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Retiran las competencias urbanísticas a Catral, Alacant por permitir más de 1.200 viviendas ilegales

Jueves.5 de octubre de 2006 2931 visitas Sin comentarios
La Generalitat Valenciana amenaza con solicitar al gobierno la disolución de este Ayuntamiento del PSOE #TITRE

El Consell retira las competencias urbanísticas a Catral por permitir más de 1.200 viviendas ilegales

La Generalitat solicitará al Ejecutivo la disolución del Ayuntamiento socialista si éste no resuelve la ilegalidad de las edificaciones en suelo protegido.

REDACCIÓN

La Generalitat Valenciana asumió ayer las competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Catral ante la «relajación del Consistorio» en la proliferación «exagerada» de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y en suelo protegido, informó ayer el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons.

El conseller señaló que si la corporación local no realiza en el plazo de un mes una propuesta de concierto en la que reconozcan las más de 1.200 viviendas ilegales construidas y en la que proponga soluciones, la Generalitat asumirá también las competencias en planeamiento urbanístico, atendiendo a la Ley de Bases de Régimen Local, y se planteará «solicitar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de Catral», gobernado por el grupo socialista.

Según el responsable de Territorio, existen 1.270 viviendas construidas en suelo no urbanizable, parte de ellas en suelo protegido del Parque Natural del Hondo, que suponen un total de tres millones de metros cuadrados construidos sin licencia y sin dotación de servicios.

A las 10.30 horas de ayer, el delegado territorial de la Conselleria en Alicante, junto a la Policía Autonómica, se personó en el Ayuntamiento de Catral para informar a su alcalde de la asunción por parte de la Generalitat de las competencias en materia urbanística. Según el responsable de Territorio, esta actuación «no tiene precedentes en España, salvo el caso de la Junta de Andalucía cuando disolvió el Ayuntamiento de Marbella» y la justificó por el incremento en un 400% del número de metros cuadrados edificados ilegalmente desde 2002.

Además, el conseller detalló en la rueda de prensa que la ocupación irregular de suelo en el año 2002 en Catral era de 753.199 metros cuadrados, de los que 713.535 metros cuadrados correspondían a suelo no urbanizable común y 39.664 metros cuadrados a suelo no urbanizable protegido, en el Parque Natural de El Hondo. En el año 2005 la ocupación irregular de suelo no urbanizable se elevaba a 2.967.998 metros cuadrados, lo que supone un incremento global del 394%. De hecho, la ocupación de suelo no urbanizable común en 2005 era de 2.697.846 metros cuadrados (aumento del 378%) y 270.152 metros cuadrados de suelo no urbanizable (incremento del 681%).

Asimismo, en el año 2002 en el municipio de Catral existían 358 viviendas ilegales, una cifra que en 2005 se ha elevado a 1.270, lo que supone un incremento del 355%, según los técnicos de la Conselleria y los informes del Seprona.

González Pons consideró que la medida constituye «un claro aviso para navegantes», y aseguró que su Conselleria «no dudará en intervenir en otros municipios de la Comunidad Valenciana que vulneren la ley, independientemente de las siglas que gobiernen». «Si no hay reacción por parte de algunos ayuntamientos, -continuó Pons-, actuaremos contra ellos».

El conseller anunció que las viviendas construidas en el suelo protegido del Parque Natural del Hondo serán derribadas en su totalidad y, respecto al resto, informó de que se estudiarán los casos de manera individual. En ese sentido, señaló que «se intentará regularizar» aquellas construcciones que se hayan hecho «de buena fe y atendiendo a los instrumentos de planeamiento adecuados» pero con la «exigencia de dotaciones y cesiones al ayuntamiento».

Las actuaciones que no se encuentran amparadas en ninguno de los supuestos anteriores «serán objeto de derribo, y de restauración ambiental las zonas afectadas», aseguró González Pons.

El conseller de Territorio remarcó que las consecuencias para las constructoras «deberá determinarlas un juez» porque «cuando los propietarios se enteren de que sus viviendas son ilegales, probablemente se querellen contra las empresas constructoras». Anunció, asimismo, que la Generalitat remitirá al Ministerio Fiscal la documentación para «determinar las posibles responsabilidades penales».

