejemplos de acciones tomadas por los superiores jerárquicos o por el Ministerio Público en el sentido de esta recomendación del Alto Comisionado” . En su informe anual 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó que las autoridades continuaran desacreditando públicamente a los defensores de los derechos humanos, mencionando en concreto las declaraciones del Presidente en que se acusaba a líderes de la comunidad de paz de San José de Apartadó de ayudar a la guerrilla. Reiteró cuán importante era que los funcionarios públicos se abstuvieran de formular acusaciones contra defensores de los derechos humanos que pudieran exponerlos aún más a sufrir atentados. La Comisión puso de relieve cómo en Colombia la generalidad y vaguedad de las acusaciones contra defensores de los derechos humanos y sus organizaciones se habían visto seguidas de un aumento del hostigamiento y las amenazas y pidió al Gobierno que diera instrucciones explícitas a los funcionarios del Estado a este respecto e impusiera sanciones disciplinarias a los que no las cumplieran.

Este clima hostil hacia la labor de los defensores ha propiciado además las detenciones y acciones judiciales arbitrarias e infundadas, entabladas contra ellos para desacreditarlos. Tal hostigamiento resta además tiempo y recursos al trabajo en favor de los derechos humanos, ya que quienes lo realizan no pueden hacerlo por estar detenidos o tener que ocuparse de defenderse de los cargos presentados contra ellos. Un ejemplo claro de esto es la persecución sufrida por los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que ha sido acusada de “subversiva” por su trabajo directo con comunidades locales sobre cuestiones como el desplazamiento interno, la impunidad y los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, algunos de sus integrantes han sido acusados de “corrupción” y “rebelión” en procesos judiciales que han presentado graves deficiencias y se han iniciado sin ningún fundamento .

En agosto de 2003, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas general Jorge Enrique Mora Rangel anunció que se habían iniciado investigaciones judiciales contra varios miembros de Justicia y Paz. Durante la conferencia de prensa convocada para anunciarlo se hicieron declaraciones que daban a entender que Justicia y Paz apoyaba a la guerrilla. Asimismo se acusó a la organización de robar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas para personas desplazadas en 1997 que regresaban a la cuenca del río Cacarica en el departamento de Chocó. Al parecer se proporcionó a miembros de la prensa documentos a los que sólo el fiscal y los acusados debían tener acceso por ser reserva del sumario. Esta conferencia de prensa tuvo lugar poco después de haber emitido la Corte Constitucional una decisión por la que se permitía a Justicia y Paz participar en unos procedimientos judiciales en los que se investigaban más de 200 violaciones de derechos humanos cometidas presuntamente por paramilitares y por la XVII Brigada del Ejército en 1997 y 1998 en los departamentos de Chocó y Antioquia.

Las investigaciones criminales iniciadas contra Justicia y Paz en 2003 se cerraron en noviembre de 2004, debido en parte a que se determinó que los procedimientos eran arbitrarios, pues los testigos reconocieron que les habían pagado para que declararan en falso. Sin embargo, en febrero de 2006, Justicia y Paz manifestó que tenía conocimiento de investigaciones y órdenes de detención contra más de 20 miembros suyos y de las comunidades que ellos acompañan. Entre éstos figuraban líderes de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y del Jiguamiandó. Según la información recibida, se ha utilizado la misma declaración de testigos en varios procesos judiciales, la primera vez en el marco de las investigaciones iniciadas en 2003 y cerradas posteriormente. Algunos de los informantes que van a declarar en contra de Justicia y Paz tienen, al parecer, intereses económicos en explotaciones de proyectos de palma africana en las cuencas fluviales de Jiguamiandó y Curvaradó. El 15 de agosto de 2005, Amnistía Internacional recibió información que indicaba que un grupo paramilitar se estaba preparando para matar a líderes de las comunidades del Jiguamiandó y el Curvaradó y a miembros de Justicia y Paz si los procesos judiciales no daban resultado.

Ante las presiones internacionales por la situación de los defensores, las autoridades se han visto obligadas a establecer ciertos mecanismos de protección para este colectivo.como el empleo de guardias de seguridad, chalecos antibalas, equipo de comunicación y transporte especial de protección. Sin embargo, han sido reiteradas las quejas porque muchos de los estudios que realizan las autoridades antes de conceder estas medidas subestiman los riesgos y grado de amenaza a los que son sometidos los peticionarios. Para Amnistía Internacional, “el problema es de tal magnitud que no puede resolverse brindando simplemente protección a los defensores de los derechos humanos en el marco del programa de protección del Ministerio del Interior y Justicia. A fin de poner fin al hostigamiento y las intimidaciones de que son objeto los defensores (...), las autoridades deber atajar el problema de raíz y combatir la impunidad”.

En el último periodo de la Presidencia de Uribe, la cifra de defensores asesinados descendió (siete en 2005), pero continuaron las “detenciones arbitrarias y sindicaciones de rebelión basadas en fuentes de dudosa confiabilidad como declaraciones de informantes o reinsertados o de informes de inteligencia no corroborados”, afirma Naciones Unidas en su informe sobre 2005. También se mantuvieron los cuestionamientos públicos proferidos por las autoridades sobre la legitimidad del trabajo de los defensores, incluidas varias organizaciones internacionales no gubernamentales de derechos humanos (por ejemplo, declaraciones dudando de la imparcialidad de las ONG internacionales Brigadas Internacionales de Paz, Human Rights Watch y Amnistía Internacional). “Las estigmatizaciones violan la Directiva Presidencial 07 (que exige respeto por la labor de los defensores) y contribuyen a elevar los factores de riesgo que afectan a los defensores de derechos humanos”, recuerda Naciones Unidas. Las amenazas también fueron constantes y se registaron bastantes casos en los que los destinatarios tienen en común haber cuestionado las negociaciones que se adelantan con los grupos paramilitares, criticar la política de seguridad democrática o estar vinculados al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Durante la campaña presidencial, los autores de las amenazas dirigidas a los defensores manifestaban su apoyo a la reelección de Uribe y mencionaban algunas de las expresiones que el candidato-presidente utilizó para atacar a sus contrincantes . Este tipo de amenazas se repitieron después de que Uribe fuera elegido para cuatro años más al frente del Gobierno. Pareciera que el triunfo de Uribe los hubiera envalentonado hasta tal punto que en junio de 2006, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tuvo que volver a recordar públicamente que “la labor de los defensores de derechos humanos no sólo es legítima sino que ella resulta indispensable para la preservación y el desarrollo del Estado de Derecho” ; la OACNUD también pidió a las autoridades que investiguen, juzguen y sancionen a los responsables de las amenazas y expresó su preocupación por las declaraciones de los servidores públicos que descalifican a los defensores.

Todos estos hostigamientos contra los y las defensores forman parte de la estrategia del Gobierno para tratar de silenciar sus voces e imponer un nuevo concepto sobre derechos humanos con el objetivo de evitar la responsabilidad que tiene en la ejecución de violaciones masivas. Desde el Estado se ha defendido públicamente que no sólo los estados son los que vulneran estos derechos sino que hay responsabilidades particulares en las que la autoridad estatal no se ve implicada. Esta tesis ha sido desmentida por Naciones Unidas: “En esta materia existen cuatro supuestos de conductas de individuos particulares, que obrando solos o como miembros de grupos no estatales, deben ser consideradas en relación con la responsabilidad del Estado: a) Las conductas que son producto de la instigación de servidores públicos; b) las que se realizan con el consentimiento expreso o tácito de dichos servidores; c) las que se producen gracias a la tolerancia manifiesta de agentes estatales; y d) las que resultan del incumplimiento del deber de garantía que tiene el Estado” .

Estos cuestionamientos a la política de Uribe realizados por Naciones Unidas han puesto en riesgo la continuidad de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), instalada en el país desde 1996. En septiembre de 2002, Uribe renovó el mandato de la OACNUDH por cuatro años más manteniendo sus funciones de observación, asesoramiento, cooperación técnica y actividades de información y promoción sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin embargo, este año, a la hora de decidir si se ampliaba su estancia, el Gobierno optó por prorrogarla sólo un año para adaptarla a los cambios que se están dando en el Sistema de Naciones Unidas, analizar su presencia durante estos diez años “y conjuntamente el Gobierno colombiano y la Oficina para poder mirar qué ajustes necesita el mandato”, aseguró el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, el día de la renovación del mandato. Amnistía Internacional lamentó esta decisión ya que los cuatro años de mandato concedidos a la Oficina en la renovación anterior “le proporcionaron la estabilidad necesaria para llevar a cabo su labor con eficacia e independencia. La prórroga por un año no garantiza esa estabilidad, que tanto necesita especialmente ahora que, según los informes, el gobierno colombiano ha expresado su deseo de restringir las funciones de observación de la Oficina, lo cual reduciría notablemente su eficacia” .

La Comisión Colombiana de Juristas, advirtió de forma certera, hace dos años, sobre el riesgo de que calaran esos postulados y de que prosperaran otra serie de iniciativas propuestas por el Gobierno: “Puede advertirse que existe una coherencia grande entre el desconocimiento del principio de distinción, la propuesta de desafiar la doctrina tradicional de los derechos humanos, los ataques reiterados a las defensoras y defensores de derechos humanos, los anuncios de la disposición a denunciar convenios de la OIT, la propuesta de recortes a la Corte Constitucional y a la acción de tutela, el otorgamiento de facultades de policía judicial a las fuerzas militares, en abierta contradicción con insistentes y claras recomendaciones internacionales, la mal disimulada admiración por la contribución de los paramilitares a la seguridad, y muchos otros comportamientos más, igualmente hostiles a principios básicos de derechos humanos. Esos comportamientos no son casos aislados. Constituyen la expresión fidedigna de una repulsión visceral a los derechos humanos por parte del Jefe del Estado, que se transmite al conjunto de su Gobierno y que pretende irrigarse a la sociedad para sustituir en ella los valores de derechos humanos por los de seguridad. Si esa mentalidad adversa a los derechos humanos prospera y si además tiene éxito el empeño gubernamental de desmantelar el Estado Social de Derecho, restringiendo el alcance de instituciones de protección de derechos, como la tutela y la Corte Constitucional, las perspectivas para la población colombiana no son nada halagüeñas. Paradójicamente, so pretexto de brindar seguridad frente a las guerrillas, la sociedad quedará desprotegida y profundamente insegura frente al Estado (y a las fuerzas paraestatales)” .

3.3.5 Sindicalistas

Los conflictos laborales en Colombia se han resuelto tradicionalmente a través de la violencia. Son numerosísimos los casos denunciados de grandes empresas o poderososos terratenientes que han recurrido a la contratación de sicarios o grupos paramilitares para frenar las reivindicaciones de los trabajadores provocando matanzas o matando a los líderes sindicales. Desde que en 1928 se produjo la masacre de las bananeras, en la que centenares de obreros y sus familias fueron asesinados por el Ejército para acabar con la huelga en la multinacional United Fruit Company , se han sucedido contra los trabajadores que exigen sus derechos, especialmente contra los que pertenecen a algún sindicato, aunque el Estado colombiano ha ratificado los más relevantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la actividad sindical. En 2004, tres de cada cuatro sindicalistas asesinados en el mundo eran colombianos y de los casi 4.000 asesinatos de sindicalistas que se produjeron en Colombia desde 1986 hasta 2002, se puede afirmar que la impunidad por estas violaciones ha sido del 100%: sólo se han producido cinco condenas por estos hechos . En los dos últimos años se han reducido los ataques, pero los niveles siguen siendo elevados y persisten las estrategias de los grupos armados y de los funcionarios del Estado para intimidar a las organizaciones sindicales. Esas presiones influyen en que menos del 4% de la fuerza laboral esté sindicalizada aunque mantienen su actividad más de 2.000 sindicatos y las tres grandes centrales nacionales: Central Unitaria de Trabajadores (CUT) , Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y Confederación General de Trabajadores Demócratas (CGTD).

En los últimos 15 años han sido asesinados en Colombia 2.205 sindicalistas (1.978 hombres y 227 mujeres), 3.269 fueron amenazados de muerte, 189 han sido víctimas de atentados, 1.285 han tenido que desplazarse forzadamente, 156 han sido secuestrados, 515 han sido detenidos arbitrariamente, 134 fueron desaparecidos y otros miles sufrieron cotidianas violencias silenciosas, maltratos, actos descalificatorios, datos que no aparecen registrados en ninguna estadística . Este periodo coincide, paradójicamente, con la entrada en vigor de la nueva Constitución que supuso un mayor reconocimiento y protección de los derechos fundamentales, lo que no ha sido impedimento para que en la práctica se mantenga en el país “una cultura antisindical que sigue catalogando al sindicalismo colombiano como connatural a la insurgencia y como un estorbo para el progreso económico”, a juicio de la CUT. Prueba de ello, las palabras de un alto responsable militar sobre la Unión Sindical Obrera, el sindicato petrolero: “La vigilancia a la USO está contemplada entre las misiones principales que tienen que desarrollar militares pertenecientes al departamento de inteligencia (...) Hay que investigar a la USO para evitar que venda en la BP y en la OXY la idea de crear un sindicato” .

Durante el primer mandato de Uribe se han registrado 2.100 hechos de violaciones a la vida, libertad e integridad de los y las sindicalistas colombianos: 336 homicidios, 20 desapariciones, 25 secuestros, 1.193 amenazas de muerte, 202 detenciones arbitrarias, 16 allanamientos ilegales, 40 atentados con arma de fuego y/o explosivos, 7 casos de tortura, 133 desplazamientos forzados y 128 hostigamientos y persecuciones por actividad sindical. Si se compara con el periodo presidencial anterior, las violaciones a los derechos humanos de sindicalistas decrecieron sólo en un 14,8%, lo que significa que durante este tiempo los ampliamente publicitados logros en la protección a los sindicalistas no se traducen en cambios estructurales de la violencia contra los mismos. Descendieron los agresiones más graves (asesinatos, desapariciones, atentados y secuestros), pero aumentaron los allanamientos ilegales (de 3 se pasó a 16 casos), las detenciones arbitrarias (de 74 casos a 202), y los hostigamientos y persecuciones (de 57 registros a 128). Además, se ha mantenido la tendencia histórica de desinformación y silencio en cuanto a los responsables de las violaciones contra los sindicalistas. En 2005, no se logró identificar a los autores del 65% del total de violaciones contra los sindicalistas. La responsabilidad de los grupos paramilitares se sitúa en el 20,18% del total de violaciones, lo que significa un incremento respecto a 2004, cuando fueron responsables del 15,4% de las violaciones a los derechos humanos de sindicalistas. También en la responsabilidad de los organismos estatales se aprecia un incremento, pues ésta pasó del 12,35% en 2004 a un 18% en 2005. La guerrilla fue responsable del 0,85% de los casos en 2004, y en 2005 su participación aumentó al 0,90% .

