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Reportaje sobre las prisiones alicantinas: “Rejas que aprietan”

Sábado.5 de mayo de 2007 5569 visitas - 1 comentario(s)
Portal de Derecho Penitenciario #TITRE

Fuente de donde lo tomamos

Las prisiones de Alicante encierran el doble de presos de lo establecido, los sindicatos piden una tercera cárcel e Interior anuncia un millón de euros para reformas en Fontcalent.

DIARIO INFORMACION - DOMINICAL (VICENTE LÓPEZ DELTELL).- A las prisiones de Alicante están a punto de rompérseles las costuras. La capacidad prevista en el momento de su construcción ha sido doblada y los sindicatos reclaman un tercer centro penitenciario que alivie el hacinamiento que padecen los actuales centros penitenciarios de Fontcalent y Alicante II (Villena). La política gubernamental de juicios rápidos sigue saturando las cárceles y la situación se agrava al incluir en el debate la falta de personal. Y la guinda la pone el hospital psiquiátrico de Fontcalent, un centro concebido para atender a unos 250 internos y que actualmente supera los 400.

La carencia de medios humanos y materiales son problemas comunes en las tres recintos, pero son muchas más las dificultades particulares que se presentan en cada uno de los centros. Con cerca de 30 años de existencia, la prisión alicantina de Fontcalent «ha sufrido un desgaste tremendo. Hay que tener en cuenta que son instalaciones, al contrario que los colegios por ejemplo, que se usan las 24 horas del día», expone el delegado en el centro del sindicato Acaip, José Quinto, quien asegura que «actualmente la prisión se encuentra al 200% de su capacidad y está totalmente anticuada». En concreto, Fontcalent fue construido para albergar a 424 internos. En enero de 2003 ya había 850 y actualmente, siempre según los sindicatos, son cerca de un millar.

Estructuralmente siempre se ha intentado cumplir con la normativa, es decir, mantener separados a menores de mayores, a primarios de reincidentes, a mujeres de hombres, aunque no siempre se consigue. El responsable sindical de Acaip explica que «la estructura del centro hace muy difícil cumplir la Ley General Penitenciaria». En concreto, a prisión cuenta con cinco módulos residenciales. El 5 es el de las mujeres (actualmente unas 85 presas) el 1 y el 3 se destinan, desde la apertura el centro de Villena, a los presos primarios, que están a la espera de juicio. En el módulo 2 se encuentran los reincidentes y en el 4 los peligrosos, presos de primer grado y «candidatos» a serlo.

Este último módulo «sólo dispone de 70 plazas, y no hay más». La separación «se complica cuando una persona que ha cumplido condena regresa a la prisión por otro delito. ¿Es este preso primario o reincidente?». En definitiva, según Quinto, «en Fontcalent no existen ni patios, ni otras infraestructuras comunes, ni módulos para poder realizar una separación adecuada de los presos».

El capítulo de personal ha sido denunciado en múltiples ocasiones por los responsables sindicales. «El centro es completamente rentable para la administración porque no se cubren ni las plazas de la relación de puestos de trabajo», apunta Quinto. La ratio de funcionarios por preso «es difícil de calcular, por las bajas, los tres turnos, las vacaciones o los cambios en el número de presos, pero en el mejor de los casos estamos hablando de que hay un funcionario por cada diez presos», asegura el portavoz de Acaip.

Y existen casos «sangrantes». De hecho, «¿qué pueden hacer ante una pelea dos funcionarios de seguridad que están al cargo de 200 presos?». Como mucho, «mirar y tomar nota de los que participan». Quinto expone que «el miedo es libre» al ser preguntado por si los funcionarios temen por su seguridad y recuerda «las numerosas denuncias que hemos interpuesto ante la dirección del centro o la Dirección General de Prisiones por daños sufridos por los funcionarios». De hecho, el portavoz sindical asegura que «estamos en manos de Dios y porque Dios no quiere no pasan más cosas». Los trabajadores tienen serias dificultades para disfrutar de sus vacaciones. «Falta personal y no se cubren las bajas, como en los hospitales por ejemplo».

