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Antidisturbios en las cárceles

Martes.26 de diciembre de 2017 124 visitas Sin comentarios
Interior compra 357 equipamientos para que funcionarios de prisiones intervengan conflictos con presos. #TITRE

LEVANTE-EMV.COM – (SANDRA URBINA, VALÈNCIA).- Chalecos caducados y déficit de seguridad en los módulos de primer grado de los centros penitenciarios. Estas han sido las directrices que han obligado al Ministerio del Interior a sacar a licitación, por primera vez, un contrato por 115.650 euros, adjudicado el pasado 15 de noviembre, para dotar con equipamiento apropiado a la unidad antidisturbios de las prisiones españolas que, alertan ellos mismos, siguen ejerciendo los propios funcionarios sin regulación alguna. Y es que la seguridad de sus funcionarios deja mucho que desear, según denuncian fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de prisiones (CSIF PRISIONES) de la Comunitat Valenciana.

Es más, desde CSIF PRISIONES se alerta de que los trajes suministrados por la empresa adjudicataria de la licitación, Saborit International S.L., no son los más idóneos para afrontar una hipotética sublevación de la población reclusa. De hecho, el precio lo dice todo: Interior sólo se ha gastado 257 euros por equipación. Para que se hagan una idea, unos simples guantes anticorte cuestan sobre 70 euros en la tienda online de la empresa concesionaria. Y más de 300 sólo un escudo de policarbonato.

En el contrato se indica que el «material exterior está fabricado con tejido de polietileno resistente al fuego y se conforma por varias piezas desmontables y conectables entre sí que cubren todo el cuerpo: incluyendo pecho, espalda, cadera y zona inguinal, extremidades superiores e inferiores».

Fuentes de CSIF indican que ya han llegado a la prisión de Picassent seis de los ocho trajes previstos. Además, la de Castelló ya ha recibido tres de los cinco asignados y el centro penitenciario de Villena, otros tres. Pero no son lo que esperaban.

Así, aseguran, los equipamientos tienen un diseño con «claras carencias de seguridad» que deja libre de protección las zonas laterales del cuerpo, por lo que, en caso de recibir punzadas en esas áreas, el funcionario quedaría expuesto a riesgos evidentes.

Y no solo eso. El sindicato denuncia que la licitación, que incluye la dotación de 340 trajes para cárceles de toda España, resulta insuficiente para la ratio entre internos y funcionarios. Según la AGRUPACIÓN DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (ACAIP), las cárceles valencianas están ya al 166 % de su capacidad.

En el caso del recinto que alberga a los reclusos clasificados en primer grado -los más peligrosos-de la cárcel de Picassent, el censo es de 140 internos, vigilados por solo cuatro funcionarios, alertan fuentes de CSIF PRISIONES.

«Lo cierto es que, en los últimos años, pocos han sido los acontecimientos que han provocado un peligro grave en la seguridad del funcionariado, como sucedía antes, cuando se producían numerosos motines. Muchos de mis compañeros ni siquiera han llegado a ver uno. Aunque sí se siguen produciendo agresiones puntuales», explica Manuel Sáez, de la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE PRISIONES (UGT PRISIONES).

Según cuenta, en estos casos, el jefe del equipo elegía a dedo de «cuatro a siete» funcionarios del turno para que se enfundasen el chaleco caducado y actuasen como agentes antidisturbios. Según fuentes de CSIF, esta actividad no está dentro de las funciones que la ley asigna a los funcionarios de prisiones de vigilancia, por lo que deja sin respaldo jurídico a sus trabajadores.

Tomado de: http://www.derechopenitenciario.com...