Administración Enlaces Contacto Sobre Tortuga

¿Qué hay detrás de lo de San José?: Razones de la persecución del Estado a las Comunidades de Paz en Colombia

Jueves.17 de marzo de 2005 2376 visitas - 1 comentario(s)
Correo Tortuga - Emilio Arranz - Concha Martín #TITRE

En este artículo, además de la información remitida por Emilio Arranz acerca de las causas que motivan el acoso a las Comunidades de Paz, incluímos a continuación más información enviada por Concha Martín, en torno a la brutal manipulación informativa de los medios colombianos sobre la catástrofe, actividades de la la Red Italiana de Solidaridad con las Comunidades de Paz, y las dificulatades judiciales que está encontrando en Dinamarca el vicepresidente de Colombia. (Nota de Tortuga)


Alfredo Molano Bravo.

Las declaraciones del gobierno a raíz de la masacre de San José de Apartadó no dejan duda: las Comunidades de Paz- hay una docena en el país- serán liquidadas a la fuerza, porque- agregan los gobernantes- no hay lugar en el país donde no pueda estar el Ejercito Nacional.

La frase es vieja, la utilizó el general Bedoya para entrar al Guayabero por aire, agua y tierra, y...volver a salir un año después con la cola entre las piernas. La utilizó también Álvaro Gómez Hurtado con el argumento de las Republicas Independientes, que en realidad eran comunidades campesinas compuestas de refugiados internos. Es paradójico que un Estado tan servil y arrodillado como el nuestro- y en particular el que preside hoy Uribe- apele al concepto de soberanía cuando aquí EEUU hace lo que quiere y cuando quiere.

La recuperación de la soberanía territorial tiene nombre propio. Es una estrategia dirigida contra las comunidades que se oponen a la guerra, o donde el capital no puede entrar a hacer y deshacer, como los resguardos, las comunidades negras ancestrales o las reservas campesinas. O dicho de otra manera, el ejercito va donde quiere no hay duda, pero lo guían las inversiones privadas. Quizás en el caso de San José haya otro elemento. Es una de las pocas comunidades en la región que no se ha rendido a los paramilitares y que ha prohibido en su territorio las armas y se niega a convertirse en escudo de las fuerzas armadas, cualquiera sea su naturaleza. Los paramilitares son la punta de lanza del ejercito y el ejercito la punta de lanza del capital. Sanear una zona equivale a sembrar el terror para que la gente desaloje y el capital puro o impuro entre a apropiarse de tierras, ganados, mejoras.

La cuestión va más allá. Detrás del desalojo hay un plan previsto: el cultivo a gran escala de palma africana. Las comunidades que después de san José están en la mira son las de los ríos Cacarica, Salaqui, Jiguamiandó y Cubaradó. En estas regiones hay un gran proyecto para sustituir los bosques naturales por plantaciones de palma, llamadas con razón desiertos verdes. El daño ambiental cultural y social es incalculable, pero las ganancias de las empresas palmeras serán enormes: los suelos, el clima son inmejorables y la gente aterrorizada por la acción de paramilitares, militares y guerrillas acepta cualquier salario. Y estas dos consideraciones son básicas para el futuro de la industria palmera en Colombia. Tiene que competir con Malasia, Indonesia, Nueva Guinea,, Tailandia, Nigeria, donde en general los salarios son más bajos que en Colombia. Más aun, el precio del aceite de palma tiende a bajar en el mercado mundial. En 1950 la tonelada se pagaba a 1800 dólares, hoy apenas a 300. Así, las ganancias dependen cada vez del bajo precio de la mano de obra.

Los palmeros tienen proyectada la siembra de 200.000 hectáreas solamente en el Choco, lo que implica inversiones gigantescas en el derribe del bosque, la siembra, las vías, las plantas extractoras y refinadoras. Muchos de estos gastos, es cierto, lo pagan las empresas con la comercialización de las maderas y otras muchas inversiones son cubiertas por el estado. El proyecto prepara un marco legal llamado Ley Forestal, que es en realidad una ley que le da todas las garantías a los inversores privados para entrar a saco contra bosques comunidades negras, indígenas y campesinas.

El gran proyecto necesita liquidar los obstáculos que se interpongan la libre juego del interés privado. Los paramilitares hacen su trabajo y los militares el propio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado el combo: “Desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de la palma aceitera en aproximadamente 1500 has de la zona del territorio colectivo de estas comunidades con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la brigada XVII del Ejercito y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas”. Resolución CIDH, 6 marzo de 2003.

Punto aparte.

Mas allá de la distinción entre narcos puros y narcos enrazados -propia de los ganaderos- que autoriza definir el narcotráfico como delito conexo con la “sedición”de los paracos, contra la cual se han levantado muchas voces, el Defensor del Pueblo ha hecho en el último debate observaciones juiciosas a los proyectos de alternatividad penal.