Un caso concreto define muy bien la situación. El módulo 1, donde se encuentran los preventivos, cuenta «normalmente con tres funcionarios vigilantes para estar a cargo de cerca de 300 presos». Las denuncias se repiten. INFORMACION ya publicaba en El Dominical del 19 de enero de 2003 que el traslado de 300 reclusos de Fontcalent a Alicante II no había evitado la saturación. El centro se quedó con 550 internos pero hoy en día la cifra ya se acerca al millar. Al hacinamiento -tres presos en celdas de cuatro metros cuadrados-, carencia de funcionarios, dificultades por la estructura del centro, se unen problemas, siempre según fuentes sindicales, «como ratas en los comedores, presos que tienen que dormir alguna vez en el suelo, falta de material en la enfermería, organización por turnos en el comedor al faltar sillas o bandejas... Se vive una situación tercermundista con unas infraestructuras obsoletas». El centro ha sido «continuamente parcheado», pero «eso no arregla las cosas».

Por su parte y en referencia al estado de la prisión, desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias anunciaron a INFORMACION la próxima inversión de más de un millón de euros prevista para este año y destinada a la ampliación de las oficinas administrativas, a la reforma de la instalación eléctrica del centro y a la mejora de la red de conducción del agua sanitaria. Además, se va a seguir con la reforma de las duchas de los módulos.

Las soluciones son «complejas», asegura el delegado de Acaip, quien entiende que «hay que buscarlas fuera de la prisión. Cada vez hay más delitos, más juicios rápidos y por tanto más gente va a prisión. Pero las estructuras no son las necesarias». En concreto, la falta de personal es cifrada por Acaip en «un mínimo de 50 funcionarios. Y parece que sean muchos, pero no es así. Teniendo en cuenta los módulos y los turnos, las vacaciones y bajas, estaríamos hablando de sólo uno o dos funcionarios por módulo. Es una petición realista, un mínimo». Esta demanda es compartida por todos los sindicatos «y por el propio director, que ya en su día, hace un par de años, lo reclamó », recuerda el delegado de UGT, Ramón Navarro. Para este representante sindical, «la solución a un centro tan obsoleto pasa por reestructurarlo por completo, dotarlo del personal necesario y reducir el número de presos. Pero como el centro de Villena ya está también colapsado sería necesario construir otra prisión como Alicante II».

El portavoz de UGT asegura que «el trabajo en un centro anticuado, con falta de personal, masificado y con una nefasta política de personal, es un conglomerado muy complicado que se traduce en la situación de peleas y agresiones entre los propios presos y a los funcionarios». El malestar de los profesionales es tal que «el nivel de afiliación sindical es del 100%». Sin entrar a contestar las denuncias sindicales, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sí informó de que sólo son 8 los funcionarios de Fontcalent que han pedido el traslado a otros centros.

En Villena, el centro penitenciario Alicante II, abierto en julio de 2002, vive desde su primer año de vida un hacinamiento similar al de Fontcalent. Actualmente hay 1.285 internos -ha llegado a albergar a 1.350 personas-, cuando se construyó para un máximo de 723. «Prácticamente se dobla su capacidad, con una tasa de hacinamiento del 190%», detalla el delegado sindical de Acaip, Juanfran Martínez. Además del hacinamiento de los presos, el centro padece una carencia de funcionarios muy importante, «motivada entre otras cosas por la desbandada general que ha habido desde el principio, un problema cuya solución está en manos de la dirección, porque Villena queda muy lejos de Alicante y podría ser más flexible con los horarios», asegura Martínez. Siempre sin querer entrar en contestaciones, Interior explicó que la actual Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha facilitado que hubiera transporte para los funcionarios desde Alicante.

