Cuatro ministerios implicados en la corrupción de Defex, la comercializadora estatal de armamento

Defex es una sociedad mercantil estatal participada por:

SEPI (Ministerio de Hacienda) con un 51 %

Explosivos Alaveses: 10’88 %

Maxan Corp Holding Asset & Services, S.L.: 10’88 %

Instalaza S.A. (antiguamente presidida por el actual ministro de defensa, Pedro Morenés): 10’88 %

Sociedad Anónima Placencia de las Armas: 8’167 %

Alfa Lan S.A.: 8’167 %

Y en cuyo consejo de dirección se sientan representantes

de la SEPI (Hacienda)

del Ministerio de Asuntos Exteriores

del Ministerio de Defensa

del Ministerio de Economía y Competitividad

de EXPAL

de MAXAM

de INSTALAZA

de SAPA PLACENCIA

Lo cual quiere decir que, claramente, Defex es una empresa estatal y que los problemas de corrupción de los que ya en anteriores entradas hemos informado son responsabilidad en parte del gobierno, sobre todo del Ministerio de Hacienda cuyo titular es Montoro.

La situación procesal de la empresa estatal Defex se ha complicado de manera decisiva tras descubrirse que los supuestos fraudes en la venta de armas que investiga la Audiencia Nacional fueron efectuados con el soporte de sociedades ‘offshore’ creadas por el despacho panameño Mossack Fonseca.

¿Se les exigirán responsabilidades políticas a los ministerios representados en DEFEX? O, quizá, en el colmo del cinismo, dirán los 4 ministerios precitados que no sabían nada o que no son responsables de lo que haga alguna oveja negra que les representaba?

Parece que la “solución final” por la que optarán será la de “muerto el perro, se acabó la rabia”:

A partir de esta situación, y teniendo en cuenta la dependencia que la empresa tiene del Ministerio de Hacienda, la única alternativa factible que maneja la SEPI en calidad de accionista mayoritario pasa por la disolución de la compañía. El Ministerio de Defensa se muestra reacio al cierre, pero todo hace indicar que Defex tiene los días contados a partir de las elecciones del 26-J.

Fíjense si sería preocupante la situación que

Una vez descubierto el embrollo, los nuevos responsables de la compañía que ahora preside el teniente general Juan Carlos Villamía han tratado de blindar el gobierno corporativo de Defex con la adopción de un reglamento interno del consejo de administración, la revisión del Código de Conducta Empresarial y la creación de un Comité de Prevención de Riesgos Penales. Todos estos cortafuegos se sustentan en la adaptación de nuevos sistemas de control interno con participación directa de la alta dirección y la constitución de una comisión de auditoría delegada del máximo órgano de gobierno de la compañía.

¡Cómo no! Un Teniente General al ataque para gestionar una empresa tan dañina. ¿No podría ser algún civil independiente? No. Así todo queda en casa.

Lo único que sostiene a Defex en estos momentos es la incertidumbre política del momento de transición electoral que vive el país. Los planes de disolución fueron frenados antes de las últimas elecciones del 20-D por el Ministerio de Defensa, pero no parece factible que el ahora ministro en funciones, Pedro Morenés, pueda bloquear la disolución de la empresa a poco que los futuros responsables de la SEPI vuelvan a la carga. La hoja de ruta diseñada pasa por nombrar un administrador único que se encargue de desmontar la compañía, liquidando activos y pasivos en un proceso terminal cuya agonía solo debería prolongarse en la medida en que se sustancian las responsabilidades penales en los tribunales de justicia.

Y fíjense, por último, que fue Morenés quien frenó los planes de disolución de la empresa. No sólo por sus intereses como ministro, sino por los intereses, quizá, de Instalaza y demás empresas amigas.

Fuente: http://www.utopiacontagiosa.org/201...