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¿Qué hay detrás de lo de San José?: Razones de la persecución del Estado a las Comunidades de Paz en Colombia

Jueves.17 de marzo de 2005 2425 visitas - 1 comentario(s)
Correo Tortuga - Emilio Arranz - Concha Martín #TITRE

En este artículo, además de la información remitida por Emilio Arranz acerca de las causas que motivan el acoso a las Comunidades de Paz, incluímos a continuación más información enviada por Concha Martín, en torno a la brutal manipulación informativa de los medios colombianos sobre la catástrofe, actividades de la la Red Italiana de Solidaridad con las Comunidades de Paz, y las dificulatades judiciales que está encontrando en Dinamarca el vicepresidente de Colombia. (Nota de Tortuga)


Alfredo Molano Bravo.

Las declaraciones del gobierno a raíz de la masacre de San José de Apartadó no dejan duda: las Comunidades de Paz- hay una docena en el país- serán liquidadas a la fuerza, porque- agregan los gobernantes- no hay lugar en el país donde no pueda estar el Ejercito Nacional.

La frase es vieja, la utilizó el general Bedoya para entrar al Guayabero por aire, agua y tierra, y...volver a salir un año después con la cola entre las piernas. La utilizó también Álvaro Gómez Hurtado con el argumento de las Republicas Independientes, que en realidad eran comunidades campesinas compuestas de refugiados internos. Es paradójico que un Estado tan servil y arrodillado como el nuestro- y en particular el que preside hoy Uribe- apele al concepto de soberanía cuando aquí EEUU hace lo que quiere y cuando quiere.

La recuperación de la soberanía territorial tiene nombre propio. Es una estrategia dirigida contra las comunidades que se oponen a la guerra, o donde el capital no puede entrar a hacer y deshacer, como los resguardos, las comunidades negras ancestrales o las reservas campesinas. O dicho de otra manera, el ejercito va donde quiere no hay duda, pero lo guían las inversiones privadas. Quizás en el caso de San José haya otro elemento. Es una de las pocas comunidades en la región que no se ha rendido a los paramilitares y que ha prohibido en su territorio las armas y se niega a convertirse en escudo de las fuerzas armadas, cualquiera sea su naturaleza. Los paramilitares son la punta de lanza del ejercito y el ejercito la punta de lanza del capital. Sanear una zona equivale a sembrar el terror para que la gente desaloje y el capital puro o impuro entre a apropiarse de tierras, ganados, mejoras.

La cuestión va más allá. Detrás del desalojo hay un plan previsto: el cultivo a gran escala de palma africana. Las comunidades que después de san José están en la mira son las de los ríos Cacarica, Salaqui, Jiguamiandó y Cubaradó. En estas regiones hay un gran proyecto para sustituir los bosques naturales por plantaciones de palma, llamadas con razón desiertos verdes. El daño ambiental cultural y social es incalculable, pero las ganancias de las empresas palmeras serán enormes: los suelos, el clima son inmejorables y la gente aterrorizada por la acción de paramilitares, militares y guerrillas acepta cualquier salario. Y estas dos consideraciones son básicas para el futuro de la industria palmera en Colombia. Tiene que competir con Malasia, Indonesia, Nueva Guinea,, Tailandia, Nigeria, donde en general los salarios son más bajos que en Colombia. Más aun, el precio del aceite de palma tiende a bajar en el mercado mundial. En 1950 la tonelada se pagaba a 1800 dólares, hoy apenas a 300. Así, las ganancias dependen cada vez del bajo precio de la mano de obra.

Los palmeros tienen proyectada la siembra de 200.000 hectáreas solamente en el Choco, lo que implica inversiones gigantescas en el derribe del bosque, la siembra, las vías, las plantas extractoras y refinadoras. Muchos de estos gastos, es cierto, lo pagan las empresas con la comercialización de las maderas y otras muchas inversiones son cubiertas por el estado. El proyecto prepara un marco legal llamado Ley Forestal, que es en realidad una ley que le da todas las garantías a los inversores privados para entrar a saco contra bosques comunidades negras, indígenas y campesinas.

El gran proyecto necesita liquidar los obstáculos que se interpongan la libre juego del interés privado. Los paramilitares hacen su trabajo y los militares el propio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado el combo: “Desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de la palma aceitera en aproximadamente 1500 has de la zona del territorio colectivo de estas comunidades con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la brigada XVII del Ejercito y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas”. Resolución CIDH, 6 marzo de 2003.

Punto aparte.

Mas allá de la distinción entre narcos puros y narcos enrazados -propia de los ganaderos- que autoriza definir el narcotráfico como delito conexo con la “sedición”de los paracos, contra la cual se han levantado muchas voces, el Defensor del Pueblo ha hecho en el último debate observaciones juiciosas a los proyectos de alternatividad penal.

