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Varapalo del Tribunal de Estrasburgo a la "Doctrina Parot" y al estado español

Miércoles.11 de julio de 2012 589 visitas Sin comentarios
Los jueces europeos dicen lo obvio: Que atenta contra los derechos humanos aplicar cambios penitenciarios con retroactividad. #TITRE

Aunque aquí ni los jueces del Tribunal Supremo, que inventaron el engendro jurídico, ni los del Constitucional, que miraron a otra parte, ni los políticos y mass media, que aplaudieron la sinrazón judicial que les daba más alas en su represión carcelaria, aplicaron el mínimo de visión objetiva o de sentido común que ha llevado a los jueces europeos a una histórica sentencia tomada, para más inri, por unanimidad. Nota de Tortuga.


El Tribunal de Estrasburgo rechaza la ´doctrina Parot´

La corte europea de Derechos Humanos insta a España a poner en libertad a una etarra que permanecía en prisión.

EFE / MADRID

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se mostró hoy contrario a la "doctrina Parot" al asegurar que mantener en prisión a la etarra Inés del Río Prada por una revisión de la duración de la pena es "irregular", por lo que exigió su excarcelación y una indemnización.
La denominada "doctrina Parot" obliga a descontar los beneficios penitenciarios del total de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.

El Tribunal expresó su rechazo a esta doctrina por considerar que "vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo a los condenados bajo el antiguo código penal de 1973", como es el caso de la demandante.

Estrasburgo pidió por ello "la puesta en libertad" de Del Río "en la mayor brevedad posible" y exigió en su sentencia que España la indemnice con 30.000 euros por los daños morales causados y 1.500 por gastos y costas.

El fallo, adoptado por unanimidad por la Sala Tercera de la Corte europea, dice que España violó los artículos 7 (no hay pena sin ley) y 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Del Río (Tafalla, 1958) fue detenida en Zaragoza en julio de 1988, cuando se dirigía en un vehículo con 35 kilos de amonal a Torremolinos (Málaga) para iniciar una serie de atentados en la Costa del Sol.
Fue condenada a más de 3.000 años de cárcel, de los cuales 2.232 correspondieron a la ayuda que prestó al comando Madrid, liderado por Ignacio de Juana Chaos, para perpetrar el atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza madrileña de la República Dominicana, en el que hubo 14 muertos y 40 heridos.

Un mes y medio antes de su puesta en libertad -prevista para el 2 de julio de 2008-, tras 20 años en prisión -10 menos del máximo establecido de 30 por los beneficios penitenciarios- la Audiencia Nacional le aplicó la "doctrina Parot" y fijó su excarcelación para el 27 de julio de 2017.

Esa doctrina se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006, que dice que "la ejecución de la totalidad de la condena (...) comenzará con las penas más graves" y establece que los beneficios se apliquen de manera individual a cada una de ellas, hasta el límite legal.
La sentencia de hoy recuerda que el citado artículo 7 del Convenio "prohíbe que el derecho penal sea interpretado de forma extensiva en detrimento del acusado" y estima que el cambio de jurisprudencia aplicado "era imposible de prever".

En cuanto a la violación del artículo 5, la condena, que puede ser recurrida por España en el plazo de los próximos tres meses, concluye que la revisión de la duración de la pena de la demandante se aplicó con retroactividad.

Diario Información


Estrasburgo obliga a indemnizar a una etarra y tumba la ‘doctrina Parot’

El Tribunal de Derechos Humanos insta a poner en libertad a la etarra Inés Del Río, condenada a más de 3.000 años.

José Yoldi. Madrid

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por haber aplicado la doctrina Parot a la miembro del comando Madrid Inés del Río Prada. La doctrina es la aplicación de un recuento del cumplimiento de la pena basado en una interpretación del Tribunal Supremo, que en vez de aplicar los beneficios penitenciarios sobre el máximo de cumplimiento de prisión, que eran 30 años, lo hacía sobre la totalidad de la condena, con el efecto de que a todos reclusos a los que les afectaba ya no podían salir a los 18 años de condena sino cuando hubieran apurado los 30 años de cumplimiento efectivo.

