España envió al Golfo Pérsico 5.300 toneladas de bombas en 15 meses

CARMEN PARDO
SILVIA ORAMAS
EDUARDO DOMÍNGUEZ

Tras la polémica de los últimos meses de una industria desconocida para la gran mayoría de españoles, al hablar de venta de armas a Arabia Saudí los datos miran a dos puertos norteños: Bilbao y Santander.

Sólo entre noviembre de 2016 y febrero de 2018, 5.300 toneladas de explosivos se cargaron en el puerto de Bilbao con destino a Arabia Saudí y Emiratos Árabes, según revelan los expedientes portuarios a los que esta investigación de un equipo del Máster de Investigación y Datos y el programa Crónicas Subterráneas de Telemadrid ha tenido acceso.

Los expedientes contienen registros de carga de mercancías peligrosas en el puerto de Bilbao, tales como explosivos y material bélico, indicándose el detalle de fecha de salida, toneladas de cada material y el nombre del buque carguero. Mediante el nombre del barco, fue posible determinar el tipo y cantidad de material enviado por España a Arabia Saudí y Emiratos. Se reparten entre cuatro buques de la naviera oficial saudí, llamada Bahri. Entre el material exportado se encuentran proyectiles, bombas, torpedos y fumígenas.

La flota está compuesta por los buques Jeddah, Jazan, Hofuf y Tabuk. Todas estas naves cargaron explosivos al menos en una ocasión en el puerto de Bilbao en apenas año y medio, y se movilizaron al puerto Jeddah de Arabia Saudí y al de Abu Dabi, de Emiratos Árabes Unidos, según un cruce de datos entre los expedientes portuarios y un rastreo de las rutas navieras a partir de plataformas de geolocalización.

El material bélico al completo de todas estas operaciones procedía de una fábrica en Burgos, la empresa Expal, como detallan los ficheros de Aduanas que han sido analizados durante ese periodo.

En marzo de 2018, sin embargo, Santander pasó a ser el puerto de recogida de este material. La presión de movimientos activistas (Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace y FundiPau, PasajeSeguro, Ongi Etorri Errefuxiatuak, etc.) consiguió vetar la entrada periódica, y ya frecuente, al puerto de Bilbao.

Ambos puertos son competencia del Ministerio de Fomento, quien en última instancia controla tanto su funcionamiento como las actividades que en ellos se realicen.

Con el fin de identificar el origen y destino de la carga, así como el tipo de material explosivo, los expedientes portuarios y los ficheros de Comercio Exterior han sido las únicas fuentes disponibles. La Ley de Secretos Oficiales custodia el proceso por el que se aprueban y otorgan las licencias de exportación de armas, blindando el acceso a toda información relacionada, así como las reuniones y deliberaciones.

Algunos detalles de las operaciones de venta de material de defensa sólo se han sabido a través de casos puntuales. Por ejemplo, en noviembre de 2017 María Luisa Poncela, ex secretaria de Estado de Comercio, confirmó en una comparecencia en el Senado el envío a Arabia Saudí de munición de artillería de 155 mm.

La patente de este tipo de proyectil la tiene el Gobierno español, por lo que obtiene un porcentaje de beneficio de cada venta, según un contrato de comercialización del producto firmado entre la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y Expal. Este documento fue obtenido mediante solicitud de información pública.

El proyectil de 155 mm es el producto estrella de la empresa burgalesa, aunque originalmente fue fabricado bajo la denominación proyectil rompedor ER02 por la antigua empresa pública Santa Bárbara (ahora propiedad de General Dynamics) en el marco del programa EN9923, firmado en 1999 con Defensa.

El objetivo de este proyecto consistió en desarrollar una munición con mayor alcance al dispararse, por lo que Expal actuó como subcontratista porque tenía la tecnología de los propulsantes necesaria para ampliar la distancia de disparo. Con el paso del tiempo, Santa Bárbara desistió de su fabricación.

En 2013, bajo el mandato del ministro Pedro Morenés, Defensa otorgó una licencia a Expal para comercializarla. En su cartera de productos estas municiones se denominaron ER520-BT y ER520-BB. El porcentaje que percibe el Gobierno de cada venta, sin embargo, se desconoce. Como respuesta a la correspondiente solicitud de información efectuada, el Ministerio argumentó motivos de confidencialidad con Expal que impiden revelar esos datos. El acuerdo tiene una vigencia de 10 años, con opción a prorrogarse otros 10.