«Era inaplazable»

El titular de Territorio calificó de «necesaria» e «inaplazable» la decisión de la Generalitat, ya que tras diversos contactos mantenidos con el Ayuntamiento, en los que el Consell -según el conseller- exhortó al consistorio a atajar dicho proceso y adoptar soluciones al mismo desde el planeamiento, el Ayuntamiento de Catral presentó en mayo de 2005 una propuesta de concierto previo para la revisión de su planeamiento general.

La citada propuesta municipal fue informada desfavorablemente por resolución de la Conselleria, ya que no proponía ninguna solución al problema de la proliferación de construcciones ilegales, y no incluía siquiera el 50% de las mismas.

Asimismo, fuentes de la Conselleria aseguraron que la transformación irregular de suelo en Catral ha supuesto que el Ayuntamiento haya dejado de percibir más de 15.000 metros cuadrados de techo por el 10% de aprovechamiento que le corresponde. Si se tratara de suelo urbanizable el valor de las cesiones sería de 4.5000.000 euros.

El Ayuntamiento ha dejado de obtener también más de 15.000 metros cuadrados de zonas verdes y más de 20.000 metros cuadrados de dotaciones. Asimismo, el valor de la inversión que han supuesto la totalidad de las construcciones levantadas en la zonas afectadas acumulan un volumen de negocio que alcanza los 80 millones de euros.


El alcalde tacha la actuación del Consell de «descarada operación política»

José Manuel Rodríguez Leal pide que se actúe de la misma manera en otras localidades del PP como Dolores, Almoradí y Orihuela

E.DE GEA

El alcalde de Catral durante los últimos 15 años, José Manuel Rodríguez Leal, aseguró ayer que le parece «muy correcto y no hay ningún problema» en que la Conselleria de Territorio asuma las competencias en materia urbanística, aunque admitió que no se lo esperaba «porque se podía haber hecho hace años ya que el problema lo conoce perfectamente (la Conselleria ) desde el primer día, y a estas alturas asumir las competencias me parece que es una descarada operación política del PP de primer orden. Lo que cuenta es sacar lo de los alcaldes socialistas para contrarrestar».

En este sentido, dijo que otras localidades cercanas gobernadas por el PP, como «Dolores, Almoradí, menos pero también, y de Orihuela no hablemos, existen construcciones ilegales en la huerta, pero al parecer sólo las hay en Catral».

Opinó sobre la situación urbanística de Catral que se debe a un problema estructural que existe en la huerta, a un problema de rentabilidad de la tierra y a una gran presión urbanística que «en un principio se intentó paralizar y se vió que era imposible porque cuando se iban por uno venían por otro».

Dijo estar sorprendido por la actuación de la Conselleria de Territorio ya que «cuando estamos en el camino (de solucionar el tema de casa ilegales con el PGOU), con el visto bueno de ellos rescatan la gestión urbanística en algo que ya sabían desde hace años que estaba ocurriendo».

El alcalde arremetió contra el PP de Catral asegurando que «una de las primeras casas ilegales que se hicieron fue la de Moisés Grau», actual concejal del PP y ex portavoz de la oposición. También destacó que personas de la candidatura del PP en las últimas elecciones «han construido viviendas ilegales, padres de concejales del PP de Catral han vendido sus tierras para construir casas ilegales, cuñados de concejales también y han ganado muchos millones. Aquí nos conocemos todos pero hay mucha hipocresía y se aprovechan de la oportunidad de criticar al alcalde y luego se oculta el dinero que han ganado algunos miembros del PP y sus familias».

Sobre su cuñado, investigado por la construcción de casas en la huerta, afirmó que «por mucho que le rogué y le dije que no construyese, no lo hizo y me dijo que sintiéndolo mucho no podía ser menos que los demás».

Sobre su futuro político tras la intervención urbanística adelantó que «depende de la gente de mi pueblo», pero que en el seno de la agrupación del PSOE local «no hay ningún problema para que sea cabeza de lista; es más estoy recibiendo por parte de la gente ánimos para que me presente en la próxima legislatura, gente que piensa que por este tema puede que mi partido a nivel superior cuestione la idoneidad de mi persona para encabezar la lista de mi pueblo».

El alcalde anunció que «me someteré a lo que tenga que someterme y estoy dispuesto a ir y hablar claramente del tema de Catral donde y con quien haga falta. Si llega el caso y me tengo que presentar lo haré como hasta ahora y defenderé siempre los intereses de la gente de mi pueblo». Asimismo, Rodríguez Leal apostilló que si alguien considera que no tengo que presentarme que me lo diga en tiempo y formo y si me convence lo tendré en cuenta».