La falta de personal es especialmente problemática en las oficinas de la prisión. «Hemos demandado una política más flexible de horarios, puesto que la mayoría de los trabajadores tienen que venir desde Alicante -160 kilómetros, ida y vuelta-. En concreto, este año se ha producido la marcha del 70 por ciento de trabajadores de las oficinas, plazas que son cubiertas en el mejor de los casos con interinos o con jóvenes en prácticas», apunta el representante de Acaip, quien afirma que «casi se han doblado los presos, pero con funcionarios no se cubre ni la relación de puestos de trabajo». Actualmente, frente a los 1.285 reos sólo hay 421 funcionarios, por lo que una ratio aproximada reflejaría que cada trabajador hay nueve presos. A pesar de su reciente creación, el centro sufre notablemente el desgaste propio de la saturación en el uso de instalaciones e infraestructuras. Al contrario que Fontcalent, donde ha habido al menos cuatro fugas en los últimos años, este centro no ha sufrido ninguna escapada. Lo que sí se repite son «las agresiones a funcionarios por par te de los presos y los continuos intentos de los familiares de los presos de introducir en prisión pinchos, dinero y drogas que, gracias a la gran labor que realizan los vigilantes de Comunicaciones, son detectados».

REINSERCION

Frente a la falta de medios, las prisiones alicantinas cuentan con numerosos e interesantes programas que persiguen la reinserción de los presos. Según el Ministerio del Interior, en Villena actualmente estudian 468 internos (casi un 40% del total). Se realizan cursos formativos en colaboración con el INEM sobre fontanería, panadería, electricidad, cocina, pastelería, pintura y jardinería.

También se imparten talleres de igualdad entre hombre y mujer, lectura, música, baile, manualidades, relajación, autoestima o teatro, incluso se representan obras en institutos de la provincia. El Proyecto Hombre también trabaja en el centro y existen módulos terapéutico, de terapia asistida con animales y el más exitoso, el de educación y respeto. En este último participan unos 400 internos de tres módulos distintos.

En Fontcalent, al ser una prisión con internos preventivos, las actividades están más condicionadas. A pesar de ello hay programas sobre violencia de género, internos extranjeros, redacción de una revista cultural, imagen y sonido, aulas de informática y naturaleza. Por otro lado, unos 50 internos reciben formación profesional sobre panadería, alicatado y pintura.

EL DOBLE ESTIGMA DE LA DISCAPACIDAD MENTAL

SOL JIMÉNEZ.-

Si la reinserción de una persona en la sociedad después de pasar por la cárcel es complicada, enfrentarse al doble estigma de ser preso y discapacitado mental todavía crea mayores recelos y obstáculos. Para paliarlos nació en 1995 el Programa de Apoyo a la Reinserción de la Asociación Pro Deficientes Psíquicos de Alicante (APSA) que actualmente presta atención a 23 usuarios dentro del Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent.

La prevención a través de los Servicios Sociales o los centros educativos a la hora de detectar riesgos de conductas antisociales para establecer las medidas oportunas es clave, pero una vez que se ha cometido un delito comienza un trabajo «largo y difícil», explica el psicólogo coordinador de este programa, Juan Luis Quevedo. Difícil tanto a nivel terapéutico como burocrático, ya que al igual que en el régimen penitenciario general, los internos proceden de distintos puntos de España, aunque son mayoría los de la Comunidad Valenciana. «Actualmente las relaciones con Instituciones Penitenciarias son muy fluidas pero la tarea ha sido ardua», afirma Quevedo.

Durante su estancia en prisión un equipo multidisciplinar formado por psicólogo, trabajador social, dos monitores y un asesor jurídico realiza un tratamiento y seguimiento que incluye -según los casos- talleres ocupacionales fuera del recinto y salidas terapéuticas para fomentar las habilidades en la vida diaria. «Y tanto la experiencia como los estudios que manejamos indican que funciona », sostiene Quevedo, convencido y firme defensor de la rehabilitación y reinserción.

