Prórroga a Garoña: el Consejo de Seguridad Nuclear, obediente

Reparen en la paradoja. El gobierno se ampara en que los "científicos" del CSN avalan la continuidad del cacharro atómico de Garoña. Pero sabemos bien que dicho consejo no es más que un recurso del gobierno y de la industria eléctrica nuclear para hacer creer a la población que las nucleares del estado son seguras y para minimizar y ocultar cualquier problema que en ellas surge. Pocas personas tienen dudas sobre el grado de obediencia de los integrantes de esta institución al propio gobierno y a los intereses económicos mafiosos del mundo de la nuclear. Nota de Tortuga.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acaba de hacer público el informe solicitado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), para alargar la vida operativa de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) más allá de 2013, fecha de vigencia del actual permiso de explotación, hasta 2019. Para Ecologistas en Acción, como era de esperar, en un organismo dirigido por cinco consejeros pro-nucleares (dos designados por el PP, dos por el PSOE y uno por CiU), la petición nunca ha pasado de ser una mera formalidad. Para la organización ecologistas es claro que este organismo responde a los intereses de Nuclenor (Sociedad formada por Iberdrola, Endesa e Hidrocantábrico), en detrimento de la seguridad de la sociedad española.

Al conceder una nueva autorización de explotación, además de los nuevos requisitos - derivados de las pruebas de estrés – los titulares de la central deberán cumplir con los ya aprobados en el informe de 2009. Entre estos figuran un nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva, modificaciones sobre el aislamiento de la contención, independencia de sistemas eléctricos, y modificaciones en los sistemas contra incendios.

En cuanto al aislamiento de contención, las modificaciones requeridas son anteriores al accidente de Fukushima, cuyo reactor número 1 era gemelo al de Garoña. Por lo tanto tendrían que haber sido revisadas, pues quedó demostrada la endeblez del edificio ante una explosión de hidrógeno, en las imágenes de lo que queda de la contención de Fukushima I.

En cuanto al cableado, es una exigencia que se ha cumplido en muchas de las centrales de este tipo que quedan en el mundo occidental. Tras el accidente de Vandellós I, quedó comprobado que los circuitos de señal y de potencia deben transitar de forma independiente, pues una explosión en un lugar común a ambos puede dejar el reactor fuera de control, como ocurrió en la central tarraconense. Desde 1989 no se han tomado las medidas necesarias, y ambos cables van paralelos en la central de Garoña. En teoría, según el anterior informe, de 2009, debe estar solucionado antes de 2013.

En ninguno de los recientes informes del CSN se habla de la corrosión de las penetraciones de las barras de control – elemento fundamental para la seguridad – ni del archireparado barrilete, estructura de acero que rodea al combustible dentro de la vasija del reactor, que sufre agrietamiento múltiple solucionado con soldaduras. En centrales similares ha sido sustituido por uno nuevo. Por otro lado, las vibraciones ocasionadas por todas estas deficiencias provocan fisuras en las varillas de combustible, desde unos meses antes de la recarga, hasta que se produce ésta, que provocan un aumento considerable de la tasa de radiactividad del circuito primario.

Para Ecologistas en Acción, es una irresponsabilidad mantener abierta una central vieja, construida antes de las enseñanzas de los principales accidentes nucleares – comenzó a funcionar en 1971, mucho antes de los sucesos de Chernobil y Harrisbourg – y aquejada de problemas mal solucionados.

Con esta nueva prórroga queda demostrada además la connivencia con la central del anterior Gobierno, que anunció a bombo y platillo que la central estaría obligada a tomar las medidas necesarias para hacer irreversible su cierre en 2013. Nunca existieron tales medidas, puesto que la central solo se puede manipular en los periodos de recarga, que en el caso de Garoña suceden cada dos años. El anterior Gobierno es tan responsable como este de lo que pueda suceder en el futuro.

Ecologistas en Acción.

El PP decreta que Garoña podrá funcionar durante cinco años más

El ministro español de Industria, José Manuel Soria, anunció ayer que Garoña podrá permanecer abierta durante los próximos cinco años, y no descartó que la planta permanezca operativa hasta el año 2019.

Gara

Estas palabras son la respuesta de Madrid al dictamen publicado anteayer por el Consejo de Seguridad Nuclear, que amparaba la continuidad.

