La justicia militar exculpa a cinco militares españoles acusados de torturas

Argumenta que las víctimas podrían ser terroristas para no aplicar los Convenios de Ginebra. El tribunal aplica los mismos preceptos que George Bush utilizó para abrir la base de Guantánamo.

La justicia militar ha decidido detener el procesamiento de cinco militares españoles acusados por torturar a dos detenidos en la Base España, en Diwaniya (Irak), argumentando que las víctimas podrían ser terroristas para no aplicarles los Convenios de Gibebra. La argumentación es la misma que usó el Gobierno de George Bush para poner en marcha la prisión de Guantánamo, destinada a personas detenidas en Irak y Afganistán, y que fue rechazada en 2006 por el Tribunal Supremo de EE UU.

El suceso, ocurrido en una fecha indeterminada entre el 22 de enero y el 18 de febrero de 2004 y documentado a través de un vídeo publicado en marzo de 2013 por El País, habría ocurrido aprovechando un turno de descanso de la guardia nocturna en la base. Uno de los cinco militares actualmente está destinado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros tres trabajan ahora en la Guardia Civil.

Los cinco militares, que estaban acusados de violar las leyes y usos de la guerra, intentaron que se revocara su procesamiento argumentando que España nunca declaró formalmente la guerra a Irak. El tribunal militar rechazó la argumentación de los militares. Sin embargo, sí interpreta que, como había indicios de que las víctimas fueran dos de los tres supuestos terroristas acusados de un ataque con morteros contra la base centroamericana Tegucigalpa, no estarían protegidos por los Convenios de Ginebra y ordena que se investigue la identidad de las dos víctimas de los abusos policiales, una tarea que es muy poco probable que se realice, ya que el libro donde aparecen registrados los nombres de las dos víctimas está en paradero desconocido, según afirman desde el Estado Mayor del Ejército de Tierra..

Los Convenios de Ginebra, acordados en 1949 para limitar la violencia que se ejerce en los enfrentamientos armados, tienen como objetivo la protección de los civiles que no toman parte en la guerra y a los que ya no pueden seguir participando en los combates, al estar enfermos, heridos o ser prisioneros de guerra.

La justicia militar castiga los delitos de tortura con de 10 a 25 años de cárcel.

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