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Los grupos criminales son más rápidos que el estado en Colombia

Miércoles.10 de mayo de 2017 84 visitas Sin comentarios
El acuerdo de paz entre Colombia y la guerrilla de las FARC ha dejado un vacío de poder del que intentan aprovecharse otros grupos armados. #TITRE

theguardian

Las autoridades y la población local viven un momento de incertidumbre: “Todo el mundo está nervioso”, asegura un líder local.

Sibylla Brodzinsky - Argelia (Colombia)

La guerrilla de las FARC ha ocupado el territorio en torno al municipio de Argelia el tiempo suficiente como para ganarse el apoyo de algunos residentes y el odio de otros.

Como parte del acuerdo de paz y ante la mirada de la población local, un contingente de 140 rebeldes salió del pueblo en fila en su camino a los campamentos de desmovilización. Había sentimientos encontrados: algunos se despidieron, otros suspiraron de alivio.

Pero desde que los rebeldes abandonaron la zona a finales de enero, los defensores y los críticos de los guerrilleros comparten los mismos miedos. Los vecinos, la policía y el ejército están en máxima alerta dado que otros grupos criminales están intentando llenar el vacío de poder dejado por las FARC. Los robos, asesinatos y delitos menores están aumentando y ciudadanos anónimos parecen estar intentando crear grupos privados de vigilancia.

“Todavía nadie ha tomado el control de la zona, pero hay muchos rumores”, cuenta Manzur Silva, un líder de la comunidad en El Encanto, un pueblo cercano, y portavoz de los agricultores locales que cultivan coca, materia prima para la cocaína. “Todo el mundo está nervioso”, explica.

Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han luchado contra el Estado colombiano durante más de medio siglo hasta llegar a un histórico acuerdo con el Gobierno. El acuerdo de paz ha puesto fin a un conflicto que ha dejado más de 230.000 muertos y millones de desplazados.

Pero en un país cuya historia violenta consiste en ciclos de conflicto recurrentes, quizá sea inevitable que el final de una guerra contenga las semillas de la siguiente.

En toda Colombia, nuevos grupos armados y algunos ya establecidos hace tiempo están ocupando mediante la violencia las regiones abandonadas por las FARC. Pretenden hacerse con el control del comercio de cocaína, de minas de oro clandestinas y otros proyectos criminales que en el pasado financiaban a los rebeldes.

El ejército había prometido enviar 65.000 de sus soldados para ocupar y asegurar estas regiones. Además, el presidente Santos anunció el mes pasado que desplegaría 960 nuevos agentes de policía en las zonas rurales. Pero los grupos criminales han sido más rápidos.

Los combates entre una pequeña facción rebelde del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la rama militar de un grupo criminal conocido como Los Urabeños ha provocado el desplazamiento forzoso de 1.000 personas desde comienzos del año en la región occidental de Chocó. El 25 de marzo, cinco miembros de la comunidad en un pueblo fueron asesinados a tiros, aunque no está claro qué bando fue el responsable.

Incluso antes de que las FARC comenzasen su retirada, decenas de activistas sociales y líderes políticos de izquierdas fueron asesinados en todo el país, y cientos fueron amenazados. En la región de Argelia, un miembro de la asociación de agricultores locales fue asesinado a tiros el día de Navidad.

El negocio de la coca aumenta

El pueblo y sus alrededores son una tentadora oportunidad para los criminales. Durante años, el negocio de la coca ha progresado en el valle del río Micay, que nace en lo alto de las montañas de Argelia y atraviesa las colinas cubiertas de campos de plantas de coca verdes y brillantes.

El río pasa por rústicas cocinas donde las hojas de coca se convierten en pasta y continúa hacia los laboratorios de cocaína donde la pasta se convierte en el polvo blanco que se envía al mercado en barcos a través del Océano Pacífico.

Las plantaciones de coca en este valle prácticamente se doblaron entre 2013 y 2014, desde unas 3.300 hectáreas a más de 6.300, de acuerdo con el ejército. Actualmente, los agricultores calculan que podría haber hasta 10.000 hectáreas de coca plantadas en la zona.

La cosecha se recoge cada dos meses, lo que significa que la región produce 70 toneladas al año, un poco menos de la décima parte de la producción anual de cocaína de Colombia.

Bajo el acuerdo de paz firmado en noviembre, las FARC y el Gobierno han acordado promover programas de sustitución de cultivos a través de pactos de erradicación voluntaria: los agricultores arrancan sus plantas de coca a cambio de subsidios, títulos de propiedad de tierras y asistencia técnica para cultivar otra cosa. Desde enero, más de 55.000 familias en todo el país se han inscrito a esta iniciativa.
EE.UU. reporta que Colombia tiene sembradas 188.000 hectáreas de coca, cifra récord

Pero los agricultores en Argelia tienen sus dudas. “Nos gustaría cultivar otras cosas, pero ninguna otra planta es tan rentable como la coca”, señala Alice Rodríguez, una agricultora de planta de coca de 31 años, durante un taller en una escuela sobre el acuerdo de paz. “¿Cómo podemos saber que el Gobierno cumplirá sus promesas?”, se pregunta.

Los agricultores de coca están muy organizados y los líderes piden resistencia contra la erradicación y los nuevos grupos criminales. Hasta hace seis u ocho meses, las FARC controlaban el valle y se llevaban una tajada de toda la base de coca que se movía en la zona, según Silva, líder de la comunidad.

“No confiamos en la policía ni en el ejército”

Entonces el ELN empezó a exigir pagos, incluso a pesar de que iniciaba sus propias conversaciones de paz con el Gobierno. Los productores de coca se reunieron con los líderes del grupo rebelde y les dijeron abiertamente que no pagarían. También han aparecido otros grupos no identificados que intentan abrirse paso en el negocio.

“Los productores de coca han pasado décadas pagando un impuesto a las FARC. Ahora que ya no están, no van a permitir que nadie les sustituya”, asegura Silva. Pero a pesar del peligro, los residentes cuyo sustento depende de la economía ilegal no quieren que las fuerzas de seguridad del Estado sustituyan a los rebeldes. “No confiamos en la policía ni en el ejército”, señala Silva.

No es ninguna sorpresa para las autoridades. En 2015, la comunidad del municipio de El Mango echó a patadas un contingente policial que intentaba establecer su base en el pueblo. “Nos ven e inmediatamente piensan: erradicación”, afirma un agente de policía de Argelia, que permanece refugiado en la base en una de las esquinas de la principal plaza del pueblo, protegido por sacos de arena y barricadas.

Eso no impide que la policía y los soldados en Argelia intenten convencer a la población civil. Hasta ahora los progresos son modestos. “Al menos ahora algunos nos dicen hola”, indica un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad estacionado en esta base y que pide no ser identificado porque no se le permite hablar. Pero en la práctica hay una gran diferencia entre recibir un “hola” y proporcionar seguridad real.
Las FARC proponen estimular usos lícitos de cultivos de coca con control estatal

Los números son preocupantes. Diez personas fueron asesinadas en los dos primeros meses del año, más del doble del número de homicidios del mismo periodo en el año pasado, de acuerdo con los datos de las fuerzas de seguridad.

Parece que algunos de esos asesinatos están vinculados a una trama violenta de extorsión que ha provocado que muchos residentes de Argelia no quieran responder llamadas en sus teléfonos móviles provenientes de números no identificados. Dichas llamadas empiezan con una petición de grandes sumas de dinero y terminan con una amenaza de muerte contra la persona o un miembro de la familia. Los extorsionadores dicen que necesitan el dinero para crear un “grupo de seguridad” que traiga el orden al pueblo.

59 activistas asesinados en los últimos 14 meses

La población local teme que esto pueda ser el comienzo de la creación de grupos paramilitares similares a aquellos fundados en los 80 por señores de la droga y grandes terratenientes para combatir a los grupos rebeldes cuando el ejército colombiano era demasiado débil para hacerlo.

A comienzos de siglo, estos grupos armados se habían convertido en un ejército inmenso y brutal responsable de masacres, torturas y matanzas. Los paramilitares desmovilizaron oficialmente unos 30.000 agentes entre 2003 y 2006 pero otros, como los Urabeños, ocuparon rápidamente su lugar.

Las organizaciones de derechos humanos suponen que son esos grupos los que están detrás de muchas de las matanzas de activistas sociales, a los que ven como una amenaza para sus actividades ilegales.

Al menos 59 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado en Colombia, 14 de ellos en la provincia de Cauca, de acuerdo con el representante de derechos humanos de la ONU en Colombia, Todd Howland. “La salida de las FARC está complicando las vidas de los líderes”, señaló Howland a los periodistas.

De acuerdo con el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Negret, 156 activistas han sido asesinados en los últimos 14 meses. “Uno de los principales motivos es la aspiración de los grupos armados clandestinos de tomar el control de las zonas abandonadas por las FARC”, explica Negret. “Quieren controlar la economía ilegal que ha alimentado la guerra de Colombia”.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

El Diario

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