Entre otras cosas - dijo en el Congreso- que es indispensable definir a las victimas de manera amplia y de acuerdo a los parámetros internacionales para que la reparación pueda ser efectiva y real. Tal como está redactado el proyecto del gobierno únicamente reconoce victimas en primer grado de consanguinidad,- normalmente asesinados- y deja por fuera al resto de la familia que no solo tiene derecho a la reparación sino que es el depósito testimonial por excelencia para establecer la verdad. También insistió el Defensor en la necesidad de que las victimas y sus familiares tengan representación como parte civil para que la justicia sea cumplida. La reparación debe hacerse antes de que a los victimarios se les haya impuesto la pena alternativa, y no después como busca el gobierno. Si no hay reparación no habrá reconciliación; tampoco la habrá mientras no haya confesión de los victimarios.


Apreciados amigos y amigas. La masacre de San José de Apartadó se ha convertido más que en una gran pesadilla para sus miembros. Al dolor de la pérdida de LUIS EDUARDO GUERRA, uno de sus líderes más carismáticos, asesinado salvajemente con su familia y otra familia del corregimiento de San Josè, se suma ahora la manipulación de la noticia que a través de los medios masivos de comunicación hace el gobierno nacional.

De acuerdo a la información que nos ha llegado, las ideas principales de esta manipulación son las siguientes:

- se hace entender que Luis Eduardo era miliciano de las FARC, que había expresado su deseo de acogerse al programa de reinserción y que había manifestado también su intención de no hacer ya parte de la Comunidad de Paz. Esta consideración insinúa, en la más suave de las interpretaciones, que la Comunidad de Paz y las FARC tienen una estrecha relación, que Luis Eduardo fue asesinado por la guerrilla por desertor, o por la comunidad por quererse salir del proceso.

- Se dice que el ejército estaba a dos días de camino del lugar donde ocurrió la masacre, cosa que según las denuncias de la Comunidad de Paz, no es real. De hecho, anterior a la denuncia de la masacre, la Comunidad de Paz denunció bombardeos indiscriminados y fuertes operaciones militares en la zona.

- La campaña de difamación contra la comunidad se ensaña ahora en la persona de dos figuras representativas Jesús Emilio que es miembro del Consejo Interno y en estas últimas dos semanas se ha encargado de mantener el contacto con organizaciones nacionales e internacionales, y la hermana Clara, religiosa colombiana que ha acompañado a la Comunidad desde el inicio mismo de este proceso de resistencia civil noviolenta. Desacreditar ante la opinión pública nacional e internacional a la persona que en nombre de la Comunidad de Paz está comunicándose permanentemente con el país y el mundo, para denunciar y convocar solidaridad, y a una de las figuras moralmente más significativas dentro del equipo de acompañantes nacionales de la Comunidad, es coherente con la estrategia de contención que intenta esquivar la responsabilidad militar en la masacre, desplazando los reflectores del señalamiento hacia la comunidad misma, intentando debilitar su credibilidad y por tanto su poder de convocatoria.

- El gobierno nacional quiere militarizar las comunidades en resistencia civil, y públicamente, ha anunciado su intención de establecer un puesto de policía en el caserío de San José. La masacre quiere ser utilizada para militarizar las comunidades de paz, para romper su neutralidad, para obligarlas a estar de la parte del Estado. La decisión de militarizar las Comunidades de Paz, se justifica también en la tesis gubernamental que desconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia y la califica solo como una amenaza terrorista. Por tanto, según el gobierno, no se justifica la neutralidad de la población civil ya que no hay ningún conflicto frente al cual ser neutrales. Además el gobierno reivindica el deber de la fuerza pública, de hacer presencia en todo el territorio nacional y el derecho de la población civil a ser protegida por el Estado.

- Se está estigmatizando y amenazando a personas y organizaciones que han respaldado las denuncias hechas por la Comunidad de Paz con motivo de la masacre. Ejemplo de esto, es el caso de la ex-alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas, que hizo parte de la Comisión humanitaria que recientemente visitó la zona donde ocurrieron los hechos y que ahora recibe amenazas de muerte.

- Algunos artículos, muestran a la Comunidad como víctima de un supuesto régimen autoritario de sus líderes.


Como respuesta a la masacre, y ahora como urgente necesidad de reaccionar para que la Comunidad de Paz no sea militarizada y no siga siendo estigmatizada y obligada a renunciar a su neutralidad, nos permitimos realizar algunas propuestas que bien podrían contribuir a la elaboración de un "programa de acción conjunto":

- Realizar el 21 marzo pequeñas manifestaciones delante de los consulados y embajadas colombianas en Europa. Estas manifestaciones se realizarán para demostrar que no nos hemos olvidado del hecho, para consignar una carta (que bien podría ser un texto único de las organizaciones europeas) a la representación diplomática colombiana en la cual se exija verdad y justicia para los hechos de San José.

- Realizar creativamente actividades que legitimen nacional e internacionalmente a la Comunidad de Paz. Con el propósito de reforzar la legitimidad de la resistencia noviolenta de San José, convendría también proponer premios internacionales para la Comunidad y/o buscar el pronunciamiento público de personalidades internacionalmente conocidas.en este momento querid@s amig@s, debemos desafiar la imaginación.