No obstante, aunque la estrategia en el Gobierno de Uribe pareciera haber sido reducir las agresiones a los sindicalistas que mayor costo político pueden conllevar no han dejado de producirse los crímenes selectivos en los que la implicación del Estado resulta evidente . El episodio más brutal ocurrió el 5 de agosto de 2004 en Caño Seco (departamento de Arauca), cuando el Batallón Mecanizado Revéiz Pizarro, adscrito a la Brigada XVIII, asesinó a sangre fría, sacándolos medio desnudos, con las manos arriba, de la casa donde dormían, a los líderes sindicales Jorge Prieto y Leonel Goyeneche y al dirigente campesino Héctor Alirio Martínez. Desde el primer momento, el vicepresidente de la República y los portavoces del citado batallón del Ejército afirmaron que el operativo “iba dirigido a cumplir órdenes de captura emitidas (...), desde el año pasado, por la Fiscalía General de la Nación” y que “los militares habrían abatido a las tres personas debido a que estas hicieron resistencia armada”, acusando además a las personas asesinadas de pertenecer a un movimiento subversivo. Por su parte el ministro de Defensa afirmó que: “Primero, eran delincuentes; segundo, fue en combate con la Fuerza Pública; tercero, estaban armados y, cuarto, tenían órdenes de captura” . La versión oficial fue totalmente rebatida por las organizaciones de derechos humanos tanto locales como nacionales, que organizaron una Comisión de Verificación de estos hechos dos días después de los asesinatos. Asimismo, un equipo especial que se desplazó hasta la zona, compuesto por fiscales de derechos humanos, criminalistas del Cuerpo Técnico de Investigaciones y forenses de Medicina Legal concluyeron que los disparos se habían producido por la espalda a menos de 50 centímetros, que no se encontraron marcas de más disparos que los que dieron muerte a los sindicalistas y que, finalmente, los militares manipularon a la escena para que pareciese un enfrentamiento y los sindicalistas fueran presentados como guerrilleros. En el mismo operativo militar que terminó con el asesinato de los tres dirigentes sociales, fueron detenidos Samuel Morales, presidente de la CUT y Raquel Castro, también líder sindical, los cuales fueron encarcelados acusados de rebelión, al mismo tiempo que son testigos en el proceso que se sigue por este asesinato de sus compañeros. Los tres asesinados gozaban de una reconocida trayectoria como líderes sociales y habían denunciado violaciones de los derechos humanos en Arauca, incluido un bombardeo de la aviación militar que mató a 18 campesinos en diciembre de 1998, por el cual el Estado fue condenado. Los tres habían sido previamente señalados como objetivo militar, incluso desde la emisora del ejército Colombia Viva, y habían sufrido procesos judiciales artificiosos.

3.4 Un país empobrecido

El presidente Uribe anunció, orgulloso, el pasado mes de agosto que durante su primer mandato se logró reducir la pobreza en 11 puntos: en 2002 el 60% de los colombianos eran pobres y en septiembre de 2005 sufrían este flagelo sólo el 49%. Sin entrar a valorar la credibilidad que merecen estas estadísticas , lo que resulta escandaloso a todas luces es que se reconozca oficialmente que más de veinte millones de personas son pobres, de las cuales 6,6 millones viven en la indigencia (con menos de dos dólares diarios), a la vez que se han gastado durante su primer mandato (2002-2006) unos 11.000 millones de euros en la guerra. La política de seguridad democrática ha establecido unos presupuestos militarizados en los que el gasto social se ha supeditado a la inversión en defensa . Y sobre todo el coste lo está pagando la población más vulnerable y marginada históricamente: en el área rural, según datos del Gobierno, la pobreza afecta al 68% de la población y la indigencia a uno de cada cuatro habitantes. En 2004, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), al hacer público el mapa mundial del hambre, ubicó a Colombia como el quinto de los diez países con más habitantes con hambre en el mundo: el 13% de la población, es decir más de cinco millones y medio de personas, padecían hambre; según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace dos años en el país moría una persona cada dos días por desnutrición crónica .
Informes de organismos de control del Estado y de instituciones independientes elevan las cifras gubernamentales sobre la exclusión social en Colombia. Para la Contraloría de la República y la Universidad Nacional los niveles de pobreza han superado en estos últimos años el 60% (incluso en 2004 se llegó al 66% aunque el Departamento Nacional de Planeación la cifró en 52,7%), lo que significa que durante el Gobierno de Uribe el país se ha empobrecido a pesar de disfrutar “de las más altas bonanzas en materia de sus productos básicos (...) no fue capaz de invertirlas para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y por el contrario, el déficit se ha mantenido muy alto y la deuda sigue creciendo”, subrayó el vicecontralor el pasado mes de junio. El representante de la Contraloría también pidió a Uribe que en su segundo mandato realice “un balance más equilibrado entre los recursos que destina a la guerra actualmente y los que dirige a la paz” e insista en la disminución de las desigualdades teniendo en cuenta que “el sistema tributario actual, fruto de sus propias propuestas, es inequitativo, le falta progresividad y favorece con la gran cantidad de exenciones, a los ricos en perjuicio de los pobres” . La primera respuesta del Gobierno a este reclamo ha sido anunciar una reforma del sistema tributario que, según las organizaciones sociales, va a profundizar más aún la brecha social ya que, entre otras medidas, contempla la ampliación de impuestos a los productos de la canasta familar.

Pero el país no es pobre, como lo demuestra el interés de las grandes multinacionales en invertir en la explotación de sus recursos naturales y en su sector financiero, sino que la población está empobrecida. Las causas de esta situación hay que buscarlas en la desigualdad existente en todos los ámbitos de la sociedad colombiana y en la política de privatizaciones que han convertido en un negocio la prestación de servicios básicos para la población. Durante 2005 la economía tuvo una tasa de crecimiento estimada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 5,3 del producto interno bruto. Esta tasa de crecimiento estuvo sustentada en el aumento de las exportaciones que por primera vez superó la cifra de los 20.000 millones de dólares y que a su vez estuvo apoyada en los altos precios del petróleo, del carbón, del níquel y en menor proporción de los precios agrícolas principalmente del café, las flores y los textiles. Por supuesto, también del auge de las exportaciones ilegales principalmente de clorhidrato de cocaína y de látex de amapola o heroína; al país llegaron 2.400 millones de dólares que aún no se sabe cómo entraron . Después del petróleo el segundo renglón de divisas lo constituyó el giro de las remesas de los colombianos residentes en el exterior superiores a los 3.400 millones de dólares. El principal beneficiario de la importante tasa de crecimiento económico fue el sector financiero que liquidó unas ganancias de 5,3 billones de pesos. Las tasas de pobreza se mantuvieron iguales o superiores al 64% del total de la población, según la Contraloría General de la Nación y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, o en el 50% según los nuevos estándares que aplican los organismos del Gobierno. Al tiempo se conocieron dos estudios del Banco Mundial en donde señala que en Colombia proporcionalmente la tasa de inequidad se mantiene igual a la que ya existía en 1938 y la pobreza en el campo se mantiene alrededor del 82% del total de la población .

Colombia es uno de los tres países más inequitativos de América Latina, que es la región más inequitativa del mundo. El 0,4% de los dueños de extensiones mayores de 500 hectáreas concentran el 62,6% de la propiedad de la tierra, en tanto los propietarios de menos de 20 hectáreas, representando el 86,3%, sólo controlan el 8,8% de la superficie, “los grandes propietarios han ganado 30 puntos porcentuales en el control de la tierra en el periodo comprendido entre 1984 y 2003, proceso asociado al inmenso poder de los terratenientes tradicionales, los narcotraficantes y paramilitares, y sus mecanismos violentos de despojo del campesinado” . El informe de 2005 de la Alta Comisonada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también expone el alto grado desigualdad existente en el país. El 20% de la población más rica recibe el 62% de los ingresos laborales mientras que el 20% más pobre recibe sólo el 3%, y la diferencia de ingreso por persona en la zona urbana es casi dos veces y medio mayor a la de la zona rural. Aunque las cifras oficiales del DANE indican que la tasa general del desempleo disminuyó a 10% al final de 2005 (acercándose al nivel que existía en 1997), el desempleo de mujeres sigue siendo más alto que el de los hombres y el subempleo, aproximadamente el 31%, no ha disminuido. Además, la reforma laboral adelantada a través de la ley 789 de 2002 amplió la jornada de trabajo, redujo el recargo dominical y festivo, disminuyó las indemnizaciones por despido sin justa causa y recortó los derechos de los trabajadores jóvenes, a través de la modalidad del contrato de aprendizaje que quedó exceptuado del régimen laboral. Esto tiene un impacto negativo sobre los ingresos de las trabajadoras y trabajadores y vulnera el principio de estabilidad laboral.

El índice de Gini, que se utiliza para medir la desigualdad, no ha disminuido durante los últimos años. En comparación con el año 1996 el índice de Gini ha aumentado (de 0,544 a 0,56 en 2004 y 0,55 en 2005). La inequidad económica se refleja también en el acceso limitado a ciertos bienes y servicios por parte de los más desfavorecidos. En la atención sanitaria, se ha constatado el fracaso de la ley 100, que cuando fue expedida en 1993 se planteó como meta la cobertura universal: el porcentaje de personas que se sintieron enfermas y fueron atendidas decreció de 77,2% en 1997 a 67,9% en 2003 y, en 2005, el 33% de los colombianos no contaba con afiliación al Sistema General de Seguridad Social; además, “la precariedad en el acceso a la salud de estos últimos se ha visto agravada por el cierre de instituciones de la red pública hospitalaria y la reducción de camas disponibles” . De acuerdo con la Contraloría, el más grave problema en materia de salud pública es la situación de enfermedades como malaria, fiebre amarilla, sarampión y tétanos. Señalan los miembros de la Academia Nacional de Medicina que no se tiene la certeza de cuánta gente ni en qué lugares se está vacunando y que no hay un sistema central que prenda las alarmas con rapidez antes de que se desate una epidemia. Indicaron que un sistema así habría podido prevenir la epidemia de fiebre amarilla ocurrida en enero de 2004.

La Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomasevski, visitó Colombia a finales de 2003 y manifestó su preocupación porque, luego de 36 años de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte del Estado colombiano, la educación no es todavía gratuita ni universalizada. Ese mismo año, la Contraloría señaló que “la principal razón de inasistencia de las niñas y los niños en edad escolar es la falta de dinero en su hogar que, en muchos casos, los obliga a vincularse al mercado laboral en busca de ingresos adicionales para su hogar, dejando de lado las actividades académicas”. Sin embargo, el Ministerio de Educación emitió la directiva ministerial 04 de 2003, que ordenaba sancionar a las autoridades locales que pretendan establecer la gratuidad universal en la educación ; esta orden sigue vigente. Así, Naciones Unidas estima que 1,6 millones de niños se encuentran por fuera del sistema educativo, lo que equivale al 13% de la población de niños y niñas entre los 5 y 17 años. Además, hay marcadas inequidades entre las zonas urbanas y rurales. Mientras las primeras tienen una cobertura de 91%, en las segundas solo el 77% de los niños y las niñas en edad de recibir educación asisten a un establecimiento educativo.

La repetición del año escolar en el sector oficial duplica o triplica, a la del sector privado. La Procuraduría General de la Nación triplica la cifra de desescolarización que recoge Naciones Unidas. El pasado mes de mayo, el Procurador presentó un informe en el que establece que hay 3.782.696 niños y niñas por fuera del colegio, entre otras razones porque la población desplazada y los grupos étnicos siguen sin ser atendidos. Para esta autoridad los distintos gobiernos que se han sucedido desde 1991 se han limitado a ofrecer cifras de la ampliación de la cobertura, pero no se han preocupado de de la continuidad de los niños en las escuelas, así como la calidad de la formación, factores que garantizan la educación plena, “hemos trabajado durante 30 años con los mismos indicadores. Tenemos que cambiarlos porque solo miden la matrícula, no si los niños aprueban el grado y si la educación es de calidad. Eso es un engaño” .
En materia de viviendas sigue existiendo un déficit grande. Según estimaciones, hace falta construir más de dos millones de viviendas nuevas para cubrir el déficit, “a pesar de ello, el nivel de construcción de viviendas de interés social siguió siendo muy bajo durante el año 2005. En contraste, continuó creciendo la construcción de viviendas en los estratos más altos. Respecto de la cobertura de saneamiento básico en las viviendas, el 74% cuenta con servicio de alcantarillado y el 88% cuenta con servicio de agua potable”, señala la ONU.

El incremento de las privatizaciones experimentado en el Gobierno de Uribe ha restado aún más capacidad al Estado para dar cobertura a las necesidades de la población, “son acomodaticias, favorecen a sus amigos y debilitan al país”, ha criticado la oposición encabezada por el Polo Democrático Alternativo (PDA). El senador del PDA, Jorge Enrique Robledo, ha denunciado que “detrás de cada privatización se mueven poderosos intereses foráneos que amasan colosales fortunas negociando con el Estado”. En estos procesos se sigue una pauta similar: se arranca orquestando una campaña para mostrarle a la opinión pública que la empresa está en quiebra y es inviable, a no ser que se consiga un “socio estratégico”. Enseguida se la fragmenta, creándole una empresa paralela, y se sanean las finanzas pasándole al Estado las deudas y dejándole a la nueva entidad los beneficios del negocio. Una vez hecho esto, la nueva empresa, sin pasivos ni convenciones colectivas, se adjudica a precio asequibles; “después, así la empresa se haya vuelto privada, el Estado la sigue subsidiando, para garantizar a los inversionistas, un buen nivel de utilidades”, explica Robledo . Y normalmente se encarecen los productos de la nueva empresa aunque sean servicios destinados al público en general.

A lo largo de su vida pública, Uribe se ha caracterizado por su inclinación hacia las privatizaciones. De 1995 a 1997 fue gobernador de Antioquia, el departamento empresarial por antonomasia. En desempeño de este cargo privatizó el área de distribución de la Empresa de Licores de Antioquia, la más grande en su género de Colombia, y liquidó la Empresa de Obras Públicas Departamentales, cuya principal función, la reparación de vías, pasó a ser ejecutada por el sector privado. También insistió en la importancia de otorgar concesiones privadas para la construcción de carreteras interdepartamentales y trabajó arduamente por la privatización de la educación, empeño que continúa como presidente del país .

Una vez alcanzada la Presidencia, este tipo de iniciativas se han repetido en diversos ámbitos. En el sector financiero han sido privatizadas dos entidades públicas: el 98,7% del banco Granahorrar fue adquirido por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por 328 millones de euros y Bancafé lo compró la entidad colombiana Davivienda por 740 millones de euros. La venta de Telecom, realizada en abril de 2006, se basó en que el crecimiento de la telefonía móvil sacaría de uso a los teléfonos fijos. El Estado mantuvo el 49% de las acciones mientras la española Telefónica Internacional SA ganó la subasta pública, al ofrecer 350 millones de dólares por el 51% de las acciones. Para la oposición política, esta operación supuso un gran negocio para la compañía española: “El comprador recuperará su inversión en menos de tres años, ganará otros 400 millones de dólares por administrar la empresa y, luego de 15 años, recibirá totalmente gratis, entre otras muchas cosas 1,5 millones de líneas telefónicas”, ha denunciado Jorge Enrique Robledo . Recientemente Uribe liquidó la empresa de Administración Postal Nacional.

