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Wikileaks: La ley Sinde responde a un plan norteamericano para impedir las descargas cerrando webs y persiguiendo a los usuarios

Martes.21 de diciembre de 2010 1690 visitas - 3 comentario(s)
El gobierno español pidió a sus amos de la embajada de EEUU que presionaran a la oposición para facilitar la aprobación de la ley #TITRE

No se pierdan los comentarios de Menéame con jugosas traducciones del cable que contiene la crónica de la visita de pleitesía de Sinde a la embajada norteamericana. En ella queda completamente con el culo al aire y se ven claras sus intenciones de actuar primero contra las páginas de descargas (la Ley que hoy andan votando) como primer paso en la actuación posterior contra los usuarios particulares, es decir, todos nosotros y nosotras. Nota de Tortuga.

Ver también:

Ataque masivo contra las webs de PSOE, CiU, PP y PNV por la ’Ley Sinde’

Ley Sinde: Anonymous colapsa también las webs del Congreso y de la SGAE
El gobierno se encuentra acorralado y buscando a la desesperada el apoyo del PNV, que se ha echado atrás a última hora


El Gobierno pidió a EE UU que presionase al PP, CiU y PNV

Ángeles González-Sinde solicitó a la embajada que mediara ante Génova para allanar el trámite parlamentario.

ANTONIO FRAGUAS - Madrid

El Gobierno español solicitó a los representantes de Estados Unidos en Madrid su ayuda para suavizar las posiciones del PP , PNV y CiU ante la llamada ley antidescargas y hacer más fácil su trámite parlamentario. Un proceso legislativo que hoy, previsiblemente, dará un paso decisivo en el Congreso de los Diputados. Los cables diplomáticos analizados por EL PAÍS describen las reuniones mantenidas en la legación diplomática durante los dos últimos años por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y altos cargos del Gobierno socialista; especialmente el ex secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros.

La Embajada de EE UU: "Nos interesa apoyar los esfuerzos de la ministra"

La aprobación definitiva de la polémica ley antidescargas contenida en el articulado de la Ley de Economía Sostenible, aparece a la luz de los cables como la materialización de una sintonía de intereses entre el Gobierno de España y Estados Unidos (y de la industria cultural), planteada desde 2004 y desarrollada en un meticuloso plan, tal y como ya avanzó EL PAÍS el pasado día 3.

A medida que los telegramas diplomáticos se aproximan al presente, los contactos y la relación entre los altos cargos españoles y estadounidenses se hacen más fluidos. También parece mucho más profundo el conocimiento de la Embajada de EE UU acerca de la realidad del uso de Internet en España y de los resortes que la lucha contra la llamada piratería mueven tanto en la ciudadanía como en los partidos políticos.

En 2008 la labor de información que el Gobierno socialista realiza en la legación estadounidense es intensa y de los cables se deduce que Washington ya intenta supervisar los pasos que da España. El entonces secretario de Estado Francisco Ros trata de apaciguar al entonces número dos de la embajada, Hugo Llorens, ante la insuficiencia de los avances en la lucha contra la llamada piratería. "Advirtió de que los sistemas legales de EE UU y España no son compatibles y que podría ser imposible dar los pasos exactos que el Gobierno de EE UU quiere". La figura de Ros reaparecerá en el futuro, pero pronto los encuentros alcanzan también el nivel ministerial.

Asesoramiento de Washington

En la primera reunión que, como ministra, mantuvo en junio de 2009 González-Sinde con el número dos de la Embajada de EE UU, Arnold A. Chacón (cable 213345), se sientan las bases para que expertos seleccionados por Washington asesoren "con visitas o por videoconferencia" a altos cargos de Cultura. En esa reunión González-Sinde describe la situación que viven los principales actores implicados en la lucha contra las descargas sin autorización: "Dijo que sería ideal si los proveedores de contenidos y las ISPs [empresas que brindan conexión a Internet a sus clientes] pudieran alcanzar acuerdos sobre medidas para luchar contra la piratería tal y como ha ocurrido en EE UU, pero que las ISPs, con Telefónica a la cabeza, no parecían desearlo". En este mismo cable el representante de EE UU admite: "Nos interesa apoyar sus esfuerzos".

En enero de este año es el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien pasa por la embajada. Allí expresa, según los telegramas, dos opiniones que muestran los intentos de los miembros del Ejecutivo por explicarse ante EE UU y por conseguir su ayuda. El ministro trata de fundamentar en primer lugar por qué en España los usuarios de Internet se descargan más contenidos no autorizados que en otros países: "(...) Sebastián dijo que muchos españoles piensan que el ’canon digital’ (...) les da derecho a descargarse todo lo que quieran".
Además, Sebastián pide al embajador que influya en la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, e intente "que pare" de reunirse con internautas. "[Sebastián] Estaba particularmente preocupado porque el Gobierno regional de Madrid había estado organizando reuniones con internautas. (...) Dijo que sería de mucha ayuda que el embajador pudiera animar a la presidenta regional [Esperanza Aguirre] a que parase. El embajador aceptó sacar el tema cuando se encuentre con la presidenta regional".

