El gobierno busca desesperadamente una coartada para actuar violentamente contra los activistas del SAT

Los jornaleros del SAT ocuparon una finca palacio a lo largo de su marcha. Lo hicieron durante menos de una jornada y dejando claro que se irían al día siguiente. El propietario no deseaba denunciar pero fue presionado por el ministerio para que lo hiciera. Las autoridades políticas y policiales se lamentan y han abierto una investigación para analizar los hechos que impidieron a la guardia civil el desalojo. Los cuales eran la citada tardanza del propietario en denunciar y la lentitud del juzgado. Estos son los hechos.

Ahora la interpretación. Llama la atención el deseo ministerial de que se dé un delito que no se estaba produciendo para poder actuar. Si el propietario permite explícitamente la ocupación (tal como sucedió) no hay delito en absoluto. Ya se lo trabajaron y presionaron para que el delito que no existía existiera. También llama la atención el deseo de desalojar violentamente a toda costa y la desazón expresada por el hecho de que los jornaleros se fueran por su propio pie y no a garrotazos de la malemérita por culpa de la tardanza judicial. Estamos en manos de sádicos sin escrúpulos.

Por cierto, la etapa de la marcha del SAT entre Antequera y Málaga ha sido prohibida por el gobierno (ver abajo), el cual sigue buscando la excusa para la represión violenta. De sobra saben los políticos que si la policía actúa con violencia contra el SAT, sin razón o con menos razón todavía, el hecho solo puede perjudicar al sindicato. La gente de la calle está acostumbrada a la violencia estatal indiscriminada pero a menudo siente prejuicios hacia quienes la reciben, quienes son percibidos como radicales y conflictivos. Es lo de “si la policía les pega algo habrán hecho”. Así de surrealista es esta sociedad. Nota de Tortuga.

Sánchez Gordillo denunció que el ministerio que preside Fernández Díez había presionado al propietario

EFE/ EP | Madrid El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió al propietario del Palacio de Moratalla en Hornachuelos (Córdoba), cuyos jardines fueron ocupados el pasado martes por jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que denunciara la acción porque se estaba cometiendo una ilegalidad.

Así lo han informado a Efe fuentes de Interior, que han explicado que el propietario de la finca era reticente en un principio a denunciar los hechos protagonizados por el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y que el propio titular de Interior le aconsejó que lo hiciera ya que la acción era "ilegal".

El pasado martes unos 150 jornaleros ocuparon la zona ajardinada del Palacio de Moratalla, que se encuentra en obras para convertirse en un hotel, y decidieron usar las instalaciones bañándose en la piscina y consumiendo comida y bebida en sus alrededores.

Fuentes policiales informaron de que la Guardia Civil no desalojó a los jornaleros, que abandonaron el recinto al día siguiente, por la tardanza de su dueño en denunciar los hechos, lo que impidió la resolución judicial necesaria para ordenarlo.

Gordillo denunció presiones

El alcalde de Marinaleda (Sevilla) y diputado autonómico de IULV-CA y Juan Manuel Sánchez Gordillo había acusado este Jorge Fernández Díaz, de presionar al propietario del Palacio de Moratalla, en Hornachuelos (Córdoba), para que denunciara la ocupación que el martes protagonizó Gordillo junto a los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

"Nos enteramos ayer por la tarde, por una información muy directa, que fue el ministro del Interior el que instó a la propiedad para que denunciara, con la amenaza o la presión de que si no denunciaba retiraría a la Guardia Civil", ha asegurado Gordillo en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press.

Según el diputado autonómico de IU, el hecho de que los propietarios del Palacio decidieran presentar la denunciar "a ultima hora de la tarde-noche" demuestra que recibieron algún tipo de presión. Además, ha argumentado que cuando llegaron al lugar, los guardias de seguridad que vigilaban la finca les habían asegurado que "habían llamado a los propietarios" y que les habían dicho "que no iban a poner denuncia".
"El señor ministro no debe ser el que inste a la propiedad, debe ser el propietario si se siente ofendido o se siente de alguna manera menospreciado en su propiedad (el que decida denunciar), no el señor ministro", ha denunciado.

Asimismo, ha negado que desde el SAT hubieran llegado a algún tipo de acuerdo con los propietarios para ocupar la finca. "No, llegamos allí en pleno despiste de la Guardia Civil y entramos", ha defendido.

Investigación de la Guarcia Civil

Precisamente, la Guardia Civil ha abierto una investigación para conocer las razones por las cuales el dueño de la finca cordobesa ocupada tardó tanto en denunciar el asalto y, pese a la tardanza, por qué la jueza al tener conocimiento de estos hechos no actuó para evitar la ocupación, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes explicaron que estos dos factores impidieron a la Guardia Civil desalojar el Palacio después de que los miembros del SAT, encabezados por el alcalde de Marinaleda, se personaron en la finca en torno a las 12.30, finca que no abandonaron hasta última hora del martes, cuando el dueño del lugar decidió finalmente denunciar los hechos.

Además, cuando el propietario acudió al juzgado y presentó la denuncia, la jueza no instó a la Guardia Civil a que acudiese a la zona para llevar a cabo el desalojo. Las mismas fuentes consultadas recuerdan que la Guardia Civil no puede desalojar en una propiedad privada si no es con un auto judicial que se lo permita.

Diario Información

El SAT suspende la marcha prevista desde Antequera a Málaga

El sindicato tacha de "pretextos vanos" los argumentos de Subdelegación del Gobierno para prohibirla.

EP Málaga

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha suspendido finalmente la marcha prevista para este jueves y viernes desde el municipio de Antequera a Málaga, después de que haya sido prohibida por la Subdelegación del Gobierno basándose, según la organización, en "puras excusas y pretextos vanos". No obstante, la protesta se realizará en próximas fechas, han señalado.

Este pasado miércoles se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo promovido por el SAT contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, por la que se acordó como no efectuada la comunicación de la marcha en el plazo de antelación fijado por ley.
Para esta organización sindical, la negativa del Gobierno al desarrollo de esta manifestación, que forma parte del conjunto de marchas programadas por el SAT en la comunidad autónoma bajo el lema Andalucía en pie, "ha violentado nuestro derecho constitucional a la libre manifestación de nuestras quejas y a la libre circulación por el territorio nacional".

En este sentido, han explicado el sindicato, a través de un comunicado, que el pasado 10 de agosto el sindicato en Málaga depositó en el Registro de la Subdelegación del Gobierno el preceptivo escrito de comunicación de su deseo de realizar una marcha a pie desde Antequera a Málaga durante los días 23 y 24 del mismo mes.

"Esta comunicación tiene lugar 13 días antes del inicio de la marcha y, por tanto, cumple con el requisito legal que establece que la comunicación ha de realizarse con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha del acto que se pretende celebrar", han puntualizado.

Así, han continuado, el día 13 de este mes, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, "nos envía un escrito en el que literalmente afirma que debemos considerar que la celebración de la marcha los días propuestos y con el itinerario indicado provocaría un colapso circulatorio".

Según han explicado, Hernández Mollar señalaba que "una ocupación tan prolongada de una autovía, con una intensidad muy elevada de circulación en esta época del año, por un número indeterminado de personas andando y un vehículo de avituallamiento a su misma velocidad, supone la existencia de riesgo grave para la seguridad de los participantes y del resto de los usuarios de la autovía A-45". Estos son los motivos, han indicado, por los que el representante del Ejecutivo central en Málaga resolvió prohibir la marcha.

El País