Pero el proceso de privatización que más polémica y protestas ha levantado es el de la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol), calificada como la joya de la corona. El pasado mes de agosto la empresa suiza Glencore International AG, ganó la licitación pública de venta del 51% de las acciones de la refinería de Ecopetrol en Cartagena, con una oferta de 630,7 millones de dólares. El precio mínimo fijado por la empresa estatal colombiana era de 625 millones de dólares por lo que resultó extraño que se hubiera efectuado la concesión con un alza tan reducida con respecto al precio de salida . Al mismo tiempo, el Gobierno ha anunciado la venta del 20% de las acciones de Ecopetrol lo que para los congresistas del PDA es el inicio de la privatización total de la principal empresa del país y supone incumplir el acuerdo alcanzado con los trabajadores en 2004: “Durante el presente gobierno, se garantiza el carácter estatal de Ecopetrol S.A. en el marco de su naturaleza jurídica de sociedad pública por acciones, por lo tanto la misma no será privatizada ni liquidada”. El senador Hugo Serrano Gómez, experto en política petrolera, afirma que Ecopetrol, en los últimos cuatro años, ha generado beneficios por 8,2 billones de pesos y tuvo una balanza comercial favorable del orden de los 7.600 millones de dólares; estas cifras le garantizaron en el 2005 un beneficio neto de 3,2 billones y una rentabilidad sobre patrimonio del 24%, ubicándola como la empresa más rentable y de mayor solidez financiera en Colombia. Hoy, los costos de Ecopetrol para producir un barril y transportarlo a las refinerías y puertos de exportación son del orden de 19 dólares y su precio de venta promedio es de 55 dólares barril, lo que deja una utilidad cercana a los 36 dólares barril. En Colombia no existe otra empresa que genere más utilidades y que ofrezca mayor o igual rentabilidad . Los trabajadores, convocados por la Unión Sindical Obrera (USO), ya han realizado paros en contra de la privatización, pero Uribe no ha dado marcha atrás en su planes.

El Gobierno también ha anunciado la reestructuración del Instituto de los Seguros Sociales (ISS), que brinda atención médica a afiliados y beneficiarios, cubre las necesidades de más de 650.000 pensionados y 28.000 jubilados, reglamenta las enfermedades laborales y recauda los aportes correspondientes a los seguros sociales obligatorios. En Colombia todas las personas están obligadas a afiliarse a una empresa prestadora de servicios de salud, privada o pública, y a una administradora de aportes para la pensión, según lo establece la ley 100, que promovió el propio Uribe en 1993 cuando era senador. Ahora el Ejecutivo pretende transformar el ISS en tres empresas distintas: una dedicada a la atención médica, otra al sistema de pensiones y una más, destinada a asumir la cobertura de riesgos profesionales o seguridad laboral. Para Saúl Peña, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, esta decisión resulta trágica “teniendo en cuenta las implicaciones que tendrá en materia de pensiones y salud. Quienes han cotizado al Seguro quedarían ante un futuro incierto, ya que la gestión pasaría a manos del Ministerio de Hacienda; por su parte, los 659.000 pensionados que hoy cuentan con su mesada mensual no contarían con los 2,3 billones de pesos que aportan los trabajadores para dichos pagos”, esto significa que quedarán a expensas de que haya presupuesto en Hacienda para pagar las pensiones. “El único negocio que es rentable para el Seguro es el de riesgos profesionales que tiene 3.3 billones de pesos en reservas y están pensando a partir de la liquidación entregárselo a un operador privado, eso me parece que generará impactos muy fuertes”, indicó el líder sindical. Además, buena parte de la responsabilidad de la crisis económica que atraviesa el ISS es del Estado, “quien le debe cerca de 60 billones de pesos y no ha tomado la decisión de redistribuir los pacientes de alto costo en todo el sistema asegurador”, puntualizó Saúl Peña. El Seguro Social concentra el 90% de los pacientes con enfermedades de alto costo (cáncer, sida, diabetes, entre otros) lo que representan sobrecostos por 300.000 millones de pesos, según Peña .

Esta reforma también es rechazada por numerosos parlamentarios. “El Gobierno del presidente Álvaro Uribe tendrá sus razones para liquidar el ISS, pero lo lamentable es que se acabe con una empresa de prestación de salud pública que equilibra el sistema, garantiza la salud a millones de colombianos y pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores”, aseguró el congresista Eduardo Benítez. El senador Robledo tiene claro que el objetivo del Gobierno es “convertir el derecho a la salud de los colombianos en un vulgar negocio”. Para Carlos Gaviria, presidente del PDA y ex candidato presidencial, la iniciativa propuesta ahora por el Gobierno no es más que la consecuencia lógica del proceso de reforma de la seguridad social que se inició hace 13 años “con el propósito de dar paso a operadores privados de la salud, poner a circular en el sistema financiero los recursos de la seguridad social y socavar los cimientos del Seguro Social y de las otras instituciones públicas que prestaban servicios de salud” .

3.5 Conflicto y medio ambiente

El conflicto armado y social que vive Colombia también ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente. El territorio no sólo ha sufrido las consecuencias de la confrontación entre los grupos armados sino que, precisamente, el control territorial y la posesión de las riquezas naturales del país es causa del enfrentamiento. Hay un refrán colombiano que dice que “cuando dos elefantes pelean sufre el pasto”; aquí, el pasto, la hierba, es también el objeto de la pelea. Uno de los efectos más dramáticos de la violencia es el desplazamiento forzado de millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus tierras para instalarse en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Estos flujos poblacionales aumentan la demanda y la concentración espacial de bienes y servicios, en proporciones tales que generan tensiones en los sistemas ecológicos vecinos a las urbes, desarrollan situaciones de subempleo y la precarización de las condiciones laborales. Tal es el caso de Bogotá, que sobrepasa los ocho millones de habitantes, y alberga a cerca de cicno millones de personas en condiciones de pobreza, sin posibilidades de consumir las demandas nutricionales mínimas, ni los servicios fundamentales. Bogotá ha sido refugio durante 40 años de las continuas oleadas de violencia que ha padecido Colombia, la ciudad recibe la tercera parte de los desplazados del país, lo que ha generado un crecimiento desordenado y la “apropiación” de los bienes ambientales de los ecosistemas y regiones pobladas vecinas: el agua que consume la ciudad la toma en un 60% de los ecosistemas vecinos, aumentando los riesgos de escasez hídrica en sus vecindades .

Además, el abandono obligado del campo hace que se pierda el acumulado de experiencias de adaptación al territorio, mediante las cuales los campesinos alimentaban a todo el país; la desaparición del conocimiento popular del territorio es sumamente grave, considerando que son experiencias fundamentales a la hora de plantear nuevas maneras de relacionarse con el entorno natural. Pero el desplazamiento forzado no sólo es consecuencia de la guerra sino que forma parte de la estrategia de los que lo provocan, principalmente los paramilitares que, de esta forma, limpian grandes extensiones de la población que no comparte sus proyectos para apoderarse de sus tierras y repoblarlas con comunidades dispuestas a someterse. Como ya se mencionó, se calcula que los grupos paramilitares se han apropiado por la fuerza de unos cinco millones de hectáreas entre 1997 y 2003. Las repercusiones de este proceso de concentración de tierras fértiles, en manos de los comandantes del paramilitarismo, se ve como uno de los más graves factores de empobrecimiento y reproducción de la violencia en la actualidad .

La posesión de la tierra y los enormes flujos de dinero provenientes del narcotráfico que financian al paramilitarismo ha impulsado la implementación de grandes proyectos de inversión, todos ellos de carácter extractivo o agroindustrial, enfocados a la economía internacional, en el Chocó, Magdalena Medio y Llanos orientales: sobresalen los cultivos de palma africana, cuyo aceite tiene prometedoras salidas como materia prima en gran cantidad de procesos industriales. Aparece también la ganadería extensiva, el caucho, el cacao y el financiamiento directo en actividades industriales. La magnitud de estos proyectos no es conocida, por lo relativamente reciente del fenómeno y la dificultad inherente a hacer seguimiento a los bienes ilícitos de los grupos armados. El desarrollo de monocultivos de palma africana tiene las implicaciones ambientales de cualquier monocultivo: el deterioro acelerado de los suelos, el uso intensivo de agroquímicos, que implica graves daños ambientales, especialmente en regiones selváticas, y los grandes impactos de obras complementarias como carreteras. Se observa la implementación de cultivos de palma africana en regiones selváticas del Pacífico colombiano (área reconocida como uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo), a pesar de que las condiciones climáticas no son rentables, por lo que hace pensar en la implementación de estos monocultivos desde otra lógica: los monocultivos de palma africana se utilizan como una manera de “domesticar” la selva y abrir paso al “desarrollo”, lo que significa la eliminación de una ventaja táctica para las guerrillas, que encuentran en las áreas boscosas zonas de movilidad y resguardo.

Por otro lado, se vislumbra a la costa Pacífica colombiana como el espacio de integración a la creciente economía asiática, para lo cual necesita mejorar las condiciones de accesibilidad al Pacífico, haciendo necesario eliminar el obstáculo que significan las zonas selváticas en esta región, abriendo espacios de cultivos y sabanas, sustentado todo ello en los enormes capitales del narcotráfico. Esta dinámica supone un daño gigantesco, desde el punto de vista humanitario y del respeto a la biodiversidad: estas regiones han tenido los índices de desplazamiento y violaciones al derecho internacional humanitario más altos del país y la desaparición de las selvas del Pacífico significa la pérdida de ecosistemas únicos en el mundo y de importantes experiencias culturales de comunidades afrodescendientes e indígenas, en cuanto a su manera de relacionarse con estos ecosistemas .

La aplicación de tóxicos para estimular la producción de monocultivos también afecta a las comunidades próximas. En algunas zonas del departamento del Cauca la utilización de agrotóxicos en los monocultivos de pino y eucalipto parecen estar en el origen de la contaminación de los ríos. Este es el caso del corregimiento de Cajibío, donde los productos empleados en las plantaciones de la empresa Cartón de Colombia, propiedad en un 70% de la irlandesa Jefferson Smurfit Group (una de las más grandes productores en el mundo de empaques a base de cartón y papel), al parecer han contaminado el río que podría abastecer de agua para el consumo de la población. En Cajibío, considerado como zona roja, en los últimos años fueron asesinados varios líderes campesinos y la comunidad docente de la Institución Educativa Agropecuaria La Capilla-Cajibío ha recibido amenazas de muerte.

Estas prácticas que atentan contra la preservación del medio ambiente han encontrado su cobertura legal con la aprobación de la ley forestal, más conocida como ley maderera por los nocivos efectos que su aplicación va a tener para los bosques naturales y para la población que habita en ellos. Para los ambientalistas colombianos, las discrepancias con esta ley tienen su origen en dos visiones opuestas sobre el medio ambiente y los recursos naturales: La que se puede llamar tradicional en Colombia, que los considera un patrimonio colectivo al cual todos tendrán derecho, tanto hoy como mañana, para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad, y la del Gobierno, que es más pragmática, utilitaria y de corto plazo, que los ve como un campo de negocio . Esta ley fue criticada por la Contraloría, la Procuraduría y por un grupo de ex ministros que dirigieron una carta a los ponentes de la norma en la que aseguraron que “no es en absoluto razonable que se siga adelante con la aprobación de un proyecto de ley que las comunidades indígenas y negras consideran como atentatorio de sus derechos culturales y territoriales, y contrario al buen uso y conservación del medio ambiente” . Colombia tiene entre 49 y 55 millones de hectáreas de bosques, de las cuales 35 millones pertenecen a grupos indígenas y otros 5 millones, a comunidades negras.

Estas comunidades han denunciado que no se les consultó el proyecto de ley, como manda la Constitución, y que éste privilegia la explotación comercial maderera en desmedro del bosque. Varias organizaciones de afrodescendientes del Chocó afirmaron que “las pocas consultas realizadas fueron un mecanismo para cumplir con una cierta formalidad pero no para incluir las objeciones de fondo y las iniciativas de reglamentación de la población. Fueron los sectores empresariales madereros, entre ellos los que han deforestado el Bajo Atrato en zonas de control paramilitar, los que participaron en la formulación de la ley, su pensamiento, asociado a un modelo de desarrollo destructivo de pueblos, de seres humanos y del derecho de la humanidad a un ambiente limpio”. Estas mismas empresas son las que, según las comunidades, “en muchas ocasiones han usando las necesidades de los pobladores para crear asociaciones campesinas bajo la cuales, con la `supuesta participación’ de las comunidades han arrasado y destruido mecanizadamente bosques naturales como los kativales y los robles para procesar triplex y enviarlo al mercado internacional” .
El diario El Tiempo dijo que esta ley forestal incumple varios tratados internacionales ya que “introduce una visión que considera al bosque más un productor de madera que un ‘ecosistema complejo’, la definición más avanzada, adoptada por Colombia en la Convención de Diversidad Biológica” . La nueva norma, entre otras iniciativas orientadas a promocionar la explotación, crea un Consejo Nacional Forestal, en el cual los ambientalistas señalan que tendrían mayoría sectores más proclives a la explotación maderera que a la conservación, e incorpora a la supervisión del aprovechamiento comercial de bosques naturales a los ingenieros forestales del sector maderero, convirtiéndolos en unos insólitos ‘agentes forestales’ pagados por aquellos a quienes deben, a la vez, servir y supervisar. Igualmente los permisos para los aprovechamientos forestales en la Amazonia y la Costa Pacífica, donde se ubica la gran mayoría del bosque natural, antes debían ser aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente; este control desaparece con la nueva ley.

En el país la actividad de aprovechamiento forestal de bosques naturales ha sido un generador de conflictos, debido a los propios intereses del negocio de la madera o a que los actores irregulares se involucran en la actividad, con el fin de controlar regiones y obtener ingresos. Este es uno de los motivos por los cuales, una ley como ésta que promueve aún más la explotación a gran escala de los bosques, especialmente los que están en territorios de comunidades indígenas y negras; no aporta a la construcción de paz ni a la resolución de conflictos, por el contrario, los exacerba.

El incremento de las fumigaciones aéreas contra los cultivos de uso ilícito, como consecuencia de la puesta en marcha del Plan Colombia en el año 2000, también ha ocasionado graves daños al medio ambiente. La propia Casa Blanca afirmó que en 2005 se detectaron 144.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia, un 26% más que en 2004, a pesar de que se anunció que el año pasado se fumigaron 140.000 hectáreas y se erradicaron manualmente más de 30.000 . Pese a señalar que la enorme cifra se debe a un perfeccionamiento en los instrumentos de medición, la magnitud de hectáreas existentes es absolutamente lejana de los objetivos enunciados en 1999 cuando existían 122.500 hectáreas de coca y se propuso el Plan Colombia para reducirlas a la mitad. Entre los años 2000 y 2004, el país pasó de 163.000 a 80.000 hectáreas de coca, lo que representa una disminución del 51%, según los informes de Naciones Unidas. Sin embargo, durante el mismo periodo también pasaron de 58.000 a 130.000 las hectáreas fumigadas (un aumento del 130%) lo que equivale, en términos netos, a que durante esos años de plena vigencia del Plan Colombia en realidad los cultivos de coca sólo se redujeron en 10.000 hectáreas .