- Gestionar con parlamentarios nacionales y europarlamentarios, la realización de interrogaciones parlamentarias sobre la naturaleza de las relaciones con el gobierno colombiano; promover la decisión de condicionar la cooperación que en materia militar y de justicia se ofrece al gobierno colombiano, a la defensa de los derechos humanos y a la aplicación satisfactoria de medidas que respeten la neutralidad de la población civil y que combatan las estructuras de impunidad, que han impedido hacer justicia sobre los numerosos crímenes de lesa humanidad, que han sido cometidos y se siguen cometiendo en Colombia. Para la realización de esta actividad particular podríamos también redactar una única carta.

- Realizar lo antes posible una o varias visitas a la Comunidad de Paz. Dado el alto grado de dificultad para coordinar el desarrollo de visitas conjuntas, procurar al menos una programación escalonada de las visitas que permita una cierta "presencia internacional prolongada".

- A través de un documento único de las organizaciones europeas, proponemos, solicitar a nuestras embajadas y en general a todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, que visiten la Comunidad de Paz y que pidan formalmente al gobierno colombiano respetar la opción por la neutralidad de la población civil; cumplir con las medidas cautelares y provisionales proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan al Estado concertar con la Comunidad medidas efectivas de protección; proteger las organizaciones nacionales que apoyan la Comunidad y que están siendo amenazadas por su labor de denuncia pública, e investigar y condenar a los actores materiales e intelectuales de la masacre. Debe ser un documento que contraste la campaña que el gobierno realiza para difundir "su verdad" sobre la masacre de San José, entre los diplomáticos extranjeros que hacen presencia en Colombia

- Entendiendo la solidaridad también como una experiencia existencial, nuestra Red realizará una ceremonia religiosa en memoria de las víctimas de la masacre. Más allá de nuestras propias convicciones religiosas, es seguramente una actividad destinada a expresar nuestra cercanía con los familiares de las víctimas y la Comunidad misma, dado que en los integrantes de la Comunidad de Paz, son arraigados los valores religiosos. Esta ceremonia se realizará el 20 o 21 de marzo. Con el más profundo respeto por vuestras posiciones religiosas, nos atrevemos a proponer esta, como otra de las actividades que conjuntamente podríamos llevar a cabo, en el sentido de realizarla en diversos países al cumplirse el primer mes de la masacre.

Esperamos recibir lo antes posible vuestra respuesta. Un fuerte abrazo,

Rubén

RED ITALIANA DE SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADS DE PAZ DEL CHOCO Y URABA


DINAMARCA:

Se intenta impedir la salida de Francisco Santos de Dinamarca

El Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, se vió involucrado este lunes en un nuevo escandalo durante su gira a Europa. Un grupo de ciudadanos daneses lo denunciaron ante la policía de este país por ser uno de los autores intelectuales del asesinato de un dirigente campesino. La denuncia puede obstaculizar la salida de Santos de Dinamarca y ser un primer paso para que se abra un proceso judicial en su contra.

En la foto: la diputada Line Barfod califica al gobierno colombiano como "terrorista"

14.03.2005 [Egon Olsen, ANNCOL] El Vicepresidente de Colombia puede ser el próximo dirigente suramericano que sigue los pasos del ex dictador chileno Augusto Pinochet en ser detenido en Europa por crímenes atroces. El mismo día que Francisco Santos llegó a la capital danesa de Copenhague, la Estación de Policía No. 1 de esta ciudad aceptó la entrega de una denuncia por homicidio, tortura y secuestro en su contra.

"A Santos lo queremos bajo arresto, y solicitamos que se abra un proceso judicial y que se que investigue su papel en el asesinato del dirigente sindical araucano Pedro Mosquera, y los otros 93 dirigentes sindicales que fueron asesinados por los paramilitares del Estado Colombiano en el año pasado", dijo a la prensa local el conocido autor Patrick Mac Manus.

El caso del secuestro y posterior asesinato del vicepresidente de la Asociación Campesina de Arauca, Pedro Mosquera, por parte de paramilitares colombianos, es bien conocido en Dinamarca debido a que Mosquera participó en varios foros durante una cumbre de la Unión Europea en Copenhague en diciembre del 2002.

Patrick Mac Manus calificó a Francisco Santos como "un representante de un Estado fracasado y terrorista", y lamentó la posibilidad de que autoridades danesas lo pudieran recibir en una forma oficial.

No sólo el grupo de denunciantes está questionando la legitimidad del gobierno del Presidente Álvaro Uribe. Según la dirigente de izquierda en el parlamento de Dinamarca, Line Barfod, el actual gobierno de Colombia es "un gobierno terrorista" y a Colombia se puede calificar como "una dictadura" de hecho.

Nota: los comentarios podrán ser eliminados según nuestros criterios de moderación.