Las condenas internacionales por tortura obligan a Interior a suspender la detención incomunicada

LUIS DíEZ

Ninguno de los 80 detenidos como presuntos miembros de ETA en lo que llevamos de este año ha sufrido ya el régimen de incomunicación especial establecido en la ley antiterrorista. Con esta afirmación, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha salido al paso de las cinco condenas al Estado español por torturas que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que le obligan a pagar 200.000 euros. El diputado del PNV Emilio Olabarría le reclamó en el pleno del Congreso medidas acordes con la nueva situación en el País Vasco y le recordó la “severa admonición” al Reino de España por parte del relator de la ONU sobre la prevención de la tortura, el jurista holandés Theo van Bove, por torturas durante las detenciones incomunicadas. Se trata del mismo relator que durante años denunció a ETA por conculcar todos los derechos humanos.

De primeras, el ministro Fernández Díaz quiso aclarar que las condenas del Tribunal de Estrasburgo no se refieren a actuaciones del Ejecutivo, sino del Poder Judicial, por insuficiente investigación procesal de los casos denunciados. “En España hay separación de poderes, y en ningún caso nos han condenado por torturas, sino por insuficiente investigación judicial, y usted era vocal del Consejo del Poder Judicial cuando se produjeron algunas denuncias, de modo que pregúnteselo a sí mismo y no traiga aquí esta cuestión”, le espetó al diputado Olabarría. Éste replicó que el Gobierno es quien ha de pagar las multas: “usted el responsable de la aplicación de la ley antiterrorista”.

Para Olabarría, el Gobierno del PP “no termina de metabolizar la nueva situación y se mantiene enquistado como si en Euskadi no hubiera pasado nada” pese a la desaparición del terrorismo de ETA hace ya más de un lustro. Además de las condenas del Tribunal de Estrasburgo, invocó el informe elaborado por el Gobierno vasco y coordinado por el forense Carlos Echeverría con 3.587 casos de torturas y malos tratos documentados entre 1960 y 2013. A esto añadió las más de 6.000 “denuncias veraces, con suficiente fundamento”, de torturas y malos tratos, recogidas por el relator de la ONU Bove. “No sé si estos datos le abochornan, creo que le deberían abochornar”, afirmó antes de concluir que, en todo caso, demuestran “la calidad democrática de un Estado”.

Fue entonces cuando el ministro Fernández Díaz aseguró que ha dejado en suspenso la aplicación de la incomunicación especial, contemplada en la ley antiterrorista y que “el régimen de incomunicación ya dispone de un riguroso control fiscal y judicial”. De hecho, a ninguno de los 80 supuestos etarras detenidos este año se les ha aplicado ya, aseguró. Sin reconocer el impacto de los informes y las condenas, apeló a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tramita el Congreso como el mejor signo de que las detenciones incomunicadas que practican la Guardia Civil y la Policía en las redadas contra ETA van a desaparecer definitivamente.

Este compromiso ya fue manifestado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación, en febrero pasado. Sin embargo, como manifestó en aquella ocasión el portavoz del PNV Aitor Esteban, el Gobierno sigue sin cumplir el mandato del Parlamento, con los votos del PP, de presentar un plan de derechos humanos que sustituyera al que puso en marcha el anterior Ejecutivo del PSOE. El equipo redactor, compuesto por profesionales universitarios de diversa procedencia y con prestigio contrastado, realizó un primer análisis sobre la situación de los derechos humanos, el Gobierno se asustó, pues no cuadraba con su agenda legislativa –ley mordaza y endurecimiento del Código Penal con la cadena perpetua incluida–, y el equipo se disolvió.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumad...