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El kamikaze indultado por Gallardón es primo del consejero de sanidad de Cospedal

Viernes.25 de enero de 2013 7991 visitas - 4 comentario(s)
Y cliente del bufete donde trabaja un hijo de Gallardón. #TITRE

Lo que hace tener buenos amigos. Nota de Tortuga.


Ramón Ríos Salgado, el kamikaze indultado por el Gobierno es primo del Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha y diputado por la provincia de Guadalajara José Ignacio Echaniz Salgado.

El kamikaze indultado por Gallardón Ramón Jorge Ríos Salgado, natural y vecino de Guadalajara, es primo del diputado por la provincia de Guadalajara y actual consejero de sanidad de Castilla La Mancha, José Ignacio Echaniz Salgado. La madre del kamikaze, María Esther Salgado y la madre del consejero de sanidad, María Teresa Salgado, son primas. Así se lo ha confirmado a Prensa16.com un miembro del Club de Maratón Guadalajara, del que Jorge Ríos, es socio activo desde hace muchos años. Este socio del club ha señalado también que ambos se conocen y tratan mucho, según le relató el propio Jorge Ríos, ya que ambos son casi de la misma edad, (uno nació en 1963 y el otro en 1964), aunque este desconoce si el kamikaze es afiliado del Partido Popular, del que señaló que “socialista no es, eso está claro”.

Jorge Ríos, en el momento del accidente conducía un potente coche que era propiedad de la empresa Opel, de la que era directivo. Por esa razón, la casa alemana de vehículos fue condenada como responsable civil subsidiaria por la Audiencia Provincial de Valencia. Durante el proceso judicial, el ahora indultado, fue defendido por Esteban Astarloa, hermano del que fuera Secretario de Estado de Seguridad con el gobierno de Aznar, Ignacio Astarloa, y compañero de despacho del hijo del ministro Alberto Ruíz Gallardón. Ambos trabajan en el prestigioso bufete de abogados Uría y Menéndez, uno de los más caros de España. Una defensa jurídica que sorprende, dada la elevada minuta que tuvo que costar el pleito, e inaccesible para la mayoría de los ciudadanos de a pié,incluido el recurso ante el Tribunal Supremo que también desestimó las pretensiones del ahora indultado por el Gobierno.

Estas relaciones familiares entre altos cargos del Partido Popular y el kamikaze indultado, hacen sospechar que puedan haber influido en la toma de decisión del indulto, una medida de gracia, y sobre la que el PP se negó ayer a que respondiera en el Congreso de los Diputados el ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón.

Prensa 16.


El PP rechaza que Gallardón explique en el Congreso el indulto a un kamikaze

La oposición califica la decisión de «burla» a la familia de la víctima y asegura que con la medida de gracia el Ejecutivo «se ha cargado de un plumazo» el trabajo de la Justicia.

Efe

El PP ha rechazado este martes en la Diputación Permanente del Congreso la petición de los grupos de la oposición para que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explique en la Cámara el indulto concedido a un kamikaze que provocó un accidente de tráfico en el que murió un joven en Valencia.

La petición incluía también la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero el diputado del PP Leopoldo Barreda ha considerado que estas solicitudes estaban «carentes» de todo fundamento porque, entre otras cosas, los grupos no han tenido en cuenta las circunstancias concretas de este caso.

El Gobierno concedió el indulto a ese kamikaze condenado a trece años de prisión por la muerte de un joven en Polinyà del Xúquer (Valencia), pero la medida de gracia está condicionada al abono de una multa y a que durante cinco años no cometa ningún delito, entre otros requisitos.

Durante el debate, el diputado del PSOE Joaquín Puig Ferrer ha achacado al Gobierno «falta de cultura democrática» por ese indulto, «arbitrario e injusto» bajo el que, a su juicio, se esconde «tráfico de influencias», ya que un hijo de Gallardón trabaja en el bufete de abogados que llevó el caso del indultado.

Ha calificado la decisión de «burla» a la familia y amigos de la víctima y ha asegurado que con la medida de gracia, el Ejecutivo «se ha cargado de un plumazo» el trabajo de la Justicia.

Unas apreciaciones que han compartido la diputada del BNG Olaia Fernández y los parlamentarios de ERC Alfred Bosch y del CHA Chesús Yuste.

En el turno en contra, el diputado del PP Leopoldo Barreda ha ofrecido datos comparativos de los indultos concedidos por el Gobierno del PP y los otorgados por los ejecutivos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero.

De este modo, ha señalado que en 2012 se otorgaron 234, «muy lejos» de los 520 que se concedieron en 2006.

Respecto a los indultos por delitos contra la seguridad del tráfico, como por el que fue condenado el «kamikaze», Barreda ha indicado que se han reducido notablemente, ya de los 14 que se concedieron en el primer año de Zapatero, se ha pasado a los 6 del año pasado.
Y pese a que las peticiones de esta medida de gracia se han incrementado un 50 por ciento en este tipo de delitos, sólo se han otorgado esos 6, es decir, el 0,6 por ciento de los solicitados.

