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Un pacto con las peores dictaduras

Sábado.16 de julio de 2016 400 visitas Sin comentarios
La UE se acerca a Sudán y Eritrea para que cierren el paso a refugiados #TITRE

Beatriz navarro, FÉLIX FLORES, Bruselas / Barcelona

Quienes se llevaran las manos a la cabeza con el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para impedir la llegada de demandantes de asilo pueden encontrarse pronto con tratos aún más cuestionables, ahora para sellar las salidas por el Mediterráneo Central. Gobiernos e instituciones europeas se han conjurado para frenar la inmigración “en origen” y, para lograrlo, están dispuestos a colaborar incluso con dictaduras como las de Sudán o Eritrea para que controlen sus fronteras y cambiar la legislación para poder financiar ejércitos extranjeros.

Es lo que ha propuesto la Comisión Europea con el objetivo de “aumentar la eficacia” de la ayuda al desarrollo de la UE. Actualmente, “la financiación directa de ejércitos no es posible; debido a las excepcionales circunstancias en algunos países, era importante corregir esta laguna”, explica la institución para justificar la reforma. “No puede haber desarrollo si no hay seguridad”, explica una alta fuente europea, dando la vuelta a la que hasta ahora era la premisa básica (no hay seguridad sin desarrollo).

El enfoque se probará con 100 millones de euros asignados a ayuda al desarrollo pero que Bruselas propone redirigir “en todos los contextos y en todos los países donde la UE decida apoyar el sector de la seguridad”, con la limitación de que el dinero no sirva para financiar ni armamento ni el entrenamiento de tropas de combate. La lista de actuaciones que sí podrá apoyar es amplia: control de fronteras, equipos de vigilancia, desminado, desmovilización de combatientes...

Sudán y Eritrea están entre los países con los que se podría ensayar el nuevo enfoque. Ambos participan en los Diálogos de Alto Nivel sobre inmigración y son beneficiarios del plan para el Cuerno de África, dotado con 46 millones de euros (40 millones europeos y seis de Alemania) que se lanzará este verano.

Los primeros efectos de esa colaboración ya se estarían notando. El 6 de junio, Sudán extraditó a Italia al presunto traficante de personas eritreo Medhane Mered (aunque la identidad del detenido ha sido cuestionada). Además, al menos 442 eritreos fueron deportados por Sudán en mayo tras ser detenidos cuando trataban de llegar a Libia, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), y otras 300 el 4 de julio. Los eritreos son encarcelados al ser devueltos a su país por haberlo abandonado ilegalmente, ya que es necesario un casi quimérico visado para salir de la llamada Corea del Norte africana.

No es la primera vez que algo así ocurre, pero el volumen de detenciones sugiere que Sudán está haciendo méritos ante la UE. “Eso es lo que creo”, dijo a La Vanguardia desde Estocolmo la activista por los refugiados eritreos Meron Estefanos, que está en contacto con familiares de detenidos. La frontera entre Sudán y Eritrea, afirma, está siendo más vigilada desde abril.

Unos 5.000 eritreos abandonan su país cada mes. Nueve de cada 10 de los 70.000 que llegaron a la UE en el 2014 y el 2015, casi siempre a través de Sudán y Libia, obtuvieron derecho a asilo. Pero para recibirlo deben poner un pie en Europa, algo que será más difícil si el país vecino sella su frontera, porque la UE sigue sin permitir pedir protección desde el país de origen. “¿Cómo pueden decir que este acuerdo va en interés de los refugiados, cuando lo que necesitan es huir?”, se indigna la eurodiputada Barbara Spinelli (IUE).

La ONU concluyó el 8 de junio que el Gobierno eritreo es culpable desde 1991 de serios abusos y recomendó juzgarlo en la Corte Penal Internacional (CPI). Es el segundo informe en un año, y abunda en denunciar torturas, desapariciones y un servicio militar de duración indefinida que mantiene a 400.000 personas en semiesclavitud. El texto critica a los “visitantes ocasionales” y los diplomáticos por no ver más allá de una “fachada de calma y normalidad” en Eritrea.

El nuevo enfoque de las relaciones se empezó a discutir con África en noviembre, en la cumbre de La Valeta, una cita a la que el presidente de Sudán, Omar al Bashir, no acudió: se arriesgaba a ser detenido y entregado a la CPI, que lo busca por crímenes de guerra y genocidio.

Alentada por Italia y Alemania, la UE mantiene sin embargo contactos a alto nivel con el régimen. El ministro de Exteriores, Ibrahim Ghandour, visitó Bruselas en febrero y se entrevistó con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y los comisarios de Inmigración y de Ayuda Humanitaria. En marzo hubo contactos entre Sudán y Gran Bretaña sobre migración, tráfico de personas y terrorismo, según el Foreign Office. En abril fue el comisario europeo de Cooperación Internacional, Neven Mimica, quien viajó a Jartum. Por esas fechas, el ministro polaco de Defensa, Antoni Macierewicz, recibió al titular de Exteriores, Ibrahim Ghandour; según el sudanés, hablaron de “entrenamiento, tecnología e industria civil y militar”.

Europa se mueve en terreno resbaladizo. Sobre el país pesa un embargo de armas. Organizaciones como Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras o Pax han expresado su rechazo a esta colaboración y advierten del riesgo de que el material facilitado acabe siendo utilizado para la represión. “Cualquier decisión sobre cómo aplicar el proyecto será conforme a las sanciones existentes contra el régimen de Sudán”, asegura un portavoz comunitario.