Ni estos datos que demuestran el fracaso de la política antidrogas ni los daños evidentes que provoca han hecho desistir al Gobierno de fumigar regiones enteras, aunque de paso fumigue indiscriminadamente cultivos de productos alimenticios, corrientes de agua y personas. El Departamento de Estado de EE UU asegura que las fumigaciones no son tóxicas, pero las denuncias de las comunidades afectadas por estas fumigaciones insisten en los daños causados sobre la salud humana, los cultivos de alimentos y sobre la tierra . En varias regiones del país, como en el sur de Bolívar o Putumayo, se observa un despliegue de guerra química contra comunidades que se encuentran en regiones con interés militar. Después de las fumigaciones los cultivadores se desplazan a regiones vecinas o selva adentro, pero el resto de las comunidades que han sido afectadas, tienen que abandonar sus tierras al no tener qué comer. La enorme movilidad de los cultivos ilícitos, propiciada por las fumigaciones, hace que los cultivos se adentren en zonas selváticas o inaccesibles, que por lo general tienen enorme importancia ecológica, que a su vez también propicia a mediano plazo fumigaciones sobre estas áreas. En la actualidad el Gobierno promueve las fumigaciones sobre reservas ecológicas (parques naturales), a pesar de los daños que sufrirían estos ecosistemas, de enorme importancia para la biodiversidad del planeta. Existen regiones del país en las cuales no se ha inventariado el número de especies existentes, y en las cuales se hace muy difícil estimar los daños de las fumigaciones . Resulta evidente la deforestación que produce el cultivo de la coca y la amapola y los perjuicios para el entorno natural de su procesamiento incontrolado a base de productos químicos, pero el remedio que se está aplicando en Colombia en lugar de combatir la raíz del problema (ofrecer alternativas al campesino, luchar contra el narcotraficante y diseñar políticas que reduzcan el consumo) genera más violencia y pobreza y no disminuye las extensiones de cultivos de uso ilícito. De hecho, Colombia es el único país del mundo que permite las fumigaciones; incluso Afganistán se negó a aplicar un programa de fumigaciones exigido por Estados Unidos .

La industria petrolífera también ha sido una fuente de contaminación del medio. Las facilidades otorgadas a las multinacionales para su expansión en el territorio colombiano, con escaso control por parte de las autoridades, han supuesto la invasión de tierras pertenecientes a las comunidades originarias y la explotación de los frágiles ecosistemas preservados por los indígenas durante siglos. La respuesta de los grupos insurgentes tampoco ha sido menos nociva para el medio ambiente. Las guerrillas, con el argumento de defender la soberanía nacional, han atentado repetidamente contra la infraestructura petrolífera provocando derrames de crudo que, según el Ministerio de Medio Ambiente, han afectado 2.600 kilómetros de ríos y quebradas y unas 1.600 hectáreas de ciénagas; de esta forma, se logra distraer la atención de la Fuerza Pública y, en ocasiones, sirve de medio de financiación ya que las petroleras pagan para que cesen los ataques.

Pero además del impacto negativo para el entorno derivado del conflicto armado, las políticas de ordenación territorial o, mejor dicho, la ausencia de ellas ocasionan periódicamente desastres que se atribuyen a causas naturales, pero realmente obedecen a la negligencia y/o la corrupción de las administraciones locales, regionales y nacionales: prácticas productivas inadecuadas, como talas indiscriminadas, monocultivos y sobrepastoreos; sedimentación de ríos y colmatación de ciénagas. Durante el periodo de lluvias de este año, buena parte del país sufrió grandes inundaciones que provocaron decenas de muertos y heridos, destrucción de viviendas, cortes de carreteras, etc. . Las dimensiones de esta tragedia se podrían haber reducido con una política racional de ordenación ambiental del territorio y una labor real de prevención de riesgos ya que actualmente las oficinas destinadas a esta misión sólo cumplen funciones de atención de emergencias. Por lo menos dos veces por año -cada que vez que llueve- el país se inunda, hay deslizamientos de laderas, ahogamiento de suelos y ganados, caída de barrios, desplome de puentes; y, en el sentido contrario, el verano es sinónimo de incendios forestales. La continua deforestación, ocasionada por el desarrollo urbanístico incontrolado o la mala planificación de las tierras para la producción agropecuaria, ha ido produciendo un fenómeno no visible de pudrición de las viejas raíces que son la columna vertebral de los suelos. Así, los suelos han perdido consistencia y, cuando llega la época de lluvias, se deslizan provocando derrumbes con consecuencias terribles y, al mismo tiempo, colmatan ríos, cañadas, ciénagas que acaban desbordándose.

Entonces, cuando el desastre ya se ha producido, acuden desde las flamantes “oficinas de prevención de riesgos” a paliar los daños, se habilitan locales para acoger a los desplazados, se ofrecen subsidios, se vuelve a retomar el discurso sobre “ambiente”, “ordenamiento territorial”, “planeación” y “participación”...., pero todo vuelve a la “normalidad” hasta el próximo desastre. Los ambientalistas colombianos reclaman una labor continua de prevención que incluya formación adecuada a los ciudadanos para que detecten las señales de alarma (filtraciones, derrumbes) y, al mismo tiempo, que se coordinen los planes de ordenamiento territorial de los entes territoriales que comparten un mismo recurso natural (montaña o cerro, río o laguna y demás) para poder actuar conjuntamente ante los potenciales riesgos.

Un ejemplo palpable de esta falta de planificación fueron los derrumbes que se produjeron el pasado mes de abril en la carretera que une Calí, capital del Valle del Cauca, con Buenaventura, que causaron más de 30 personas muertas y centenares de damnificados. Las autoridades reaccionaron destaponando la vía y aprobando cantidades millonarias en subsidios para las víctimas. Si esa capacidad de reacción y esa disponibilidad de dinero se hubiera demostrado hace años, habría habido muchas menos posibilidades de que se produjera el desastre. Los ingenieros del Valle del Cauca ya advirtieron hace dos años (El Tiempo, 18-4-06) de la falta de estabilidad de la carretera y de que la deforestación en la zona podía provocar hechos lamentables; la Asociación de Ingenieros del Valle aseguró que el contrato con Invías (organismo estatal con competencia en carreteras) es más para mantener las características del pavimento que para garantizar la estabilidad de la carretera que transcurre a través de un bosque húmedo tropical. Para los ingenieros, está vía que data de los años 60, está aún sin concluir. Desde la Cámara Colombiana de Infraestructura se reclama desde hace tiempo que se habilite una doble calzada y una vía alterna. Desde finales del siglo pasado se han presentado varios proyectos concretos para mejorar esta importante vía de comunicación, pero nunca se aprobaron y ahora se sufren las consecuencias.

4. COLOMBIA, EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Colombia es el escenario en el que las potencias mundiales juegan sus cartas para definir su influencia no sólo en este país sino en toda América Latina. Las distintas fórmulas para determinar las causas y soluciones al conflicto social y armado han hecho del país un laboratorio de experimentación.

En Colombia se hicieron las primeras prácticas de aplicación de la doctrina de seguridad nacional, se probaron las recetas neoliberales del consenso de Washington , se experimenta con nuevos métodos de presunta lucha contra el narcotráfico, se aplican nuevas técnicas contra el terrorismo y se diseñan mecanismos de apariencia legal de contención de la inestabilidad social. Hasta ahora sólo han sido experiencias fallidas cuyas consecuencias paga el pueblo colombiano y sus vecinos.

4.1 Relaciones difíciles con los vecinos

Colombia siempre ha mantenido unas relaciones difíciles con sus países vecinos, derivadas de la inestabilidad en la región que ocasiona el conflicto armado interno. La intensificación de los combates propiciada por la política de seguridad democrática han provocado una mayor tensión en las fronteras durante el Gobierno de Uribe, especialmente con respecto a Venezuela y Ecuador. Algunos de estos problemas son el uso de su territorio como retaguardia por miembros de los grupos armados colombianos; la llegada de refugiados; la militarización de las fronteras para contener la expansión de la violencia; tráfico de armas, drogas y precursores químicos; las fumigaciones aéreas, etc. Además de todo ello, los problemas fronterizos han contribuido a una carrera armamentística regional que alimenta la inestabilidad política, al tiempo que obstaculiza la integración económica .

Las relaciones con Venezuela, siempre complejas, han empeorado con el enfrentamiento entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez. El primero es el principal aliado de la administración de Bush en el hemisferio y ha apoyado casi todas sus políticas (incluida la invasión de Irak), a la vez que recibe su apoyo y negocia un Tratado de Libre Comercio. El segundo, por el contrario, se encuentra entre sus principales detractores, lidera la oposición a los TLC, y fomenta un modelo alternativo de integración regional fundamentado en la capacidad energética de Venezuela y en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). El último episodio de esta tensión fue la captura, a finales del año 2004, del miembro de las FARC Rodrigo Granda en territorio venezolano, sin comunicarlo a las autoridades de este país. El embajador estadounidense en Bogotá expresó su apoyo a esta violación de soberanía mientras que el de Caracas no hizo declaraciones, en una nueva muestra del doble rasero de Washington. La situación volvió a la normalidad tras la cumbre celebrada en Ciudad Guayana, entre los presidentes de Brasil, España, Colombia y Venezuela. A pesar de estas dispustas, Uribe y Chávez han alcanzado un acuerdo para construir un gasoducto que partiendo de Venezuela, atravesará Colombia hasta llegar a Panamá; las comunidades afrodescendientes e indígenas colombianas han protestado contra el gasoducto porque no fueron consultadas sobre el trazado y temen ser desplazados violentamente para construirlo en sus territorios, pero ni Uribe ni Chávez han reconsiderado el proyecto.

Con respecto a Ecuador, el Gobierno de Alfredo Palacio, que sustituyó a Lucio Gutiérrez al frente del Ejecutivo, ha declarado su propósito de no intervenir en el conflicto colombiano y rechaza las fumigaciones en áreas fronterizas. Palacio ha denunciado que ha tenido que descuidar la frontera con Perú para situar a 12.000 soldados en bases fronterizas con Colombia, mientras este país no hace lo propio. Desde Bogotá se alega que tiene brigadas móviles a lo largo de sus 640 kilómetros de frontera, pero Ecuador pide una presencia militar mayor y además fija. Además, Estados Unidos dispone en territorio ecuatoriano de la base militar de Manta desde donde coordina diversas operaciones del Plan Colombia, lo que implica al país en el conflicto colombiano. Las operaciones militares colombianas en la frontera común han ocasionado numerosos incidentes entre los dos vecinos. Ecuador ha denunciado repetidas veces la invasión de su territorio por parte del Ejército colombiano. En una de esas incursiones fueron asesinados el pasado mes de octubre dos campesinos ecuatorianos. Las Fuerzas Militares de Colombia dijeron que murieron en el marco de “un enfrentamiento en la frontera con insurgentes que se encontraban en una embarcación”, pero desde Ecuador se denunció que el operativo se hizo en sus aguas territoriales y que las víctimas no eran guerrilleros sino campesinos que se desplazaban en sus lanchas de transporte .

Por otro lado, se estima que en Ecuador viven 600.000 los colombianos de forma irregular, lo que está siendo utilizado desde ciertos sectores políticos para alentar la xenofobia. El Gobierno ecuatoriano denuncia la falta de colaboración de Bogotá para apoyar a estas personas y ha anunciado que incluso podría comenzar a exigir visados a los ciudadanos colombianos. El principal punto de discordia entre ambos países son las fumigaciones de cultivos ilícitos. Ecuador denuncia que las fumigaciones en zonas fronterizas han afectado a sus campesinos y reclama una franja de protección de diez kilómetros, algo que se rechaza desde Bogotá. El caso se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se han anunciado iniciativas ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) o incluso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Además el ministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, ha afirmado que Ecuador no considera terroristas a las FARC.

4.2 Intervencionismo de EE UU

Desde el inicio de las guerrillas en los años sesenta a la guerra contra el narcotráfico de los últimos años, Estados Unidos ha jugado un papel clave en la orientación militar, política y estratégica del Estado colombiano. Mientras la Unión Europea ha dirigido su atención hacia Colombia desde hace poco tiempo, este país siempre ha sido de interés clave para los planes hemisféricos de Washington. La “guerra global contra el terrorismo” emprendida por EE UU después del 11-S se ha enfocado en Asia Central y el Golfo Pérsico, pero sus ramificaciones han sido muy notables en Colombia: apoyo militar creciente desde el año 2000, incremento en el número de asesores estadounidenses y un nuevo énfasis en la contrainsurgencia marcan las pautas de los últimos años de intervención. Mientras tanto, el presidente Álvaro Uribe se ha destacado como el mejor aliado estadounidense del continente .

Aunque la Doctrina Monroe (1823) determinó un papel predominante de EE UU en los asuntos hemisféricos, fue durante la Guerra Fría cuando se produjeron, a lo largo de la región, intervenciones frecuentes, tanto clandestinas como abiertas, en nombre de la “seguridad nacional”. La Alianza para el Progreso -iniciativa del presidente Kennedy para restringir el impacto de la revolución cubana a través de la cooperación y el desarrollo capitalista- no impidió una concepción mucho más militarista en la acción estadounidense. En el caso de Colombia, inspiró el bombardeo de las comunidades de guerrilla establecidas en Marquetalia y otros reductos rurales en 1964, que desencadenó la fundación de las FARC, y la creación de los grupos de civiles armados para ayudar a la Fuerza Pública, hoy constituidos en los paramilitares o autodefensas. Otro factor, sin embargo, ha sido determinante en las últimas dos décadas: el narcotráfico, tema también de seguridad nacional para Washington. El aumento abrupto de la producción de coca en los años ochenta en Colombia dirigió la atención de EE UU hacia los grandes grupos narcotraficantes, simbolizados en esa época sobre todo por Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín. Los intentos de extraditar a EE UU a los capos resultaron en una puja violenta entre Escobar, el Estado colombiano y las autoridades estadounidenses. Más tarde, la supuesta contribución de 6,1 millones de dólares por parte de los narcos del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper (1994-1998) causó una ruptura en las relaciones: EE UU negó un visado al Presidente. La elección de Andrés Pastrana en 1998 y los cambios que comenzaron a producirse en el escenario político latinoamericano facilitaron la restitución de los vínculos bilaterales, especialmente los de carácter militar. Entre 1998 y 2006, Estados Unidos destinó más de 4.000 millones de dólares a programas militares y policiales en Colombia .

4.2.1 Plan Colombia

El triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en diciembre de 1998 unido a la creciente inestabilidad política en Ecuador y al riesgo de perder el control sobre Colombia por el ascenso militar de la guerrilla; la catastrófica situación social derivada de la corrupción, de las políticas neoliberales y del desplazamiento de más de tres millones de campesinos, junto a la puesta en marcha en enero de 1999 de un proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC que contemplaba reformas sociales, alertó a los encargados de la región en el Pentágono y el Departamento de Estado. Así, se elaboró a toda prisa un plan de intervención indirecta en Colombia que luego se conocería como Plan Colombia y que, aparentemente, fue propuesto por el Gobierno colombiano a EE UU.

El Plan Colombia fue presentado por el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) como un Plan Marshall que partía del planteamiento de que la producción de coca es un problema social cuya erradicación incluye la solución al conflicto armado para lo cual los países desarrollados debían ayudar a Colombia a realizar “grandes inversiones en el campo social, con el fin de ofrecer a nuestros campesinos alternativas diferentes a los cultivos ilícitos”. De hecho, uno de los nombres que se dio a la iniciativa fue Plan Colombia para la Paz, el cual, según Pastrana “era un conjunto de proyectos de desarrollo alternativo que canalizarían los esfuerzos de las organizaciones multilaterales y gobiernos extranjeros hacia la sociedad colombiana”. En esas primeras versiones del Plan se ponía el énfasis en lograr la paz y acabar la violencia, dentro del contexto de mantener las conversaciones con las FARC, que ya había iniciado Pastrana, siguiendo el principio de que la violencia del país tiene raíces profundas en la exclusión, la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, el texto definitivo que fue aprobado se enfocó a combatir el narcotráfico y fortalecer las fuerzas militares. El desarrollo posterior del Plan dejó al descubierto que la verdadera intención de Estados Unidos, su creador y principal financiador, ha sido y es consolidar su presencia e influencia en Colombia, convirtiendo el país en una cabeza de puente que le permita controlar Sudamérica -especialmente los procesos como el venezolano que cuestionan su hegemonía-, lo que implica acabar por la fuerza con la guerrilla colombiana sin dejar opciones a una solución negociada que implique cambios estructurales en el país. Durante el Gobierno de Uribe Vélez, el Plan Colombia ha sido la principal herramienta antiterrorista de su política de seguridad democrática .