Entre otras cosas - dijo en el Congreso- que es indispensable definir a las victimas de manera amplia y de acuerdo a los parámetros internacionales para que la reparación pueda ser efectiva y real. Tal como está redactado el proyecto del gobierno únicamente reconoce victimas en primer grado de consanguinidad,- normalmente asesinados- y deja por fuera al resto de la familia que no solo tiene derecho a la reparación sino que es el depósito testimonial por excelencia para establecer la verdad. También insistió el Defensor en la necesidad de que las victimas y sus familiares tengan representación como parte civil para que la justicia sea cumplida. La reparación debe hacerse antes de que a los victimarios se les haya impuesto la pena alternativa, y no después como busca el gobierno. Si no hay reparación no habrá reconciliación; tampoco la habrá mientras no haya confesión de los victimarios.


Apreciados amigos y amigas. La masacre de San José de Apartadó se ha
convertido
más que en una gran pesadilla para sus miembros. Al dolor de la pérdida de
LUIS
EDUARDO GUERRA, uno de sus líderes más carismáticos, asesinado salvajemente
con su familia y otra familia del corregimiento de San Josè, se suma ahora
la
manipulación de la noticia que a través de los medios masivos de
comunicación
hace el gobierno nacional.

De acuerdo a la información que nos ha llegado,
las
ideas principales de esta manipulación son las siguientes:

- se hace entender que Luis Eduardo era miliciano de las FARC, que había
expresado su deseo de acogerse al programa de reinserción y que había
manifestado también su intención de no hacer ya parte de la Comunidad de
Paz.
Esta consideración insinúa, en la más suave de las interpretaciones, que la
Comunidad de Paz y las FARC tienen una estrecha relación, que Luis Eduardo
fue
asesinado por la guerrilla por desertor, o por la comunidad por quererse
salir
del proceso.

- Se dice que el ejército estaba a dos días de camino del lugar donde
ocurrió
la
masacre, cosa que según las denuncias de la Comunidad de Paz, no es real. De
hecho, anterior a la denuncia de la masacre, la Comunidad de Paz denunció
bombardeos indiscriminados y fuertes operaciones militares en la zona.

- La campaña de difamación contra la comunidad se ensaña ahora en la persona
de
dos figuras representativas Jesús Emilio que es miembro del Consejo Interno
y
en estas últimas dos semanas se ha encargado de mantener el contacto con
organizaciones nacionales e internacionales, y la hermana Clara, religiosa
colombiana que ha acompañado a la Comunidad desde el inicio mismo de este
proceso de resistencia civil noviolenta. Desacreditar ante la opinión
pública
nacional e internacional a la persona que en nombre de la Comunidad de Paz
está
comunicándose permanentemente con el país y el mundo, para denunciar y
convocar
solidaridad, y a una de las figuras moralmente más significativas dentro del
equipo de acompañantes nacionales de la Comunidad, es coherente con la
estrategia de contención que intenta esquivar la responsabilidad militar en
la
masacre, desplazando los reflectores del señalamiento hacia la comunidad
misma,
intentando debilitar su credibilidad y por tanto su poder de convocatoria.

- El gobierno nacional quiere militarizar las comunidades en resistencia
civil,
y públicamente, ha anunciado su intención de establecer un puesto de
policía
en el caserío de San José. La masacre quiere ser utilizada para militarizar
las
comunidades de paz, para romper su neutralidad, para obligarlas a estar de
la
parte del Estado. La decisión de militarizar las Comunidades de Paz, se
justifica también en la tesis gubernamental que desconoce la existencia de
un
conflicto armado en Colombia y la califica solo como una amenaza terrorista.
Por tanto, según el gobierno, no se justifica la neutralidad de la población
civil ya que no hay ningún conflicto frente al cual ser neutrales. Además el
gobierno reivindica el deber de la fuerza pública, de hacer presencia en
todo
el territorio nacional y el derecho de la población civil a ser protegida
por
el Estado.

- Se está estigmatizando y amenazando a personas y organizaciones que han
respaldado las denuncias hechas por la Comunidad de Paz con motivo de la
masacre. Ejemplo de esto, es el caso de la ex-alcaldesa de Apartadó Gloria
Cuartas, que hizo parte de la Comisión humanitaria que recientemente visitó
la
zona donde ocurrieron los hechos y que ahora recibe amenazas de muerte.

- Algunos artículos, muestran a la Comunidad como víctima de un supuesto
régimen
autoritario de sus líderes.


Como respuesta a la masacre, y ahora como urgente necesidad de reaccionar
para
que la Comunidad de Paz no sea militarizada y no siga siendo estigmatizada y
obligada a renunciar a su neutralidad, nos permitimos realizar algunas
propuestas que bien podrían contribuir a la elaboración de un "programa de
acción conjunto":

- Realizar el 21 marzo pequeñas manifestaciones delante de los consulados y
embajadas colombianas en Europa. Estas manifestaciones se realizarán para
demostrar que no nos hemos olvidado del hecho, para consignar una carta (que
bien podría ser un texto único de las organizaciones europeas) a la
representación diplomática colombiana en la cual se exija verdad y justicia
para los hechos de San José.

- Realizar creativamente actividades que legitimen nacional e
internacionalmente
a la Comunidad de Paz. Con el propósito de reforzar la legitimidad de la
resistencia noviolenta de San José, convendría también proponer premios
internacionales para la Comunidad y/o buscar el pronunciamiento público de
personalidades internacionalmente conocidas.en este momento querid@s amig@s,
debemos desafiar la imaginación.

