El gobierno español anuncia a Israel que evitará por ley que se juzgue a sus militares

Comprometidos con la impunidad para sus amigos genocidas

Pilar Santos / Margarita Batallas
El Periódico

El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró ayer a su homóloga israelí, Tzipi Livni, que el Gobierno español cambiará la ley que establece el principio de jurisdicción universal de los tribunales con el fin de evitar investigaciones por crímenes de guerra, según informaron fuentes israelís.

Esa modificación evitaría casos como el abierto el jueves por la Audiencia Nacional contra un exministro de Defensa israelí y seis militares por un ataque aéreo contra Gaza en el 2002, que ha vuelto a tensar las relaciones diplomáticas entre Tel-Aviv y Madrid. "Sistemas legales de todo el mundo han sido aprovechados por cínicos cuyo único propósito es dañar a Israel", declaró Livni a Associated Press. Añadió que estaba satisfecha por la noticia. La jefa de la diplomacia judía fue la que dio a conocer el contenido de la conversación con Moratinos, mientras que el ministro y todo su equipo de asesores guardaron un absoluto mutismo.

Por la noche, un portavoz de la Moncloa confirmó que el Gobierno estudia "desde hace tiempo" hacer "ajustes" en "cómo se aplica el ejercicio de la acción de la jurisdicción universal". Ese portavoz aseguró que, en ningún caso, esos cambios tendrían efectos retroactivos, por lo que no afectaría a esos militares.

EL ANTECEDENTE BELGA

Fuentes israelís explicaron que Moratinos tranquilizó a Livni y quitó hierro a la imputación de los siete militares por el ataque a la franja. Casi a la vez que ellos dos hablaban, María Teresa Fernández de la Vega aseguraba, tras la reunión del Consejo de Ministros, que España es un "Estado de derecho" en el que la justicia "actúa con total independencia".

Livni, ministra de Justicia antes de asumir la cartera de Exteriores, lleva años lidiando con gobiernos que aspiran a juzgar a militares israelís. En el 2001, Bélgica inició los trámites para enjuiciar al entonces primer ministro, Ariel Sharon, por las matanzas de Sabra y Chatila, en 1982, en las que murieron entre 700 y 3.000 personas, dependiendo de las fuentes. Dos años más tarde, el Parlamento enmendó la ley y limitó la capacidad de juzgar casos únicamente cuando se trate de países no democráticos y que no ofrecen la posibilidad de un juicio justo.

Podría ser uno de los retoques que planea el Ejecutivo español. Según fuentes jurídicas, en la conversación con su homóloga, Moratinos reveló una reforma que tanto él como Mariano Fernández Bermejo, consideran oportuna, y en la que Justicia lleva meses trabajando.

Ambos coinciden en la necesidad de rebajar la competencia de los jueces para abrir este tipo de procesos a personas de terceros países, ya que España ratificó los estatutos del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Fuentes de Exteriores y de Justicia denuncian que algunos procesos están provocando conflictos diplomáticos, como, por ejemplo, la actuación contra siete jerarcas chinos tres días antes de los Juegos. En otros casos, los partidos de la oposición y del Gobierno del país afectado solicitan que no se hurgue en la herida del pasado. Es el caso de El Salvador y la investigación de la matanza de cinco jesuitas en 1989.

INFORMES A LA AUDIENCIA

Mientras tanto, el proceso de la querella contra los militares israelís sigue su curso y ayer, justo al día siguiente de que el juez Fernando Andreu diera a conocer su decisión de imputar a los militares, la Embajada de Israel hizo llegar a la Audiencia la información que el magistrado llevaba solicitando desde hacía cinco meses.

Según fuentes israelís, en esos documentos, 300 folios de informes militares y del Gobierno, se constata que Tel-Aviv ya está investigando la matanza del 2002. "Con esa información, el juez deberá dar carpetazo al caso y dejar que Israel investigue", aseguró un portavoz de la legación. Si eso se confirmara, Andreu cerraría el caso a petición del fiscal.