En lo que va de año ya han sido excarcelados seis internos y sus casos reflejan la realidad de quienes han pasado por una experiencia similar. Sólo uno de ellos ha vuelto a vivir con su hermano, el resto ha quedado bajo la tutela de las instituciones públicas viviendo en residencias. Por lo general se trata de personas que vienen de una familia desestructurada y con escasos recursos, señala el psicólogo, quien también destaca dentro del perfil habitual el diagnóstico de discapacidad mental leve frente a la severa -de los 45 usuarios contabilizados en 2006, sólo seis sufrían discapacidad límite, aunque también se dan las patologías asociadas a trastornos mentales y alteraciones de la conducta-. Esta circunstancia hace aun más evidente la necesidad de diagnóstico durante el proceso judicial «para que el enfermo pueda hacer valer su derecho a no ingresar en la cárcel» y, en este sentido, es esencial la obtención del Certificado Oficial de Minusvalía.

El delito más frecuente dentro de este colectivo es el robo, aunque también se registran delitos de sangre y sexuales, pero «hay que tener en cuenta bajo qué circunstancias se comete el delito porque muchas veces es bajo la influencia de otras personas y la peligrosidad no es tal», recalca Quevedo.

«Los servicios sociales no pueden dar la espalda a la realidad de estas personas», defiende el coordinador del programa, que tiene que luchar también contra la falta de recursos y de implicación. «Es cierto que nunca nadie se ha quedado en la calle una vez saldada su deuda con la sociedad porque existen medidas de urgencia, pero sí hacen falta más recursos», comenta este experto, que resalta la «solidaridad» de Apsa y la contribución de los programas del 0,5%, FEAPS, Caja Madrid, Bancaja, Roviralta y la Conselleria de Empleo.

UN HOSPITAL RECONVERTIDO EN CARCEL

La deficitaria situación de las cárceles alicantinas se convierte en «nefasta» e «insostenible», a juicio de los sindicatos, en el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent, donde más de 400 internos casi doblan la capacidad estimada de poco más de 250 ingresados. «Estamos en el tope histórico del centro», asegura Miguel Bernal, miembro de la Ejecutiva Nacional del sindicato Acaip. «El Psiquiátrico ha tocado fondo», añade el delegado de UGT, Francisco Ureña. «Vivimos una situación lamentable», apunta la representante de CC OO, Mercedes Gómez.

Creado en 1984 con la catalogación de Hospital Psiquiátrico Penitenciario, este centro es el más grande de España, y sólo existe otro, en Sevilla, con 100 plazas. Su función es ofrecer tratamiento a los internos declarados por un juez «no culpables», al existir eximentes de los hechos cometidos por su enfermedad mental. En un principio fue construido para atender sólo los casos de trastornos psiquiátricos, pero actualmente acoge también a personas con politoxicomanías y a minusválidos físicos.

El hacinamiento es tal que los sindicatos definen el Psiquiátrico como un «almacén de enfermos». «Los 35 ancianos, incapacitados o impedidos que están ingresados en la Enfermería, cuando como máximo debía haber 8 ó 10 internos, están en celdas de cinco o seis personas y son atendidos por un auxiliar de clínica, un celador y un funcionario de vigilancia compartido con otros dos o tres departamentos», expone como ejemplo Miguel Bernal.

El Psiquiátrico sufre una falta de personal médico «preocupante». Hace ya «cuatro o cinco años que los psiquiatras no pasan una consulta regular a los internos. En concreto sólo hay una psiquiatra titular, una contratada a tiempo completo y se realiza algún contrato por horas». Por ello, «hay enfermos que se pasan meses sin ser vistos por el especialista y la mayoría de veces son los cinco médicos generalistas los que tienen que hacer de psiquiatras cuando se producen brotes ». Las carencias son totales. «Con suerte hay un auxiliar de clínica por departamento, atendiendo a 120 ó 130 internos». En una situación normal «sólo hay un vigilante por área». Y la queja es, lógicamente, doble. «Tanto nuestra situación como trabajadores, como la de los internos, es tercermundista, no disponemos de medios, de infraestructuras, los funcionarios no pueden disfrutar de sus días de descanso porque falta gente», expone Bernal, quien asegura que «en Alicante sí que ha trascendido nuestra situación, pero no en el resto de España y yo creo que hay muchos jueces que no saben exactamente dónde mandan a estas personas para su curación». Francisco Ureña añade que «nuestra situación es caótica, el ambiente entre la dirección y los trabajadores está muy enrarecido, las medidas de seguridad son ínfimas, hay zonas sin salidas de emergencia, los internos salen cada vez menos porque sus salidas al exterior dependen de la voluntad de los trabajadores, cada vez más cansados de la situación. La comida «es deplorable y las instalaciones dan pena». La situación «ha tocado fondo», concluye.