- Gestionar con parlamentarios nacionales y europarlamentarios, la
realización
de interrogaciones parlamentarias sobre la naturaleza de las relaciones con
el
gobierno colombiano; promover la decisión de condicionar la cooperación que
en
materia militar y de justicia se ofrece al gobierno colombiano, a la defensa
de
los derechos humanos y a la aplicación satisfactoria de medidas que
respeten
la neutralidad de la población civil y que combatan las estructuras de
impunidad, que han impedido hacer justicia sobre los numerosos crímenes de
lesa
humanidad, que han sido cometidos y se siguen cometiendo en Colombia. Para
la
realización de esta actividad particular podríamos también redactar una
única
carta.

- Realizar lo antes posible una o varias visitas a la Comunidad de Paz. Dado
el
alto grado de dificultad para coordinar el desarrollo de visitas conjuntas,
procurar al menos una programación escalonada de las visitas que permita una
cierta "presencia internacional prolongada".

- A través de un documento único de las organizaciones europeas, proponemos,
solicitar a nuestras embajadas y en general a todo el cuerpo diplomático
acreditado en Colombia, que visiten la Comunidad de Paz y que pidan
formalmente al gobierno colombiano respetar la opción por la neutralidad de
la
población civil; cumplir con las medidas cautelares y provisionales
proferidas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan al Estado
concertar
con la Comunidad medidas efectivas de protección; proteger las
organizaciones
nacionales que apoyan la Comunidad y que están siendo amenazadas por su
labor
de denuncia pública, e investigar y condenar a los actores materiales e
intelectuales de la masacre. Debe ser un documento que contraste la campaña
que
el gobierno realiza para difundir "su verdad" sobre la masacre de San José,
entre los diplomáticos extranjeros que hacen presencia en Colombia

- Entendiendo la solidaridad también como una experiencia existencial,
nuestra
Red realizará una ceremonia religiosa en memoria de las víctimas de la
masacre.
Más allá de nuestras propias convicciones religiosas, es seguramente una
actividad destinada a expresar nuestra cercanía con los familiares de las
víctimas y la Comunidad misma, dado que en los integrantes de la Comunidad
de
Paz, son arraigados los valores religiosos. Esta ceremonia se realizará el
20 o
21 de marzo. Con el más profundo respeto por vuestras posiciones
religiosas,
nos atrevemos a proponer esta, como otra de las actividades que
conjuntamente
podríamos llevar a cabo, en el sentido de realizarla en diversos países al
cumplirse el primer mes de la masacre.

Esperamos recibir lo antes posible vuestra respuesta.
Un fuerte abrazo,

Rubén

RED ITALIANA DE SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADS DE PAZ DEL CHOCO Y URABA


DINAMARCA:

Se intenta impedir la salida de Francisco Santos de Dinamarca

El Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, se vió involucrado este
lunes en un nuevo escandalo durante su gira a Europa. Un grupo de ciudadanos
daneses lo denunciaron ante la policía de este país por ser uno de los
autores intelectuales del asesinato de un dirigente campesino. La denuncia
puede obstaculizar la salida de Santos de Dinamarca y ser un primer paso
para que se abra un proceso judicial en su contra.

En la foto: la diputada Line Barfod califica al gobierno colombiano como
"terrorista"

14.03.2005 [Egon Olsen, ANNCOL] El Vicepresidente de Colombia puede ser el
próximo dirigente suramericano que sigue los pasos del ex dictador chileno
Augusto Pinochet en ser detenido en Europa por crímenes atroces. El mismo
día que Francisco Santos llegó a la capital danesa de Copenhague, la
Estación de Policía No. 1 de esta ciudad aceptó la entrega de una denuncia
por homicidio, tortura y secuestro en su contra.

"A Santos lo queremos bajo arresto, y solicitamos que se abra un proceso
judicial y que se que investigue su papel en el asesinato del dirigente
sindical araucano Pedro Mosquera, y los otros 93 dirigentes sindicales que
fueron asesinados por los paramilitares del Estado Colombiano en el año
pasado", dijo a la prensa local el conocido autor Patrick Mac Manus.

El caso del secuestro y posterior asesinato del vicepresidente de la
Asociación Campesina de Arauca, Pedro Mosquera, por parte de paramilitares
colombianos, es bien conocido en Dinamarca debido a que Mosquera participó
en varios foros durante una cumbre de la Unión Europea en Copenhague en
diciembre del 2002.

Patrick Mac Manus calificó a Francisco Santos como "un representante de un
Estado fracasado y terrorista", y lamentó la posibilidad de que autoridades
danesas lo pudieran recibir en una forma oficial.

No sólo el grupo de denunciantes está questionando la legitimidad del
gobierno del Presidente Álvaro Uribe. Según la dirigente de izquierda en el
parlamento de Dinamarca, Line Barfod, el actual gobierno de Colombia es "un
gobierno terrorista" y a Colombia se puede calificar como "una dictadura" de
hecho.

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