Pero quizá el telegrama que mejor resume la sorprendente, por meticulosa y profunda, implicación de EE UU en la lucha contra las descargas no autorizadas en España es el número 248887. En él se repasan con mucho detalle los encuentros , en febrero de 2010, del número dos de la oficina de Comercio de EE UU, Christopher Wilson, con representantes de la industria cultural (la Coalición de Creadores), el Gobierno y el PP.

Tres meses antes, influyentes internautas habían protagonizado una protesta en la Red contra la ley antidescargas y el PP se había alineado junto a ellos, presentándose como el partido que comprendía las aspiraciones de los jóvenes. El secretario de Comunicación del PP, Esteban González-Pons, acusó a Cultura de "tirar por la ventana la protección de las garantías de los derechos civiles" y aseveró que la ley equivalía a "quemar libros para evitar la circulación del pensamiento".

Deriva del PP

Esta deriva del PP preocupa no solo a Estados Unidos y al Ejecutivo de Zapatero. Ante la reticencia del PP, también piden ayuda los representantes de la industria cultural que, según los telegramas, apelan a razones ideológicas para tratar de convencer a la bancada popular: "Los dueños de los derechos [la Coalición Creadores] están preocupados porque el PP puede tumbar o entorpecer la legislación [la ley antidescargas] por ganancia política", afirma el cable, y añade: "Miembros de la Coalición urgieron a Wilson y a la embajada a que recordaran a los diputados del PP su interés ideológico en la protección de la propiedad privada y su fuerte vínculo con Estados Unidos".
Además, el presidente de la Coalición, Aldo Olcese, explicó, según los cables, que habían encontrado "el ’modelo español’ para combatir la piratería (...) Las industrias culturales, dijo, no quieren convertir en enemigos a millones de internautas amenazándolos con castigos".

En la ’lista negra’

Por otro lado, se pone de manifiesto que la propia industria cultural española hace presión para que España aparezca en la lista negra de EE UU de países donde la llamada piratería no se persigue según los deseos de Washington. "[El presidente de Promusicae, Antonio] Guisasola confirmó que la industria musical española apoya la inclusión de España en la lista negra [sobre piratería, de la oficina de Comercio de EE UU].

En esa misma ronda de contactos, Wilson se reúne con el ex secretario de Estado Francisco Ros y con el director general de Política Cultural, Guillermo Corral. Ambos le piden explícitamente que medie ante el PP. "Ros y el director general Corral (...) pidieron ayuda al Gobierno de EE UU no solo con el PP, sino también con dos partidos más pequeños cuyos votos podrían afectar al resultado".

Corral además se extiende en la labor de aggiornamento del alto cargo estadounidense respecto a la realidad española: "Corral recuerda que los jueces en España han declinado sancionar a los dueños o gestores de tales páginas debido a la falta de un ánimo de lucro claramente definido tal y como requiere el Código Penal (...) pero cree que, si un cuerpo administrativo ordenase su bloqueo, los jueces probablemente lo autorizasen".

En esa ronda de contactos, Wilson se cita con el secretario de Economía del PP, Álvaro Nadal, quien, siempre según los cables, se muestra de acuerdo con el fondo de la ley. Nadal dijo que el PP no está lejos [de las posiciones] del Gobierno en las medidas contra el cierre de páginas web recogidas en el borrador de la Ley de Economía Sostenible. El PP apoya una fuerte protección de la propiedad intelectual y está de acuerdo en que se debe hacer algo sobre las webs piratas (...) pero quiere un proceso 100% judicial (...). La objeción del PP es puramente legal y esta es la única área de desacuerdo con la propuesta".

¿De qué tratan los cables de la propiedad intelectual?

Entre los telegramas filtrados por Wikileaks figuran 124 referentes a las comunicaciones de la Embajada de EE UU en Madrid bajo las etiquetas KIPR (Intellectual Property Rights, Derechos de Propiedad Intelectual) y SP por España. Los informes abarcan el periodo entre febrero de 2004 y febrero de 2010. Eso no significa que los 124 documentos contengan alguna mención o relación directa o indirecta con la Ley Antidescargas , disposición final segunda.

Las siglas KIPR y el filtro geolocalizador SP (España) devuelven en la base de datos unos resultados muy variados en cuanto a tipo de información. Bajo el identificador KIPR se agrupan asuntos tan diversos como la gestión de patentes, cuestiones relacionadas con las marcas, asuntos de intereses de empresas farmacológicas, banca... Por ejemplo, uno de estos telegramas destaca la presencia de marca "Jamón Ibérico" en Estados Unidos y China, a la vez que comenta un tema de Propiedad Intelectual dedicado a la industria farmacéutica.

ADRIÁN SEGOVIA


Más revelaciones comprometedoras de Wikileaks

  • Todos están sobornados

    21 de diciembre de 2010 16:58, por P.