La primera versión del Plan Colombia que se difundió fue publicada en noviembre de 1999 por el periódico colombiano de izquierda Desde Abajo en un suplemento especial que traducía por primera vez al español las 46 páginas del documento presentado por el Gobierno colombiano, en inglés, al Gobierno estadounidense. El supuesto fundamental del documento era que el narcotráfico era el flagelo causante de la crisis política, económica y social del país; por lo tanto, era necesario continuar y redoblar una lucha frontal en su contra y, paralelamente, había que fortalecer el Estado, entendido esto como la estabilización de un aparato no consolidado que necesita de reforma de sus instituciones judiciales, de reforzar sus Fuerzas Armadas y hacer presencia efectiva en sectores controlados por el narcotráfico, el cual, por supuesto, también es culpable de que no se cumplan los deberes constitucionales. Otro de los ejes que el Plan enunciaba como clave era el apoyo al proceso de paz en el marco de un concepto particular de negociación en medio de la guerra .

El 20-10-99 se presentó en el Congreso de EE UU un proyecto de ley (conocido como Alianza Act) para entregar a Colombia más de 1.300 millones de dólares de ayuda en los siguientes tres años dentro del marco del Plan Colombia, el cual tendría un costo total de 7.500 millones y se financiaría con otras contribuciones internacionales y dineros colombianos (3.500 millones). La ayuda no se aprobó sino hasta el primer periodo legislativo de 2000 (entonces conocida como US Aid Package). Aunque el Gobierno colombiano no hizo ningún esfuerzo para explicar en el país las consecuencias del Plan, desde el principio las organizaciones sociales colombianas alertaron de la injerencia que la cuantiosa ayuda de Estados Unidos suponía en los asuntos colombianos y las posibles concesiones que Colombia debería hacer a cambio de la entrega de la misma. También estaba la constatación de una preocupación obvia que se desprendía del alto componente militar de la ayuda: independientemente de que el uso de la misma se limitara a la lucha antinarcóticos, esto contribuiría al escalamiento del conflicto interno colombiano ya fuera por los vínculos de los grupos insurgentes con este negocio, o por el uso indebido de los recursos para combates con los mismos . Además, se cuestionaba que la ayuda militar se destinara a elementos de las Fuerzas de Seguridad implicadas en graves violaciones a los derechos humanos.

La administración Clinton anunció en el año 2000 la ayuda estadounidense para ese año y el siguiente: 1.574 millones de dólares, que constituían “la mayor asistencia de la historia”, según el El Tiempo, y puso en evidencia que el Plan era una iniciativa para la guerra y Colombia se encaminaba a convertirse en un nuevo Vietnam. Del total de la ayuda, sólo 238 millones estaban destinados a desarrollo alternativo, derechos humanos, fortalecimiento de la justicia y de la democracia. En junio de 2000, Amnistía Internacional emitió un comunicado criticando la concepción y desarrollo del Plan: “El Plan Colombia se basa en un análisis que enfoca las raíces del conflicto desde el punto de vista de las drogas y la crisis de los derechos humanos e ignora completamente las responsabilidades históricas del propio Estado colombiano. También ignora que las raíces profundas del conflicto están en la crisis de los derechos humanos. El Plan propone principalmente una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas a través de una sustanciosa asistencia militar a las fuerzas armadas y a la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluye no alcanzan a disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan. (...) El Plan no es el resultado de un proceso genuino de consulta con los organizaciones no gubernamentales nacionales ni internacionales que se espera implementen los proyectos, ni con los beneficiarios de los proyectos humanitarios, de derechos humanos y de desarrollo social. Como consecuencia, el componente de derechos humanos del plan es defectuoso”.

Ese mismo año, el Gobierno español, presidido por José María Aznar, a petición del Gobierno colombiano, organizó la Mesa de Donantes en Madrid, que fue concebida como un espacio formal donde se pudiera presentar el Plan al viejo continente y conseguir recursos para su financiación. Sobre sus resultados no hubo acuerdo en el país: el Gobierno la calificó de éxito total, El Tiempo reportó donaciones al Plan por 620 millones de dólares, mientras El Espectador habló de un respaldo tibio a la propuesta colombiana y sólo 250 millones comprometidos, muchos de los cuales no tenían nada que ver con el Plan sino con convenios de cooperación previos o independientes. Paralela a la Mesa de Donantes, organizaciones no gubernamentales colombianas convocaron a una Mesa Alterna donde dieron a conocer las objeciones que tenían frente al Plan: se formuló de espaldas al país; el gasto en fortalecimiento militar desvirtúa la iniciativa como estrategia integral de paz; el ingrediente militar producirá un escalamiento del conflicto y violaciones a los derechos humanos; las fumigaciones (principal estrategia antinarcóticos) son perjudiciales para el medio ambiente, y las privatizaciones, necesarias para financiar el Plan, aumentarán la brecha entre ricos y pobres.

Finalmente, la Unión Europea negó cualquier tipo de apoyo al Plan, lo cual supuso un fuerte revés en la estrategia diplomática y de difusión del Gobierno de Pastrana. El 1-2-01 el Parlamento Europeo, con 474 votos a favor, 1 en contra y 33 abstenciones, emitió una resolución que contenía el marco de referencia de su apoyo a un proceso de paz y no de guerra que “pone en peligro los programas de cooperación” en Colombia. Además la Unión Europea insistió en su compromiso con una solución política que reconociera las raíces del conflicto promoviendo una negociación con las fuerzas insurgentes y una refundación del pacto social basado en la participación ciudadana. La Presidencia, en nombre de la UE, declaró en diciembre del 2001: no existe ninguna alternativa adecuada a una solución negociada del conflicto interno. En cambio, el 19 de marzo de ese mismo año, el Ministro de Exteriores español, Josep Piqué afirmó: “No hay alternativa al Plan Colombia (...) estamos trabajando en el incremento de nuestra participación a través de observadores tanto civiles como militares, en todo el proceso (...)”.

La aprobación definitiva del US Aid Package provocó la preocupación de los países andinos vecinos a Colombia. El primero en llamar la atención sobre los efectos de su implementación fue Ecuador, quien desde temprano organizó un Grupo de Monitoreo del Plan Colombia y se preparó para la ola de desplazados a raíz de las fumigaciones aéreas en el área de frontera. Progresivamente, las preocupaciones de Brasil, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú frente al recrudecimiento de la guerra, la alteración de la balanza militar de la región y el desbordamiento del conflicto colombiano a través de las fronteras se hicieron públicas y evidentes. En particular las declaraciones del presidente Chávez en desacuerdo con el Plan ocasionaron una crisis diplomática entre los dos países y avivaron la discusión en torno al tema. Es significativo que en la Cumbre Iberoamericana en noviembre de 2000, y aunque ni el Plan Colombia ni el proceso de paz formaban parte de la agenda, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil acordaron celebrar en enero de 2001 una reunión entre sus ministros de Defensa, sin la asistencia de Colombia, para analizar las posibles repercusiones de la puesta en marcha de la estrategia. A raíz de estos incidentes y del malestar que la implementación fomentó en la zona andina, se empezó a gestar y a difundir la idea de que era necesario que Estados Unidos apoyase un Plan Andino para contrarrestar todos los males de la zona, los cuales eran fruto del narcotráfico. Este ambiente encuadró perfecto con las solicitudes formales de ayuda a Estados Unidos por parte de algunos países, lo cual aunado a los propios intereses de la siguiente administración estadounidense, desembocó en la formulación de la Iniciativa Regional Andina (IRA) en 2001.

El año 2001 fue el de la puesta en marcha del Plan Colombia y, consecuentemente, de las masivas fumigaciones aéreas con glifosato que se centraron en el sur del país . La población se levantó en contra por los numerosos efectos adversos que sobre el medio ambiente y la salud tenían y se mostró dispuesta a implementar programas de erradicación voluntaria. La protesta fue apoyada por los gobernadores de los departamentos de la zona (Tolima, Putumayo, Guaviare, Cauca y Nariño) quienes no sólo lideraron reuniones con el Gobierno colombiano para concertar el fin de las fumigaciones, sino que también diseñaron e intentaron promocionar (mediante giras internacionales) un Plan Alterno de desarrollo y erradicación manual para sus regiones. Al mismo tiempo se conocieron varios informes que daban cuenta del fracaso de este tipo de lucha contra los cultivos ilícitos. A lo anterior se sumaron las denuncias que el Defensor del Pueblo hizo en contra de la fumigación y las objeciones que a la misma también elevó el Contralor General de la Nación. No obstante, la fumigación como estrategia, prevaleció.

La llegada de Bush a la Casa Blanca, el 11-S y la ruptura de las conversaciones con las FARC trazaron el camino para que el Plan Colombia abandonara sus supuestos objetivos iniciales de lucha contra el narcotráfico y búsqueda de la paz para convertirse abiertamente en un arma contra los “narcoterroristas colombianos”. En 2002, a través de la Iniciativa Regional Andina, el Plan recibió 380 millones de dólares, el 70% destinado a gastos militares y el resto a los programas de desarrollo alternativo, justicia y desplazados. La iniciativa redujo las limitaciones sobre la cantidad y las actividades de los contratistas civiles estadounidenses en Colombia, permitiéndoseles incluso portar armas de uso exclusivo de las fuerzas militares, lo cual de acuerdo con el Gobierno de EE UU era indispensable para garantizar la seguridad del personal y del equipo durante las labores de fumigación. El Congreso de EE UU rechazó modificaciones a la iniciativa andina que habrían redirigido el dinero hacia programas de reducción de la demanda en EE UU, especialmente a través de la fundación de programas de servicios de tratamiento a drogadictos. Algunos críticos se opusieron al rechazo de estas reformas diciendo que el problema de las drogas y sus múltiples repercusiones se trabajarían de una manera estructural si se atacara la demanda y no la producción de las drogas ilícitas, puesto que los cultivos siempre se pueden replantar y trasplantar a otros lugares fuera o dentro de Colombia y sus países vecinos mientras se mantenga la viabilidad del mercado. Además, ese mismo año se aprobaron otros cien millones de dólares para entrenar y dotar la Brigada XVII para que protegiera la infraestructura del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que explotan la estatal Ecopetrol y las petroleras estadounidenses Occidental Petroleum e hispanoargentina Repsol-YPF ; la propia Alianza Act explicitaba entre sus objetivos “insistir para que el Gobierno colombiano complete las reformas urgentes destinadas a abrir completamente su economía a la inversión y el comercio exterior, particularmente a la industria del petróleo (...)”.

En julio de 2002, un mes antes de que Álvaro Uribe se posesionara como Presidente, el Congreso de EE UU autorizó que los recursos del Plan se utilizaran en la lucha antiterrorista lo que cimentó la política de seguridad democrática que comenzó a aplicarse a partir de agosto y cuyas consecuencias para la población civil ya se han explicado extensamente en los capítulos anteriores. En octubre de 2004, el Senado estadounidense aprobó el aumento del número de asesores militares estadounidenses que podían operar en el país como parte del Plan Colombia de 400 a 800 y el número de contratistas privados de 400 a 600. Durante el primer Gobierno de Uribe se calcula que EE UU aportó más de 2.000 millones de dólares para un confuso Plan Colombia cuyo objetivo prioritario -reducir las hectáres de coca- no se alcanzó, tal como reconocen paradójicamente los mismos que defienden el éxito de la iniciativa. El politólogo Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, asegura que “lucha contra la producción de drogas ilícitas no ha sido un éxito y que hoy estamos en el mismo punto en que estábamos antes del comienzo del Plan”, pero añade que los colombianos le deben mucho al Plan porque “hay que decirlo con todas sus letras: el origen del Plan Colombia fue la ofensiva y el empoderamiento de las FARC a partir de 1996, lo que representó un reto sin precedentes para el Estado, que estuvo a punto de verse desbordado por la guerrilla porque no contaba con la capacidad suficiente para contenerla” .

Sin embargo, aunque los efectos del Plan Colombia obligaron al repliegue de las FARC no supusieron su desaparición. Por eso, el Plan necesitaba de una segunda etapa para tratar de acabar con la guerrilla en las frondosas selvas donde se había resguardado. El Plan Patriota comenzó a ejecutarse a finales de 2003 y desplegó toda su fuerza ofensiva a partir de 2004: cuenta con 18.000 soldados, que se suman a los soldados de la Sexta División del Ejército y de la Brigada contra el Narcotráfico, y concentra sus operaciones principalmente en los departamentos del Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vichada. El general James T. Hill, jefe del Comando Sur de Estados Unidos cuando comenzó a desarrollarse el operativo militar, aseguró que el Plan Patriota disponía de la colaboración de su país en la parte de “logística, asistencia y planeamiento de la operación” y que había comenzado “con un ataque sobre áreas rurales donde residen los campesinos locales que apoyan a las FARC”. En julio de 2004, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó como parte de las operaciones extranjeras, la entrega a Colombia de 577 millones de dólares para 2005, de los cuales 108 millones fueron destinados al Plan Patriota. Según el general estadounidense, el Plan Patriota requería: “Uno, un liderazgo continuo del presidente Uribe; dos, un apoyo continuo de EE UU; y tres, que el pueblo colombiano sepa que se requiere de un sacrificio” .

En efecto, el sacrificio fue grande: durante el primer semestre de 2004, los departamentos cubiertos por el Plan Patriota aparecieron dentro de los 10 más afectados por el desplazamiento forzado y donde el número de personas desplazadas aumentó en comparación con el año anterior, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). La mayoría de las personas desplazadas llegaron a Florencia (capital de Caquetá), a otras zonas del departamento o a Bogotá, donde, en general, no recibieron una atención adecuada por parte de las autoridades estatales y donde muchas recibieron amenazas contra su vida e integridad personal por parte de los grupos combatientes. Según estas personas, se marcharon de sus tierras por los combates o por el temor a que se produjeran, y por los asesinatos y las amenazas de reclutamiento forzado realizados por los grupos armados. Además, pobladores y organizaciones humanitarias denunciaron la presencia creciente de grupos paramilitares en zonas donde el Ejército desarrolló operativos, así como la estigmatización, los hostigamientos y las detenciones arbitrarias por parte de la Fuerza Pública contra los pobladores, a quienes acusaron de ser parte de la guerrilla por el solo hecho de vivir en estos municipios. El Banco de Datos del jesuita Centro de Investigación y Educación Popular documentó 594 actos de agresión contra civiles en el marco del Plan Patriota cometidos en Cartagena del Chairá (Caquetá) entre enero de 2004 y julio de 2005. La organización responsabiliza en 579 casos al Estado, en 10 a las FARC, en uno a ambos actores y deja cuatro casos sin claridad sobre la autoría. Los habitantes de esta población han denunciado la hambruna que sufren por las fumigaciones y el bloqueo de alimentos, los bloqueos al paso de medicinas y de personal médico y la restricción a la libre locomoción . Desde el 15 de abril de 2006, cerca de 5.000 campesinos se encuentran en movilización permanente contra el Plan Patriota en el departamento del Meta. Los labriegos protestan por los continuos atropellos de la Fuerza Pública y de los paramilitares que ejecutan campesinos, roban pertenencias, queman viviendas y destruyen cultivos de autoabastecimiento. Los campesinos exigen al Gobierno que terminen las violaciones a los derechos humanos, los atropellos contra las comunidades y que se suspenda la erradicación de cultivos de uso ilícito hasta tanto no se brinden opciones de sustitución.

