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Nueva puerta giratoria para el exdirector de la Guardia Civil: Ficha por una empresa armamentística

Domingo.22 de octubre de 2017 246 visitas Sin comentarios
En menos de un año Arsenio Fernández de Mesa ha logrado cuatro empleos, este último para trabajar en la parte privada del mismo sector del que proviene como alto cargo: la defensa. #TITRE

Por Violeta Muñoz

Según el listado de autorizaciones a ex altos cargos del Portal de la Transparencia del Ejecutivo, el exdirector de la Guardia Civil con el exministro Jorge Fernández Díaz, Arsenio Fernández de Mesa, obtuvo el pasado el pasado 25 de mayo la aprobación para trabajar en una cuarta empresa antes de que se cumplan los dos años desde su cese.

La pasada primavera fue muy prolífica laboralmente para De Mesa: en marzo se conoció que el ex alto cargo, que salió de su puesto público en noviembre de 2016, fue autorizado a trabajar como consejero de Red Eléctrica, pero también en Preventia Neuro-Technology y Absylum Integral Services, compañías del sector salud y de carburantes respectivamente.

Y en verano continuó la racha: una autorización firmada el 25 de mayo autorizaba al ex director de la Guardia Civil a trabajar en Oto Melara Ibérica, una empresa del sector defensa, precisamente la parcela en la que Fernández De Mesa ocupaba un cargo público.

OTO Melara Ibérica es una empresa filial de la sociedad italiana Finmeccanica Defence Systems Division creada en 2003. Con sede en Valencia, “OTO Melara Ibérica ha logrado afianzarse en el mercado como una empresa solida en el sector de la Defensa”, según se lee en la web de la compañía. Se especializa en la fabricación de tanques y accesorios de armamento terrestre, sistemas armados de control remoto o torres navales.

“A lo largo de su historia, OTO Melara Ibérica ha logrado afianzarse en el mercado como una empresa solida en el sector de la Defensa. Para ello cuenta con un equipo de profesionales joven y altamente preparado, con experiencia constrastada en diversos sectores”

Y ahora, además, su plantilla cuenta con un ex director de la Guardia Civil. Este empleo, el cuarto logrado por Fernández de Mesa en menos de un año (salió de la Guardia Civil el noviembre pasado), choca directamente con la función de control de los altos cargos salientes.

La ley establece que “durante un periodo de dos años tras el cese, los altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses”; es decir, para evitar las llamadas ’puertas giratorias’ y evitar que estos ex dirigentes de nombramiento político saquen rédito de su poder público, muy codiciado en las empresas del sector privado por su capacidad de influencia ante las las puertas más poderosas de cada sector.

En este sentido, el cuarto empleo de Fernández de Mesa, directamente relacionado con el campo del que provenía como cargo público, pone de relevancia que esta ‘cuarentena’ de dos años es sumamente ’flexible’ según el Gobierno, que es el encargado de otorgar los permisos para usar ‘la puerta giratoria’ antes de tiempo.

Fernández de Mesa accedió al funcionariado mediante un puesto de administrativo del Grupo D, con funciones de auxiliar de jardinería y del que estuvo de excedencia durante años. Comenzó su carrera ocupando varios cargos adscritos a Alianza Popular y al Partido Popular en su localidad natal, Ferrol, y en la provincia de La Coruña, hasta ser nombrado delegado del Gobierno en Galicia en el año 2000.

Desde ese puesto fue el encargado de lidiar con la catástrofe del Prestige y con las clamorosas críticas por la acción del Gobierno en aquel desastre medioambiental. "Probablemente el fuel no toque la costa gallega", llegó a defender cuando el petrolero encalló frente a la Costa da Morte en 2002.

Vivió otro de los grandes episodios oscuros de su carrera al mando de la benemérita: 15 inmigrantes murieron en 2014 entre pelotas de goma y botes de humo lanzadas por agentes de la Guardia Civil mientras trataban de alcanzar a nado suelo ceutí. El caso llegó a los tribunales, hubo 16 guardias civiles imputados, y finalmente se archivó la polémica causa.

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