Inés del Río es una terrorista del comando Madrid, que entre otros crímenes participó en el atentado de la República Dominicana en Madrid, y que está condenada a más de 3000 años de cárcel. Sin embargo, por aplicación de los beneficios penitenciarios podría haber salido el 3 de julio de 2008, a los 18 de cumplimiento ininterrumpido, como ocurrió con su jefe de comando, el tristemente célebre Iñaki de Juana Chaos. Del Río tuvo mala suerte, porque antes de que le pudieran aplicar las redenciones de penas por trabajo o estudios el Supremo estudió un recurso sobre la forma de aplicar esos beneficios a la condena del etarra Henri Parot y cercenó toda opción de acceder a la libertad provisional no solo de Parot, sino también de casi medio centenar de reclusos, casi todos etarras.

Ahora el Tribunal de Derechos Humanos indica a España que debe poner en libertad a Del Río en el plazo más breve posible porque ha violado los artículos 7 y 5.1 de la Convención de salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales y le otorga una indemnización de 30.000 euros como daños morales y 1.500 euros más por los gastos del proceso.

Pero esta mañana, el Gobierno ya ha asegurado que no tiene intención de dejar en libertad a la etarra ha anunciado un recurso contra la decisión de Estrasburgo. El ministro del Interior, Jorge Fernández, quien se ha mostrado convencido de que la etarra se fugaría.

El Tribunal de Estrasburgo tiene más de 30 casos sobre la ‘doctrina Parot’

La sentencia constata que la nueva jurisprudencia del Supremo "ha vaciado de sentido los beneficios penitenciarios por trabajo a aquellas personas condenadas en virtud del antiguo Código Penal de 1973" y señala que en el caso de Del Río "este giro jurisprudencial se ha producido después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal de 1995". El fallo mantiene que los Estados son "libres de modificar su política penal, sobre todo al reforzar la represión de crímenes y delitos" pero añade que "las jurisdicciones internas no deberían aplicar retroactivamente y en detrimento del penado los cambios legislativos realizados después de la comisión de la infracción". "La aplicación retroactiva de las leyes penales posteriores sólo se puede admitir cuando el cambio legislativo sea favorable al acusado", añade.
La resolución tumba la doctrina Parot, porque los más de 30 casos planteados en el Tribunal de Estrasburgo llevan el mismo camino y más tarde o más temprano acabarán de la misma manera, con indicación de puesta en libertad y la correspondiente indemnización por daños morales. Mientras tanto, algunos de los principales terroristas habrán cumplido hasta seis años más de cárcel.

Uno de los artículos a los que hace referencia la sentencia, el artículo siete de la Convención de Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales establece que “nadie puede ser condenado por acción u omisión que en el momento de en el que fue cometida no constituyera delito en el derecho nacional o internacional. Y tampoco nadie puede recibir una pena más elevada que la que era aplicable al delito en el momento de su comisión”.

Ni el Supremo ni el Constitucional han apreciado que la aplicación de la retroactividad vulnere la Constitución

Y es la segunda parte del artículo la que Estrasburgo considera que ha vulnerado la doctrina Parot. Porque, en definitiva, de acuerdo con el Código Penal del 73 había que aplicar los beneficios penitenciarios –para que fueran efectivos- sobre la refundición de la condena. Todo el mundo sabe que no se pueden cumplir 3000 años y para que las redenciones de penas cumplieran su función, debían aplicarse sobre los 30 años de cumplimiento efectivo. Es decir el máximo de cumplimiento era considerado como si se tratase de una nueva pena autónoma a la que aplicar los beneficios. Y así lo había dictaminado el Supremo en 1994, pero en 2006, la alarma social, provocada porque terroristas de ETA con más de 20 muertos a sus espaldas fueran a salir de prisión, determinó que el alto tribunal reinterpretase su propia doctrina y prolongase de facto la prisión de los terroristas, aunque la mayoría de los catedráticos considerase que la medida era inconstitucional.
La Constitución en su artículo 9 prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, como la libertad, y la doctrina Parot atentaba claramente contra ella. Pero ni el Supremo, ni el Constitucional, apreciaron que se vulnerase la Constitución.