Ion SALGADO | GASTEIZ

El Gobierno del PP ha cumplido su amenaza: Garoña podrá permanecer abierta durante al menos un lustro más. El dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hecho público este vierne, ha sido acogido bien y de modo fulminante entre las filas del PP, que ya abre la puerta a la continuidad de la planta burgalesa hasta el año 2019, seis años más de lo previsto por el anterior Ejecutivo del PSOE.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, fue el encargado de anunciar ayer la polémica decisión del Gabinete derechista, que justifica la continuidad de la central nuclear en el dictamen emitido por el CSN. Un texto donde no se reflejan «impedimentos» para prorrogar la vida útil de la planta energética.

Llama la atención que la noticia, emitida por un ministro del Gobierno español, no se hiciera pública tras un Consejo de Ministros ni fuera anunciada en una comparecencia institucional. Soria realizó esta declaración de intenciones durante su intervención en el Congreso del PP, ante sus correligionarios.

Con satisfacción, el ministro, en calidad de afiliado, celebró el último dictamen del CSN. «España no puede permitirse renunciar a ningún tipo de fuentes energética», destacó. Un argumento reiterado en diferentes ocasiones por el propio Soria y por otros miembros del Gobierno de Madrid, que defienden la energía nuclear como una pieza angular en el mix energético.

Tal como confirmó ante los presentes, durante los próximos días su ministerio activará los informes internos necesarios para poder prorrogar la vida útil de Garoña hasta el 2019. Los citados informes, de los que no se han facilitado más detalles, se redactarán en base al dictamen del CSN para «poder prever que la apertura sea hasta 2019».
Sin embargo, como el propio CSN recordó el viernes, el dictamen, emitido en respuesta a una solicitud del Ejecutivo español, no excluye y es independiente del informe que deberá realizarse si Nuclenor -empresa propietaria de Garoña- presenta una petición para renovar la licencia de explotación.

Seguridad cuestionada

Las palabras de José Manuel Soria sonaron irónicas cuando defendió el modelo energético sobre el que se sustenta Estado español. En su opinión, destaca por ser «seguro, equilibrado y eficiente», tres adjetivos que chocan con las últimas noticias vinculadas a Garoña.
La «seguridad» defendida por el ministro español quedó en entredicho hace apenas unas semanas, cuando General Electric, la empresa que diseñó el reactor de la planta burgalesa, evidenció la existencia de un error en el diseño del reactor nuclear: un falló en las barras de fricción que podría general un accidente si la zona norte de Burgos sufriera un movimiento sísmico ordinario.

A estos errores se les deben sumar los evidenciados por el propio CSN durante las pruebas de resistencia, cuando se descubrieron graves deficiencias en el sistema eléctrico de la central. Sin embargo, los miembros del Pleno del Consejo parecen haberlos obviado, ya que, tal como recogen en el dictamen, «no existe ningún impedimento, bajo el punto de vista de la seguridad nuclear, y de la protección radiológica» para que se modifique el decreto anterior del Gobierno Zapatero. Un texto, aprobado en el año 2009, que fijaba el cierre de la planta burgalesa para el 6 de julio de 2013.

Remarcan que la decisión pone en riesgo vidas humanas
Las respuestas a la decisión de Soria no se hicieron esperar. En Euskal Herria el primer comunicado llegó desde las filas jeltzales. En palabras del portavoz del PNV en las Juntas Generales de Araba, Ramiro González, la posible continuidad de Garoña responde a una decisión «desde todo punto de vista equivocada, que pone en riesgo la salud y la vida de los alaveses». «Solo responde a planteamientos economicistas», añadió.

En la misma línea se pronunció Ecologistas en Acción. En un comunicado, la agrupación criticó al CSN por emitir un dictamen que «responde a los intereses de Nuclenor, en detrimento de la seguridad». Para Ecologistas en Acción, la decisión del Consejo y el pronunciamiento de Madrid eran de esperar, ya que el CSN es un organismo dirigido por cinco consejeros «pronucleares» -dos nombrados por el PP, dos por el PSOE y uno por CiU-. «La petición nunca ha pasado de ser una mera formalidad», lamentó. Asimismo, la agrupación ecologista denunció la connivencia del PSOE con el PP en la prorroga de la central, ya que el Gobierno de Zapatero tampoco cerró Garoña. I.S.