Barreda ha calificado de «demagogia» las intervenciones de la oposición y ha dicho que los datos objetivos no permiten criticar la política del Gobierno en esta materia, por lo que los grupos no han tenido más remedio que «acogerse» a un solo hecho, el caso del kamikaze.

Además, ha concluido, la oposición ha «obviado» las circunstancias por las que se le concedió, como el arrepentimiento, su reinserción laboral en los ocho años que transcurrieron hasta la condena, el hecho de que cuando cometió su delito no había ingerido ni drogas ni alcohol, su tratamiento de epilepsia o la carencia de antecedentes.

La Voz de Galicia


Ver en Tortuga:

La familia Gallardón y el indulto a un conductor kamikaze homicida condenado a 13 años de cárcel
El hijo del ministro trabaja en el bufete que representó al condenado. Gallardón propuso el indulto en el consejo de ministros.

  • Afirma que todos se dan con el apoyo del fiscal o del juez, algo que no se ajusta a la realidad en el caso de Valencia

    EFE / p. C. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó ayer tras el Consejo de Ministros que todos los indultos que aprueba el Gobierno tienen un informe favorable del Ministerio Fiscal o del tribunal sentenciador, algo que no se ajusta a la realidad porque no se cumplió precisamente en el caso del kamikaze que provocó un accidente de tráfico en el que murió un joven en Valencia.
    El kamikaze de Valencia, que residía en Almoradí cuando se produjo el accidente en 2003, fue indultado por el Gobierno pese a no contar con informes favorables ni del fiscal ni del tribunal de la Audiencia que le condenó a 13 años. El único informe a favor del conductor fue realizado en la prisión de Fontcalent y le ha bastado al Gobierno para conmutarle los 13 años por una multa de 4.000 euros.

    Santamaría defendió ayer la equidad y el rigor del Ejecutivo a la hora de conceder indultos, tras ser preguntada por el caso del kamikaze Valencia. En la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, indicó que, con todos los Ejecutivos, ha habido indultos "más o menos polémicos". La portavoz del Gobierno apuntó que no puede trasladar las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero destacó que en el ánimo de todos los miembros del gabinete está "el aplicar la ley de la mejor manera posible", buscando "la equidad" y "el rigor".

    Explicó que, en ocasiones, los indultos tratan de evitar que la aplicación de la ley, por las circunstancias del caso o porque todavía no ha habido una adaptación legal o una modernización legal, cause al penado "un perjuicio que se considera excesivo", por lo que se procura "hacer una gestión y un análisis más riguroso, si cabe, de los procesos".
    En el origen del indulto está la máxima "sumo derecho, suma injusticia", recordó Sáenz de Santamaría. La ley de indultos en España data de 1870, ha tenido pocas modificaciones desde esa fecha y las más importantes las ha operado la Constitución para impedir los indultos de naturaleza general, a diferencia de otras legislaciones, concluyó.

    Por otro lado, la hermana de la víctima del kamikaze, Loreto Dolz, se mostró ayer "esperanzada" en "que rectifiquen esta injusticia", dado que "un caso excepcional requiere también medidas excepcionales". Afirmó que, junto a familiares, amigos y vecinos del joven fallecido, ha iniciado una campaña de recogida de firmas pidiendo la revocación de la medida. A tal efecto, han elaborado unas hojas que ya se están repartiendo por todos los comercios de Alzira, donde reside la familia, Valencia, Madrid e "incluso el extranjero". También están creando una web que "en breve" estará en funcionamiento para recoger firmas. Loreto afirmó que "todo el mundo está colaborando con la causa" y destacó que la familia se siente en cierto modo "abrumada por haber salido en los medios de comunicación por algo tan triste".

    La familia del joven muerto recurre al Tribunal Supremo
    La familia del joven de Alzira fallecido en 2003 en un accidente causado por un kamikaze que circulaba en sentido contrario por la autopista AP-7 en Polinyà del Xúquer (Valencia) ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) el indulto a este conductor, condenado a 13 años de prisión, pero que ha quedado en libertad. La familia de José Alfredo Dolz ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del TS en contra de esta medida de gracia adoptada por el Consejo de Ministros en diciembre. El letrado de la familia, Agustín Ferrer, confirmó a Efe que la familia quiere así "agotar todas las vías posibles" para que se revoque una resolución que "no tiene razón de ser", aunque es consciente de que nunca antes se ha rectificado un indulto. Ferrer, quien apuntó que el recurso ha costado 440 euros en tasas judiciales, resaltó que el Gobierno tiene "ahora una vía abierta, una oportunidad, para rectificar". Una vez presentado el recurso se da traslado del mismo a la Abogacía del Estado, que "ahora puede ofrecer un informe favorable a la nulidad del indulto, para que así lo resuelva también el Supremo". EFE

    http://www.diarioinformacion.com/su...