Las acciones saudíes en Yemen y El Líbano han impulsado a varios países (Holanda, Austria, Bélgica, Suiza, Noruega, Alemania, Dinamarca y Finlandia) a vetar sus ventas de material de Defensa. El código de conducta de la UE, que España aplica en la Ley 53/2007, prohíbe la exportación de material de defensa a países en conflicto o que violen los derechos humanos, pero desde 2015 todas las licencias de venta con destino saudí han tenido luz verde.

Según la Secretaría de Estado de Comercio, existe un número reducido de negativas de solicitudes de licencias de compra de armas (por ejemplo, en 2017 hubo1.560 autorizaciones de exportación frente a cuatro denegaciones).

España lleva facturados 932,3 millones de euros por la venta de material de defensa sólo desde el inicio de los ataques a Yemen, entre 2015 y 2017, según cifras de los informes de exportaciones de armas que elabora semestralmente Comercio Exterior.

Desde el 2017, la provincia de Burgos desarrolló al menos 19 exportaciones de explosivo con destino saudí, según datos de Aduanas e Impuestos Especiales.

Los mismos datos cifran en 106 millones el total de dichas exportaciones. El foco está en Quintanilla de Sobresierra, un pueblo de Burgos que, con apenas 67 habitantes, ha exportado casi el 80% entre 2015 y 2017 de lo adquirido en material bélico por Arabia Saudí en España. En esa localidad está la fábrica Expal.

Su actividad empresarial se centra en la fabricación de munición de distinto calibre, granadas, bombas, explosivos y equipos integrados e incluso minas antipista (un tipo de bomba de racimo) previamente a su prohibición en 2008. Expal es propiedad de la Corporación Maxam, un referente en el sector de explosivos civiles y militares.

Desde 2017 hasta el primer trimestre de 2018, prácticamente la mitad de los beneficios de las actividades de exportación en armas y municiones recayeron en esta empresa, como se extrae del análisis de datos del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Sobre la mesa está el debate de incorporar cambios legales para garantizar el control posterior a la venta de armas, basado en la transparencia y control parlamentario.

Desde 2007, la ley española prohíbe exportar material si existe riesgo de usarse contra los derechos humanos, sea en el país de destino o se revenda a terceros. Pero en la práctica, resulta imposible garantizar estos requisitos.

Una junta interministerial (la Jimmdu) se encarga de la concesión de licencias. Sus deliberaciones son secretas, pero informa con carácter semestral al parlamento.

Una vez pasan la frontera, municiones y demás material de defensa quedan al amparo de una declaración de «buenas intenciones» por parte del país comprador en cuanto al uso, ya que como única garantía España exige emitir un certificado de compromiso de no reexportación o utilización del material fuera de sus fronteras, como ha ocurrido con las 400 bombas recientemente vendidas a Arabia Saudí.

No obstante, un vídeo en poder de este equipo de investigación muestra una situación en que tropas saudíes utilizaron armamento español en un enfrentamiento contra los rebeldes yemeníes en Najran, una región saudí fronteriza con Yemen. En la grabación, obtenida a través de un canal de Telegram de los autodenominados Servicios Militares de Comunicación de los hutíes de Yemen el 22 de abril de 2018, aparece un lanzagranadas C-90, fabricado por la empresa española Instalaza, según han confirmado dos expertos independientes. El artefacto es utilizado para disparar contra vehículos y objetivos blindados. En el video, el grupo de rebeldes se apropia del lanzagranadas tras derrotar a sus rivales saudíes. Sin embargo, no hay rastro de la fecha en qué se efectuó la compra y envío de este material a Riad, por lo que no es posible determinar si fue previo o posterior al inicio del conflicto.

Los recientes acontecimientos dejan al descubierto las estrechas relaciones entre ambos países. Así quedó visible en la visita de abril del príncipe heredero Mohammed Bin Salman a La Moncloa, cuando se cerró la venta de corbetas de Navantia.

Sobornos e intento de robo de un macrocontrato

La venta de armas a Arabia Saudí por parte de España no es sólo polémica ahora: la Audiencia Nacional mantiene aún abierta una investigación sobre el pago de sobornos a autoridades saudíes y el cobro de comisiones ilegales por parte de la empresa pública española Defex, dedicada a exportar material de defensa. Durante años, Arabia Saudí ha sido el mejor cliente de esta empresa, la única con licencia otorgada por la Jimmdu (compuesta por Economía, Exteriores, Defensa, Hacienda e Interior) para exportar material de defensa y doble uso, aunque las ventas se realizaran en UTE con empresas privadas. Sus jefes y cabecillas de la trama intentaron usurpar un contrato de 2.400 millones al Gobierno español para la venta de unos carros blindados Leopard a Arabia.

El Mundo