Entre los medios que la UE se plantea suministrar a Sudán figuran, además de formación de personal, cámaras de vigilancia, escáners y coches. Sudán ha pedido también un avión pero la Comisión lo ve “poco probable”, según un informe de diciembre. Jartum quiere financiación para dos campos de refugiados, ya existentes, en Gadaref y Kassala, con celdas incorporadas; la Comisión sopesa hacerlo “más adelante”. Las iniciativas serán ejecutadas directamente por agencias europeas (con un papel especial para la alemana GIZ), organismos internacionales y oenegés, aclara.

Bruselas reconoce que la estrategia no está exenta de riesgos: que la entrega de “material y formación, como servicios de seguridad y gestión de fronteras, sea redirigido a fines represivos”, que las víctimas de los traficantes “sigan siendo criminalizadas” o que haya “críticas de la sociedad civil y las oenegés por colaborar con gobiernos represivos”.

“El Parlamento Europeo seguirá con su labor de control a la Comisión para que los programas de cooperación respeten la legislación europea y objetivos como la promoción de la buena gobernanza y el respeto a los derechos humanos”, afirma el eurodiputado Enrique Guerrero (PSOE), miembro de la comisión de Desarrollo, satisfecho no obstante porque Europa “ahora es consciente de que África es una de nuestras fronteras exteriores”.

“La estrategia está siendo impulsada desde los ministerios de Interior europeos más que desde Exteriores, donde he detectado gran frustración”, explica Magnus Taylor, experto en Sudán del International Crisis Group. “Sólo les interesa que los gobiernos frenen la llegada de inmigrantes, no se fijan en la situación interna. Se les juzga por su capacidad de gestionar la inmigración, nada más”, afirma desde Nairobi Taylor, que teme que esta situación lleve a “una política exterior incoherente y carente de ética”.

La Comisión asegura que su enfoque hacia Sudán “no ha cambiado”. La UE “suscita regularmente preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos” en el país y “hemos reiterado que los conflictos en el sur, Nilo Azul y Darfur, y las frecuentes violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario son una preocupación para nosotros”, afirma otra portavoz. Según Taylor, aunque la comunidad internacional no cierre los ojos, “desde hace tiempo Sudán se beneficia de una menor atención porque hay otros conflictos que absorben mucha más energía”.

En el 2005, y a petición del Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional investigó la muerte de 300.000 personas en Darfur, acusando al presidente sudanés de crímenes de guerra y contra la humanidad y, por fin en el 2010, de genocidio. Omar al Bashir ha podido no obstante viajar a menudo y sin problemas a Arabia Saudí, Qatar, Iraq, India o varios países africanos a los que la UE reprochó cada vez no haberlo detenido.

Pero las cosas han ido cambiando. Aunque la causa sigue abierta la investigación sobre Darfur quedó suspendida en diciembre del 2014. Según la fiscal Fatou Bensouda, por falta de apoyo del Consejo de Seguridad. Y Estados Unidos, que mantiene sanciones contra el país, ha abierto sin embargo una línea de colaboración con su gobierno para “investigar crímenes financieros relacionados con el terrorismo”, léase Al Qaeda y el Estado Islámico.

Al Bashir no está incluido en los contactos con la UE, pero sí el vicepresidente primero, Bakir Hasan Saleh. Este general fue ministro de Defensa hasta el 2005 (lo era durante el genocidio de Darfur) y se ha especulado con que sucederá a Al Bashir, de 72 años. La muerte, en marzo, del carismático e influyente imán Hasan al Turabi, protector de Osama bin Laden en los noventa, también marca un cambio. Al Bashir y Al Turabi fueron una conflictiva pareja durante años. Ahora el general presidente ya no tiene al islamismo político fiscalizándole, lo que permite a su gobierno decir que es “muy consciente de sus compromisos en la lucha contra el fundamentalismo en todas sus formas”.

Si todo esto son buenas noticias para la realpolitik en Washington y Bruselas, no las hay tan buenas para la acción humanitaria en el país, que alcanza a casi 5,5 millones de personas, debido en buena parte a los desmanes del régimen. En Darfur, donde los bombardeos sobre zonas rebeldes continúan, hay 2,5 millones de desplazados, y la economía del país está en franco deterioro. Además de los refugiados de Eritrea y Etiopía, hay también de Chad, República Centroafricana y hasta 200.000 de Sudán del Sur. Aun así, el Gobierno sigue expulsando a oenegés y funcionarios de las Naciones Unidas. El 6 de junio echó al director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Los informes del holandés Ivo Freijsen, con diez años de experiencia en Sudán, no gustaban. Es el cuarto representante de la ONU expulsado en dos años, incluido un enviado del secretario general. Ni Freijsen ni la oficina de la OCHA en Jartum quisieron responder a preguntas de este diario.

Huir de Eritrea

La mitad de los rescatados en el 2014 por guardacostas italianos procedían de Siria y Eritrea, y 21 de los 24 traficantes reclamados por la Fiscalía de Palermo, el primero de ellos Medhane Mered , son eritreos. El régimen totalitario de Isaias Afewerki ha militarizado la sociedad desde que el país se secesionó de Etiopía hace 25 años y mantiene un discurso belicista. Así, Eritrea y Etiopía han vuelto a intercambiar disparos en la frontera. El informe de la ONU señala la violación de derechos humanos como primer motivo de los que huyen. Durante la investigación, basada en testimonios de los que están fuera del país, muchos sufrieron coacciones y amenazas para que declararan en favor del Gobierno. En Sudán y Etiopía hay 200.000 eritreos.

La Vanguardia

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