El conseller catalán Puig propone restringir el derecho a reunión

Pide un fiscal especializado en violencia urbana.

Montse Espanyol

Barcelona- Firmeza diez, tolerancia cero. El conseller de Interior, Felip Puig, anunció ayer que no tendrá contemplaciones con los violentos que el pasado 29 de marzo convirtieron las calles de Barcelona en un campo de batalla. Tras los altercados de la huelga general, que dejaron tres centenares de contenedores quemados, 79 detenidos, 44 heridos y desperfectos en decenas de comercios, Puig presentó ayer una batería de medidas para combatir a las «guerrillas urbanas», que después del episodio del 29-M han dejado de ser una anécdota para convertirse en un fenómeno organizado.

Puig avisó de que se ha acabado con la connivencia con los radicales, sean anarquistas, sindicatos minoritarios, universitarios o simpatizantes del 15-M. «Hay que dejar de reír las gracias a determinados movimientos», advirtió. Por eso, desde la Consejería de interior combatirán la violencia urbana desde tres frentes, por la vía legislativa, policial y con la complicidad de la ciudadanía. El conseller solicitará a la Fiscalía Superior de Cataluña que nombre un fiscal especializado en violencia callejera que unifique los criterios para plantar cara a las «guerrillas urbanas».

Reformas legislativas

También apoya la propuesta del ministro del Interior, Jorge Fernández, de reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas contra los radicales y castigar el vandalismo con condenas similares a la «kale borroka». Estas reformas legislativas permitirían aplicar a los violentos medidas como órdenes de alejamiento, trabajos en beneficio de la comunidad y estancias en comisaría para evitar que los más peligrosos no participen en protestas.

Además, Puig abogó por revisar dos leyes orgánicas, las que regulan el derecho de reunión y la seguridad ciudadana, para poder castigar a quienes oculten su identidad y lleven material peligroso en las manifestaciones. Consciente de que restringir el derecho a reunirse puede incomodar, Puig alegó que durante años se ha sido demasiado permisivo con la violencia urbana. Ha habido «connivencia intelectual» hacia los vándalos, lamentó. «No se ha sabido cortar estas actitudes a tiempo».

La Razón