    En estos momentos, según informa El País, el PSOE negocia desesperadamente con CIU su apoyo a la ley. CIU esta mañana también se había descolgado y había anunciado que votaría en contra. Para dar tiempo a esa negociación se ha aplazado la votación al final del día.

    En esta pugna de apoyos y no apoyos de unos y otros partidos a esta ley y a medidas similares como el canon digital, desde luego hay que ver a los políticos como sujetos activos de ser sobornados por el mejor postor. Detrás de los recortes de derechos a los internautas que tanto se defienden desde el PSOE y –según nos informa Wikileaks- desde la embajada de EEUU están las compañías discográficas, de propiedad intelectual, de derechos de autor, patentes etc. En el otro lado están los gigantes de internet como google y los proveedores como telefónica. Cada formación política apoya –es de creer- a quien le paga y en el regateo de esta tarde sabremos cual de los dos intereses económicos ha puesto más dinero encima de la mesa de sus señorías.

    • Todos están sobornados

      23 de diciembre de 2010 20:10, por antonomakina

      me encanta ver como la politica con minusculas cede al chantaje de las grandes major aqui y allende de los mares y ahora tocara comprar a los catalanes y todo er que se oponga puaf que asco lo que deberia de ser politica por er interes de los ciudadanos esta quedando como lo que es una panda de trepadores que se arriman ar sol que mas calienta a base de palo o zanahoria segun este er maromo de turno mas o menos contento po sabeis que os digo que podeis iros con vuestra mierda y vuestra burrocacia a donde dios pego er ultimo grito y espero que tod@s los españoles estemos o no conectado algun dia os pediremos cuenta aunque os creais que no,

  • Artículo de Acratasaurio Rex en www.alasbarricadas.org: La propiedad intelectual y el pago permanente según Sinde

    Por lo visto en el Parlamento han tumbado una ley, la llamada Sinde por el nombre de la Ministra de Cultura que la ampara. Esa ministra pretendía cerrar por la vía rápida las páginas web que permitiesen la descarga de archivos de música, cine o libros gratis. Finalidad de la ley: garantizar los derechos de los autores, y la propiedad intelectual. La Ministra no se rinde: hará otra ley que permita el desarrollo de una industria profesional y autóctona potente, en manos de artistas deseosos de forrarse (1). Me insta la dirección ejecutiva de alasbarricadas que explique qué pienso yo de este asunto. Es muy difícil..., porque el Acratosaurio no sabe ni programar un reloj digital, y mucho menos descargar archivos, pero eso me dará objetividad para afrontar el problema. Lo más inmediato es decir, que si la gente descarga gratis, no es porque sea mala. Es porque no tiene dinero: se incremente el sueldo un 100% y se dé una parte para descargas, y asunto concluido. Si se exige pago y no hay dinero, con ley o sin ella, nadie comprará nada. Sigo.

    Por supuesto, el trabajo ha de ser pagado, y el trabajo intelectual ha de ser pagado cuando se pague. Pero, ¿ha de ser pagado una y otra vez? Eso ya suena más raro, porque sería como tener que pagar al fontanero que arregla el retrete cada vez que tiras de la cadena… No está claro.

    Luego está el asunto de la propiedad intelectual. Vale. Es verdad que el cerebro de las personas es inalienable y no se le debe de quitar bajo ningún concepto, ni siquiera para trasplantar a discapacitados, porque estaría bonito… Pero si se paga una idea de manera permanente, porque es propiedad del que la tuvo… También habría que pagar a lo que permite que esa idea se geste, es decir, hay que pagar al padre, a la madre, a los abuelos… ¡Habría que pagar por el polvo engendrador! Y habría que pagar a la cocinera que hizo la tarta de frambuesa que inspiró al artista, y al taxista que le llevó al aeropuerto, y al joven que sonrió aquel día… En definitiva, que habría que hacer un listado detallado de toda la gente que permite que la idea eclosione en el huevo cerebral de la propiedad intelectual. Manos a la obra.

    Y el desarrollo de la (agh) Industria de la Cultura, gracias a una ley, no hay ni que tenerlo en cuenta. Los artistas españoles tuvieron siglos antes de internet para desarrollar esa cultura profesional, y no lo lograron. Así que con una ley, no creo que les llegue tampoco. Si acaso los de renombre se forrarán más aún, pero poco más. Las tripas del resto de los artistas (profesionales o no), seguirán rugiendo de hambre.

    Así que si alguien tiene que pagar algo, debería ser, no sé, cualquiera, Movistar, Orange o alguno de esos…, que se lo quiten de los beneficios, y asunto concluido. Hala Sinde, haz esa ley y te quedas a gusto.

    Por el pago permanente y perpetuo al obrero y al parado, lo que es de uno es de todos, lo que es de todos es de nadie, lo que es de nadie es de uno.


    NOTA
    (1) http://www.publico.es/ciencias/3529...