Así, mientras la población sufre las consecuencias del Plan Colombia y del Plan Patriota, se ha comprobado que el cultivo de la coca no sólo no se ha frenado en Colombia sino que han experimentado notables incrementos los beneficios de las empresas de fertilizantes utilizados en la siembra, de precursores químicos (ácido sulfúrico y perganmanato de potasio) utilizados en la producción de cocaína y de la firma Monsanto que suministra los venenos utilizados en las fumigaciones (primero glifosato, después roundup ultra y ahora debaten el uso de armas biológicas). También se han multiplicado las ganancias de las empresas estadounidenses y europeas que venden armamento y servicios de seguridad.

Además, en los últimos años se ha evidenciado aún más el carácter intervencionista en América Latina de la ayuda que proporciona EE UU a Colombia. Primero se estableció como una herramienta contra el narcotráfico, luego se amplió a la lucha contra el terrorismo y este mismo año se concibe como una “campaña unificada para enfrentar el narcotráfico, actividades terroristas y otras amenazas para la seguridad nacional de Colombia” . En un escrito dirigido al Congreso de EE UU, Adam Isacson, del Centro para la Política Internacional, advirtió: “Cuando se refieren amenazas a la seguridad nacional de Colombia, ¿estamos hablando quizás de Venezuela? ¿El crimen común? ¿Protestas callejeras?”. También se ha conocido que el presidente Bush, cada vez que ha ratificado las leyes del Congreso que establecen los fondos para Colombia, ha dejado constancia de que, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no se siente comprometido por las condiciones impuestas por el poder legislativo, es decir, aunque hasta ahora las ha respetado, podría ordenar el incremento de las tropas destinadas a Colombia y su intervención directa en el conflicto .

4.2.2 Tratado de Libre Comercio

Paralelamente al control político-militar sobre el continente, Estados Unidos ha buscado por todos los medios abrir los mercados latinoamericanos, a los que ha sometido a una presión permanente para que eliminen todo tipo de barreras a las empresas y productos extranjeros. Desde la década de los 80, las presiones se han ejercido a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y luego por medio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las negociaciones de acuerdos regionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Cuando fracasó el ALCA, se impulsaron los acuerdos bilaterales con los países del sur del continente americano a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). El resultado del TLCAN, la primera experiencia similar a un TLC, ha sido devastador para México. Desde 1994, cuando el TLCAN entró en vigor, el porcentaje de la población mexicana que vive en la miseria ha aumentado de forma exorbitante, y se produjo una bancarrota general de la pequeña y mediana empresa nacional, con la consiguiente pérdida masiva de empleos. Como si esto fuera poco, el campo mexicano ha sido inundado con maíz transgénico importado a precios subsidiados por el Gobierno estadounidense, de tal manera que centenares de miles de campesinos del país latinoamericano ya no pueden competir en el mercado del maíz, lo que los ha obligado a abandonar sus tierras.

El Gobierno colombiano argumenta que es necesario firmar el TLC con EE UU para mantener las preferencias arancelarias vigentes desde hace casi 15 años. A partir de 1992, el Gobierno de George Bush aplicó la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia como contraprestación por su lucha contra el narcotráfico y su apertura a los mercados internacionales. En 2002 el ATPA fue prorrogado por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA) hasta diciembre de 2006. Sin embargo, estos acuerdos no han dado el fruto esperado. Salvo la floricultura, durante el primer período (1991-2002), y las confecciones, en la nueva etapa de prórroga, ningún otro sector ha aprovechado de manera eficiente las preferencias otorgadas por estos acuerdos. Se estima que tan sólo el 14% de las exportaciones colombianas se canalizan vía ATPDEA. Estas concesiones arancelarias no han aumentado en gran medida la presencia de las empresas colombianas en el mercado estadounidense, por la sencilla razón de que esas mismas preferencias se las ha dado Estados Unidos a otros países que exportan los mismos productos que Colombia, generando una competencia encarnizada de las economías débiles por el mercado estadounidense. “Es decir, llevamos 15 años con un acuerdo que implica una disminución en aranceles a los productos que Colombia le exporta a Estados Unidos. Que valen unos dólares, no vamos a decir que no, pero llevamos 15 años en eso y los colombianos se siguen muriendo de hambre, de desempleo, de pobreza. Quince años de ATPDEA demuestran que por esa vía Colombia no aumenta las exportaciones a Estados Unidos en proporciones considerables”, reclamó al Gobierno el senador Jorge Enrique Robledo en un debate sobre las consecuencias del TLC.

Lo primero que llama la atención sobre este tratado es la forma en que se acordó y el resultado de estas negociaciones que, aún hoy, medio año después de cerradas oficialmente, sólo se conoce parcialmente y está inmerso en la controversia de las versiones distintas ofrecidas por los estadounidenses y los negociadores colombianos . El líder del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, denunció que “el trámite del tratado fue absolutamente plutocrático, sólo se escuchó con alguna atención a los productores agropecuarios más grandes aunque al final tampoco se les tuvo en cuenta porque el Gobierno acordó lo que se le antojó”. Tampoco se tuvo en cuenta la opinión de las centrales obreras, ni la de las organizaciones campesinas e indígenas, pese a que hubo consultas en estas comunidades en que por abrumadora mayoría se aprobó que el TLC no se debía tramitar. “Quiero desmentir las afirmaciones del Gobierno de que el tratado se acordó en un proceso de concertación con la sociedad civil”, dijo Gaviria.

Desde la oposición también se criticó que el Gobierno no cumpliera su promesa de que si EE UU no eliminaba los subsidios que da a sus propios productos, Colombia no eliminaría sus aranceles. El senador Robledo dijo que el Gobierno manipuló la información: “Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio, informó al Senado que: `Subsidios a las exportaciones: se eliminan los subsidios a las exportaciones de EE UU que tengan como destino el territorio nacional’. Alguien que no sea experto en el tema pensará que EE UU suprime los subsidios a los productos exportados. Y no, no los elimina. Elimina sólo la parte llamada `subsidios a las exportaciones’, pero mantiene la parte de los subsidios llamados `ayudas internas’, que vale por lo menos 50.000 millones de dólares al año. Por eso no es extraño que el Gobierno se niegue a entregar el acuerdo con el pretexto de que se están compaginando las versiones en inglés y castellano”. Es cierto que con el TLC se lograría mantener la reducción de aranceles para las exportaciones colombianas, pero esto no es el obstáculo más importante para llegar a ese mercado: los Estados Unidos son el país desarrollado que tiene más barreras no arancelarias para proteger su mercado, así como ayudas para sus productos agrícolas, y estos no se modificarán con el TLC.

Uno de los sectores más perjudicados por la firma del TLC será el agrícola. La situación en el campo colombiano es supremamente mala. El periódico Portafolio afirmaba en abril que “el sector agropecuario vive uno de los momentos más críticos de los últimos años” ya que el país en su conjunto crece al 5,13% mientras el agro lo hace al 2,12%. El mismo periódico describía un escenario desolador: “Descenso en el área sembrada de cultivos semestrales, aumento del desempleo rural, incertidumbre por el impacto del Tratado de Libre Comercio y, como si fuera poco, denuncias de corrupción, tráfico de influencias y falta de coordinación entre las entidades del sector”. Al mismo tiempo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) insiste en que el escaso funcionamiento de la economía rural tiene que ver con la protección frente a los bienes importados, precisamente lo que se va primero a reducir e, incluso, a eliminar con el Tratado de Libre Comercio. El actual Gobierno ha colaborado poco para mejorar esta situación, por el contrario, la disminución del presupuesto agropecuario ha sido bárbara. El presupuesto del sector agropecuario entre 2002 y 2003 disminuyó en 76% en términos reales. Y en el periodo 2000-2004, un 26%. Además, en este Gobierno ha habido 1.100.000 desplazados del sector agropecuario. El desplazamiento a las grandes ciudades es una secuela de la violencia, luego no es tan cierto que se hayan pacificado el campo, pero también de la miseria espantosa que se padece en las zonas rurales de Colombia. El senador Robledo asegura que con el TLC Colombia perderá en las producciones de trigo, cebada, maíz, arroz, sorgo, fríjol, soya y en carnes de pollo y de cerdo. Y a esto se añade que los 220 millones de dólares del presupuesto del 2007 que el presidente Uribe había prometido destinar a subsidiar a los sectores que fueran vulnerables a pérdidas por el TLC, se han reducido a 154 debido al déficit fiscal registrado en 2006. El Gobierno se propone subsidiar productos agrícolas, especialmente el arroz, y la avicultura que son los más afectados por la competencia del libre comercio; en contraste, EE UU entrega unos 17.000 millones de dólares en subsidios y ayudas a los agricultores de su país .

Aunque el Gobierno colombiano asegura que “con el TLC, Colombia busca aumentar las ventas de sus productos agrícolas en Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, lo que debe implicar un aumento general de la producción” especialistas en materia económica no dejan lugar para las dudas: “Puede afirmarse que las medidas de salvaguardia incorporadas en el acuerdo negociado con los Estados Unidos se alejaron de los objetivos fundamentales que tenía Colombia, a saber: salvaguardia de precios y vigencia de la misma durante la permanencia del acuerdo o hasta el desmonte de las ayudas internas estadounidenses para los productos más sensibles”, según el informe Evaluación de la negociación agropecuaria en el TLC Colombia-Estados Unidos; este informe fue realizado por los mismos autores que, años atrás, fueron contratadas por el Ministerio de Agricultura de Colombia para realizar un estudio exhaustivo respecto de las desigualdades entre el sector agropecuario colombiano y el estadounidense.

El TLC también afectará al futuro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un mercado interregional de cerca de 9.000 millones de dólares de los cuales 4.000 los exporta Colombia. Actualmente, Colombia gana en la CAN porque tiene arancel de 0% para todo lo que exporte a los países miembros, pero a la vez, frente a Estados Unidos, la Comunidad tiene aranceles altos de protección. Cuando los otros países de la CAN no impongan aranceles a EE UU los productos exportados procederán del norte, del mismo modo a lo que ya va a ocurrir con respecto a la soya boliviana: Bolivia va a perder con el TLC 180 millones de dólares de exportaciones a Colombia, que van a ser reemplazados por soya gringa. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, elaborado para la CAN, concluye que por efecto del TLC hay riesgos altos para el 41% del comercio intrarregional y riesgos medios para el 23% del comercio intrarregional. Colombia tiene en riesgo, dice el BID, exportaciones de papeles y cartones, pañales y toallas higiénicas, preparaciones fensoactivas, maltas, confites, azúcar, etc., etc. Con un agravante. El 82% de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos son materias primas que no se benefician con el TLC: carbón, petróleo, etc., mientras que el 83% de las exportaciones de Colombia a la CAN son bienes manufacturados, o sea, de valor agregado. Se mejorará en algo las condiciones de exportación a Estados Unidos en materias primas, a sabiendas de que se pierde en la CAN nada menos que exportaciones de bienes manufacturados.

Otra cuestión fundamental de los temas tratados en el TLC es la de las patentes de medicamentos. EE UU está presionando para que se amplíen los periodos de protección de las patentes, lo que perjudicaría gravemente a los ciudadanos más pobres al encarecer los fármacos y postergar la aparición de genéricos. Según los expertos, las consecuencias que podrían tener estas nuevas medidas serían perjudiciales para los ciudadanos, ya que los más pobres no podrían tener acceso a los fármacos por tener un precio muy alto. Por otro lado, generarían más gastos en salud porque la aparición de los genéricos se produciría más tarde. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado el impacto que tendrá el TLC en la población, en caso de aprobarse las disposiciones de EE UU. MSF ha recordado a los Gobiernos que su obligación es garantizar a sus ciudadanos el acceso a medicamentos de calidad a precios asequibles y evitar que la salud se negocie con el mismo rasero que cualquier otro bien comercial. Además, ha aludido a los acuerdos de Doha firmados en 2001 por Colombia que comprometen a anteponer la protección de la salud pública a los intereses comerciales. A pesar de todos estos perjuicios y de que se mantienen las movilizaciones sociales contra el TLC , el Gobierno de Uribe ha anunciado que los Congresos de Colombia y Estados Unidos aprobarán el tratado a más tardar en julio de 2007 y estará en plena vigencia a comienzos de 2008. Mientras tanto se negocia una nueva prórroga para el ATPDEA.

4.3 Unión Europea, una de cal y otra de arena

La Unión Europea ha desarrollado con respecto a Colombia una política que ha oscilado paradójicamente entre una cuantiosa aportación económica en cooperación al desarrollo y el respaldo, por acción u omisión, a los sucesivos gobiernos colombianos que han mantenido las condiciones de empobrecimiento y violencia que sufre la inmensa mayoría de la población. Estas posiciones ambiguas se han mostrado también durante el Gobierno de Uribe al que, por una parte, se le ha reclamado respeto a los derechos humanos y la garantía al derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y, por otra, se ha dado el visto bueno a la mal llamada ley de “Justicia y Paz”. La UE no ha abandonado su planteamiento de búsqueda de una solución negociada al conflicto, pero también se ha visto influida por el concepto de “lucha antiterrorista” de EE UU, lo que condujo en 2002 a la inclusión de los grupos armados ilegales de Colombia en la lista comunitaria de organizaciones terroristas. Un ejemplo reciente de esta política de dar una de cal y otra de arena es la censura realizada por la Comisión Europea (CE) a una exposición en Bruselas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. La Federación Internacional de los Comités Ingrid Betancourt y Amnistía Internacional Bélgica Francófona organizaron una exposición para ser exhibida en los edificios de la CE en Bruselas sobre el caso de Ingrid Betancourt, la política colombiana secuestrada por las FARC en 2002 y candidata al Premio Sajarov que concede el Parlamento Europeo, y acerca de la crisis de derechos humanos que se vive en Colombia.

El 18 de octubre, día de la inauguración, los responsables de la CE sólo permitieron exponer el panel referido a Betancourt e impidieron mostrar los que reflejaban la situación de los defensores de derechos humanos, de los tres millones de desplazados, de los 8.000 desaparecidos y las implicaciones de los paramilitares en estos crímenes. La justificación que dieron los servicios de la Comisión a los organizadores fue la “de no chocar a los representantes diplomáticos presentes en la inauguración”, y adoptar, en la perspectiva de posibles progresos en la vía de una solución humanitaria para algunas personas secuestradas, “una actitud constructiva”. Ante esta censura y los motivos esgrimidos, Amnistía Internacional se pregunta: “¿Habría para la Comisión Europea buenas y malas víctimas de las violaciones de los derechos humanos? ¿Las que se pueden poner a continuación ya que no desagradan a las autoridades existentes, y las que `enfadan’ ya que tienen el mal gusto de expresarse abiertamente contra las políticas del Gobierno o dar `una mala imagen’ de un país en el extranjero?” .

