La prisión permanente revisable o el ejercicio populista del derecho

Naiara Rubio

La prisión permanente revisable está cerca de ser una realidad. Una nueva exhibición de músculo parlamentario del Partido Popular permitió sacar adelante la votación que acabará por introducirla en nuestro ordenamiento jurídico. Y los populares podrán sumar a su vitrina un trofeo que se les venía resistiendo. No tendría más trascendencia dentro del juego democrático de mayorías si no fuera porque, según apuntan las encuestas, la nueva pena goza de un inusual respaldo ciudadano, con casi un 70% de aceptación. O tal vez no tan inusual.

Éste es un país particularmente proclive al populismo legislativo, una fórmula que proporciona a los partidos políticos no pocos réditos en forma de aplausos fáciles y votos emocionales. Con ocasión de cada crisis de delincuencia o seguridad, se produce un ceremonial despliegue de fuegos de artificio en forma de declaraciones efectistas, actos simbólicos y propuestas de solución que tienden a evaluarse en caliente. De entre ellas, las medidas legislativas son las más preocupantes, por su lógica vocación de permanencia en forma de herencia normativa envenenada. En ese contexto, el atentado de Charlie Hebdo y la enorme conmoción generada a nivel internacional son el caldo de cultivo perfecto para que las más variopintas iniciativas sean acogidas, casi por acto reflejo, por una sociedad que guarda en la memoria años de problemática terrorista propia.

Así, la actual coyuntura, entre la amenaza real y la paranoia colectiva, favorece la apuesta por soluciones que tal vez no lo son, pero maquillan el resultado de cara a la galería. En igual situación, los políticos se prestan a alianzas imposibles o a una inusitada relajación de los propios criterios, cediendo al temor a desairar al votante. Tan frágiles son las convicciones ideológicas cuando les va un puñado de votos en ello. Sirva como ejemplo de ello la ambivalente postura adoptada por el PSOE: en su acomplejada pérdida de apoyo ciudadano, al propio tiempo se opone con aparente firmeza a la prisión permanente revisable y suscribe con el gobierno un pacto antiterrorista en el que la consiente veladamente. Como decía el inefable Groucho Marx, si no le gustan mis principios, tengo otros.

Desde una perspectiva estrictamente técnica, la nueva medida adolece de un encaje constitucional complejo, cuando no forzado, y entra en fricción con los fundamentos resocializadores de la pena: el tramo mínimo de cumplimiento sin revisión sería de veinticinco años, poniendo en duda cualquier posibilidad posterior de reintegración en la sociedad. Preocupa también constatar una tendencia hacia el progresivo abandono del principio de culpabilidad a favor de inconcretos parámetros de peligrosidad o, lo que es lo mismo, la obligación de rendir cuentas no por lo que se ha hecho, sino por lo que se puede llegar a hacer. La prisión permanente revisable es sintomática de la concepción ideológica de sus promotores, acostumbrados a tratar a los ciudadanos como delincuentes potenciales.

Pero no es tan problemática la naturaleza jurídica de la pena como su letra pequeña, la manera en que van a aplicarse sus sucesivas revisiones. Con la permanente sombra del oportunismo político sobre nuestras cabezas, cabe temer que la seguridad jurídica y la confianza en la norma dejen paso a la incertidumbre acerca de los criterios que regirán esas teóricas reevaluaciones de la pena. ¿Podemos afirmar que no responderán a coyunturas y motivaciones electoralistas, al interés de uno u otro partido, a simples razones de conveniencia? La aplicación de la ley no debe responder a motivaciones distintas a las estrictamente jurídicas, pero el reiterado uso de la justicia como moneda de cambio política es una realidad que no puede ser obviada. Con esos mimbres, es inevitable que la prisión permanente revisable nos suene a eufemismo tramposo, a cheque en blanco penológico.

Tanto o más grave resulta que, tras las nieblas de esa suerte de cadena perpetua a plazos, esté pasando desapercibida la reforma penal que la acompaña. En efecto, la controvertida figura se inscribe en el marco de la modificación del Código Penal -la enésima-, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo año y que se anticipa más dura y extensiva que nunca, con más modalidades delictivas y castigos endurecidos. Otro paso más en una senda legislativa marcada por el furor punitivo. Y en la misma línea sorprende el conformismo resignado frente a la Ley de Seguridad Ciudadana, paradigma de la restricción de derechos y libertades rebautizada con acierto como Ley Mordaza. Es paradójico que, en nombre de la seguridad colectiva, se sancionen, y mucho, conductas tan poco inquietantes como el consumo de alcohol en la calle o el entorpecimiento de los desahucios. Pero ni las viejas y fatigadas figuras políticas, ni las jóvenes promesas con todo por demostrar van a desgastarse en una trinchera que parece no importar a nadie.

El uso de la alarma social con fines políticos o legislativos no es nuevo, pero ello no justifica el adormecimiento del espíritu crítico del ciudadano que, en su indolencia, acabará conviviendo con un sistema construido a golpe de latigazos emocionales. A la postre, no se trata tanto de si una u otra solución legislativa está justificada, sino de valorar cómo encajan las piezas en el conjunto del ordenamiento y de qué manera van, poco a poco, socavando los principios democráticos y de derecho ante la distraída mirada de la sociedad.

Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/l...