La valla de Ceuta y el asalto a las normas

Patricia Orejudo
Abogada. Observatorio del Racismo Institucional RAIN, Comisión Legal Sol.

26 de julio de 2018. Frontera Sur. 601 personas saltan la valla que separa Marruecos de Ceuta. Casi un mes después, todas ellas se encuentran aún en territorio español, a la espera de que las autoridades españolas decidan sobre su permanencia.

22 de agosto de 2018. Frontera Sur. 116 personas saltan la valla que separa Marruecos de Ceuta. Un día después, la práctica totalidad de estas personas se encuentra en paradero desconocido: han sido devueltas expeditivamente a las autoridades marroquíes.

La devolución del 23 de agosto no aguanta el mínimo filtro jurídico. Lo explica con precisión el Manifiesto que han firmado 48 organizaciones y colectivos. Pero, además, con respecto al salto anterior comporta una diferencia de trato, que el Ministerio del Interior intenta justificar, esgrimiendo que responde a la “intolerable” violencia que esta vez habrían ejercido “los asaltantes”. Desde el punto de vista legal, el argumento tampoco se sostiene.

En la aplicación de las normas jurídicas, el principio de igualdad es una garantía fundamental para las personas y un mandato insoslayable para las autoridades: situaciones iguales han de ser tratadas de forma equivalente. Las normas jurídicas —que es lo único que cabe aplicar, atendiendo a otro principio esencial, el de legalidad— no prevén que pueda darse un trato diferente a una persona extranjera en función de que haya empleado, o no, violencia en su acceso al territorio. Lo que sí establecen es que se debe perseguir y sancionar toda agresión sobre cualquier persona. Es más: castigan con mayor severidad cuando el agredido es un funcionario público que actúa en el ejercicio de sus funciones (delito de atentado).

Si en el segundo salto a la valla se ejerció violencia contra guardias civiles, la obligación del Estado sería detener y poner a disposición de la Justicia a los autores del delito —si lo hubo—, aportar pruebas en el marco de un procedimiento penal con garantías, y demostrar qué persona fue la autora del concreto daño infligido.

El Gobierno, sin embargo, se extralimita, prevarica, miente. Dice albergar una absoluta seguridad sobre las agresiones perpetradas por ese “centenar de violentos”, aunque no presenta ninguna prueba que la sustente. Se arroga la capacidad de juzgar sumariamente y en grupo a todas esas personas. Decide, en 24 horas, que todas y cada una de ellas emplearon la violencia en el “asalto”. ¿Todas? Y determina que lo que procede es castigarlas con su devolución inmediata. Sí, a todas, salvo a las que aparenten ser menores de edad.

Falta a la verdad, en fin, cuando niega que esta práctica sea nueva. No hay novedad en que los gobiernos socialistas contribuyan a destruir el capital jurídico de los derechos humanos cuando implementan sus políticas migratorias. Bajo sus diversos mandatos se fabricó la irregularidad, se instauraron los siniestros CIE, se colocaron concertinas, se articularon redadas racistas, murieron migrantes baleados en la frontera. No es nuevo, pues, que ellos también desjerarquicen las normas supremas y los valores que formalmente rigen nuestra sociedad: llevan tiempo haciéndolo, como sus alternantes en el poder.

Duele pensar que la decisión va a encontrar apoyo en un sector de la sociedad, a pesar de su clamorosa irregularidad y a pesar del daño que ha causado

Pero sí hay un elemento antes desconocido. El propio Gobierno incoherentemente lo reconoce cuando alega haber “reactivado” un Acuerdo bilateral de 1992 para devolver a ese centenar de personas. ¿No es esto nuevo? Sí, definitivamente es nuevo que de un día para otro se pueda deportar a un grupo de extranjeros con el argumento de que emplearon violencia al entrar, aunque no se aporten más pruebas que las que, en boca de la vicepresidenta, Carmen Calvo, “conocen todos los ciudadanos”.

Debería saber la ministra de Igualdad que, de existir esas pruebas, tendrían que ser puestas en conocimiento de los tribunales, a los que la Constitución reserva la función de juzgar. Recuérdese que las agresiones constituirían delitos. Pero el Ejecutivo prefiere tomar la justicia por su mano, mostrar “firmeza” para ganarse a una ciudadanía amedrentada y calculadamente desinformada, y trasladar su comprensión y apoyo a la labor de unas fuerzas de seguridad a las que desde hace años se compromete, con sus órdenes ilegales.

Cuesta creer que para tomar esta decisión, el Ministerio de Interior haya consultado a expertas o expertos en Derecho internacional, en Derecho de asilo y en Extranjería. Más allá de que difícilmente cabe sostener su legalidad (no todas las interpretaciones caben), lo indudable es que se ha adoptado en solo un día. Un día del mes de agosto. Todo conduce a suponer que la resolución ha sido improvisada. Un ejercicio irracional y abusivo del poder, un acto de venganza, con el único cálculo del rédito electoral.

Duele pensar que la decisión va a encontrar apoyo en un sector de la sociedad, a pesar de su clamorosa irregularidad y a pesar del daño que ha causado, cuando menos a quienes no participaron de la violencia, que son todos los que saltaron, salvo que se demuestre lo contrario: también a los extranjeros se les aplica la presunción de inocencia. No se me ocurre mayor violencia que la ejercida contra estas personas, en nuestro nombre.

Hiere tal normalización del sufrimiento de miles de personas, bajo pretexto de la protección de nuestras fronteras. Hiere que a quienes se ha desposeído a través de la violencia, la explotación y el expolio, ahora se les niegue incluso su condición humana y se les prive también de sus derechos más básicos. Porque cuando los derechos de “los otros” no se protegen, cuando el Estado actúa al margen del Derecho, el daño es mucho más profundo e irreparable de lo que imaginamos. Si el discurso del miedo y del odio siguen asentándose, si las políticas racistas y xenófobas se justifican y proliferan, lo que peligra es la construcción de sociedades justas e igualitarias. Peligran los derechos de todas.

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