Territorio emitió un informe en contra del nuevo PGOU por las ilegalidades

E.D.G.

La Conselleria de Territorio y Vivienda informó de manera desfavorable al concierto previo (borrador) del Plan General de Ordenación Urbana de Catral el pasado 19 de septiembre al considerar «insuficiente» la documentación presentada por el Ayuntamiento respecto a las casas ilegales de la huerta.

Territorio señalaba en el documento que el Ayuntamiento debe formular una nueva propuesta que incluya las previsiones oportunas para minimizar el impacto territorial generado por los diversos núcleos de viviendas implantados en suelo no urbanizable (casas de huerta), al margen de los procesos formalizados de urbanización y edificación.

Previamente, el alcalde de Catral en un escrito de fecha 23 de marzo pedía a la Conselleria de Territorio que incluyese en el concierto previo del PGOU las casas ilegales al considerar que «es el momento idóneo» para acometer una solución al problema generado y en consecuencia se ordene en el instrumento de planeamiento los núcleos de población existentes.

En el mismo documento del Ayuntamiento el alcalde señalaba que en los últimos años en el término municipal de Catral se ha producido una proliferación de edificaciones en suelo no urbanizable que «aún cuando en el día de hoy se encuentra atajada gracias a las medidas de disciplina urbanística adoptadas por el Ayuntamiento de mi presidencia ha creado una situación de hecho, surgiendo una serie de núcleos habitados en suelo no urbanizable susceptibles de tratamiento singular».

Reseñar por otro lado que la construcción y finalización de viviendas en la huerta de Catral continuaban en el día de ayer, tal y como pudo comprobar este diario.


Las denuncias por irregularidades se iniciaron hace cuatro años

El juzgado número 5 de Orihuela investiga al alcalde, a su equipo de gobierno y a varios técnicos por un supuesto delito de ordenación del territorio, cohecho y prevaricación

J. PRATS/E. GEA

La huerta tradicional de Catral se ha llenado en los últimos años de más de mil casas construidas de forma ilegal con la «permisividad» de un Ayuntamiento que aunque ha abierto expedientes a 244 viviendas no ha sido capaz de paralizar la acción de los constructores y promotores a pesar de existir un decreto de Alcaldía en tal sentido, según recoge un informe del Seprona de la Guardia Civil. El caso lo instruye el Juzgado número 5 de Orihuela que además investiga las posibles falsificaciones de certificados para poder inscribir las casas en el registro de la propiedad y una vez legalizadas poder optar a los boletines de luz y agua.

Cuando la Asociación Europea de Consumidores en General y Urbanismo (AECU) denunció en julio de 2004 ante el Seprona la construcción de cientos de casas ilegales en Catral -aunque las primeras denuncias se inician en 2002- no podía suponer que fuera a tener la trascendencia que ha tenido, ya que la Conselleria de Territorio ha intervenido el área de Urbanismo del Ayuntamiento. El Gobierno valenciano tiene argumentos de sobra para justificar su decisión, aunque habría que preguntarse si ésta hubiera sido la misma si el color político de la Corporación municipal no fuera socialista.

Al margen de la oportunidad política y reconociendo que hay una larga lista de localidades en la Vega Baja en situaciones similares, por ejemplo la vecina Dolores con un gobierno del PP, la cuestión es que la única que está siendo investigada en los juzgados es Catral. Lo que sí hay que matizar son los cambios de argumentos que ha habido desde la Conselleria sobre el urbanismo de Catral. Recordar que el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Orihuela ha abierto una investigación contra el alcalde de Catral del PSOE, José Manuel Rodríguez Leal, su equipo de Gobierno formado por Francisco Javier Espín Villaescusa, Pilar Grau Gerardo, Rosa María Sánchez y Manuel Vilella Box, así como a técnicos municipales por los supuestos delitos relativos a la ordenación del territorio (diligencias previas número 2639/04) y por prevaricación y cohecho (diligencias previas 2640/04).

Contradicciones

El colectivo AECU envió al departamento que por entonces dirigía Rafael Blasco al menos tres cartas en las que se le pedía que interviniera para frenar el «expolio» que estaba sufriendo la huerta. La respuesta desde Conselleria fue que no podían intervenir por el «bien de la autonomía municipal». Para Blasco este tema no «competía al Consell» al estar siendo investigado por el juzgado. Sin embargo, no coincidían sus declaraciones -realizadas en enero de 2006- con un informe de mayo de 2005 que la Conselleria de Territorio remitió a la Fiscalía denunciando la construcción de cientos de viviendas situadas en terrenos rústicos de la huerta tradicional de Catral. ¿Por qué ahora sí? ¿Es que la situación ha llegado a ser insostenible o es que es una buena manera de que Camps se presente con un sólido argumento ante la moción de censura que ha presentado el candidato socialista Joan Ignasi Pla? ¿Es que las directrices han cambiando tanto con el actual conseller González Pons?

Pero aún más. La secretaria comarcal del PSOE de la Vega Baja y alcaldesa de Guardamar, Marylène Albentosa, no pidió explicaciones en ningún momento -por lo menos explicaciones que trascendieran a la opinión pública- de las irregularidades urbanísticas que supuestamente se estaban produciendo en la localidad del alcalde socialista de Catral, José Manuel Rodríguez Leal. Sin embargo, la dirección del partido sí entró a saco en Orihuela para «limpiar» un partido que estaba «bajo sospecha». ¿Por qué este doble rasero? Bien es verdad que desde que la alcaldesa de Guardamar está en el poder ha habido un cambio sustancial en la política urbanística del municipio, e incluso se han derribado construcciones ilegales en la huerta. Es decir, los socialistas se quejan de la posible maniobra del PP -que parece evidente-, pero tampoco ha querido o no ha podido esclarecer la gestión de un alcalde «cuestionado».

Lo que se ha producido en la huerta de Catral guarda cierta similitud con otras localidades de la zona, sin embargo, hay una diferencia clara: mientras que en Catral los promotores han visto un negocio inmobiliario construyendo en suelo no urbanizable con total «impunidad», según se desprende la propia intervención del Consell y de los informes del Seprona, en otros municipios, aunque se producen las mismas irregularidades, suelen estar más localizadas. Un ejemplo, familias con unos terrenos lo aprovechan para hacerse una casa de campo sin que haya el mercantilismo que se ha producido en esta localidad de la Vega Baja.

Patrimonio de la humanidad

La cuestión es que la huerta para la que se ha pedido que sea declarada por la Unesco patrimonio de la humanidad está cambiando la tradicional fisonomía por la del ladrillo. Es tan paradójico lo que sucede que uno de los anagramas que promociona a Catral se llama «Tradición verde». Pues parece que no casa lo que se hace con lo que se quiere vender de este municipio. Los tres millones de metros cuadrados de edificaciones ilegales que incluyen de momento 1.270 viviendas es un argumento muy sólido para la intervención. Pero no es todo.

Como ya adelantó este diario, también se están investigando el registro de parcelas rústicas sin ningún tipo de construcción ni edificación como si ya contaran con viviendas. Se han dado casos como el de un promotor de Catral que pretendía inscribir de este modo unas cien parcelas rústicas para edificarlas posteriormente. Otros aspectos denunciados son la presunta falsificación de certificados de antigüedad de las viviendas construidas ilegalmente. La cuestión era presentar un certificado ante el registro de la propiedad diciendo que el inmueble tenía más de cuatro años, hecho que no era cierto, y así podía legalizarse, ya que cumplido este plazo no existe expediente administrativo por infracción urbanística. Por lo tanto se podían obtener los boletines de luz y agua. Por ello se investigan si hubo algunos arquitectos que pudieran haber falsificado certificados.

Las cosas han llegado hasta tal punto que incluso AECU denunció el uso de fondos de la Unión Europea para dar servicio eléctrico a los chalés. Este tema también fue trasladado al juzgado de Orihuela y a la Fiscalía. El colectivo anunció en su momento que iba a denunciar a Iberdrola, al propio Ayuntamiento y que daría parte de los hechos a la Oficina Europea de lucha contra el Fraude (OLAF).

Ahora hay un problema medioambiental, no se puede garantizar que las construcciones sean seguras porque no han sido supervisadas por un técnico, se ha alterado la convivencia de agricultores, hay un impacto visual negativo, no se ha estudiado si hay suficientes recursos hídricos y da la sensación de un descontrol urbanístico sin precedentes, según se recoge el informe del Seprona enviado al juzgado.