Ahora, el Tribunal de Derechos Humanos considera que la nueva interpretación del Supremo conocida como doctrina Parot ha alargado casi nueve años de forma retroactiva la pena que Inés del Río debería haber cumplido, porque las remisiones de pena por trabajo de las que se podía haber beneficiado se han convertido en totalmente inoperante. El Supremo no está obligado a revisar cada uno de los casos que están pendientes en Estrasburgo.

El País


Artículos de este año de El País sobre el tema:

El recorrido de la ’doctrina Parot’

El Constitucional ha tardado seis años en resolver los recursos de amparo de los etarras.

El País. Madrid. 29 MAR 2012

Seis años ha tardado el Tribunal Constitucional en resolver sobre la doctrina Parot. Este es el recorrido de la doctrina del Tribunal Supremo que prolonga hasta los 30 años de cumplimiento efectivo el tiempo de estancia en prisión.

Qué es la doctrina Parot. Se conoce como doctrina Parot a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que endurece el cumplimiento de penas de etarras condenados a más de 30 años por delitos cometidos antes de 1995. Antes de la doctrina, esos etarras, de acuerdo con el Código de 1973 por el que fueron juzgados, redimían penas que se restaban del máximo total de cumplimiento, 30 años, aunque hubieran sido condenados a cientos de años. Con ella, el tiempo redimido se resta en la práctica de la condena total. Con la fórmula antigua, salían en libertad a los 20 años. Con la doctrina Parot, los que tengan condenas más altas deben estar 30 años.

La primera vez que se aplicó. La doctrina Parot toma su nombre de la sentencia del Tribunal Supremo que se aplicó por primera vez al más sanguinario terrorista de ETA, Henri Parot, para evitar su excarcelación. El Supremo no pudo abstraerse del clima de malestar social ante la posible excarcelación del etarra Henry Parot en 2009, tras haber cumplido, por efecto de la redención de penas por el trabajo que contempla el Código Penal de 1973, 20 años de condena de los 4.700 que le fueron impuestos por 33 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990.

Recursos admitidos. Desde 2006, la doctrina se ha aplicado a más de 60 reclusos, en su mayor parte terroristas de ETA con múltiples condenas, además de a algunos asesinos y violadores. Y el Constitucional ha admitido a trámite un total de 58 recursos de presos etarras contra la aplicación de la doctrina Parot, a los que se suman otros cuatro de presos comunes.

La doctrina contradictoria del Constitucional. En 2008, el Tribunal Constitucional estableció una nueva doctrina, la del doble cómputo de las penas. Esta doctrina contempla la posibilidad de restar el tiempo que un recluso ha permanecido en prisión preventiva de cada una de las condenas firmes que esté cumpliendo por otros delitos. La sentencia del Tribunal Constitucional fue criticada por la fiscalía y el Tribunal Supremo, ya que abría una brecha en la doctrina Parot. De hecho, gracias a la aplicación de la doctrina del Constitucional, el etarra del comando Vizcaya Koldo Hermosa Urra, que, por aplicación de la doctrina del Supremo, debía permanecer en la cárcel hasta 2017, quedó en libertad en enero de 2011.


EL ÚLTIMO RECURSO

El Constitucional se hace trampas al solitario

El alto tribunal no ha querido entrar en el fondo de la ‘doctrina Parot.

José Yoldi. 1 ABR 2012

¿Hay algo más tonto que hacerse trampas al solitario? Sí, ese juego de naipes en el que solo juegas tú y en el que, a pesar de tu innata competitividad, no puedes ganar a nadie, salvo a las propias cartas que no pueden protestar. Pues bien, “la doctrina Parot es el denodado intento de los custodios de la legalidad de hacerse trampas al solitario”.
Lo afirma un magistrado que prefiere mantener el anonimato para ahorrarse problemas. Aunque en la aplicación de la citada interpretación legal las trampas no son inocuas, porque afectan a derechos que las leyes otorgan a presos que han sido condenados por terrorismo, tráfico de drogas o violación.

