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Así es como armas que España vende a los saudíes han acabado en manos de los huzíes en Yemen

Miércoles.14 de septiembre de 2016 102 visitas Sin comentarios
Vice. #TITRE

Por Quique Badia

Yemen vive, desde 2015 y eclipsado por otras guerras regionales, un tremendo conflicto civil en el que dos grandes potencias del territorio, Arabia Saudí e Irán, han armado, jaleado y apoyado directamente a alguno de los contendientes.

Y en medio del caos, un reciente informe de Armament Research Services (ARES) ha constatado que los rebeldes de la minoría huzí, apoyados por los iraníes, dispondrían de armas que una empresa española habría estado vendiendo a los saudíes desde los 90.

El de Yemen es un conflicto endemoniadamente complejo que se inscribe, en parte, en las crecientes tensiones regionales entre dos grandes concepciones del islam; el sunismo y el chiismo, como excusa que enmascara las pretensiones de hegemonía en Oriente Próximo de los mencionados regímenes confrontados.

Ambos bandos habrían cometido crímenes contra la humanidad, según la ONU.

El mercado armamentístico español cotiza al alza. Entre 2004 y 2013 este segmento representaba un 1,7 por ciento del total de exportaciones. Su contribución al Producto Interior Bruto (PIB) el año pasado era del 0,9 por ciento, y da trabajo a unas 20.000 personas, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Defensa.

Algo en lo que Arabia Saudí tiene mucho que ver.

La monarquía del Golfo Pérsico encabezó el ranking de exportaciones españolas con la nada desdeñable cifra de 293 millones de euros. Una de las beneficiarias de esta relación comercial privilegiada es la compañía Instalaza, fabricante de los lanzacohetes C90-CR y las granadas Alhambra, las armas que habrían acabado en manos de los huzíes respaldados por Irán.

Una empresa, recordemos, en la que el ministro de defensa en funciones, Pedro Morenés, ejerció de consejero hasta 2009.

En las conclusiones del informe de ARES se apunta que, muy probablemente, estas armas habrían sido capturadas por los huzíes a los combatientes que abogan por la restitución del huido presidente Abd Rabbuh Mansour Hadi, que cuenta con el apoyo de una coalición liderada por los saudíes con asistencia estadounidense.

Esto significaría, pues, que alguien se las proveyó.

¿Debería actuar el gobierno español?

De demostrarse este supuesto, las operaciones españolas con Arabia Saudí irían, por dos poderosas razones, contra las obligaciones que España plasma en su legislación a partir de las indicaciones internacionales. Especialmente la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de 2013.

Para empezar, los países en los que estas armas sean susceptibles de ser utilizadas para vulnerar los derechos humanos deben quedar fuera del circuito comercial, según el tratado. El régimen wahabí ha sido señalado innumerables veces por su reiterada vulneración de derechos fundamentales.

Pero es que en este caso habría otro argumento a favor del fin de la relación comercial con la monarquía del Golfo: los saudíes estarían armando a un bando de un país en guerra.

Un supuesto soldado saudí sostiene un lanzacohetes C-90 de fabricación española en Yemen. (Imagen por Al-Qahtani)

La ley que regula el control del comercio exterior de armas en España obliga a las empresas a inscribirse en el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. Sin esta inscripción no se puede obtener una autorización de transferencia para estos productos.

Toda compañía del sector que opere en territorio español debe solicitar a la Secretaría de Estado de Comercio una autorización para la exportación. Pero es la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU) quien emite un dictamen vinculante sobre si debe autorizarse o no. Así se garantizaría el cumplimiento de la ley.

El Ministerio de Defensa español contestó vía email no poder pronunciarse respecto a posibles indagaciones sobre lo que sucedió para que las armas llegaran en manos de los huzíes al tratarse de una empresa privada.

Al ser indicado su rol en la JIMDDU, un portavoz del mencionado ministerio aseguró a VICE News que eso dependía del Ministerio de Economía. En anteriores indagaciones de otros periodistas se ha repetido el juego de la patata caliente en la que no se acaba de determinar quién es el responsable último de llevar a cabo una investigación.

En 2011, un artículo reveló que Instalaza, la empresa implicada en este asunto, había vendido bombas de racimo al dictador libio Muammar al-Gaddafi antes de que este armamento se prohibiera. VICE News contactó con esta empresa para disponer de sus explicaciones, pero al cierre del artículo no se ha obtenido respuesta.

Denuncian a la coalición saudí por arrojar en Yemen bombas de racimo exportadas por EEUU. Leer más aquí.

¿Qué puede hacer España al respecto?

A la espera de un improbable arrebato de sinceridad por parte de los actores implicados, consultamos a varios expertos sobre qué tipo de indagaciones debe llevar a cabo el ejecutivo español en un país, Yemen, en el que no tiene cuerpo diplomático asignado para esclarecer cómo sucedió la transferencia.

"El gobierno español debería investigar el uso en Yemen de las armas españolas vendidas a Arabia Saudí a través de los agregados de defensa españoles en la embajada saudí y personal especializado en derechos humanos y derecho internacional humanitario del MAEC", afirma en un correo a VICE News Alberto Estévez, portavoz de la coalición Armas Bajo Control formada en España por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón.

El ejecutivo en funciones podría escudarse en el hecho de que la situación de guerra en Yemen ha dejado los cuerpos diplomáticos bajo mínimos, algo que tampoco debería ser problema, según el profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y miembro del Centro Delàs de Estudios para la Paz, Eduardo Melero.

"La agregaduría de Defensa de la embajada en Arabia Saudí también está acreditada para actuar en Yemen [además de Omán, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos]", declara Melero a este medio. Si los saudíes hubieran armado a un bando en guerra sería posible recabar pruebas desde la propia monarquía del Golfo.

"El informe de ARES confirma el riesgo de desvío y de posible uso indebido de las armas españolas vendidas a Arabia Saudí. Amnistía Internacional ha documentado presuntos crímenes de guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudí y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario, además de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos por parte de los huzíes", añade Estévez reforzando el primer argumento para rescindir contratos con este país.

"La constatación de la presencia de armas españolas en manos de las partes del conflicto contradice la aseveración del informe del gobierno sobre las exportaciones de 2015, según el cual, literal, todas las licencias relativas a munición fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país. La verificación del uso y usuario finales es un tema sobre el que la campaña ABC ha propuesto medidas de refuerzo del control, y sobre el que, en este caso especialmente, el gobierno debería abir una investigación exhaustiva sin demora", insiste el investigador.

Aunque implicar a los saudíes entrañaría otro tipo de complicaciones.

El pasado 9 de marzo el gobierno sueco anunció que no iba a renovar el acuerdo de cooperación en materia de defensa con la monarquía saudí a pesar de lo relevante que éste era para Suecia: el país del Golfo ocupa el decimoctavo puesto en importancia como socio comercial de los escandinavos.

Después del anuncio, Arabia Saudí notificó que dejaría de expedir visados para nacionales y compañías suecas.

Días después Emiratos Árabes Unidos — país vecino de la monarquía saudí — llamó a consultas al embajador sueco para protestar por las declaraciones de la ministra de exteriores Margot Wallstrom.

Wallstrom había tildado de "medieval" la condena contra el bloguero Raif Badawi a recibir 1.000 latigazos y 10 años de cárcel por haber insultado al Islam, supuestamente. A pesar de las presiones de parte del empresariado sueco, la ministra de exteriores escandinava no ha rectificado sus declaraciones.

No parece que España se la quiera jugar tanto como la ministra sueca.

Fuente: https://news.vice.com/es/article/ar...

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