Un informe del Seprona demoledor

J. P.

El informe instruido por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) es demoledor. El instructor señala que en vistas de las irregularidades observadas en la construcción de viviendas de forma abusiva en suelo no urbanizable, sin ningún control, sin presentación de proyectos técnicos, sin ejecutarse planes urbanísticos, sin realizar las infraestructuras necesarias para preservar el medio ambiente, puede suponer una vulneración del Código Penal. Por tal motivo, «se puede imponer la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en suelo no urbanizable».

Entre las consideraciones que hace el Seprona en las diligencias, destaca también que sólo cuando un municipio mostrara una notoria negligencia en el ejercicio de sus potestades de legalidad y de sanción de las infracciones urbanísticas, la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio de urbanismo procedería al ejercicio de dichas potestades.

La investigación de la Guardia Civil se inicia el 15 de agosto de 2004 tras la presentación de una denuncia de un ciudadano británico en la que se detallaba que se estaban construyendo casas en la huerta tradicional. Las zonas afectadas del término municipal son Lo Perpén, Lo Madriguera, El Palomar, Arroba de Hornos, La Portalada, Lo Jerónimo y Lo Vera, siendo todos parajes de uso de huerta.

También se relata las gestiones que el Seprona ha realizado con la Corporación, concretamente con el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Catral. Éste, según el informe, les ratificó que era suelo no urbanizable rústico y que dichas construcciones no pueden ser legalizadas y que la Alcaldía no ha expedido ninguna licencia de obras. El arquitecto municipal asegura a los agentes que han remitido a los constructores los correspondientes decretos de paralización «pero no hacen caso y siguen construyendo». El empleado municipal afirma en su declaración que no han enviado a la Policía Local para «evitar un altercado de orden público o que les intenten agredir» y les asegura que este hecho no lo han puesto en conocimiento de la autoridad judicial.


Otros casos en la provincia

REDACCIÓN

Catral no es la excepción. Varias localidades de la provincia están afectadas por construcciones ilegales, sobre todo en la comarca de la Vega Baja. Así, en Dolores hay al menos 500 viviendas construidas en zona de huerta. En Albatera también se construyeron sin licencia 20 chalés. Luego, en ayuntamientos como el de Pilar de la Horadada se ha proyectado varios proyectos urbanísticos en suelo de huerta. Tampoco se salva San Fulgencio, Bigastro y Almoradí, entre otras poblaciones. Pero no sólo en esta comarca. En parcelas rurales de Aspe, en el Medio Vinalopó, se han edificado decenas de casas. El Ayuntamiento ordenó hace unos meses los primeros derribos pero aún no se ha llevado ninguno a cabo al recurrir los dueños de los inmuebles. Sin embargo, en La Romana ya se han efectuado las primeras demoliciones. Por otro lado, el PSOE anunció el pasado mes de julio la presentación de una denuncia ante los tribunales para que se abra una investigación sobre la segunda fase de la urbanización Castalla Internacional, donde se están construyendo 410 chalés. Los socialistas afirmaron que estas obras carecían de licencia, motivo por el que solicitaban al Consell la paralización de la actuación. El responsable de Territorio del PSPV, Eugenio Burriel, destacaba que en 2004 la Conselleria emitió un informe de impacto ambiental desfavorable y que como consecuencia, el Ayuntamiento de Castalla no había podido conceder licencia de Obras.


«Esto es un avispero»

Granjas de cerdos y de ovejas y extensiones agrarias perviven entre urbanizaciones sin dotaciones ni servicios
Las urbanizaciones de Catral que están fuera de ordenamiento se encuentran situadas al sur del casco urbano y a ellas se llega a través de un camino bacheado por el paso de los tractores durante años. Es difícil explicar cómo puede ser la convivencia diaria entre los propietarios de estos chalés, con calles sin asfaltar, ni aceras o alumbrado, con las granjas de cerdos o de ovejas con las que lindan casi pared con pared.

Sólo cerca del Ayuntamiento de Catral, concretamente en los bares en los que almuerzan funcionarios y concejales, la noticia sobre las medidas adoptadas por la Generalitat para frenar la política urbanística municipal tenía al mediodía algo de repercursión. «Mañana hay que comprar el periódico que seguro salimos», aseguraba el dueño de una cafetería sobresaltado por tanto periodista preguntando. Algunos funcionarios entraban sudando y no era por el calor, «esto hoy es un avispero», aseguraba uno y, al instante, otro le respondía, «si ya se veía venir...».