Y nada repudia más que conceder beneficios a terroristas que han puesto coches bomba, que han asesinado a niños o han hecho del tiro en la nuca a sangre fría su modo de vida, pero lo que nos diferencia de ellos es el Estado de derecho, es decir, el cumplimiento de las leyes que nos hemos dado aunque les beneficien, y no el retorcerlas en una interpretación retroactiva contra reo que vulnera varios artículos de la Constitución.

El revuelo se inició en 2005, cuando algunos de los etarras más sanguinarios estaban a punto de ser excarcelados. Así ocurrió con la jefa del comando Nafarroa, Mercedes Galdós, autora de 17 asesinatos, quien con una condena de 829 años de prisión quedó en libertad el 29 de septiembre de 2005 tras cumplir solo 19 años, gracias a una reducción por estudios de pedagogía, actividades de limpieza, aeróbic, mecanografía o fútbol sala. Iñaki de Juana Chaos, con 25 asesinatos y más de 3.000 años de condena, también estaba a punto de salir tras 18 años en prisión, por aplicación de delirantes redenciones de pena previstas en el Código Penal de 1973. El asunto afectaba a etarras históricos y con condenas que excedían en mucho los 30 años, el máximo de cumplimiento previsto en la ley en aquel momento y que podían quedar libres tras pasar solo 18 en prisión. Así ocurría con Isidro Garalde, Mamarru; José Javier Zabaleta, Baldo; Juan Carlos Arruti, Paterra; Santiago Arrozpide, Santi Potros; Domingo Troitiño, Inmaculada Noble, Inés del Río o Henri Parot.

La Audiencia Nacional y el Supremo se encontraron con un problema —que alguien reduzca su condena por hacer aeróbic o fútbol sala parece un chiste— y decidieron solucionarlo. Y el remedio fue la doctrina Parot, ya que fue el jefe del comando itinerante, Henri Parot, Unai, condenado a 4.799 años, quien planteó el recurso. En esencia, el Supremo, en contra de la interpretación que llevaba vigente desde 1973, estableció que los beneficios penitenciarios había que descontarlos de la totalidad de la condena impuesta y no de los 30 años, máximo de cumplimiento en los que se refundía la condena. De facto, la sentencia impedía excarcelaciones y prorrogaba la condena hasta 12 años más en algunos casos.

Varios catedráticos, como Enrique Orts, José Cerezo Mir o Joan Queralt han tachado la doctrina Parot de inconstitucional. Para la mayoría, vulnera los principios de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, de seguridad jurídica y de igualdad, así como los derechos a la tutela judicial efectiva y a la reinserción social.

Ahora, el Constitucional no ha querido entrar en el fondo de la doctrina Parot y simplemente ha declarado que su aplicación no era procedente en tres de los 31 recursos que tenía planteados porque solo esos tres presos tenían liquidaciones de condena firmes. Todo parece indicar que el alto tribunal, como antes el Supremo, ha resuelto su problema con un ojo puesto en el principio de oportunidad política.

No deja de ser vergonzoso que el Constitucional, que ya estudió estos casos en mayo de 2011, haya tardado nada menos que seis años en pronunciarse sobre una doctrina que se aplicó para prolongar la condena a 77 presos, algunos de los cuales ya han quedado en libertad tras cumplir la prórroga, como Jon Agirre Agiriano o José María Sagarduy. Seguro que hay malpensados que creen que no es casualidad que la decisión del Constitucional se haya producido cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene previsto fallar antes del verano sobre si la citada doctrina vulneró derechos fundamentales de la etarra Inés del Río. ¿Se imaginan que el Tribunal de Estrasburgo condene a España por vulnerar los derechos que contienen sus propias normas, o sea, por hacerse trampas al solitario? Inenarrable.

El País

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