La delegada de CC OO, Mercedes Gómez, apunta que «la falta de atención médica provoca desajustes y agresividad en los internos, faltan medios personales y materiales, y nadie se explica por qué no ha entrado en vigor aún la ley que transfiere las competencias sanitarias de las cárceles a las Comunidades Autónomas».

La solución, según coinciden todos los sindicatos consultados, está en el cambio de director. «Ha reconvertido el hospital psiquiátrico en una cárcel, dificulta el programa de salidas que se realiza por la voluntariedad de los trabajadores con numerosas trabas, es ineficaz para solucionar los problemas planteados, se ha enfrentado a los trabajadores», expresan al unísono los responsables sindicales, que añaden que «ante tal dirección nadie quiere trabajar aquí». Los sindicatos han demandado en repetidas ocasiones personal y medios. Ahora se plantean incluso movilizaciones de los familiares. «Queremos el cese del director, porque no exageramos nada con nuestras denuncias», repiten una y otra vez.

Ni desde la dirección del centro ni desde Instituciones Penitenciarias respondieron a estas críticas, tras la llamada del periódico.

50 NACIONALIDADES Y MULTIPLES LENGUAS

Mohamed, Abdel Karim, Abdulah, Alexéi, Valeri o Vasili, John, Peter, Giovanni o Giussepe, son nombres ya comunes en las prisiones alicantinas que, como toda la provincia, han vivido en los últimos años un importante crecimiento de inmigrantes. Polacos, búlgaros, rumanos, italianos, franceses, rusos, magrebíes... En concreto, en las cárceles alicantinas hay presos de más de 50 nacionalidades, muchos de ellos de habla extranjera y en estos centros se produce un hecho que curiosamente no es tan acelerado en la calle. «Es destacable como la mayoría de los extranjeros se adapta muy rápidamente y aprende nuestra lengua», expone un funcionario de Alicante II. Y cuando el reo no tiene aún los conocimientos necesarios, «entre ellos se ayudan. Uno de ellos, generalmente un preso de confianza, suele actuar como traductor», asegura el funcionario.

Oficialmente, sólo en Fontcalent existe un traductor de árabe, aunque también se realizan talleres de alfabetización para extranjeros. La prisión se convierte en una gran torre de babel, pero el interés de los internos y la ayuda entre ellos suaviza notablemente el problema.

DATOS DE LAS TRES PRISIONES ALICANTINAS (Fuente: Sindicatos)

PSIQUIATRICO PENITENCIARIO DE FONCALENT

- 400 internos
- 250 capacidad de internos
- 2 psiquiatras a tiempo completo y algún contrato parcial
- 5 médicos generalistas
- 12 enfermeros
- 34 pacientes incapacitados

CENTRO PENITENCIARIO ALICANTE II - VILLENA

- 1.285 presos actuales
- 723 capacidad de internos
- 400 funcionarios
- 2, 5 Y 6 son los módulos conflictivos
- 66 son mujeres
- Tiene una ratio de 1 funcionario por cada 10 presos
- 44 nacionalidades
- 468 internos están estudiando

CENTRO PENITENCIARIO DE FONTCALENT

- 950 presos actuales
- 424 capacidad de internos
- 300 funcionarios
- 2 y 4 son los módulos conflictivos
- 85 son mujeres
- Tiene una ratio de 1 funcionario por cada 10 presos
- 50 nacionalidades
- 50 internos al año reciben formación profesional sobre panadería, alicatado y pintura

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