En Catral si se pasea por sus calles se comprueba que, como ocurre en muchos lugares de costa, los carteles de las inmobiliarias se confunden en castellano y en inglés. Las publicaciones inmobiliarias en ambos idiomas proliferan por doquier y los precios no desmerecen a los del litoral. Un chalé de dos dormitorios, con piscina, 224.000 euros; si es de cuatro «rooms», 340.000 euros. Las fotografías muestran, en su mayor parte, obras inacabadas, aún en ladrillo, sobre parcelas de poco más de mil metros en mitad de un páramo desierto.

- «¿Qué que va a pasar con "lo" del Urbanismo?», se preguntaba ayer el responsable de una de ellas. «Pues yo creo que nada, ¿cómo van a tirarlas abajo, con familias que nos han comprado de buena fe?. De eso nosotros no tenemos culpa de nada, se legalizarán y ya está». En el bar tampoco entienden que uno de los motivos esgrimidos sean la afectación de la zona de protección de El Hondo, «¿cómo que dicen que los chalés están cerca del parque natural?, ¡pues que se vayan a Santa Pola o a Torrevieja y que luego me lo cuenten!», aseguraba otro.

Sin carteles

Para llegar al «ojo del huracán» en el que se han convertido estas agrupaciones de chalés, porque urbanizaciones como tal no parecen porque no hay calles al uso, aceras, alumbrado o alcantarillado, hay que ir con alguien que conozca el lugar porque no existe ni un solo cartel de indicación. De hecho, el camino es prácticamente intransitable por su estrechez, que obliga a los coches a pararse en algún tramo para dejar pasar a un tractor, y también por los numerosos baches que lo jalonan. Incluso se cruza por un puente un azarbe que va completamente seco. Después de algo más de un kilómetro comienzan a aparecer viviendas de planta baja agrupadas en pequeñas urbanizaciones separadas entre sí por cultivos. Muchas se comenzaron a vender sobre 200.000 euros. A la mayoría de ellas se accede a través de un terreno polvoriento.

«Aquí hay quien no ha querido vender las tierras y es por ello que te encuentras con zonas de cincuenta chalés y al lado con cultivos o granjas, que es a lo que nos hemos dedicado desde siempre», quien así se expresa en José Vicente García, un agricultor de segunda generación que se ha negado hasta ahora a poner precio a sus tahúllas, «aquí hay muchos que no se atreven a hablar porque hay miedo», añade, «pero nosotros no tenemos nada que perder y el alcalde ya sabe lo que pensamos de él». García forma parte de Cacau (Catral Contra los Abusos Urbanísticos), un colectivo que agrupa en estos momentos a nuevos propietarios de chalés y a agricultores de la zona que quieren defender sus derechos. «La mayoría de ingleses no hablan castellano, muchos son mayores y aún no saben lo que les espera», presagia.

García asegura que durante muchos años esta extensión de campo, que ocupa algo más de un millón y medio de metros cuadrados, conoció algunas de las mejores cosechas que podía dar la Vega Baja. «Eran tierras de regadío, pero hace tiempo que no hay agua, los azarbes van secos, como tampoco hay industria que ha ido desapareciendo», añade con tristeza mientras señala al fondo una urbanización que antaño era un campo de naranjos y que ahora está ocupado por decenas de chalés de teja y paredes blancas.

Negociaciones

Según los propietarios de terrenos afectados, el Ayuntamiento les reunió por primera vez hace un par de años para negociar el futuro de las fincas. «Fuimos cerca de 200 y el alcalde nos propuso trasladar las explotaciones a otras zonas y dejar estas pero no nos ofreció nada a cambio y allí acabó todo». Las empresas que agrupan explotaciones agrarias o ganaderas se sienten desde hace algún tiempo presionadas por el Ayuntamiento con visitas de la Policía para comprobar que todo esté en regla.

No en vano algunas explotaciones están pared con pared junto a urbanizaciones de lujo en las cuales no se puede salir al exterior ni en verano ni en invierno porque el purín de los cerdos desprende un olor nauseabundo. «Pero las granjas cumplen la normativa, son legales y nadie nos puede echar de aquí», afirma otro ganadero mientras un inglés pasa a su lado y le saluda. Entonces el agricultor nos dice: «mira, pasan al principio y te dicen "hello" pero cuando llevan dos años aquí y tienen los papeles del chalé en regla llaman a la Policía y denuncian que los tractores levantan polvo y que les llenas las piscinas y sus casas de tierra».

Diario Información de Alacant