En los procesos de paz con las guerrillas emprendidos por el Gobierno de Pastrana, Europa partició activamente. Varios embajadores europeos apoyaron activamente las negociaciones con las FARC en la zona de despeje (área desmilitarizada), así como el acercamiento con el ELN. Como parte de estos esfuerzos, se invitó a una delegación de las FARC a visitar seis países europeos (entre ellos España), y en Ginebra se organizó una reunión con comandantes del ELN y representantes del Gobierno colombiano y la sociedad civil. El Grupo de Amigos de las negociaciones con las FARC incluyó a miembros de la UE (España, Francia, Italia y Suecia) y no miembros (Suiza y Noruega), así como a Canadá, Cuba, México y Venezuela. En los contactos con el ELN colaboraron Cuba, Francia, Noruega, España y Suiza. Este apoyo y las iniciativas europeas de cooperación no se vieron perturbadas por el rechazo que manifestaron la mayoría de los estados comunitarios y el Parlamento Europeo a colaborar en el Plan Colombia porque no se les había consultado en su formulación, por su componente militarista y por contemplar fumigaciones masivas.

La ruptura de las conversaciones con las FARC y el ELN y la llegada al poder de Uribe Vélez marcaron un nuevo rumbo en las relaciones. Por una parte, algunos países europeos vieron el fracaso de las negociaciones como un indicio de que la política de Europa en Colombia era equivocada y era necesario respaldar al Estado colombiano -incluidas sus Fuerzas Armadas- frente a la insurgencia. No obstante, el marcado enfoque de Uribe en la seguridad, con medidas percibidas, en especial por el Parlamento Europeo y varias ONG, como incompatibles con las normas democráticas y los derechos fundamentales de los ciudadanos, tensionó la relación de trabajo entre la UE y el nuevo gobierno. El alineamiento cercano de Uribe con Estados Unidos, su respaldo incondicional al Plan Colombia, su decisión de apoyar la guerra contra Irak y las relaciones tensas con James LeMoyne, el enviado especial en Colombia del secretario general de las Naciones Unidas, y con la oficina de derechos humanos de la ONU en Bogotá, restringieron el apoyo en Europa. La oposición contra un mayor apoyo para Colombia por parte de algunos miembros de Izquierda Unida/Izquierda Verde Nórdica, los Verdes y los grupos políticos liberales en el Parlamento Europeo fue evidente durante la visita de Uribe a Bruselas en febrero de 2004. Algunos diputados socialistas y demócrata cristianos se mostraron más comprensivos, mientras que la Comisión y el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, fueron abiertos pero cautelosos . El proceso de desmovilización de los paramilitares y el marco lesgislativo que la ampara fueron avalados política y económicamente por EE UU mientras que la UE, inicialmente, se mantuvo al margen (sólo Suecia, los Países Bajos e Irlanda aportaron una ayuda relativamente pequeña a la misión de verificación de la OEA).

Sin embargo, gradualmente, la UE pasó de la cautela a un decidio apoyo a la política de Uribe. El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la Unión Europea (CAGRE) mostró esta evolución en las reuniones que tuvo entre 2002 y 2005. Al comienzo, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE enfatizaron que Colombia debía emprender una acción efectiva “contra la impunidad y la connivencia” con los paramilitares y pusieron énfasis en la necesidad de modificar “la ley de amnistía propuesta con el con objeto de hacerla plenamente coherente con las obligaciones contraídas por Colombia en razón de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. En cambio, el CAGRE de octubre de 2005 adoptó un tono diferente, acogiendo con beneplácito la aprobación de la ley de “Justicia y Paz” como “un avance considerable, ya que ofrece un marco jurídico general para el desarme, la desmovilización y la reintegración” y reconociendo que se produjo “después de un prolongado y exhaustivo proceso parlamentario democrático (y que) en tales situaciones hay que conseguir un difícil equilibrio entre la paz. (...) y la justicia”.

Se puede detectar una evolución similar en las declaraciones de Londres y Cartagena del grupo de apoyo a Colombia (G-24), que incluye a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, la totalidad de los estados miembro de la UE, Japón, México, Noruega, Suiza y Estados Unidos. La reunión de Londres en 2003 se caracterizó por la confrontación entre el Gobierno de Uribe y las organizaciones de derechos humanos. Los gobiernos europeos y las organizaciones internacionales se mostraron cautelosas, y subrayaron la importancia de eliminar los vínculos entre los militares colombianos y los paramilitares, entre otros temas. La Declaración de Londres insta al Gobierno colombiano a cumplir con las recomendación de Naciones Unidas y a la necesidad de que todo el territorio nacional quede bajo el control del Estado, sobre la base del respeto a los derechos humanos, el bienestar y seguridad de los ciudadanos, las reformas económicas y sociales y un desarrollo económico sostenible; y el apoyo y reconocimiento del papel de la sociedad civil y de sus organizaciones en la aplicación de lo anterior, así como la protección de los líderes de esa sociedad civil

Aunque también hubo momentos difíciles, la reunión de Cartagena en 2005 respaldó más claramente las políticas de Uribe. Como señal de su disposición a actuar, en diciembre de 2005 la UE aprobó 1,5 millones de euros para apoyar la aplicación de la ley de “Justicia y Paz”, en especial para asesoría jurídica a las víctimas, la formulación de una estrategia para las comunidades que reciben ex combatientes desmovilizados y el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, así como para ayudar en el diseño de una estrategia nacional de reconciliación integral. En noviembre de 2005, el Gobierno de Bush aprobó hasta 20 millones de dólares en ayuda durante el año fiscal 2006, para desmovilización y desarme de ex combatientes.

4.3.1 Destino incierto de la cooperación

La UE aumentó el gasto en proyectos de cooperación con Colombia de 380 millones de euros en 2003 a 422 millones en 2004. Además, hay que añadir la inversión de cada uno de los estados miembros y la cooperación descentralizada de las regiones que los conforman (las regiones españolas e italianas han sido las más activas) en fortalecimiento institucional, gobernabilidad democrática, reducción de la pobreza, desarrollo sostenible, derechos humanos y programas humanitarios, cuyas contrapartes han sido tanto el Gobierno colombiano como ONG colombianas e internacionales e instituciones internacionales con presencia en Colombia como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Ayuda Humanitaria, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sin embargo, este esfuerzo inversor en la cooperación no ha tenido unos efectos proporcionales en la mejora de vida de las condiciones de la población, tal como se vio en capítulos anteriores.

Mientras se celebraba la reunión de Cartagena del G-24, en la que el Gobierno colombiano recordó que “la cooperación internacional juega un papel fundamental como complemento de los esfuerzos nacionales orientados a la construcción de la equidad social y al desarrollo humano sostenible”, se publicó en la prensa colombiana que las ganancias de los bancos en 2004 habían ascendido a unos 925 millones de euros y más de 1.000 millones las de las empresas. También, en esas fechas, visitó Colombia el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, quien afirmó que el sistema tributario colombiano es injusto e inequitativo, la población de menos ingresos paga, en proporción, más que la de mayores ingresos, y grupos privilegiados se benefician de exenciones que ningún Gobierno ha querido tocar . Ante esta situación, la Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia (PODEC) se preguntaba si “¿habrá que preocuparse (...) ante la posibilidad de estar `subsidiando’a la élite colombiana, que según las cifras, paga pocos impuestos en comparación con el resto del mundo?” . El Gobierno sostiene que un fuerte y sostenido crecimiento de la economía es clave para la inversión social; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que una mejor distribución del ingreso disminuye el número de pobres y refuerza el crecimiento.

La UE es consciente o, al menos, así lo mafiesta públicamente, de que hay que propiciar cambios estructurales en Colombia para desactivar las causas políticas, económicas, sociales y culturales del conflicto, mediante una participación social amplia, el fortalecimiento de las instituciones locales y regionales, la promoción de los derechos humanos y un desarrollo sostenible y equitativo. En estos conceptos ha fundamentado la existencia de su programa de cooperación más ambicioso: los laboratorios de paz. Pero, en la práctica, esos objetivos no acaban de cumplirse y buena parte de los beneficios de los laboratorios y otras iniciativas no llegan a los destinatarios previstos. La Comisión Europea puso en marcha el primer laboratorio de paz en febrero de 2002 en 30 municipios del Magdalena Medio, región que devastada por la violencia paramilitar e insurgente y por el narcotráfico; cuando concluya en 2009, los aportes de la UE habrán totalizado 34,8 millones de euros. La implementación del segundo laboratorio, con 33 millones de los fondos europeos, comenzó en 2003 en 62 municipios de Norte de Santander, el oriente antioqueño y el Macizo Colombiano/Alto Patía. A partir de estas experiencias, la Comisión Europea aprobó un tercer laboratorio, que se va a lanzar en 33 municipios de la región de Montes de María, en el norte, y en el departamento del Meta en el sur; de su presupuesto de 30,2 millones, 24.2 millones corresponderán a una contribución de la Comisión Europea. En total, la Comisión cooperará con el Gobierno en 2006 en tres laboratorios de paz que comprenden 125 de los 1.098 municipios de Colombia. Entre las actividades desarrolladas en los laboratorios se cuentan clínicas rurales y estaciones de radio comunitarias, sistemas de alcantarillado, instalaciones escolares y sanitarias, bibliotecas, centros comunitarios y mayor participación en la planeación para desarrollo a nivel local, así como el establecimiento de asociaciones de campesinos para aumentar la producción y la exportación de productos (por ejemplo banano y palma africana). La metodología incluye reunir a grupos comunitarios para discutir problemas económicos y sociales (desde problemas de pobreza y acceso de los productos agrícolas a los mercados, hasta inquietudes sobre salud, agua potable y condiciones sanitarias), acordar objetivos, proyectos y actividades, y luego organizar una acción cooperativa para implementarlos .

Sin negar los beneficios puntuales que estos laboratorios han tenido para el desarrollo de algunas comunidades, expertos y organizaciones sociales colombianas han cuestionado su forma de operar y sus objetivos. Lo primero que se apunta es que los laboratorios son convenios de la UE con el Gobierno colombiano no con las comunidades a las que supuestamente se destinan. Este hecho desdibuja la afirmación de que son una estrategia propia europea en el área de la cooperación para el desarrollo y la paz y si, como parece, los programas de cooperación son ejecutados, administrados o tutelados por el Gobierno colombiano, no pueden ser separados de su estrategia integral de guerra: en algunos casos para favorecer zonas pacificadas por los paramilitares y en otros para comprar la colaboración de las comunidades con la Fuerza Pública. Además, si la estrategia que los orientan sólo es compartida entre la UE y el Gobierno, las comunidades quedan relegadas a ser sujetos pasivos de la cooperación. Esto trae como consecuencia la implantación de modelos de desarrollo ajenos a la cultura de los habitantes de la zona (como las plantaciones de palma que limitan la soberanía alimenticia de los campesinos que abandonan sus cultivos tradicionales y dependen de un mercado que no controlan) y la pérdida de autonomía de las propias comunidades.

Para algunos investigadores lo que pretende verdaderamente la UE con los laboratorios de paz es “disputar terreno con los EE UU para el futuro del mercado colombiano y el dominio político de este país tan estratégico. En el sentido en que el Plan Colombia fue una estrategia disfrazada para dominar el país, los laboratoriso de paz son el Plan Colombia de Europa. Y como siempre, hay quienes por unas migajas de pan de la mesa de la UE están dispuestos a entregar el país (...)” . En este sentido, veinticinco organizaciones europeas e internacionales de derechos humanos, agencias de desarrollo, grupos de solidaridad y organizaciones eclesiásticas pidieron a la Presidencia de la UE el pasado mes de septiembre que se realice “una evaluación integral de los laboratorios de paz en Colombia que permita corregir los errores y reorientar la cooperación con base en las experiencias adquiridas. Es importante además que se creen mecanismos periódicos y transparentes de evaluación de los laboratorios de paz. Es importante evitar que estas iniciativas favorezcan la consolidación de proyectos económicos, políticos o militares impuestos a las poblaciones a través de la guerra. En particular se debería vigilar que los proyectos de desarrollo económicos no violen sino que promuevan los DESC (derechos económicos, sociales y culturales) de esas poblaciones. La OACNUDH podría ser invitada por la UE para elaborar un informe sobre el cumplimiento de sus recomendaciones en las zonas en las que se implementan los laboratorios de paz”.

Prueba del riguroso control que quiere ejercer el Gobierno sobre el enfoque de la cooperación es el memorando, denominado Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional, que remitió en 2005 a embajadores acreditados en el país, representantes de organismos internacionales y agencias de cooperación. Se dice a estas entidades que no debe recurrirse a la utilización de términos como “conflicto armado”, “actores no estatales”, “protección civil”, “comunidad de paz”, “territorio de paz”, “región o campo humanitario” o “observatorio de situación humanitaria”.porque legitiman a los grupos armados ilegales y “son generalmente ambiguos y no deben llevar a confusiones como las generadas con la comunidad de paz de San José de Apartado. Por tal razón, es necesario que se especifique el alcance de dichos conceptos, los cuales en ningún momento deben suponer la imposición de límites a la acción territorial de la Fuerza Pública ni a la acción de la justicia”. Además, específicamente, menciona que “los laboratorios de paz u observatorios, en acatamiento de la legislación vigente, no pueden propiciar ningún tipo de acercamiento con los grupos armados ilegales” .

Colombia representa una oportunidad para la Unión Europea de mostrar una política exterior que apuesta por el desarrollo y la defensa activa de los derechos humanos como método idóneo para desactivar los conflictos. Los países europeos figuran entre los mayores donantes de ayuda a este país y se han implicado y han apoyado muchas de las negociaciones de paz que se han desarrollado entre los grupos armados de oposición y el Gobierno. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el conflicto social y armado se mantiene en toda su intensidad. Por eso es necesario abordar el problema con un enfoque distinto al planteado hasta ahora, centralizado en la búsqueda del cese el fuego (la ausencia de guerra no significa el fin del conflicto) y en la aportación de recursos materiales que únicamente permiten el desarrollo sostenible si llegan realmente a quienes los necesitan y éstos pueden emplearlos libremente.

Frente al rotundo fracaso de la política belicista de Estados Unidos en Irak, la UE puede adquirir un nuevo protagonismo en la escena internacional y poner en práctica en Colombia un modelo radicalmente distinto, que aborde no sólo las consecuencias sino prioritariamente las causas profundas del conflicto y que tenga como meta alcanzar el pleno desarrollo del Estado de Derecho en el país. Colombia necesita reformas profundas de su estructura socioeconómica y política si pretende avanzar hacia la estabilidad y eso supone luchar contra la desigualdad social y la inequidad en la distribución de la riqueza y abrir espacios para la participación política con garantías. Ante esta situación, la UE debe pasar de los pronunciamientos genéricos a las acciones concretas. En materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los países europeos se encuentran en disposición de poder condicionar la ayuda a su estricto cumplimiento. Hacer la vista gorda ante las iniciativas de Uribe que restrigen las libertades fundamentales es apoyarlas implícitamente mientras que una postura firme ante estos abusos no es un respaldo a los grupos armados ilegales sino a la población civil. La política antiterrorista se ha de fundamentar en los principios democráticos y Europa debe trasmitir a Colombia su experiencia en esta materia ya que, salvo en contadas excepciones, la lucha que se ha desarrollado en el seno de la UE contra estas acciones no ha supuesto una merma de las libertades. En definitiva, la UE debe exigir el cumplimiento de todas las recomendaciones incluidas en el Acuerdo de Londres del 10 de julio de 2003. Más de tres años después, numerosas organizaciones internacionales y la propia ONU aseguran que la mayoría de los compromisos no se han cumplido.

4.3.2 España, del distanciamiento a la armonía con Uribe

La política exterior de España con respecto a Colombia pareció que iba a experimentar cambios importantes con la llegada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al Gobierno en marzo de 2004. El anterior presidente, José María Aznar, del derechista Partido Popular (PP), mantuvo una estrecha colaboración con el Gobierno de Andrés Pastrana, que se intensificó con la llegada de Uribe al poder hasta el punto de firmar un convenio de cooperación militar en febrero de 2003 que suponía la transferencia de armamento pesado por parte de España a Colombia. El grueso de ese acuerdo incluía la venta de al menos 35 tanques AMX-30, ocho aviones C-212 y vehículos blindados para la Policía; la donación de aviones Mirage y lanchas patrulleras; el montaje de una planta de producción de municiones; el suministro de simuladores de vuelo para helicópteros Black Hawk, y la realización de cursos de entrenamiento de desactivación de minas para militares colombianos. Poco antes de las elecciones generales españolas, Aznar viajó a Colombia para ratificar los términos del acuerdo, cuya ejecución iba a colaborar al recrudecimiento de la guerra en Colombia y a fomentar la carrera armamentística entre los países de la región ya que especialmente Venezuela, con quien Colombia mantenía tensas relaciones, consideraba que los tanques españoles eran una amenaza para su integridad territorial. En esas fechas, el partido español Izquierda Unida exigió que ese acuerdo no se concretara “por ser un país (Colombia) que incumple importantes normativas internacionales de derechos humanos y donde el Estado y sus Fuerzas Armadas han sido acusadas de manera reiterada por distintas instancias y organismos internacionales, de connivencia con el paramilitarismo y de haber cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos” .

Dos meses después de celebradas las elecciones y teniendo en cuenta el precedente de la decisión del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de retirar las tropas de Irak, el grupo parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en el Congreso español, presentó en mayo de 2004 una proposición no de ley para que se supendiera el acuerdo de venta de armas a Colombia. La propuesta, firmada por los diputados Isaura Navarro y Joan Herrera, argumentaba que Colombia estaba en guerra y durante el Gobierno de Uribe se habían incrementado las violaciones a los derechos humanos por lo que proporcionarle armamento, además de propiciar que otros países vecinos se rearmaran, vulneraba el Código de Conducta de la Unión Europea que determina que ningún estado miembro puede exportar armas a países en conflicto y en los que “los organismos competentes de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea hayan constatado graves violaciones a los derechos humanos” . El grupo de Izquierda Verde exigía al Gobierno español supender el convenio militar, respetar el Código de Conducta de la UE y mantener una política más proactiva en defensa de los derechos humanos en Colombia solicitando a este país el cumplimiento de las 27 recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La proposición no de ley, avalada por el PSOE, fue aprobada en junio de 2004 por todos los grupos parlamentarios excepto el PP. Sin embargo, el verbo “suspender” fue sustituido, a instancias del grupo socialista, por “revisar” y “evaluar” lo que dejó la puerta abierta a futuros acuerdos en materia militar con Colombia.

En noviembre de 2005, el entonces ministro de Defensa español, José Bono, anunció la venta a Colombia de un paquete de material militar que incluye 21 aviones de transporte de la firma española CASA-EADS (nueve nuevos y 12 de segunda mano) y cuatro helicópteros de regalo . A pesar de la claridad del acuerdo, el Gobierno español ha tratado de negar la evidencia y mantener en sigilo sus términos. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, visitó Colombia el pasado mes de julio y cuando los periodistas le preguntaron por el tema respondió: “España no vende armas, no estamos aquí en un proceso de venta de armas. Las relaciones que mantenemos desde el Gobierno de España con Colombia y los últimos contratos que ha habido, han sido de medios para la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y para garantizar e incrementar la seguridad”. Ante la insistencia de las preguntas le tocó reconocer la existencia del acuerdo, pero evitó dar detalles, “los contratos que en su día anunció el Ministro de Defensa con Colombia, como sabe es la empresa Casa la que está trabajando en ellos. Y bueno, poco le puedo añadir. Los temas siguen gestionándose y no hay ningún dato nuevo que aportar” . Esa rueda de prensa se celebró el mismo día en que Bogotá sufrió un atentado terrorista; a la vicepresidenta le preguntaron sobre su opinión acerca de la solicitud de las FARC para ser excluidas de la lista de organizaciones terroristas de la UE y Fernández de la Vega dijo: “Hoy, con un atentado, la comunidad internacional, y por tanto también la Unión Europea, condena y repudia un hecho de esta naturaleza, que desde luego no ayuda en ese proceso de paz en el que todos estamos trabajando, y de manera particular España, en el ámbito de la Unión Europea”. Actualmente la Fiscalía colombiana investiga si ese y otros atentados fueron preparados por los militares para aparentar efectividad ante la opinión pública y dañar la imagen de la guerrilla, tal como lo aseguran varios testimonios.

Las palabras de la vicepresidenta muestran el nuevo talante del Gobierno español hacia Colombia. Acorde con el pragmatismo defendido en el seno de la Unión Europea, España ha ido abandonando paulatinamente el distanciamiento de los inicios del Gobierno socialista para pasar a avalar decididamente la política de Uribe Vélez. Altos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores español han manifestado en reuniones con ONG que para el Ejecutivo de Zapatero el presidentre Uribe “no es el problema, Uribe forma parte de las soluciones”. Así lo dijo explícitamente Zapatero en julio de 2005 cuando Uribe visitó España en plena polémica por la impunidad que va a ocasionar la promulgación de la ley de “Justicia y Paz”. Rodríguez Zapatero manifestó su apoyo a la política antiterrorista de Uribe y se mostró dispuesto a ser valedor de la criticada ley ante la UE y ante las ONG que la rechazan . Uribe también fue recibido con todos los honores en las Cortes españolas; sólo la diputada Isaura Navarro rechazó la visita por representar a un Gobierno cuestionado internacionalmente por vulnerar de forma sistemática “los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos”.

Además de responder a las directrices europeas, la política española en Colombia también está condicionada por las relaciones bilaterales con Estados Unidos y por los intereses económicos en el país sudamericano. España trata de mantener unas relaciones fluidas con Colombia para contrarrestar el malestar de EE UU por la retirada de las tropas españolas en Irak y por los negocios que mantiene con Venezuela; de hecho, el anuncio del nuevo acuerdo militar con Colombia se hizo poco después de que se estableciera la venta de embarcaciones patrulleras españolas a Venezuela que ayudaban a superar la grave crisis que padecen los astilleros públicos españoles. España es el segundo país que mayor inversión directa realiza en Colombia, después de Estados Unidos, y en el país operan más de 120 empresas españolas de los sectores financieros, comunicaciones, petrolíferos, seguros, turismo, maquinaria, construcción y obras públicas . Colombia, quinto socio comercial de España en América Latina, exporta al mercado español ferroníquel, carbón, camarones y flores, dentro de un comercio por valor de 500 millones de dólares al año. Durante los años noventa, la inversión española se centró en el sector de servicios, principalmente en la energía eléctrica y gas y, en el sector financiero. En una segunda fase llegaron las empresas de transportes y comunicaciones; “la mayoría de las compras se realizaron en coyunturas positivas para las empresas españolas que les permitieron adquirir sus nuevas propiedades a precios mucho más bajos que su valor real” , según se explica en el informe Empresas española en Colombia, realizado en diciembre de 2005 por la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. La mayoría de estas empresas han adoptado el Pacto Mundial propuesto por Naciones Unidas en 1999 que implica que sus actividades deben estar orientadas por el respeto a los derechos humanos, laborales, medio ambientales y por la lucha contra la corrupción. Sin embargo, las prácticas de varias de ellas vulneran esos principios. En el estudio mencionado anteriormente se detallan varias de las denuncias formuladas contra estas empresas en las que se les acusa de ser responsables directamente o no haber evitado la violencia contra sus trabajadores y contra las poblaciones de su área de influencia y de estar implicadas en casos de corrupción. A Unión Fenosa, cuyos principales accionistas son el Banco Pastor, Caixa Galicia, BBVA y BSCH y opera en la generación, distribución y comercialización de electricidad en ocho departamentos del país, se le achaca mantener unos servicios deficientes y excesivamente caros que están empoberciendo aún más a la población de los barrios marginales; además, se asegura que durante el proceso de privatización de las empresas que adquirió se redujo más de la mitad de la plantilla y fueron asesinados 27 sindicalistas. Unión Fenosa también ha impulsado el proyecto de desvío de un río para nutrir una represa al que se oponen las comunidades afrodescendientes e indígenas por su elevado impacto ambiental.

Repsol inició sus actividades en 1991 en el departamento del Chocó, uno de los más pobres de Colombia, y paralelamente a las prospecciones de la compañía española y otras, irrumpieron en la zona los grupos paramilitares. En 1998 dejó esta zona y actualmente opera en los departamentos de Arauca y Putumayo. En el primero, con índices de violencia de los más altos del país, junto a la estatal Ecopetrol y la estadounidense Occidental Petroleum explotan diferentes pozos y para garantizar su actividad “han hecho llegar fondos a la XVIII Brigada a través de los acuerdos de seguridad” , esta brigada está acusada de graves violaciones a los derechos humanos; actualmente se está llevando a cabo la campaña Repsol mata para denunciar los atropellos cometidos por esta empresa en numerosos lugares del mundo donde desarrolla sus operaciones.

En 1997, el Gobierno colombiano adjudicó la construcción, rehabilitación y mantenimiento de una carretera que debía unir el centro del país con la costa atlántica a Commsa, una asociación de 12 empresas entre las que figuran las españolas ACC, Sacyr, BSCH y ENEA. La carretera aún no se ha construido y ha generado 127 millones de dólares en pérdidas al Estado colombiano. El Instituto Nacional de Vías anuló el contrato a Commsa por sus reiterados incumplimientos, pero el Gobierno de Aznar presionó a Uribe para que se mantuviera en vigor. El presidente colombiano intentó devolverle la adjudicación aunque finalmente desistió por la oposición del Procurador General .

El BBVA, a través de su filial en Colombia, exigió a la comunidad de paz de San José de Apartadó que retirara su dinero del banco porque sospecahab que procedía del narcotráfico; esta grave acusación se produjo después de que el Gobierno colombiano afirmara que la comunidad estaba infiltrada por las FARC y de que ocho pobladores de San José de Apartadó fueran asesinados a manos, según todos los indicios, del Ejército.

El Grupo Prisa también es responsable por acción u omisión de que se desconozca en el exterior la verdadera magnitud de la violencia que sufren los colombianos y las implicaciones del Estado en esta situación. Posee Caracol radio y televisión, líderes en audiencia en Colombia , y ha extendido por todo el país la actividad de su editorial Fundación Santillana, que dirige en Colombia el ex presidente Belisario Betancur. Las relaciones con el Gobierno de Álvaro Uribe son tan estrechas que el propio Presidente concedió en 2005 a Jesús de Polanco, presidente de Prisa, la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Oficial. El pasado mes de julio el Grupo Prisa celebró una reunión de sus directivos en Bogotá a la que asistió Uribe; Jesús de Polanco agradeció su presencia y destacó que “el escenario era propicio para llevar la buena imagen de Colombia por el mundo” . Por eso resulta lógica la saturación de información oficial de los medios colombianos propiedad de Prisa y que el diario El País, en los momentos claves, haya apostado por la continuidad de la política de Uribe. Un ejemplo evidente fue el reportaje titulado En el camino hacia la paz en Colombia, firmado por M. A. Bastenier el 12-9-04, en el que supuestamente El País presentaba una valoración de los dos primeros años de Uribe. A pesar de su gran despliegue tipográfico y de su extensión, en el texto no se explicaron las causas del conflicto sino que se limitó a destacar el éxito de las medidas gubernamentales contra la guerrilla sin dedicar ni una sola línea a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese periodo. El reportaje argumentaba que la seguridad había aumentado con el ejemplo de que ahora el colombiano “puede volver a comerse un sancocho (guiso de pollo) en la finquita con la familia y los amigos” sin mencionar las cifras de desplazados, pobres e indigentes que no podían ni pueden disfrutar de es idílico almuerzo.

Sin plantearse una revisión de la política de los negocios españolas en Colombia, que tenga en cuenta las demandas de la población, los gobiernos de ambos países ratificaron un acuerdo para la promoción y protección recíproca de sus inversiones por un periodo de diez años, que fue sancionado por Uribe en la ley 1069 de 2006. En el resumen sobre el contenido del acuerdo y de la ley que lo refrenda aparecido en la página web de la Embajada de España en Colombia no hay ninguna referencia a la responsabilidad social que dichas inversiones deben tener mientras que se detallan las medidas contempladas para que los empresarios puedan asegurar sus ganancias. Así, se especifica que “las inversiones de los empresarios colombianos en España, y españoles en Colombia, no serán sometidas a nacionalización, expropiación, ni a cualquier otra medida de efectos similares, excepto por razones de utilidad pública o interés social. En este caso la medida deberá tener en cuenta el procedimiento legal de manera no discriminatoria, y acompañada del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. Esta indemnización será equivalente al justo valor del mercado que la inversión expropiada tenía antes de adoptar la medida, o antes que la inminencia de la misma fuera de conocimiento público”.
Sin embargo, paradójicamente, a pesar de la falta de interés del Gobierno español por exigir a su homólogo colombiano un estricto respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos y por controlar el destino de las inversiones españolas, Colombia es considerada como país de atención especial en el II Plan Director de la Cooperación Española aprobado el 28 de enero de 2005. En el país, más de un centenar de españoles vienen desarrollando su labor en entes gubernamentales como la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), en más de 60 organizaciones no gubernamentales españolas, así como en agencias, oficinas y programas del Sistema de Naciones Unidas e instituciones religiosas. España es el segundo donante bilateral en Colombia, con un aporte de más de 120 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo entre 2002 y 2004; la ayuda de la AECI (cooperación no reembolsable y microcréditos) ha superado los 65 millones de euros en los últimos años . Con toda probabilidad, buena parte de ese dinero se habrá destinado a paliar las consecuencias sobre la población civil de la política de seguridad democrática y de las actividades de las empresas españolas en Colombia.

  • Pues la verdad la este exhaustivo trabajo sobre la problematica social y politica de colombia, no cumple su compromiso ni de rigor, ni de independendencia, ni tratamiento en profundidad, pues evidentemente se casa con una de las partes y solo expresa el malestar por los paramilitares, pero a nivel de las FARC no habla de las atrocidades de los mismos y al contrario (por casarse con una de las partes) lo unico que logra es precisamente elevar la pugna politica y belica.

  • Triste, leí este articulo pensando que por fin alguna persona escribía sobre mi querida Colombia sin polarizar sus opiniones en favor de las guerrillas y en contra de los paramilitares.los anteriores actores armados con cualquier cantidad de matanzas a sus espaldas...Pero no es otro articulo que nada deja para sus lectores y que al final se torna en una eterna queja porque existen paramilitares.... y la misma vieja y trajinada consigna izquierdista - comunista que ya nadie con cinco dedos de frente cree..

    • Análisis en profundidad de la realidad de Colombia y su conflicto

      15 de septiembre de 2010 04:52, por aleja

      es cierto que es muy triste que siempre se recalque la misma situación de nuestro país pero aun así no se ha tenido conciencia de que lo que sucede en un pequeño espacio del mismo es problema de todos, nadie hace ni ha hecho nada por mejorar, campañas proyectos y mas se dejado en el olvido porque claro no somos nosotros los directamente afectados sino nuestros hermanos. entonces que hacer frente a esta dura y difícil vivencia?